Sinesio López Jiménez

La cosecha de lo que no se siembra. Así definió Adam Smith a la renta de la tierra en la Riqueza de las Naciones. ¿Quien cosecha lo que no siembra?. En general, son los propietarios o los concesionarios. Eso depende de la forma como se defina la propiedad de los recursos naturales. En Occidente existen dos tradiciones: la anglosajona y la romana. La primera define la propiedad en términos verticales: el propietario es dueño del suelo y del subsuelo y decide sobre la renta en su totalidad. La segunda define la propiedad en términos horizontales: la del suelo puede ser de particulares y la del subsuelo es del Estado. Este segundo tipo de propiedad es la fuente de múltiples conflictos porque la explotación de la renta del subsuelo suele afectar a la del suelo y, viceversa, la defensa campesina de la renta del suelo puede afectar la explotación o no de la del subsuelo. Existen leyes y procedimientos que regulan los intereses de ambas partes en conflicto real o potencial, pero que generalmente no son respetadas, especialmente por el Estado. Lo que decide entonces, al final, no es la ley sino la correlación política de fuerzas. La coalición entre el Estado y las corporaciones concesionarias toman la iniciativa del despojo apelando a la fuerza y al engaño. Los propietarios de la renta del suelo (los campesinos) se organizan para defender su propiedad y demandan al mismo tiempo la solidaridad de la esfera pública y la sociedad civil. Y lo hacen con razón porque, a lo largo de la historia, muchos de ellos han sido frecuentemente despojados de su propiedad que es su única fuente de ingreso y de reproducción de su existencia. Si logran formar una amplia coalición de apoyo a sus exigencias, aíslan al Estado que, entonces, vuelve al ataque, apelando a medios legítimos y no legítimos (amenazas, sicosociales, violación de derechos, etc.) y termina imponiéndose a través del despojo y de la fuerza para favorecer a las grandes corporaciones. El respaldo de algunos medios vinculados generalmente al mundo empresarial ayuda a legitimar ese despojo. Esta ha sido y es la fórmula histórica que se aplica y funciona en el Perú.

En el Perú, además, existen cuatro problemas básicos que no siempre se han resuelto bien para obtener los beneficios esperados para los peruanos cuando el Estado concede la explotación de los recursos naturales a las grandes corporaciones: la negociación del tamaño de la renta que éstas deben dejar para el Perú, la distribución de esa renta en el territorio, el uso y destino de la misma y la capacidad de gerenciar y gestionar el gasto y la inversión en actividades productivas. Basadre encontró (históricamente) siempre deficitaria la negociación del tamaño de la renta para el Estado, producto de una combinación de incapacidad y corrupción. ¿De qué depende la capacidad de negociación del Estado?. Hay varios factores que la explican: la calificación de los gobernantes y funcionarios del Estado; el funcionamiento eficiente, transparente y creíble de las instituciones estatales; la posesión de algunos recursos económicos claves y el dominio sobre el todo el territorio en el que Estado tiene jurisdicción. Todos estos elementos definen el grado de autonomía de los Estados que es el factor decisivo en la capacidad de negociación del tamaño de la renta. La distribución de la renta (canon, impuestos, regalías) es un asunto complejo cuya solución tiene que partir de su injusta e irracional distribución actual en el territorio y entre los peruanos para llegar a una distribución equitativa que combine mecanismos de compensación (para las regiones que no reciben nada o poca renta) y premios (para las regiones que la cosechan). El uso y el destino de la renta plantean el tema del desarrollo. Este es una tarea del Estado, de las regiones y de los empresarios nacionales y regionales. A las corporaciones no les interesa el desarrollo sino la maximización de sus ganancias. Ello no obstante, el Estado debiera exigir que los eslabonamientos que generan las actividades extractivas sean desarrolladas por empresarios nacionales y regionales. Todo ello exige un organismo planificador del desarrollo (CEPLAN) que debiera ser integrado por los representantes del gobierno central, de los gobiernos regionales y de la empresa privada, incluidas las MYPES. De este modo, se supera el dispendio actual de la renta en gastos corrientes, en burocracia y en clientelas locales.

Finalmente, la gerencia y la gestión de la capacidad de gasto e inversión dependen de la calificación de los funcionarios del Estado tanto central como regional y local, por un lado, y de la capacidad de construir instituciones eficientes y transparentes, por otro. Todo esto depende, a su vez, de la forma de gobierno cuyo debate debiera colocarse en la agenda pública como reforma de la Constitución. El peor enemigo de la formación de las élites estatales calificadas y de las instituciones sólidas y transparentes es el presidencialismo plebiscitario (caudillismo sin intermediaciones). Si se quiere mantener el presidencialismo a toda costa, entonces habría que impulsar un presidencialismo renovado de coaliciones que es más amigable con una élite estatal vigorosa y con las instituciones eficientes, transparentes y creíbles.