Sinesio López Jiménez

Hay que evitar las confusiones. En el Perú de estos días hablamos de corrupción política. No de la corrupción en general. Pueden intervenir agentes privados sin que ella pierda su sentido político. Cuando un empresario se colude con los funcionarios públicos para obtener algún beneficio es políticamente corrupto. Stiglitz ha señalado que las grandes corporaciones dedicadas a las industrias extractivas tienen generalmente en sus presupuestos un rubro especial dedicado a la corrupción de los funcionarios públicos de los estados poseedores de los recursos naturales. Para evitar la confusión vale la pena definirla con precisión. Samuel Hungtinton, un destacado politólogo norteamericano, ha sugerido la siguiente definición: “La corrupción política es una desviación de la conducta de los funcionarios públicos, que se aparta de las normas establecidas para ponerse al servicio de los intereses privados”. La desviación de la conducta de los funcionarios públicos puede producirse por iniciativa propia o puede ser inducida por otros funcionarios o por agentes privados. La desviación se define frente a instituciones claramente establecidas que funcionan supuestamente en forma universal, impersonal y objetiva y que definen la forma de conducta correcta de los funcionarios. El objetivo de la corrupción política es engrosar las cuentas monetarias privadas u obtener cualquier otra ventaja personal.

La corrupción política se produce en todas sociedades en donde existe una separación más o menos clara entre lo público y lo privado, pero no en todas ellas se da con igual amplitud e intensidad. En algunas sociedades hay más corrupción que en otras y en algunas etapas de su historia ella es más grave que en otras. Huntington sugiere que en las sociedades tradicionales, que no han llegado a diferenciar lo público de lo privado, no hay corrupción. En esos casos la apropiación de los recursos del estado expresa la realización legítima de privilegios socialmente aceptados. Esa apropiación puede ser y aparecer como legítima. Ese es el caso de los estados y sociedades feudales y coloniales. En las sociedades plenamente modernas y desarrolladas tampoco hay corrupción o, si existe, no alcanza las proporciones enormes de otras puesto que ellas han diferenciado claramente lo privado de lo público y han establecido una densa y efectiva institucionalidad que la mayoría de los funcionarios y de los ciudadanos respetan. La corrupción se produce generalmente en aquellos países en proceso de modernización que experimentan situaciones de turbulencia e inestabilidad porque los cambios económicos, sociales, políticos y culturales no se han realizado a plenitud y no han logrado, por consiguiente, estabilizarse ni institucionalizarse totalmente. Esos países no han llegado a diferenciar claramente lo público de lo privado, pero han entrado en ese proceso de diferenciación. Ellos han roto los viejos códigos culturales, pero no han logrado establecer e institucionalizar otros nuevos que rijan su acción y su comportamiento. Este es el caso de los países del tercer mundo en general y de América Latina en particular.

Hay períodos de la historia de las sociedades en proceso de modernización en los que la corrupción es mayor que en otros. En las dictaduras y en los gobiernos autoritarios la corrupción es mayor que en los regímenes democráticos. Eso tiene que ver probablemente con la vigencia de los controles institucionales en las democracias que no existe en los regímenes no democráticos y, cuando existe, se le desmonta. Este fue el caso de Fujimori. Los controles horizontales e institucionales de accountability (parlamento, poder judicial, contraloría, tribunal constitucional, etc) fueron infiltrados, desmontados y controlados. El control vertical que los ciudadanos despliegan a través de su voto en las elecciones fue distorsionado por el carácter no competitivo de las mismas. El control y la fiscalización de la esfera pública y de la sociedad civil fue distorsionado por la compra y venta de los medios de comunicación en la salita del SIN y por la publicidad a raudales del estado en los medios, especialmente en la TV.

Huntington asocia también la corrupción con la violencia: “Las funciones de la corrupción, así como sus causas, son similares a las de la violencia. A ambas las fomenta la modernización; ambas son sintomáticas de la debilidad de las instituciones políticas; una y otra son características de lo que …llamaremos sociedades pretorianas; las dos constituyen, por último, un método por el cual los individuos y los grupos se relacionan con el sistema político, y en verdad participan de él violando sus costumbres. De ahí que la sociedad con una elevada capacidad para la corrupción la posea también para la violencia”.

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Sinesio López Jiménez
Todos hablan de ella y se escandalizan con ella, pero no la entienden de la misma manera. La corrupción no tiene un sentido unívoco para los peruanos, de acuerdo a una encuesta que la INFOPUCP realizó hace algunos meses atrás. Para los estratos populares, pobres y muy pobres la corrupción significa robo (de bienes públicos y privados), asalto (independientemente de quien lo realice) e incumplimiento de promesas por parte de los políticos. Por eso no debe sorprender que la mayoría de estos sectores crea que Fujimori es menos corrupto que García y que Toledo. Para los estratos medios y altos, en cambio, la corrupción es la apropiación privada de los bienes públicos por parte de los funcionarios del Estado. Es probable que el sentido de la corrupción dependa de los tipos de cultura política de los ciudadanos. Los que comparten una cultura patrimonial (que favorece la apropiación privada de lo público apelando a un derecho como ganar las elecciones, por ejemplo) asumen el primer sentido de la corrupción y son más permisivos con ella. Ellos no diferencian con claridad lo público de lo privado como, en su mayoría, sí lo hacen los estratos medios y altos. Las subculturas que conviven con la mayoritaria cultura patrimonial son aquellas que los politólogos Almond y Verba en su clásico libro Civic Culture llaman la cultura parroquial (que se expresa en el dicho muy común: “la política es sucia, yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo”) y la cultura súbdito (que puede resumirse con la siguiente expresión: “confío plenamente en la autoridad que toma decisiones que me favorecen”). A estas sub-culturas hay que añadir la sub-cultura pragmática que ha llegado, a mi parecer, a ser predominante en América Latina y que se resume con la conocida expresión: “Con tal que haga obra, no importa que robe”.

Los ciudadanos que comparten una cultura cívica (que diferencia claramente lo público de lo privado y que, en los 60 del siglo pasado, habitaban predominante en USA y en Inglaterra según Almond y Verba) asumen el segundo sentido de la corrupción. Esta cultura procede del republicanismo cívico que no echó profundas raíces en el Perú ni en AL. La virtud cívica, que es el corazón del republicanismo (los otros dos componentes son la comunidad política pequeña y unánime y el gobierno representativo) es el mejor antídoto contra la corrupción pues ella implica defensa del bien común, sacrificio de los intereses grupales y particulares, ciudadanía activa, moderación y austeridad y ciudadanía armada. La virtud cívica entra en crisis cuando aparece pujante el comercio que buscaba organizar la historia de otra manera. Por eso Maquiavelo se enfrentó a él. Posteriormente otros autores articularon virtud y comercio (Harrington en Inglaterra), o aceptaron su coexistencia en nombre del pluralismo (Montesquieu). Las ciudades-república italianas entraron en crisis cuando aparecieron las facciones de comerciantes ricos que ponían en cuestión el bien común y que elegían a los signori como sus representantes rompiendo la unidad de las mismas. El desafío que los norteamericanos tuvieron que resolver en 1787, después de la independencia y de la guerra con Inglaterra, era como organizar la coexistencia del bien común de la república con los intereses particulares de las facciones, productos de la modernización y de la libertad de expresión. En Pensylvania se desarrolló entonces uno de los debates más interesantes entre un banquero republicano y un artesano liberal. El primero reclamaba el voto de los ciudadanos en nombre del bien común que él defendía, mientras el segundo sostenía que el banquero no defendía el bien común sino el de los banqueros de la misma manera que él (el artesano) defendía el de los artesanos y añadía el argumento liberal de que era legítimo que ambos defendieran sus propios intereses en el campo de la política. Los federalistas (Hamilton, Madison, Jay) se las ingeniaron, a través de imaginativos diseños institucionales, para hacer coexistir el republicanismo, el liberalismo y la democracia. Esta combinación resolvió, sin duda, los problemas que plantea la democracia en una sociedad extensa, muy poblada y compleja, pero desdibujó la idea de bien común. En su lugar, emergió la idea de interés general que tiene una matriz liberal. El interés general es la suma de los intereses particulares e individuales. El bien común de raíz republicana, en cambio, pertenece a la comunidad y los ciudadanos lo comparten en la medida que pertenecen a ella. En el Perú, la tradición liberal es más fuerte que la republicana, de acuerdo a una encuesta que realizó la UNI para la BNP en el 2005. Es cierto que lo que podemos llamar liberales puros (que demandan mercado y libertades individuales) sólo llegan al 7.9%, pero los que tienen algún componente liberal alcanzan cifras mayores: Los comunitaristas-liberales (que demandan comunidad y al mismo tiempo mercado y libertades individuales) son el 10.6% y los estatistas-liberales (que demandan un estado distributivo, mercado y libertades) son el 46.4%. El resto (38.2%) son estatistas-comunitaristas que demandan un estado distributivo y la vigencia de la comunidad de todos los peruanos. Se requiere una investigación más fina que permita distinguir en el comunitarismo el patrimonialismo conservador del elemento republicano.

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Sinesio López Jiménez

Ha caído el telón. El rey está desnudo. Ya no hay mundo privado ni vida íntima. Los movedizos y tenues linderos entre lo público y lo privado han sido derivados. La ciencia y la tecnología han rasgado el delgado velo que los separaba. Todo tiende hoy a ser público. Esta es, en esencia, la tesis central que sostiene Mirko Lauer en una excelente columna en este mismo diario a propósito del escándalo de los petroaudios. Discuto brevemente la tesis de Mirko. ¿Es esto lo que realmente está sucediendo en el mundo moderno?. ¿Es este el problema central que surge a partir del petrogate?. En el mundo moderno la separación entre lo público y lo privado fue una construcción de la Monarquía Absoluta. Esa fue la forma de acabar con las guerras religiosas de protestantes y católicos en los siglos XVI y XVII. Esa separación constituyó una estrategia de tolerancia. Lo público quedó reducido a la relación de autoridad entre los ciudadano que le debían obediencia al monarca, el que, a su vez, les ofrecía protección. Todo el resto de la vida de los ciudadano (trabajo, relaciones sociales, ideas, creencias, convicciones íntimas, moral privada, etc.) era considerado privado. La paz se lograba y se consolidaba si las creencias y convicciones religiosas o la moral privada no se mezclaban con lo público o lo político. Lo privado dejó de tener el sentido de carencia que tenía en el mundo clásico para expresar más bien el espacio de riqueza en el que se movía el individuo moderno.

La primera ofensiva contra el lindero establecido provino justamente del mundo privado. La crítica, que se desplegó en los cafés, en los salones, en la prensa, en las asociaciones contra la monarquía absoluta, trasladó los linderos y ensanchó lo público dando lugar, en el mundo privado, a la esfera pública y a la sociedad civil, esto es, a lo público social. Este nuevo espacio abrió, para decirlo rápidamente, al estado cerrado de la monarquía absoluta y lo transformó en monarquía constitucional. La ilustración jugó un papel central en este proceso de transformación y ensanchamiento de lo público. Esta historia ha sido contada, entre otros autores, por Habermas en su libro Historia y Crítica de la opinión pública burguesa. Pero el último capítulo de ese libro termina en forma pesimista cuando, al generalizarse la Radio y la TV en los 60, sostiene que se acabó la posibilidad de la deliberación de los ciudadanos y que se iniciaba la época de la manipulación. En este caso la ciencia y la tecnología, al revés de lo pasa ahora, limitaban el ensanchamiento de lo público moderno que es el resultado del diálogo y la deliberación.. Hannah Arendt, una de las más brillantes filósofas del siglo XX, fue mucho más radical cuando sostuvo que la modernización, debido a la masificación, uniformización y al conformismo social que generaba, bloqueaba toda posibilidad de emergencia de la deliberación y de la acción en el mundo moderno. En éste ya no actuamos, sólo nos comportamos. Recientemente esa visión pesimista ha sido expresada por Giovanni Sartori en el Homo Videns.

El pesimismo de los 60 fue revertido por el mismo Habermas en obras posteriores (especialmente en Teoría de la Acción Comunicativa y Facticidad y Validez) en las que sostiene que en el mundo moderno coexisten el mundo de los subsistemas (económico, sociocultural, político) y el mundo de la vida (de los individuos), que en el primero reina la racionalidad instrumental que considera a los individuos como medios para conseguir determinados fines, que en el mundo de la vida se desarrolla la racionalidad comunicativa que permite el debate público y la argumentación crítica y racional y que en los subsistemas nos comportamos mientras en el mundo de la vida actuamos. Lo público y lo privado atraviesan los subsistemas (en donde el sistema político es público) y el mundo de la vida (en donde lo público se expresa institucionalmente en la esfera pública y en la sociedad civil) e interactúan a través de funciones (los subsistemas) y acciones (los individuos). Entre ellos no hay linderos precisos, sobre todo en el mundo de la vida. Tener un hijo extramatrimonial es un asunto privado, pero, si casi todos llegan a saberlo y el padre es presidente de la república, se convierte en un asunto público, lo que exige dar explicaciones públicas. Los medios adelgazan crecientemente esos linderos e invaden la vida privada e íntima. Una tecnología invasora puede ser contrarrestada con otra que defienda y proteja nuestro espacio privado e íntimo. Algo ayuda el zapping, pero no basta. La preocupación central no debiera colocarse en la improbable desaparición de lo privado y de lo íntimo sino en el creciente interés de los gobiernos y los estados por recortar y limitar la presencia, indispensable para controlarlos y fiscalizarlos, de lo público social. Los intentos de proponer nuevas leyes para proteger supuestamente la vida privada no son sino pretextos de los gobernantes para limitar la capacidad de control y de fiscalización de la esfera pública, de la sociedad civil y de los ciudadanos sobre estados y gobiernos.

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