Sinesio López Jiménez
Aman las libertades económicas, pero detestan las libertades políticas. Adoran al mercado, pero rechazan a la democracia. Impulsan la reforma económica, pero boicotean la consolidación democrática. Tienen una imagen distorsionada e idílica del mercado: Creen ingenuamente que allí todos somos iguales, ocupamos posiciones parecidas y podemos intercambiar bienes y servicios en forma libre e igual. Olvidan que el mercado, como sucede en el Perú, está poblado no sólo por mansos y ávidos consumidores sino también por tiburones y pirañas o, para decirlo en términos académicos, por lo que Robert Dahl -uno de los más destacados teóricos de la democracia- llama los Leviatanes corporativos que influyen sobre la vida de los ciudadanos sin que éstos tengan la capacidad de defenderse. Su imagen de la democracia es pobre, marchita y flácida, cuando no peligrosa. Hasta la democracia electoral les asusta, sobre todo cuando piensan en el 2011. Más allá de las declaraciones de fe democrática, esta tensión (transformada a veces en contradicción) es lo que define a los neoliberales. Ellos, como dice Sartori, no son liberales: son liberistas. El modelo neoliberal, para tener éxito, requiere una sociedad del silencio: nada de reclamos, protestas y paros. La democracia, sostienen los neoliberales, produce excesivas demandas que restringen su libertad de decisión. Apenas ven que algo se mueve en la sociedad o en la política, los invade el pánico y sienten una inevitable parálisis decisoria. El gobierno pierde toda capacidad ejecutiva. Su sociedad ideal es aquella que no esté habitada por ciudadanos que exigen derechos y asumen responsabilidades sino por súbditos que se someten dócilmente a los dictados del Leviatán corporativo. Su modus operandi es el siguiente: Concentrar las decisiones en la cúpula integrada por el Presidente de la República y los poderes fácticos, desplegar un hiperactivismo legislativo por parte del Poder Ejecutivo devaluando las funciones del Poder Legislativo (lo hemos visto estos días con más de 100 decretos legislativos), tomar decisiones sorpresivas, diseñar las políticas en secreto, aplicarlas autoritariamente, evadir la accountability o la rendición de cuentas a los ciudadanos, bloquear la presión social y eludir el escrutinio público. Toda esta forma de gobernar funciona si a la sociedad y a la política se les impone el silencio y la desmovilización. Este escenario relativamente ideal para el neoliberalismo funcionó con Fujimori, gracias a la colaboración que recibió de Sendero Luminoso, a la destrucción económica y social del desastroso primer gobierno de García y al autogolpe del 5 de Abril de 1995. Todos ellos contribuyeron a destruir los derechos ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el sistema partidos y todo cuanto podía significar capacidad de acción y de respuesta política y social a la imposición de un nuevo modelo económico y de una nueva forma de Estado. Con variantes peculiares, según las características propias de cada país (profundidad de las crisis, grado de autonomía de los Estados, existencia o no de movimientos sociales y vigencia de los sistemas de partidos) esta modalidad se impuso en toda América Latina con resultados que todos conocemos. Este esquema político-social cambió con Toledo: los ciudadanos, los movimientos sociales, las regiones, los mismos partidos opositores se despertaron y comenzaron a movilizarse llegando a cuestionar no sólo la legitimidad de desempeño sino también la legitimidad de origen del Presidente de la República. El Apra y otros partidos fueron desleales con el juego democrático y apostaron irresponsablemente a la vacancia presidencial. Pese a muchos de sus defectos, la virtud de Toledo fue la tolerancia y el respeto a las reglas de juego de la democracia.

García, en cambio, ha llevado esta la tensión entre el mercado y la democracia hasta el límite: la guerra. Para defender el mercado (el desarrollo llama él lo que sólo es crecimiento económico para algunos privilegiados), García sacrifica la democracia. El paro, la protesta, las movilizaciones, que son reconocidos derechos constitucionales, han sido definidos como actos de guerra. García ha decidido enfrentar a los peruanos que protestan y que se movilizan, (desplegando a veces dramatizaciones que violentan algunos derechos individuales pero que no tienen como objetivo echarse abajo el sistema), como enemigos a los que hay que combatir, no con la policía, sino con el ejército, los profesionales de la guerra. Pese al despliegue bélico, los paros y las movilizaciones se hicieron sentir el miércoles pasado en todo el país, menos en Lima y más en las regiones. Obviamente todas estas movilizaciones asumen un carácter político como deber ser cuando se enfrenta a un Estado que define las políticas y que defiende a las grandes corporaciones contra las que las fuerzas contestarias combaten. Las movilizaciones no son una procesión religiosa sino un grito de protesta social y política y son al mismo tiempo la búsqueda de un liderazgo político alternativo que las exprese y que las conduzca a un puerto más seguro. La última elección de García es, sin duda, negativamente aleccionadora para los contestarios de hoy.