Sinesio López Jiménez
En el Perú republicano y en la mayoría de los países de América Latina el orden ha sido construido a la mala: a palos y a balazos. Nunca existieron las buenas maneras. Las fuerzas coercitivas – las fuerzas armadas primero y luego la policía- han sido educadas para disparar y para matar en nombre del orden y la ley. La policía misma, que debiera estar muy cerca de los ciudadanos para protegerlos, ha sido militarizada y armada hasta los dientes. El contraste con el policía inglés, por ejemplo, es impresionante. Sin varas, sin pistolas, sin metralletas y sin tanquetas, la policía inglesa protege al ciudadano, incluso en sus manifestaciones de protesta. Cada inglés es, de alguna manera, un policía de sí mismo: Ha incorporado el orden dentro de su sicología y de su propia cultura. En América Latina, en cambio, el orden está en la metralleta del policía y cuando ésta, por alguna razón, no está presente, el orden desaparece. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Obedece a los diferentes tipos de ciudadanos que habitan los países desarrollados y los países atrasados? ¿Se debe acaso también a los diferentes tipos de culturas políticas que los mueven? La explicación hay que buscarla, en gran medida, tanto en el tipo de ciudadanos como en los tipos de cultura política. Los ciudadanos de los países desarrollados tienen todos los derechos (civiles que tienen que ver con la libertad, políticos que atañen a la participación en las decisiones políticas y sociales que aluden al bienestar que produce la sociedad), las mismas garantías (efectivo acceso igualitario, garantizado por el Estado, a todos los derechos reconocidos), todos ellos son iguales ante la ley y a todos (o la mayoría) se les ofrece una igualdad de oportunidades. En AL, en cambio, el acceso efectivo a todos los derechos ciudadanos (reconocidos) es muy limitado, el Estado no los garantiza por igual, no existe igualdad ante la ley ni mucho menos igualdad de oportunidades. En el Perú, por ejemplo, el 40% son ciudadanos de primera (con acceso efectivo, más o menos garantizado, a todos los derechos), el 23% son ciudadanos de segunda (con derechos civiles y políticos y sin derechos sociales) y el 33% son ciudadanos de tercera (con derechos políticos efectivos, pocos derechos civiles y ningún derecho social), más del 90% cree que no existe igualdad ante la ley y más del 50% considera que sus derechos (sobre todo salud, educación, empleo y seguridad) no están plenamente garantizados por el Estado. Justamente los derechos que podrían ofrecer a los ciudadanos una igualdad de oportunidades. Las diferencias de cultura política son también significativas. Mientras en la mayoría de los países desarrollados predomina una cultura cívica, republicana y democrática, en América Latina se han impuesto las culturas de sometimiento a la mano dura y de desinterés por la política (súbdito y parroquial, respectivamente, para usar los viejos conceptos de Almond y Verba) y, lo que es peor, subsiste el patrimonialismo que, entre otras cosas, explica la alta permisivad ante la corrupción.
A través de la cultura política llegamos al problema de fondo: la forma de gobierno de las élites. La cultura política más que una condición que explica a los diversos tipos de régimen político es, en realidad, un producto de sus prácticas, aunque posteriormente se establezca entre ellos una relación circular. Mientras que los regímenes dictatoriales y autoritarios segregan prácticas y culturas autoritarias en su relación con los ciudadanos, los regímenes democráticos generan prácticas y culturas democráticas. Con notables excepciones, en el Perú y en América Latina las élites y los gobernantes han optado a lo largo de la historia republicana por las dictaduras o por el autoritarismo como formas de gobierno y como formas de construcción del orden. No estuvo entre sus proyectos la promoción de un desarrollo inclusivo, la integración de la población a la vida política reconociendo y garantizando todos sus derechos ciudadanos ni la construcción de un orden democrático y de una comunidad política a través de instituciones creíbles, efectivas y aceptadas por todos. Por el contrario, ellas optaron por gobernar para los ricos; excluir a las mayorías de sus derechos, sobre todo de los derechos sociales e imponer el orden apoyándose casi exclusivamente en el monopolio de la violencia del Estado.
En el tema de la construcción del orden, García no es, por desgracia, una saludable ruptura con el pasado sino una lamentable continuidad. Si quieres que los ciudadanos te obedezcan haz que ellos no sólo te teman sino que te amen, aconsejaba Maquiavelo a los príncipes. Si García quisiera economizar la violencia a la que en ciertas ocasiones tiene que apelar el gobierno, tendría que cambiar de políticas económicas, sociales, culturales e institucionales y gobernar no sólo para los ricos sino para la mayoría de los ciudadanos. Pero eso es demasiado pedir a García en su involución conservadora. Esa es una tarea reservada a las oposiciones sociales y políticas, regionales y nacionales, cuya vigencia ha sido negada por García.