Sinesio López Jiménez

La inflación está produciendo estragos en García. No en su voluminosa corporeidad, por cierto, sino en su ya magra popularidad. El descenso es vertical si se compara julio de este año (31%) con el mismo mes de año pasado (45%) y visiblemente declinante si se compara con el mes anterior (37%). Este es el porcentaje de aprobación más bajo en la ciudad de Lima que siempre ha engreído a García en los dos años que lleva de gobierno. La desaprobación tiene sexo y clase social. En efecto, son las mujeres, los sectores populares, los pobres y los muy pobres los que desaprueban su desempeño. Las causas principales de su desaprobación son el alza de costo de vida y el incumplimiento de sus promesas electorales. Este reclamo, constante en todas las encuestas, debiera enseñar a García y a todos los políticos que no pueden cambiar impunemente de posición política cuando transitan de candidatos a gobernantes. En el polo opuesto, los sectores medios y altos, que aprueban su gestión, sostienen que está haciendo una buena gestión económica y que ha logrado mantener la estabilidad económica.

La insatisfacción de los limeños es tanto económica como política. Una mayoría relativa de limeños (39%), especialmente las mujeres y los sectores pobres y muy pobres, siente que su situación económica es peor que la que tenían hace un año, pero el 40% es relativamente optimista pues cree que ella mejorará mucho o algo en el próximo año. Este optimismo individual contrasta, sin embargo, con el pesimismo cuando se miran las cosas en el seno de la familia (40%) en donde las cosas irían algo peor o mucho peor en los próximos 12 meses. El malestar político se expresa claramente en la enorme insatisfacción (64%) de los limeños con la democracia, pese a que el 62% cree que ella es la mejor forma de gobierno. Pero no se puede cerrar los ojos ante el crecimiento sostenido de los que piensan que les da lo mismo cualquier forma de gobierno o que en ciertas ocasiones es aceptable un gobierno no democrático. Estas creencias políticas constituyen el núcleo de las actitudes anti-sistema que probablemente son más altas en el centro, en el sur y en el oriente. El ideal democrático termina, sin embargo, salvando a la democracia realmente existente. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción?. Es probable, por un lado, que cada uno de los limeños cultive en su imaginario un tipo de democracia que choca con la realmente existente y, por otro, es muy posible, como lo ha señalado Guillermo O´Donnell – destacado politólogo argentino- que la democracia sea una especie de chivo expiatorio que termina pagando los platos rotos del mal desempeño del Estado en el que ella se enmarca. La insatisfacción política se expresa también en la enorme desconfianza de los limeños con las instituciones, especialmente el congreso, el poder judicial y los partidos políticos. Sólo las FF.AA. se salvan de la racha de desconfianza ciudadana en las instituciones estatales.

La encuesta de Julio de IOP de la PUCP trae algunos datos relevantes y reveladores para los políticos y los analistas y despeja las dudas (si algunos las tenían) sobre la orientación social del gobierno de García. Los limeños, independientemente de la edad, el sexo y el estrato social, creen que García gobierna para los limeños más que para los provincianos, para los dueños de las grandes empresas más que para los trabajadores, para los empresarios extranjeros más que para los nacionales, para la clase alta más que para las clases populares. ¿Qué dirá la caverna política de la lucidez de los limeños? ¿ Estos limeños forman parte también del electarado que no sabe escoger a sus gobernantes?. La clara percepción del sentido social de las políticas del gobierno de García proviene no sólo de su inteligencia, de su nivel de educación e información sino también de su sensación en la piel y en el estómago. La mayoría de los limeños (38%) se autoubican ideológica y políticamente en el centro y ubican al gobierno de García en el centro-derecha o en la derecha pura y simple. Es un dato relevante para la política y para las futuras campañas electorales el dato según el cual el 29% de los limeños se autoubica en el centro derecha o en la derecha, cifra que contrasta con el 18% que se coloca en el centro izquierda o en la izquierda. Todo esto confirma la hipótesis que sostiene que Lima y el Perú han experimentado un proceso indiscutible de conservadorización ideológica y política. Los que se ubican en el centro provienen casi por igual de las diversas clases sociales. En cambio, los se definen como de izquierda o centro izquierda proceden principalmente de las clases populares y pobres y los que se autodenominan de derecha o de centro-derecha provienen especialmente de las clases medias y altas. Si así están las cosas casi a mitad de su gobierno, García bien puede recitar los seis primeros versos de la Divina Comedia de Dante: Nell mezzo del camin di nostra vita/ mi ritrovai per una selva oscura/che la diritta vía era amarrita./ Ohimé, a dir qual era é cosa dura/ questa selva selvaggia ed aspra e forte/che nell pensier rinnuova la paura.

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Sinesio López Jiménez
Aman las libertades económicas, pero detestan las libertades políticas. Adoran al mercado, pero rechazan a la democracia. Impulsan la reforma económica, pero boicotean la consolidación democrática. Tienen una imagen distorsionada e idílica del mercado: Creen ingenuamente que allí todos somos iguales, ocupamos posiciones parecidas y podemos intercambiar bienes y servicios en forma libre e igual. Olvidan que el mercado, como sucede en el Perú, está poblado no sólo por mansos y ávidos consumidores sino también por tiburones y pirañas o, para decirlo en términos académicos, por lo que Robert Dahl -uno de los más destacados teóricos de la democracia- llama los Leviatanes corporativos que influyen sobre la vida de los ciudadanos sin que éstos tengan la capacidad de defenderse. Su imagen de la democracia es pobre, marchita y flácida, cuando no peligrosa. Hasta la democracia electoral les asusta, sobre todo cuando piensan en el 2011. Más allá de las declaraciones de fe democrática, esta tensión (transformada a veces en contradicción) es lo que define a los neoliberales. Ellos, como dice Sartori, no son liberales: son liberistas. El modelo neoliberal, para tener éxito, requiere una sociedad del silencio: nada de reclamos, protestas y paros. La democracia, sostienen los neoliberales, produce excesivas demandas que restringen su libertad de decisión. Apenas ven que algo se mueve en la sociedad o en la política, los invade el pánico y sienten una inevitable parálisis decisoria. El gobierno pierde toda capacidad ejecutiva. Su sociedad ideal es aquella que no esté habitada por ciudadanos que exigen derechos y asumen responsabilidades sino por súbditos que se someten dócilmente a los dictados del Leviatán corporativo. Su modus operandi es el siguiente: Concentrar las decisiones en la cúpula integrada por el Presidente de la República y los poderes fácticos, desplegar un hiperactivismo legislativo por parte del Poder Ejecutivo devaluando las funciones del Poder Legislativo (lo hemos visto estos días con más de 100 decretos legislativos), tomar decisiones sorpresivas, diseñar las políticas en secreto, aplicarlas autoritariamente, evadir la accountability o la rendición de cuentas a los ciudadanos, bloquear la presión social y eludir el escrutinio público. Toda esta forma de gobernar funciona si a la sociedad y a la política se les impone el silencio y la desmovilización. Este escenario relativamente ideal para el neoliberalismo funcionó con Fujimori, gracias a la colaboración que recibió de Sendero Luminoso, a la destrucción económica y social del desastroso primer gobierno de García y al autogolpe del 5 de Abril de 1995. Todos ellos contribuyeron a destruir los derechos ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, el sistema partidos y todo cuanto podía significar capacidad de acción y de respuesta política y social a la imposición de un nuevo modelo económico y de una nueva forma de Estado. Con variantes peculiares, según las características propias de cada país (profundidad de las crisis, grado de autonomía de los Estados, existencia o no de movimientos sociales y vigencia de los sistemas de partidos) esta modalidad se impuso en toda América Latina con resultados que todos conocemos. Este esquema político-social cambió con Toledo: los ciudadanos, los movimientos sociales, las regiones, los mismos partidos opositores se despertaron y comenzaron a movilizarse llegando a cuestionar no sólo la legitimidad de desempeño sino también la legitimidad de origen del Presidente de la República. El Apra y otros partidos fueron desleales con el juego democrático y apostaron irresponsablemente a la vacancia presidencial. Pese a muchos de sus defectos, la virtud de Toledo fue la tolerancia y el respeto a las reglas de juego de la democracia.

García, en cambio, ha llevado esta la tensión entre el mercado y la democracia hasta el límite: la guerra. Para defender el mercado (el desarrollo llama él lo que sólo es crecimiento económico para algunos privilegiados), García sacrifica la democracia. El paro, la protesta, las movilizaciones, que son reconocidos derechos constitucionales, han sido definidos como actos de guerra. García ha decidido enfrentar a los peruanos que protestan y que se movilizan, (desplegando a veces dramatizaciones que violentan algunos derechos individuales pero que no tienen como objetivo echarse abajo el sistema), como enemigos a los que hay que combatir, no con la policía, sino con el ejército, los profesionales de la guerra. Pese al despliegue bélico, los paros y las movilizaciones se hicieron sentir el miércoles pasado en todo el país, menos en Lima y más en las regiones. Obviamente todas estas movilizaciones asumen un carácter político como deber ser cuando se enfrenta a un Estado que define las políticas y que defiende a las grandes corporaciones contra las que las fuerzas contestarias combaten. Las movilizaciones no son una procesión religiosa sino un grito de protesta social y política y son al mismo tiempo la búsqueda de un liderazgo político alternativo que las exprese y que las conduzca a un puerto más seguro. La última elección de García es, sin duda, negativamente aleccionadora para los contestarios de hoy.

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Sinesio López Jiménez

La cosecha de lo que no se siembra. Así definió Adam Smith a la renta de la tierra en la Riqueza de las Naciones. ¿Quien cosecha lo que no siembra?. En general, son los propietarios o los concesionarios. Eso depende de la forma como se defina la propiedad de los recursos naturales. En Occidente existen dos tradiciones: la anglosajona y la romana. La primera define la propiedad en términos verticales: el propietario es dueño del suelo y del subsuelo y decide sobre la renta en su totalidad. La segunda define la propiedad en términos horizontales: la del suelo puede ser de particulares y la del subsuelo es del Estado. Este segundo tipo de propiedad es la fuente de múltiples conflictos porque la explotación de la renta del subsuelo suele afectar a la del suelo y, viceversa, la defensa campesina de la renta del suelo puede afectar la explotación o no de la del subsuelo. Existen leyes y procedimientos que regulan los intereses de ambas partes en conflicto real o potencial, pero que generalmente no son respetadas, especialmente por el Estado. Lo que decide entonces, al final, no es la ley sino la correlación política de fuerzas. La coalición entre el Estado y las corporaciones concesionarias toman la iniciativa del despojo apelando a la fuerza y al engaño. Los propietarios de la renta del suelo (los campesinos) se organizan para defender su propiedad y demandan al mismo tiempo la solidaridad de la esfera pública y la sociedad civil. Y lo hacen con razón porque, a lo largo de la historia, muchos de ellos han sido frecuentemente despojados de su propiedad que es su única fuente de ingreso y de reproducción de su existencia. Si logran formar una amplia coalición de apoyo a sus exigencias, aíslan al Estado que, entonces, vuelve al ataque, apelando a medios legítimos y no legítimos (amenazas, sicosociales, violación de derechos, etc.) y termina imponiéndose a través del despojo y de la fuerza para favorecer a las grandes corporaciones. El respaldo de algunos medios vinculados generalmente al mundo empresarial ayuda a legitimar ese despojo. Esta ha sido y es la fórmula histórica que se aplica y funciona en el Perú.

En el Perú, además, existen cuatro problemas básicos que no siempre se han resuelto bien para obtener los beneficios esperados para los peruanos cuando el Estado concede la explotación de los recursos naturales a las grandes corporaciones: la negociación del tamaño de la renta que éstas deben dejar para el Perú, la distribución de esa renta en el territorio, el uso y destino de la misma y la capacidad de gerenciar y gestionar el gasto y la inversión en actividades productivas. Basadre encontró (históricamente) siempre deficitaria la negociación del tamaño de la renta para el Estado, producto de una combinación de incapacidad y corrupción. ¿De qué depende la capacidad de negociación del Estado?. Hay varios factores que la explican: la calificación de los gobernantes y funcionarios del Estado; el funcionamiento eficiente, transparente y creíble de las instituciones estatales; la posesión de algunos recursos económicos claves y el dominio sobre el todo el territorio en el que Estado tiene jurisdicción. Todos estos elementos definen el grado de autonomía de los Estados que es el factor decisivo en la capacidad de negociación del tamaño de la renta. La distribución de la renta (canon, impuestos, regalías) es un asunto complejo cuya solución tiene que partir de su injusta e irracional distribución actual en el territorio y entre los peruanos para llegar a una distribución equitativa que combine mecanismos de compensación (para las regiones que no reciben nada o poca renta) y premios (para las regiones que la cosechan). El uso y el destino de la renta plantean el tema del desarrollo. Este es una tarea del Estado, de las regiones y de los empresarios nacionales y regionales. A las corporaciones no les interesa el desarrollo sino la maximización de sus ganancias. Ello no obstante, el Estado debiera exigir que los eslabonamientos que generan las actividades extractivas sean desarrolladas por empresarios nacionales y regionales. Todo ello exige un organismo planificador del desarrollo (CEPLAN) que debiera ser integrado por los representantes del gobierno central, de los gobiernos regionales y de la empresa privada, incluidas las MYPES. De este modo, se supera el dispendio actual de la renta en gastos corrientes, en burocracia y en clientelas locales.

Finalmente, la gerencia y la gestión de la capacidad de gasto e inversión dependen de la calificación de los funcionarios del Estado tanto central como regional y local, por un lado, y de la capacidad de construir instituciones eficientes y transparentes, por otro. Todo esto depende, a su vez, de la forma de gobierno cuyo debate debiera colocarse en la agenda pública como reforma de la Constitución. El peor enemigo de la formación de las élites estatales calificadas y de las instituciones sólidas y transparentes es el presidencialismo plebiscitario (caudillismo sin intermediaciones). Si se quiere mantener el presidencialismo a toda costa, entonces habría que impulsar un presidencialismo renovado de coaliciones que es más amigable con una élite estatal vigorosa y con las instituciones eficientes, transparentes y creíbles.

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