Sinesio López Jiménez

García busca gerentes que sepan dirigir y gestionar las instituciones públicas para lograr los resultados esperados. Los ciudadanos quieren, en cambio, un nuevo presidente que permita a los gerentes desplegar sus capacidades y que gobierne para las mayorías. ¿Que pueden hacer los gerentes capaces si son bloqueados por la omnipresencia asfixiante de García, un filósofo-rey que cree presuntuosamente que todo lo sabe y que en todo se mete?. ¿Y de qué sirven los calificados gerentes si dependen de un Presidente que no gobierna para la mayoría?. En realidad, lo que se ha puesto en debate a propósito de la búsqueda presidencial de nuevos gerentes es una agenda de tres puntos: la gerencia pública, la forma de gobierno y la forma de Estado. La propuesta de García parte de un diagnóstico correcto: No existe una gerencia pública en el Estado que dirija las diversas instituciones estatales y que las gestione para que funcionen bien. El Perú no tiene una élite estatal como la tienen todos los países desarrollados en donde la gerencia pública se forma en las mejores escuelas de gobierno de las universidades más prestigiosas del mundo y como la tienen Brasil o Chile en América Latina. Pero el diagnóstico de García es parcial: No toma en cuenta la forma de gobierno, ni la forma estado, ni las actuales condiciones sociales y políticas en las que la gerencia pública va a operar. Los nuevos gerentes en el Perú van a dirigir instituciones estatales y van gestionar bienes públicos bajo la égida de un presidencialismo agobiante, bajo una forma-estado organizada y controlada por coaliciones sociales y políticas vinculadas a los intereses del capital y de los grandes empresarios y dentro de un contexto social y político movilizado. Desde el gobierno de Toledo en adelante, las gentes comunes y corrientes ya no aceptan ser tratadas como cosas sino que exigen ser consideradas como ciudadanos con iguales derechos y responsabilidades. A esto se añade la presencia de los movimientos sociales de protesta que despliegan una creciente presión distributiva. Los estados neoliberales en América Latina no sólo están constituidos por coaliciones sociales políticas que deciden las políticas públicas más importantes de cada país sino que han organizado también formas superelitistas y autoritarias de tomar decisiones, de gerenciar las instituciones estatales y de aplicar las políticas públicas que chocan con la ciudadanía activa, con los movimientos sociales y con la oposición política en general. Las decisiones se toman en la cúspide del poder (Presidente de la República, Ministro de Economía, alta tecnocracia y poderes fácticos), se realizan en forma secreta y sorpresiva (los decretos de urgencia), buscan imponerse sin dudas ni murmuraciones y evitan o bloquean la presión social y el escrutinio público. Estos estados funcionan con “éxito” cuando los ciudadanos han sido desmovilizados, los movimientos sociales han sido derrotados y la oposición política prácticamente no existe. Este fue el caso del Perú de Fujimori en donde el Presidente de la República, la alta tecnocracia y los poderes fácticos pudieron decidir y operar a sus anchas porque el país era tanquam tabula rasa en donde no había oposición ciudadana, social ni política. Este fue uno de los factores que explica el supuesto “éxito” de Fujimori.

Estas condiciones sociales y políticas han cambiado en América Latina y eso obliga a los estados neoliberales a adecuarse y a reformarse sin cambiar la naturaleza que los define. Dieter Nolhen, destacado politólogo alemán, ha demostrado que las formas de gobierno en AL que han tenido una mayor capacidad de realizar las reformas neoliberales y de mantener al mismo tiempo la democracia han sido los presidencialismos de coalición si se los compara con los presidencialismos plebiscitarios que desprecian las instituciones y que debilitan la democracia. La forma de gobierno en el Perú tiene algunas incrustaciones semi-presidenciales (el otorgamiento del voto de confianza parlamentaria al gabinete nombrado por el Presidente y la capacidad de éste de disolver al parlamento si éste, por según vez, se lo niega), pero ella es, en la práctica, un presidencialismo exacerbado. Si a ello se añade la personalidad del gobernante actual, se tiene entonces un presidencialismo opresivo. Por esta razón, la búsqueda de nuevos gerentes públicos tiene que ser acompañada, en las actuales circunstancias, por el debate de una nueva forma de gobierno (que bien puede ser lo que Nolhen llama el presidencialismo renovado o el semi-presidencialismo) que permita a los gerentes desplegar sus capacidades y desempeñarse con eficacia. El cambio de la forma-estado (neoliberal) es una cuestión más compleja, de más largo plazo y alcance y exige condiciones sociales y políticas que aún no existen, pero que están lentamente madurando. Este cambio es, sin embargo, necesario y decisivo para que el gobierno funcione en favor de las mayorías del país.