Sinesio López Jiménez

Un fantasma recorre el cerebro de García: el comunismo. Cuando las ve negras, dice que todos son rojos. Ese fantasma peregrino ya visitó también las cabecitas del Primer Ministro, de los ministros apristas y conservadores de su gabinete y de la achicharrada presidenta del Congreso. El gobierno “no va aceptar que gente con ideologías extrañas y enemigas del avance y del progreso de todos los peruanos pretendan impedir el normal desarrollo de todas las actividades”, ha dicho Jorge del Castillo con un lenguaje de resonancias sanchecerristas de los años 30 del siglo pasado y de los constituyentes ultraconservadores de 1933 que declararon (en el famoso artículo 53 de la Constitución de entonces) partidos extranjeros al APRA y al Partido Comunista, por cuya razón no tenían derecho a participar en la política peruana. Ideas reaccionarias como ésta dieron origen al Estado de guerra permanente que fue el Estado Oligárquico y al paradigma de la revolución con el que se movilizaron los partidos (APRA, AP, DC, MSP) y los movimientos (incluidos los militares de los 60) antioligárquicos del siglo pasado. Comunistas extranjeros no es un simple insulto sino algo peor: es una forma de definir a los sectores sociales movilizados contra la política del gobierno como enemigos a los que hay combatir a muerte. Enemigo, decía Carl Schmitt (el más brillante teórico del pensamiento reaccionario del siglo XX) es el otro, el extranjero, contra el que hay que librar una lucha intensa utilizando el arma cuyo objetivo es aniquilarlo. Extranjeros no son sólo otros estados sino también los grupos sociales internos que, a juicio de los poderosos de turno, se comportan como estados extranjeros. Contra los primeros se despliega una guerra externa y contra los segundos, una guerra civil o una revolución. La diferencia entre García y Schmitt (disculpen la comparación) es que el primero piensa la política como guerra, mientras el segundo la piensa, para entenderla mejor, desde la guerra, lo que es muy diferente. Schmitt sostenía asimismo que la mejor manera de entender el estado de derecho es pensarlo desde el estado de excepción, así como para entender a Dios hay que pensarlo desde el milagro.

¿Cómo explicar la conversión del APRA de perseguido en perseguidor, de reprimido en represor, de víctima en victimario, de revolucionario o reformista (si se quiere) en reaccionario? Hay varias hipótesis posibles, pero quiero referirme brevemente a dos: la primera tiene que ver con el descenso en un escalón más en la lenta conservadurización del APRA y la segunda, con la conformación de un gobierno de derecha como el actual. Existe una serie de evidencias para demostrar la primera hipótesis: En los 30 del siglo pasado el APRA postuló los cambios económicos, sociales y políticos mediante la revolución; en los 40, combinó los cambios con la democracia; en los 60, apostó a la institucionalidad democrática sacrificando los cambios y en el siglo XXI apuesta a la defensa reaccionaria (a como dé lugar) del orden establecido (economía y estado neoliberales incluidos) contra todo cambio o demanda de cambios. Algunos amigos míos, a quienes aprecio mucho, personal e intelectualmente, pueden ver ahora mejor de donde viene la amenaza fascista. En segundo lugar, el APRA y García tenían la posibilidad, como gobierno, no de echar al mar a la coalición social y política que organiza y controla la economía y el estado neoliberales (nadie pide eso), sino de tensar y equilibrar en algo las políticas públicas, sobre todo las políticas económicas, en favor de los de abajo, pero, lejos de eso, optó por sumarse al coro de los ricos y poderosos y conformar una alianza con la derecha empresarial y política, decente y corrupta para enfrentar en bloque las demandas populares. Estos dos factores que explican la conducta actual de García y del Apra operan con toda su fuerza en la presente coyuntura en la que se mezclan la protesta social vociferante (de la que ya dimos cuenta en dos artículos anteriores) y la desaprobación ciudadana, silenciosa pero devastadora.

Aún no se cumple un año de gobierno, pero García ya está con la lengua afuera: es un presidente agotado y desaprobado por la mayoría de los peruanos (59%) en todas las regiones con porcentajes sorprendentes (norte con el 71%, sur con el 80%, centro con el 74%, oriente con el 84% y Lima y Callao con el 48%, según la encuesta de la PUCP, pero en una más reciente de Conecta, la desaprobación en Lima Metropolitana se empina hasta el 61%). Quizá el dato más sorprendente de esta encuesta es la licuación del sólido norte, el bastión histórico del APRA. La mayoría de la gente de todas las regiones ha perdido la confianza en el gobierno, incluida la conservadora Lima que hasta ahora lo venía sosteniendo con su apoyo. En la caída libre acompañan a García casi todos los ministros, la presidenta del Congreso, las instituciones estatales, todos los partidos y sus dirigentes. No sólo García ha comenzado a levitar sino también todo el mundo político y estatal, configurando una situación peligrosa, antipartido y antiestado, que puede abrir las puertas a una situación anarquizantes, a golpes de masas y a la aparición de cualquier aventurero, incluido al más cobarde y más corrupto de la historia peruana: Fujimori. Todas estas situaciones peligrosas tienen que ser evitadas con la reflexión y la participación de todos y todas sin excepción. Para felicidad de los peruanos, acabamos de librarnos de uno de estos peligros: el extraditable ha escogido una curul en la Dieta japonesa. Adiós Fujimori y fujimoristas.
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Sinesio López Jiménez

La última encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP sobre la corrupción trae algunas cosas nuevas y confirma otras ya más o menos conocidas. Pese a que la corrupción en el Perú es un fenómeno reconocido por la mayoría (75%) como muy grave, ella ocupa (en otras encuestas) el cuarto lugar de los problemas más importantes del país, después del desempleo, la pobreza y la situación económica. Desde una perspectiva comparada, el Perú es percibido como uno de los países latinoamericanos más corruptos juntamente con Guatemala, Nicaragua, Jamaica y Ecuador, como lo señala una reciente publicación del IEP sobre la cultura política de la democracia en el Perú. Algo que llama la atención es que ella no tiene el mismo sentido para las personas encuestadas en Lima Metropolitana. Para la mayoría de los hombres y para los estratos medios y altos, la corrupción tiene un sentido patrimonialista (conseguir beneficios particulares aprovechando el cargo público que se ostenta y usar la ley para beneficio propio). En cambio, las mujeres y los estratos populares, pobres y muy pobres tienden a darle un significado no patrimonialista (asaltar y robar y no cumplir las promesas electorales). Esto significa que para los estratos medios y altos el patrimonialismo es simple y llanamente corrupción mientras que para los estratos populares y pobres es una forma de cultura política.

La encuesta revela un bajo nivel de autoestima de los limeños. En efecto, la mayoría (56%) cree que los peruanos son poco honestos y el 17% cree que son nada honestos, sobre todo los de más edad y los estratos populares, los pobres y los muy pobres. Si los limeños creen que los peruanos son poco o nada honestos entonces están dispuestos a ser tratados como tales. La mayoría de los limeños son pesimistas respecto al presente, pero son relativamente optimistas respecto al futuro: El 41% cree que ahora hay más corrupción que hace doce meses, sobre todo en los estratos populares, pobres y muy pobres y sólo el 24% piensa que hay menos corrupción, especialmente los estratos medios y altos; pero el 39% cree que la corrupción será menor en el futuro, especialmente estos últimos estratos y sólo el 22% cree que la corrupción será peor, especialmente en los sectores populares. Los estratos medios y altos tienden a ser más optimistas tanto en el presente como en el futuro de la corrupción mientras que los sectores populares y pobres mantienen un terco pesimismo al respecto. En la evaluación de la corrupción en los diversos gobiernos, Fujimori se lleva la palma de lejos como el gobierno más corrupto (56%), seguido por el primer gobierno de García (el 22%) y por el de Toledo (17%). A medida que se baja en la escala social, menor es el porcentaje de la población que juzga al gobierno de Fujimori como el más corrupto, lo que revela una cierta permisividad de los sectores populares y pobres con la corrupción de ese gobierno. Esos mismos estratos tienden a creer que los gobiernos de García y de Toledo fueron más corruptos. Esta peculiar evaluación de la corrupción de los gobiernos por parte de los sectores menos favorecidos del país tiene que ver probablemente con la agresiva política social desplegada por Fujimori entre 1993 y el 2000. El actual gobierno de García queda mejor librado pues el 52% de los limeños piensa que es menos corrupto que los otros, sobre todo en los estratos altos y medios, pero los estratos populares y pobres creen que es tan corrupto como los otros. Para los limeños la política es el escenario en el que impera la corrupción, pero la mayoría, especialmente los sectores medios y altos, piensa que se puede trabajar en el campo político sin corromperse. Los estratos populares y pobres, en cambio, son más escépticos al respecto. La mayoría de los sectores medios y alto, cree que el Estado ofrece los flancos más débiles a la corrupción en relación con la empresa privada. En cambio, los sectores populares y pobres tienden a pensar que la corrupción se da en ambos espacios. Las instituciones peruanas más corruptas, en opinión de los limeños, son el Congreso, la policía, el Poder Judicial, los partidos políticos, en ese orden, y, por eso, sorprende que le otorguen al Poder Judicial y al gobierno la capacidad de luchar contra la corrupción a través de diversas políticas: educación en valores, leyes y sanciones muy altas.

Por todo lo expuesto hasta ahora, sabemos que el conocimiento, el sentido, la percepción y la evaluación de la corrupción depende de varios factores como la edad, el género, el nivel de educación y sobre todo el estrato social de la población. Pero ¿qué la explica?. ¿Y cuáles son sus consecuencias en el campo de la política y en especial en el régimen democrático? Por desgracia, ninguna encuesta trata el tema de las causas y consecuencias. Aquí sugiero algunas hipótesis sobre la base de diversas investigaciones sobre el tema. La corrupción depende de la vigencia de la cultura patrimonialista, del nivel de control (accountability) horizontal (instituciones), vertical (electores) y social (ciudadanos, sociedad civil y esfera pública) y del nivel de pobreza que relativiza los valores de integridad moral de los ciudadanos. A mayor vigencia de cultura patrimonialista, mayor corrupción; a mayor control horizontal, vertical y social, menor corrupción y a más pobreza, más relativización de los valores y más permisividad con la corrupción. El impacto de la corrupción en el sistema política y en la democracia es calamitoso: la pérdida de confianza en las instituciones del estado, la insatisfacción con la democracia y la falta de gobernabilidad.
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Sinesio López Jiménez

El azar existe en la historia y en la política, pero me parece que todo el enredo del “caso Pandolfi” es una maniobra consciente y calculadamente planificada por García, el Presidente de la República, con el expreso objetivo de debilitar al Primer Ministro, a quien, en público, le dice, sin embargo, te necesito y el país te necesita, y de redefinir las coaliciones políticas en las que se sustenta su gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno de García se parece cada vez más al de Fujimori y que puede llegar a ser un fujimorismo sin Fujimori. He aquí algunos elementos para comparar similitudes y acercamientos: un presidencialismo exacerbado, retórico y autoritario, la voluntad de manejar gabinetes sumisos, la organización de un gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres (la aspiración más acariciada de García), el asomo de un manejo perverso de los medios (un ministro que despotrica de la prensa democrática y financia a la corrupta), un desprecio por las instituciones, la sociedad civil (a la que García pretende controlar) y los partidos, la apelación a la austeridad como coartada (el problema no es que los ricos no paguen los impuestos que deben pagar sino que los parlamentarios, los altos funcionarios y los alcaldes se la llevan toda), un manejo cínico de la política (la inclusión en el gobierno de personajes cuestionados y corruptos y la amenaza del secretario general del APRA a la oposición con cerrar el parlamento recurriendo a nunca usados mecanismos constitucionales del semipresidencialismo), la conformación de coaliciones políticas sin ningún criterio ético (desde la integración de la plancha presidencial hasta la constitución de la mayoría parlamentaria).

Lo que está pasando ahora tiene una pequeña historia que es necesario recordar. García pasó ajustadamente a la segunda vuelta, pero su representación parlamentaria, elegida en la primera vuelta, era una segunda minoría. El triunfo electoral en la segunda vuelta, le dio legitimidad para gobernar pero no subsanó la carencia de una mayoría parlamentaria que le diera gobernabilidad. Esta es una de las desventajas de las segundas vueltas mediante elecciones generales. Si la segunda vuelta se hubiera llevado a cabo en el Congreso como sucedía hasta 1962, García hubiera obtenido al mismo tiempo legitimidad y gobernabilidad y se hubiera visto obligado a formar, no alianzas vergonzantes e informales, sino una coalición formal y a la luz del día que sustentara su gobierno. La carencia de una mayoría parlamentaria obligó al gobierno aprista a organizar una coalición informal con la derecha decente de unidad nacional y con la corrupta del fujimorismo. La informalidad de la coalición no niega, sin embargo, que ésta exista y se exprese en las votaciones congresales sobre los asuntos importantes del gobierno y en la elaboración de las agendas públicas. La coalición se expresa también en la conformación del equipo de gobierno, especialmente del equipo económico, con el que, al parecer, se sienten identificados, en mayor o menor medida, los apristas, los de Unidad Nacional y los fujimoristas. Se expresa también en la aplicación de las políticas públicas, especialmente de las políticas económicas y sobre todo en las ridículas e irrelevantes acusaciones de corrupción al gobierno de Toledo para encubrir la gigantesca corrupción del gobierno de Fujimori. La informalidad de la coalición permite, sin embargo, a sus integrantes defender su autonomía y alegar que sus acuerdos expresados en el equipo de gobierno y en las políticas públicas son meras coincidencias.

Mutatis mutandis, esta nueva coalición tiene ciertos aires de familia con la de 1956 en el contenido y en la forma. Entonces la oligarquía conformó una alianza con el APRA. La oligarquía estaba al mando y el APRA, subordinada, a la inversa de lo que pasa ahora. Como ahora, la coalición era informal, pero tenía plena vigencia en las Cámaras legislativas y en la política en general. Cuando la oposición de entonces acusaba al APRA de traición, ésta alegaba que no había tal alianza porque no existía un acuerdo oleado y sacramentado al respecto. Esa coalición fue bautizada por la oposición como el gobierno de la convivencia, un nombre que pasó a la historia y que se prolongó, con pequeñas variantes, hasta 1968. Esa convivencia bloqueó todas las reformas reclamadas masivamente por las nuevas fuerzas sociales, pero permitió un pequeño y languideciente oasis democrático dentro del excluyente Estado Oligárquico de entonces.

La oligarquía pasada y sus voceros han sido reemplazados ahora por el capital extranjero y local y por sus representantes sociales y políticos, configurando una nueva convivencia que, sin duda, define el contenido de las políticas públicas del gobierno actual. Si los rasgos políticos que acercan cada vez más a García con el gobierno y el estilo fujimoristas se acentúan es probable que la alianza del APRA con los representantes del extraditable se consolide y que Unidad Nacional tome distancias de la misma. Me parece que esta reconfiguración de coaliciones políticas en el gobierno ya comenzó a producirse a partir del caso Pandolfi.
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Sinesio López Jiménez

En 1823, Claude-Henri de Rouvroy, más conocido como el Conde de Saint Simon, publicó, en colaboración con Augusto Comte, el Catecismo de los Industriales en el que se preguntaba, al estilo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMPE) con respecto a la minería y al Perú, qué pasaría con Francia si desaparecieran los representantes más destacados de los nobles, los militares, los legistas, los rentistas, la jerarquía eclesiástica, los funcionarios públicos y se responde, con una dureza que sorprende, nada. Se hace la misma pregunta en relación con los industriales, los obreros y todos los trabajadores productivos y se responde que Francia experimentaría casi una catástrofe. Un poco más de un siglo después, en 1931, Jorge Basadre, el historiador de la República, se formuló una pregunta parecida a la de Saint Simon en uno de sus mejores libros de juventud, Perú: Problema y Posibilidad, sobre la contribución de las compañías mineras al desarrollo del Perú y, examinando los salarios pagados, los impuestos entregados al fisco y las reinversiones, su respuesta fue escéptica y hasta pesimista. Comparada con las ingentes ganancias, era ridículamente pequeña la parte de la renta que las compañías mineras y petroleras dejaban en el Perú, pese a que ellas la cosechaban a manos llenas sin haberla sembrado. Quiero citar in extenso a Jorge Basadre para entender tanto la continuidad de algunos problemas fundamentales del país como la vigencia del historiador: “La ley 2423 del 4 de Agosto de 1917 gravó la exportación de petróleo crudo y derivados de su destilación con un impuesto progresivo en dólares. Verdad es que la exportación de petróleo no progresó en la medida de los otros productos nacionales en los años siguientes y la Lobitos Oilfield pidió la derogatoria de esa ley. La ley 4498 del 1 de Marzo de 1922 establece que el petróleo y sus componentes, los productos derivados de su destilación y los hidrocarburos análogos sin excepción alguna, pagarán como derecho de exportación el impuesto fijo de 3 soles 50 centavos por tonelada métrica, peso neto, derogándose la ley anterior; lo que evidentemente favorecía la producción. Pero aún más: esta ley estatuyó que el impuesto de exportación no podría aumentar durante veinte años, de acuerdo con la ley de petróleo N. 4425 del 2 de enero de 1925 que en su art. 40 había establecido que los productos de la industria petrolífera estarán sujetos al pago de los derechos de exportación sin que se pueda aumentar la escala vigente en el momento de la concesión durante veinte años (los actuales convenios de estabilidad tributaria, acotación de SLJ). Si mereció protección la producción del petróleo, fue inaudita esta prohibición del Estado a sí mismo (el óbolo actual de las mineras, acotación de SLJ), cuando el aumento de la exportación de petróleo es fantástico: de 381,082 toneladas en 1921, a 951,412 toneladas en 1925, de 2´928,783 Lp. en 1921 a 5´826,139 Lp. en 1925, aumentando más o menos en un millón de libras anuales en contraste con las oscilaciones del algodón y del azúcar.
“Además es curioso el pago anual de jornales (…), mientras más ganancias obtienen las compañías favorecidas por la ley de producción del petróleo, el trabajador nacional recibe jornales y sueldos más pequeños. Las ganancias de las compañías petrolíferas son, así, incalculables. (…).

“Y estas compañías (se refiere a la Internacional Petroleum y a las compañías mineras) cuyo aporte al Erario y al factor hombre han ido disminuyendo a medida que aumentaban sus ganancias, contribuyeron a desnivelar la balanza comercial del Perú del Perú; junto los servicios de los empréstitos, las sumas enviadas a los peruanos en el extranjero, etc.” (Perú: Problema y Posibilidad, Casa Editora E. Rosay, 1931, pp. 124-125)

Preguntas escépticas y respuestas pesimistas mantienen hoy su vigencia porque, para desgracia del Perú, la realidad, en este aspecto, no ha cambiado mucho. La exploración y la explotación en las minas se han modernizado, pero el monto de la renta dejada en el país sigue siendo relativamente pequeña, la administración, la gestión y la distribución de esa pequeña renta en el territorio reproduce la ineficacia e injusticia de otros tiempos, los niveles de corrupción de los gobernantes y funcionarios se mantiene al tope y la contaminación del ambiente es igualmente grave. ¿Qué es lo que explica esta esencial continuidad más allá de los cambios inevitables? Independientemente de las modificaciones en las formas de Estado, las políticas de gestión ambiental casi han sido las mismas. Ni el Estado Oligárquico, ni el Estado Populista de Velasco ni el actual Estado Neoliberal han desplegado agresivas políticas de defensa y gestión del medio ambiente. Con la excepción del Estado Velasquista que incrementó la renta minera para el Estado a través de las nacionalizaciones de algunas compañías mineras y de mejores negociaciones con otras, el Estado Oligárquico y el Estado Neoliberal (y sus respectivos gobernantes) se parecen mucho especialmente en las políticas de negociación de la renta con las compañías mineras y en su incapacidad para administrarla y gestionarla. Lamentablemente el Perú no ha tenido tampoco una vigorosa sociedad civil (el perro del hortelano de García) que exigiera y exija una mejor distribución de la renta de tal manera que contribuya al desarrollo y a la democracia del país.

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Sinesio López Jiménez

Más que a los adjetivos, en la política hay que prestar atención a los sustantivos. En lo que se refiere a la Reforma del Estado, lo sustantivo es el Estado Noliberal como forma de estado que es necesario, no reformar, sino cambiar. Las reformas de la distribución funcional (poderes del Estado) y territorial (descentralización) del poder, del sistema legal, de la administración pública, de las FF.AA., de la Policía, de las funciones y actividades estatales (educación, salud, etc) son, sin duda, importantes, pero son secundarias en relación con el estado neoliberal, una forma de estado que es melliza de la economía de mercado y que nació al calor de las reformas estructurales (la apertura de la economía al mercado internacional, la desregulación de todos los mercados y las privatizaciones), impulsadas por los organismos económicos internacionales, el capitalismo globalizado, los grandes empresarios locales y la dictadura de Fujimori en la década del 90. Los rasgos principales del Estado Neoliberal son los siguientes: En primer lugar, es un estado que ha perdido soberanía y que se ha mostrado incapaz de controlar los aspectos más destructivos de la globalización. En segundo lugar, mantiene la exclusión étnica, económica, social, regional del mundo andino. En tercer lugar, es un estado que ha divorciado las políticas económicas al servicio de los ricos de las sociales para atender a los pobres. En cuarto lugar, desprotege a los trabajadores, a la sociedad y al medio ambiente. En quinto lugar, pretende ser un estado autónomo de la sociedad para eludir las presiones sociales y el escrutinio público. En sexto lugar, es financiado principalmente por las grandes mayorías de a pie a través del IGV. Finalmente, sus aparatos económicos han sido secuestrados y privatizados por la coalición social y política que lo organizó.

La necesidad del cambio del Estado Neoliberal surge cuando la economía muestra un desempeño significativo en términos de crecimiento económico, pero exhibe asimismo una limitada o nula capacidad de reducir la pobreza y de acortar la desigualdad económica y social. El tema distributivo del crecimiento es entonces el problema de fondo cuando se discute la reforma del estado. Frente a esta situación de desequilibrio la pregunta central es la siguiente: ¿Puede ser la distribución del ingreso un fruto espontáneo del crecimiento o requiere la intervención del Estado? ¿La distribución de los beneficios del crecimiento es producto del chorreo o requiere la ingerencia estatal?. En este tema existen dos puntos de vista contrapuestos. El primero, liberal en extremo y casi libertario, sostiene que, a medida que las tasas de crecimiento son más altas, es mayor la distribución espontánea del ingreso y que estas tasas pueden ser mayores si el Estado no interviene y, desde luego, si los vientos de las circunstancias internacionales mantienen viva la ola del crecimiento económico. Todo eso requiere mantener la economía de mercado y el Estado neoliberal. El segundo punto de vista afirma que la distribución de los beneficios del crecimiento exige la intervención del Estado y eso requiere, a su vez, algún tipo de cambio del Estado Neoliberal. No hay distribución del ingreso sin ingerencia estatal y ésta pueda asumir diversas modalidades y grados. Estos dependen del nivel de ensanchamiento de las coaliciones sociales y políticas que organizan el Estado Neoliberal. Este ensanchamiento depende, a su vez, de las correlaciones sociales y políticas de las fuerzas nacionales e internaciones que intervienen en la organización del estado. Cuando triunfan las fuerzas de izquierda moderada, como ha sucedido en gran parte de los países de América Latina, ellas pueden ampliar parcialmente la coalición social y política del Estado gracias a que controlan el gobierno y, en esa medida, pueden impulsar una distribución del ingreso por medio de una reforma tributaria progresiva, manteniendo básicamente el modelo económico neoliberal. Dadas las altas tasas de crecimiento económico y su sostenibilidad en el tiempo, el triunfo o la presencia política de una izquierda más agresiva, sustentada en vigorosos movimientos sociales, puede obligar a la coalición social que sustenta el estado neoliberal a establecer una política de compromiso a través del cual las fuerzas del cambio aceptan como legítima la acumulación en manos de los ricos, pero éstos aceptan también como legítima la participación de los trabajadores y de la sociedad en los beneficios del crecimiento y de la riqueza que ellos generan con su trabajo. Esto implica una modificación sustantiva de la antigua coalición social y política y el establecimiento de una nueva coalición. En este caso, estamos ya frente a una nueva forma de estado que tiene un cierto aire de familia con el Estado Socialdemócrata que, para estar de acuerdo con tiempos que vivimos, tendría que ser más ágil y ligero que el modelo europeo clásico.

Una de las claves del reemplazo del estado neoliberal por un estado socialdemócrata light es la presencia de una vigorosa correlación social y política de fuerzas que es capaz de impulsar ese reemplazo y que, a su turno, es un producto de múltiples factores, el más importante de los cuales es la presión distributiva en épocas de crecimiento. Contrariamente a lo que algunos analistas piensan, el crecimiento económico acelerado es el motor de muchos cambios, entre ellos la emergencia de importantes movimientos sociales y de nuevas fuerzas políticas. Si eso es así, entonces, el cambio del Estado neoliberal no sólo es deseable sino también posible. En todo caso, la política se encarga de hacer posible lo deseable.

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Sinesio López Jiménez

Es difícil para ciertos gobernantes mantener el sentido de las proporciones. Ellos tienden generalmente al desborde y a cargar las tintas para un lado o para otro. Es el caso de García que pasa drásticamente de la crítica al ciudadano demandante (perro del hortelano) al planteamiento de exigencias al ciudadano responsable sin establecer los equilibrios necesarios. Es cierto que ningún sistema político es viable si los ciudadanos se limitan a reclamar derechos o formular demandas sin asumir responsabilidades y ofrecer apoyos. Pero también es cierto que ningún sistema político moderno es viable y estable si carga a los ciudadanos con responsabilidades sin reconocerles derechos. Pero, sobre todo, ningún sistema político puede ser eficaz si las autoridades no asumen sus responsabilidades, garantizan los derechos reconocidos y se comprometen a orientar los recursos del estado a atender ciertas necesidades prioritarias de los ciudadanos. Este el caso de la educación pública. En efecto, no tendremos una buena educación pública si no contamos con buenos maestros. Para ello se vienen desarrollando una serie de políticas que inducen a la mejora de la educación por el lado del maestro. Eso está bien. Pero es falso e injusto responsabilizar exclusivamente a los maestros del desastre educativo del país como lo viene haciendo García. Me parece bien que se abra la posibilidad de participar a los padres de familia en el control de calidad de la educación de los hijos y que los padres manejen, con esa finalidad, ciertas herramientas que les permitan intervenir. Hay que democratizar el control. No existe ninguna razón, ni siquiera la calificación técnica, para que la burocracia monopolice el control de la calidad de la educación pública. Pero el gobierno no puede lavarse las manos y evadir sus responsabilidades. Aquí van algunas preguntas ineludibles a García sobre el tema: ¿En cuánto ha incrementado su gobierno el gasto en educación como porcentaje del PBI?. ¿Qué está haciendo su gobierno para que el Perú no ocupe en América Latina los últimos lugares en lo que se refiere al gasto público en educación? ¿Qué medidas se han tomado para hacer que la educación básica sea efectivamente gratuita? ¿Qué medidas de política se han tomado o se piensa tomar para hacer que el gasto público en educación se realice con equidad? ¿ Cuando cree que el gobierno alcanzará la meta fijada (6% del PBI) por el Acuerdo Nacional?. ¿Qué reformas de gestión educativa está impulsando para mejorar la calidad de la educación?. La educación marcharía mejor si el gobierno no evadiera sus responsabilidades y destinara un porcentaje significativo del PBI a la educación. En América Latina los países que invierten más en Educación son Uruguay, Argentina Chile y México. Pese a ello, esos países no están ni a mitad de camino de lo que invierten los países que han alcanzado el mayor nivel educativo: Japón, Austria, Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países de Europa.

Casi lo mismo se puede decir en lo que se refiere a la salud. Felizmente en el Perú tenemos excelentes médicos porque la mayoría de las facultades en que se forman tienen una muy alta calidad académica. Sería un despropósito afirmar que la mala situación de la salud en el Perú se debe a los profesionales de la salud y a los médicos. Es cierto, sin embargo, que los ciudadanos tienen que asumir responsabilices en el campo de la salud. No podemos exigir salud para todos sino nosotros mismos no contribuimos a mantener nuestra propia salud consumiendo una dieta adecuada o si nos negamos a pagar los impuestos que debemos pagar. No es justo reclamar atención médica a todos los ancianos si no contribuimos a mantener sanos a los nuestros. Falta desplegar una política más agresiva para comprometer a los ciudadanos en la prevención de la salud. En este campo las principales deficiencias provienen de las inadecuadas, insuficientes e ineficaces políticas de salud y de los pocos, muy pocos recursos que le dedica el gobierno.

Ciertamente los ciudadanos deben asumir sus responsabilidades en todas las actividades que despliegan. Pero para que el gobierno tenga autoridad moral para exigir responsabilidad a los ciudadanos tiene que reconocer y garantizar los derechos de los ciudadanos, es decir, tiene que gobernar para la mayoría de los ciudadanos. Y esto es lo que no hace García. Si se examina las políticas públicas que viene aplicando este gobierno, las sociales están en clara desventaja frente a las económicas y los sectores altos son más beneficiados que los sectores populares y pobres. Eso, por un lado. Por otro, la participación y el control de los ciudadanos no pueden limitarse a sus propias actividades. El verdadero control de los ciudadanos y de la sociedad civil se despliega sobre todas las actividades y políticas que promueve el gobierno con la finalidad de que ellas sean eficaces y transparentes. Y eso es lo que no quiere García. García quiere cogobernar con ciudadanos que no tengan derechos ni formulen demandas y, sobre todo, que no ejercen control ni fiscalización sobre su gobierno.

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Sinesio López Jiménez

Una situación asfixiante. En el Perú se está desarrollando un clima político que poco a poco se va tornando irrespirable: la intolerancia. Lo más grave de todo esto es que, al parecer, los vientos irrespirables provienen desde la cúspide del poder. Es necesario hacer un inventario de estas muestras de intolerancia para saber qué las explica, como se transforman en políticas represivas y a qué régimen político nos conducen. Casi desde los inicios del gobierno de García se produjo el zarpazo contra las ONG a las que, siendo organismos privados que persiguen fines públicos, se las consideró como si fueran instituciones público-estatales, violando la ley, para intervenirlas y arrebatarles sus funciones de control y de fiscalización del poder del Estado. Un segundo momento se produce cuando García, Presidente de la República, descalifica a sus críticos llamándolos aves de mal agüero, comechados y otros lindezas por el estilo. Luego viene el intento de criminalizar las protestas sociales con el claro objetivo de desactivar los movimientos sociales que expresan su descontento con el gobierno de García y sus políticas. Simultáneamente se amenaza a los presidentes de las regiones que acompañan las protestas de sus regiones con la cárcel y el desafuero. Inmediatamente se propone y se aprueba una medida permisiva a la Policía y a las FF.AA. sobre el uso de las armas, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero apuntando claramente a los movimientos sociales de protesta. Si se analizan con atención los artículos de García sobre el perro del hortelano, ellos no sólo proponen un modelo rentista de desarrollo y algunas estrategias y políticas para impulsarlo sino que conllevan también una propuesta autoritaria para hacerlo políticamente viable. Esta propuesta autoritaria implícita se puede traducir, a la larga, en persecución política contra todos los perros del hortelano que, según el propio García, asumen diversos pelajes: toda la sociedad, los intelectuales críticos, los comunistas, los movimientos sociales, los pobres mal informados, etc. Es probable que la zaga periodística de García culmine con el último artículo cuyo título puede ser el siguiente: El perro del hortelano en prisión.

En estos últimos meses se está llegando hasta el delirio. El presidente de la República alienta el desafuero de un Presidente regional que no ha cometido delito alguno, sino que sólo ha expresado, con su temperamento apasionado, una enorme confusión mental pues no sabe bien si quiere hacer de Puno un país independiente, un estado federal o una región autónoma. Se acusa de actos de terrorismo a un grupo de estudiantes peruanos que hacían coordinaciones políticas con organizaciones similares de otros países, principalmente con Venezuela. Los representantes del gobierno y alguna prensa, sin mirarse al espejo, se escandalizan y los acusan de recibir financiamiento del extranjero porque Venezuela les habría pagado los pasajes como si eso configurara un delito. Entre ellos figura una persona que ha estado presa por terrorismo, pero que ya salió libre por disposición del Poder Judicial. Cumplida su condena nada le impide desarrollar actividades propiamente políticas que no sean, obviamente, terroristas. Se acusa a organizaciones sociales y políticas de pretender organizar una Cumbre Social paralela a las Cumbres Oficiales como si eso fuera delito. En estos tiempos de globalización y de internacionalización de las acciones, coordinaciones y decisiones políticas se acusa a las Casas ALBA de ingerencia política y de violación de la soberanía nacional como si eso fuera un crimen. Como todas estas acusaciones no llegan a configurar delitos, se trata de vincularlas de todas maneras al terrorismo.

Qué explica todo este itinerario autoritario?. Hay, sin duda, factores personales, emocionales y sociales que lo explican. García es un devaluado caudillo autoritario que se siente, no un Presidente de la República, sino un filósofo-rey que cree que todas sus sabias inspiraciones tienen que positivarse y convertirse en propuestas legislativas y en leyes. Pobre del que se opone: puede ser acusado de pájaro de mal agüero, comechado, perro del hortelano o terrorista. Es probable también que García y todos los que cortan el jamón hoy tengan un enorme temor a perder el control de la situación política y social del país, pese a lo bien que les va, según ellos, en el manejo de la economía. Y quizá lo que más les asusta es que se rompa la continuidad de la bonanza y los privilegios en el 2011. Hay que acabar, por consiguiente, con la oposición política y social y con sus líderes o, al menos, silenciarlos. Lo más grave de todo esto es que las intolerancias y los úkases del Presidente pueden ser asumidas por las instituciones del Estado como si fuesen órdenes superiores. Más aún: aquellas instituciones estatales autónomas que no entran en este jueguito perverso pueden ser debilitadas y sometidas por la cúspide del poder. Es posible que se inicie entonces la cacería de brujas desde diversas instituciones del Estado. Si eso se concreta, el Perú y los peruanos tendremos al enfrente o, lo que es peor, encima un régimen totalitario. Aún lo podemos evitar.

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