Sinesio López Jiménez

Hace más de seis años que la economía peruana viene creciendo en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per capita casi se ha duplicado, bordeando los 4, 000 dólares, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per capita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per capita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las empresas mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, ella no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a una serie de limitaciones que ella presenta. En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: Los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos. Todas estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países latinoamericanos están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas. Pese a que los países de América Latina han negociado mejor que los países mineros y petroleros del Asia y del Africa, el Perú y Colombia, de acuerdo a la investigación de Terry Karl, profesora de la Universidad de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos en sus negociaciones de la renta minera con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de ECOPETROL y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras “contribuciones voluntarias” para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos. El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de la transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños durante los años 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien lo ha señalado Stigliz, el premio Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción. Lo mismo sucede cuando en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir “contribuciones voluntarias” o cuando un Ministro de Economía propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tienen en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta en el país: ¿A cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per capita de los últimos seis años?.
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Sinesio López Jiménez

La política tiene sus leyes. Una de ellas es la siguiente: A más control, menos corrupción y a menos control, más corrupción. Esto último es lo que pasó precisamente en el gobierno de Alberto Fujimori. Y no sucedió por casualidad sino que fue una política desplegada en forma sistemática que tenía como objetivo el desmontaje de los ya débiles controles que existían en el Perú. La hipótesis que sugiero aquí es que Fujimori y sus socios desmontaron en forma deliberada y sistemática las instituciones encargadas del control para cometer delitos sin que nadie los acuse de nada y sin que los alcance el brazo de la ley. Asociada a esta hipótesis sugiero otra: Este desmontaje sistemático no se podía hacer dentro de las reglas de un juego democrático sino que sólo era viable dentro del funcionamiento propio de un gobierno autoritario. El corolario que se deriva de esta última hipótesis es claro y preciso: El autogolpe de estado del 5 de abril fue hecho con el expreso propósito de encubrir las fechorías de todo tipo de Fujimori y su mafia. Sé que este corolario es polémico por diversas razones. No faltan las hipótesis utilitaristas (que son compartidas por muchos investigadores serios) que sostienen que el golpe de Fujimori tuvo como objetivo la realización de una doble y difícil transición: la de la agotada industrialización sustitutiva de importaciones a la economía neoliberal y la del estado populista al estado neoliberal. Esta hipótesis es falsa como en su momento varios analistas tratamos de demostrar. Fujimori y sus aliados no tenían resistencia alguna para realizar esta doble transición porque prácticamente todas las fuerzas políticas (que para entonces eran ya muy débiles) se habían allanado a la aplicación de los dos programas que produjeron esa doble transición: la estabilización y las reformas estructurales. Más aún: No existían fuerzas económicas, sociales, políticas que pudieran resistir esos cambios. El Perú era una pampa y cualquier cosa se podía hacer en ella. ¡Qué diferencia con la situación política que recibió Belaúnde (1980) en su segundo gobierno!. Belaúnde y Ulloa no pudieron realizar el mismo proyecto de la doble transición porque tuvieron la férrea resistencia APRA, de la izquierda, de los sindicatos y movimientos sociales, de la sociedad civil y de varios medios. La única forma de imponer la doble transición en esa difícil situación política hubiera sido un golpe que no sólo no era deseado por ellos (Belaúnde y Ulloa) sino que era inviable porque el país estaba saliendo de la dictadura de Velazco y de Morales Bermúdez. Tampoco faltan las hipótesis de la gobernabilidad que buscan explicar el golpe por la necesidad de acabar con el terrorismo y de construir un nuevo orden político. Esta hipótesis de origen schmittiano (de Carl Scmitt, el más brillante teórico del pensamiento reaccionario) sostiene que no era posible acabar con la guerra interna, desatada por el terrorismo, usando los métodos propios de la democracia ni apelando al Estado de Excepción (que ésta acepta) sino que era necesario un golpe de estado. Esta es una hipótesis atendible y discutible. En efecto, cuando en noviembre de 1991 las fuerzas políticas de la oposición rechazaron una parte del paquete de más de 30 medidas antiterroristas, se desató una etapa tensión y de negociación entre algunos representantes del gobierno y algunos dirigentes de la oposición. Cuando estas negociaciones fracasaron, entonces se decidió, al parecer, el golpe del 5 de abril. Pero estas negociaciones fracasaron porque Fujimori, Montesinos y sus aliados estaban tercamente interesados en imponer lo que entonces se llamó un golpe blanco y ese punto era, para ellos, no negociable. Entonces sostuve y sigo sosteniendo que era posible aún una salida democrática para derrotar al terrorismo y conseguir la paz y el orden.
Acompañando la posición de fuerzas democráticas de entonces, mi tesis era y sigue siendo ahora que la democracia podía derrotar al terrorismo. Había una serie de evidencias (las rondas campesinas, uso de los servicios de inteligencia, etc.) que mostraban que ese camino era posible. En todo caso, esos medios fueron los que, al final, produjeron los mejores resultados. Se impuso, sin embargo, la tesis schmittiana del golpe militar. Pero lo que no era schmittiana era la política del remate de terroristas rendidos y de gente indefensa, sospechosa de ser terrorista, que practicó la dictadura de Fujimori. Esta política expresa la tesis de la enemistad absoluta que mezcla la política con la ética y que hace que todo enemigo sea malo y que, por consiguiente, hay que aniquilarlo. De acuerdo con esa tesis el mejor enemigo es el enemigo muerto. La enemistad absoluta, a diferencia de la enemistad relativa (que apoya Schmitt), postula una guerra sin reglas, justamente la que practicó el gobierno de Fujimori y su mafia.
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Sinesio López Jiménez

En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.

La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.

En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.

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Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.

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Sinesio López Jiménez

En el Perú, y probablemente en América Latina, cuando un partido triunfa en las elecciones cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara de inmediato para coparlo. Por desgracia, ésta no es sólo una acendrada creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo social, político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.

Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir cambiando lentamente, gracias a la marcación estricta de los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo demostró Piero Crovetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Crovetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.

¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Crovetto demuestra que los tipos de relación dependen del nivel de institucionalización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder al Estado. Esto significa que los partidos de gobierno más institucionalizados influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres temas señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento del estado por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) de un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos. El problema se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela.

El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los tecnócratas cosmopolitas, felices operadores del capitalismo globalizado, dejando a sus modestas organizaciones partidarias un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela. En los seis primeros meses de su gobierno, García ha mostrado que sigue la misma ruta de Toledo y Fujimori. La diferencia radica en la indudable gravitación del partido en el manejo de la política de clientela para copar los aparatos del Estado. El peso partidario se incrementará y avanzará hacia la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote.

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Sinesio López Jiménez

Hace mucho tiempo que no veo los múltiples e inflados rostros de García porque ya no veo el canal 7 y sólo escucho todos días en RPP su voz caserita y familiar que, confieso querido Raúl, ya me está aburriendo como me aburren terriblemente los sermones domingueros de Monseñor Cipriani. En este artículo, que es una pequeña parte de uno más extenso que va publicar la revista Coyuntura de la PUCP, quiero ir más allá de su rostro y de su voz para examinar el espíritu del político (sus nuevas ideas, sus cambiantes proyectos, sus políticas) y sugerir, para comprender mejor a García y su gobierno, una aproximativa periodización política del año y medio de gestión. Maquiavelo sostenía que el político, para tener éxito, tenía que adecuar su acción al tiempo y a las circunstancias que son cambiantes, manteniendo, sin embargo, el proyecto (de construir un Estado republicano en el caso del florentino). Por eso Rousseau afirmó que Maquiavelo, fingiendo dar lecciones a los príncipes, las dio, en realidad, más grandes a los pueblos. García no es un maquiaveliano ni en el proyecto (republicano) ni en la estrategia o, en todo caso, es un maquiaveliano a media caña: cambia su acción de acuerdo al tiempo y las circunstancias, pero cambia también de proyecto. En la primera vuelta, García se presentó como el candidato antineoliberal que enfrentaba a Lourdes Flores, la candidata de los ricos (en sus propias palabras). En la segunda vuelta, se presentó como el candidato del cambio responsable que luchaba contra el caos y el cambio sin un rumbo claro que representaba supuestamente Ollanta Humala. Ganadas las elecciones en la segunda vuelta con el apoyo de la derecha, se transformó en el Presidente de la continuidad neoliberal. Cada cambio en el discurso y en la acción implicaba un desplazamiento social ascendente: de candidato popular (primera vuelta), a candidato de clase media (segunda vuelta) y a Presidente de los ricos (después el 28 de Julio del 2006).

Aplicando sus propias creencias según las cuales en política no hay que ser ingenuos, en la primera vuelta García se presentó con un discurso popular, pero con una fórmula presidencial vinculada al fujimorismo que representa la derecha rudimentaria y corrupta. Esa fórmula era un guiño a los electores fujimoristas (que carecían de una candidatura fuerte) y anunciaba, dado el caso, las futuras coaliciones políticas para contar con una mayoría parlamentaria y tener gobernabilidad. García es al mismo tiempo un caudillo nacionalmente devaluado (la mayoría ya no cree en él) y un caudillo respetado en el partido aprista al que le otorga un sentido instrumental y el que se siente poco o nada sin él. Por esas razones, García impuso al Apra esa fórmula presidencial y colocó también en los primeros puestos a sus propios candidatos al Congreso. Constitucionalmente, García es el Jefe de Estado y representa a la nación, pero, en realidad, es el Presidente de los ricos y, a partir de sus tesis sobre el Síndrome del perro del hortelano, quiere ser y se perfila como el jefe de la derecha en el Perú.

Si se tiene en cuenta los cambios en las relaciones de fuerza entre los actores sociales, políticos y los poderes fácticos, los cambios institucionales y las políticas que García despliega en el tiempo, se puede establecer la siguiente periodización en los dieciocho meses transcurridos del gobierno:
1. La conformación de una coalición de derecha y la fragmentación de las oposiciones (de julio a noviembre del 2006). Este es también el período del presidencialismo retórico y de la decisión política de la continuidad neoliberal.
2. El shock de las inversiones y la emergencia de una oposición social y regional (de diciembre del 2006 a diciembre del 2007). Este es el periodo de la boyante caja fiscal gracias, no a la política de austeridad de García, sino a los altos precios de los minerales, de pérdida temprana de la iniciativa política y del favor de la opinión pública y del jaque al gobierno por la oposición social y regional. Este período comprende dos momentos políticos relevantes:
a. El calentamiento social o el choque entre el gobierno y la oposición social y regional (primer semestre del 2007). En este momento la oposición social y regional plantea una embrionaria agenda política propia y García amenaza, se desespera y ofrece también un pacto social que muere casi al nacer.
b. El rentismo como modelo de desarrollo, la liberalización comercial y la confrontación política (segundo semestre del 2007). Este el momento del explícito viraje ideológico con su ya famoso artículo en El Comercio, El Síndrome del perro del hortelano, en el que propone un modelo rentista de desarrollo, de los TLC, de la apertura a los productos industriales.
Esta mezcla de fiesta y conflicto durante el 2007 acaba con el cambio parcial de ministros y con la desaprobación general de García y su gobierno. El shock de inversiones y las políticas fiscales y monetarias del gobierno han incrementado la demanda interna en casi 12%, han acelerado las tasas de crecimiento (8.3 en el 2007), han aumentando las importaciones y han favorecido la emergencia de preocupantes presiones inflacionarias (3.9). Esta difícil situación y la recesión de la economía norteamericana pueden inducir al gobierno a desplegar políticas restrictivas, a reducir los montos inversión en las regiones, dando lugar a renovadas protestas sociales y recomposiciones políticas en el tercer período político que ya se inició.

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Sinesio López Jiménez

A un año y medio de gobierno, la caída de García en la valoración ciudadana es acelerada e incontenible: Más de dos tercios de los peruanos y peruanas lo desaprueban, especialmente en el oriente, sur y centro en donde el rechazo se empina hasta el 84%. La desaprobación va acompañada de la pérdida de confianza y credibilidad: El 75% no tiene confianza en el gobierno de García o le tiene poca confianza. Las regiones más renuentes a otorgarle un voto de confianza son el centro, el sur y el oriente en donde la mitad de sus poblaciones no le tiene ninguna confianza. Evaluando el desempeño del actual gobierno aprista y sus políticas, la gente se siente igual o peor en lo que se refiere a la creación de empleo (79%), en el control de la inflación (84%), en sueldos y salarios (86%), en la calidad de la educación pública (82%), en el acceso a los servicios de salud (80%), en el acceso al agua y al desagüe (71%), en los problemas de delincuencia e inseguridad (92%), en la reforma del poder judicial (87%), en la lucha contra la corrupción (87%). Las mejoras sólo se sienten en lo que se refiere a los acuerdos comerciales internacionales (37%), en la promoción de la inversión privada (28%). Todo esto significa que, en opinión de enorme mayoría de la gente, García es desaprobado en la aplicación de las políticas sociales, en las políticas de seguridad ciudadana y en la lucha contra la corrupción y que sólo una tercera parte lo aprueba en las políticas económicas que favorecen, en mayor medida, al empresariado y al capital. El único caso de política social en que la gente siente una cierta mejora es en el acceso al agua y al desagüe: el 26% cree que su situación ha mejorado en este rubro. Para decirlo directamente con todas sus letras: la mayoría del país cree que García está gobernando para los ricos en desmedro de los pobres. Visto desde la legitimidad y desde la gobernabilidad, todo esto significa que García y su gobierno han perdido legitimidad por desempeño, aunque mantiene, obviamente, la legitimidad de origen. Es probable que esa pérdida sea mayor en las clases populares y pobres de las diversas regiones del país, incluida Lima, la más conservadora de las regiones. Pese a ello, la gente es suficientemente sensata para creer que su segundo gobierno es mejor que el primero. Sorprende, sin embargo, que para la mitad del país el actual gobierno aprista sea igual o peor que el de 1985-1990. En este alto porcentaje están probablemente los pobres de siempre cuya situación de pobreza sigue igual o peor desde el primer gobierno de García o desde antes. Este es el núcleo duro que no le reconoce mérito alguno al Presidente.

Dado este sombrío panorama para el gobierno, hay que preguntarse si los cambios en el gabinete que se han producido ayer significan una toma de conciencia y un propósito de enmienda de sus errores y de sus políticas nefastas. Una rápida revisión de los ministros que se van, de los que se quedan y de los que entran lleva a concluir que se trata más de lo mismo. De poco o nada sirven los cambios de ministros si se mantienen las mismas políticas del gobierno. Cuando la gente exige un cambio de ministros, lo que generalmente quiere, ilusamente quizás, es un cambio de políticas. Esto no niega que la gente pida, además, el reemplazo de los ministros ineficientes y corruptos. Pero García se ha negado a atender esta demanda limitada manteniendo en su puesto al cuestionado ministro del Interior. Llama la atención, en cambio, la salida de Alan Wagner, un correcto y eficiente ministro de Defensa que logró plantear en términos democráticos la relación entre los civiles y los militares. García tiene que explicar a la opinión pública qué hace en el Ministerio de Justicia una abogada a la que todos vimos defender con uñas y dientes la empresa televisora de un corrupto. Los pequeños maquillajes ministeriales remozan al gabinete gastado que preside Jorge del Castillo, pero no lo cambian ni cambian las políticas que García viene desplegando al servicio de los dueños de huerto. Por el contrario, las confirma.

Algo que llama la atención de las encuestas es la contradicción entre la situación política y las expectativas económicas de la gente: El 87% cree que la situación política general es regular, mala y muy mala en todas las regiones del país, pero el 43% piensa que su situación económica y la de su familia mejorará en el 2008, salvo el centro que es la región más pesimista con respecto a su futuro inmediata: Sólo el 16% sospecha que su situación económica puede mejorar. Más aún: El 39% siente ahora que su situación económica y la de su familia han mejorado. Nuevamente las regiones más pesimistas son el centro (16%) y el sur (28%). Pese a las expectativas económicas crecientes de la gente, García es mirado con sospecha y desconfianza. Por algo será.

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Sinesio López Jiménez

La mayoría de los medios, de los políticos y de los analistas sostienen que no se debe politizar los juicios a los que será sometido Fujimori, que los jueces no deben ser sometidos a presiones políticas y que sólo ellos, sin interferencias de ninguna clase, deben decidir de acuerdo a la ley. Sólo los fujimoristas creen que pueden salvar a su líder politizando los juicios. Mi impresión es que es difícil separar el escenario de los estrados judiciales del escenario político por varias razones. En primer lugar, los delitos de los que se acusa a Fujimori fueron cometidos por él como autor mediato o, en todo caso, cuando él era gobernante. En segundo lugar, el fujimorismo se expresa a través de una pequeña fuerza política parlamentaria que, como diría Sartori, cuenta porque tiene capacidad de chantaque y puede organizar coaliciones para dar mayoría a la primera minoría gubernamental. En tercer lugar, el gobierno va a ser tocado tanto en la cúpula del Ejecutivo (sus vicepresidentes fujimoristas) como en el congreso en el que el Apra tiene que confirmar o desmontar su alianza con el fujimorismo. En cuarto lugar, los medios, sobre todo los de oposición (que son pocos pero son), no pueden, más allá de sus declaraciones, dejar de relacionar lo que pasa en los estrados judiciales con lo que pasa en la política. Finalmente, los parlamentarios fujimoristas han expresado su voluntad explícita de polítizar los juicios. Pese a que es difícil separar lo judicial de lo político en el caso de Fujimori, es necesario, sin embargo, diferenciar la lógica de los crímenes y del derecho penal de la lógica del poder y de la política. Esta diferenciación es lo que garantiza un juicio justo, objetivo e imparcial. ¿Cuáles son las armas a las que apelan los fujimoristas para politizar los juicios?. Tres son los argumentos fundamentales que esgrimen en defensa de su líder. En primer lugar, sostienen que Fujimori fue un buen gobernante que enfrento con éxito la crisis económica de los 80 y que acabó con el terrorismo. En segundo lugar, que Fujimori no es el autor de los delitos de lo que se le acusa y que no sabía nada de los asesinatos ni de la corrupción. En tercer lugar, que las acusaciones hechas a Fujimori constituyen, en realidad, una persecución política. Todas estas “tesis” son francamente deleznables, particularmente la segunda y la tercera. Los expedientes de los diversos juicios contienen evidencias fácticas que muestran que Fujimori no sólo sabía de los crímenes de lesa humanidad que cometía el Grupo Colina sino que los apoyaba premiando a sus autores. Lo mismo sucede con los expedientes de la corrupción. Ahora viene a mi memoria la justificación y defensa que Fujimori hizo de Montesinos cuando César Hildebrant publicó las primeras evidencias de la corrupción de Montesinos mostrando los millonarios depósitos en el Banco Wiese. Fujimori sostuvo entonces que Montesinos eran un abogado exitoso y que por eso recibía elevados honorarios profesionales. En el supuesto negado de que no sabía nada de los asesinatos y de los robos cometidos durante su gobierno, ¿ qué buen gobernante era ese que no sabía nada de lo que pasaba en su entorno más inmediato?. Si efectivamente no sabía nada, entonces no estaríamos frente a un buen gobernante sino frente a un idiota superlativo. Por todo lo que los peruanos sabemos, Fujimori era todo menos un idiota. La acusación de persecución política tampoco tiene algún asidero. ¿Quien persigue a Fujimori?. ¿El gobierno aprista acaso?. Todos sabemos que el presidente García no movió un dedo para extraditar a Fujimori. La justificación para su inactividad en el proceso de extradición de Fujimori era el respeto a los fueros del poder judicial de Chile, olvidando que el Perú y el gobierno del Perú eran parte interesa en ese juicio de extradición.

Creo que es necesario discutir también la tesis de Fujimori buen gobernante. Ese es un mito, construido por los medios y los empresarios fujimoristas, que es necesario desmontar. En efecto, los medios comprados por Fujimori y por Montesinos y los empresarios que se beneficiaron con su gobierno nos han vendido la imagen de Fujimori como gobernante exitoso y han personalizado los supuestos éxitos de su gobierno (la solución de la crisis económica y la pacificación) en él. Los analistas tienen que desplegar un examen serio y exhaustivo desde la perspectiva de la economía política para entender y explicar objetivamente las transiciones económica y estatal que se produjeron en los primeros años de los 90, estudiar los actores y las coaliciones que las impulsaron, examinar el contexto en que se produjeron, precisar sus características y señalar sus logros y sus limitaciones y, desde luego, presentar el papel de Fujimori en esas transiciones. En lo que se refiere al proceso de pacificación, pienso que la Comisión de la Verdad ha desempeñado una tarea esclarecedora que todos debiéramos agradecer. Sólo falta resumirla y divulgar para que llegue a las escuelas, a las familias y a la opinión pública.
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Sinesio López Jiménez

Fujimori no es, por cierto, Luis Bonaparte, pero se le parece, no en el aspecto físico obviamente, sino en la fisonomía política y en la contextura moral, que son dimensiones vitales que cuentan para la política y para la historia. El fujimorismo no es el bonapartismo, pero ambos tienen un cierto aire de familia en lo que se refiere al personaje, al contexto político y a la atmósfera espiritual que los envuelve. Como Luis Bonaparte, Fujimori no tenía un proyecto para el país, sino una obsesión: asaltar el fisco (para pagar sus deudas de jugador tramposo en el caso de Bonaparte y para vivir a cuerpo de rey en el caso de Fujimori). Y tuvo también su sociedad 10 de Diciembre (su asociación ilícita para delinquir jefaturada por Vladimiro Montesinos), una parte de la cual está ahora presa en el penal de San Jorge. Y contó asimismo con su general Magnan (Hermoza, el general victorioso) para cerrar el parlamento y apoderarse del poder total el 5 de abril de 1992. No sabemos cuánto le costó el asalto: A Bonaparte, en cambio, el golpe del 2 de diciembre de 1851 le costó un millón de francos que cobró el general Magnan y 15 francos, cada soldado, previo robo al Banco de Francia de 25 millones de francos. Sin embargo, todos sabemos hoy, por los juzgados anticorrupción, que el general victorioso cobró (es un decir) más de 14 millones de dólares por los servicios prestados a Fujimori. El Chino nació políticamente, no de una revolución abortada como Luis Bonaparte, sino del terror (que creía hacer una revolución y que, en realidad, produjo una contrarrevolución) y del voluntarismo de un presidente inexperto e irresponsable que creía que la economía no tenía leyes, patrones, reglas a las que los políticos tienen que prestar atención para mantenerla o para cambiarla. Del mismo modo que la revolución francesa de 1848 destruía a los partidos y a las instituciones estatales a medida que retrocedía, aquí el terror y el colapso económico arrasaban con la sociedad civil, los partidos políticos, las instituciones estatales, la serenidad y el buen juicio de los ciudadanos a medida que avanzaban. Sin sociedad civil, sin partidos políticos, sin instituciones estatales, el Perú quedó desguarnecido, irrepresentado, desprotegido y disponible para que cualquier aventurero pudiera apoderarse de él. Fujimori no hizo nada importante que le permitiera ganar el poder. Este le cayó del cielo lleno de nubarrones impredecibles. En efecto, Fujimori apareció en el escenario político sobre los hombros de una masa electoral que, angustiada por la profunda crisis económica, asustada por la desquiciada violencia terrorista y decepcionada de todos los partidos políticos, lo catapultó al primer plano de la política, eligiéndolo para que compita en la segunda vuelta electoral con Mario Vargas Llosa. Fue ungido Presidente de la República con el voto idiotizado de los militantes y simpatizantes del APRA y de las izquierdas para frenar al novelista que amenazaba con un temible shock que, sin embargo, hubiera sido probablemente agua de malvas si se lo compara con el que Fujimori aplicó, instruido y guiado por los organismos económicos internacionales y por el capital nacional e internacional. En efecto, el shock estabilizador y las reformas estructurales, que casi se superpusieron, fueron, como se dijo en su momento, operaciones con hacha y sin anestesia. Hay que ser muy fujimoristas (y muy otras cosas) para creer que esas operaciones fueron obra del genio de Fujimori. Ningún modelo económico se implanta si una coalición social y política no lo organiza y lo sostiene, si un equipo tecnopolítico no lo gerencia y lo gestiona, si la vieja coalición social y política que sustenta el viejo modelo no está derrotada, si el antiguo modelo económico (a ser reemplazado) no experimenta una profunda y destructiva crisis de agotamiento y si la correlación internacional de fuerzas económicas y políticas no lo respalda. Fujimori sólo fue un socio más (pasajero por cierto) de esa coalición triunfante que alumbró mellizos: la economía de mercado y el estado neoliberal. Y ¿el terrorismo?, ¿Quién acabó con el terrorismo?. ¿Fue acaso Fujimori, el estratega?. Sin desconocer la acción valiente de los oficiales y los soldados que se batieron heroicamente contra el terrorismo, poniendo el pecho a las balas y respetando los derechos humanos, es necesario reconocer el papel decisivo que jugaron los servicios de inteligencia, sobre todo la inteligencia policial, y las rondas campesinas en la derrota de Sendero Luminoso y del MRTA. El mismo día en que Fujimori pescaba mojarritas en la Selva, la Dircote apresaba al pez gordo (Abimael Guzmán) del terrorismo en Lima.

La hoja de vida (o prontuario) de Fujimori contiene dos hazañas más, quizás las más perversas: la organización de un gobierno autoritario y corrupto (que le permitió gobernar para los ricos con el apoyo de los pobres) y el establecimiento de la era del cinismo. Producido el autogolpe del 5 de abril de 1992, Fujimori procedió, por un lado, a controlar y desmontar sistemáticamente los organismos institucionalizados de control horizontal (Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Contraloría, etc) y, por otro, a comprar y sobornar a los medios, especialmente a la TV, con la finalidad de eliminar todo control vertical y social. De ese modo, allanó el terreno para el asalto y el saqueo sistemático y organizado a las arcas fiscales. Fujimori instauró la era del cinismo como clima cultural irrespirable en el que todo valía: la farsa, la mentira, el engaño, la infamia como forma de gobierno .

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Sinesio López Jiménez

Leer es un proceso complejo. Leer en el Perú y en América Latina es un proceso más complejo aún. Asumido por algunos medios, tengo la impresión que el tema, lejos de ser esclarecido, ha sido más bien maltratado y distorsionado. Para entendernos, propongo un esquema básico de análisis que comprende tres elementos centrales: la fenomenología de la lectura, las determinaciones causales y las consecuencias. Dejando para otra ocasión los dos últimos temas, en esta oportunidad voy a escribir sobre la fenomenología de la lectura que es rescatada generalmente por las encuestas especializadas y que alude a los siguientes componentes: el sentido (qué significa leer?), los motivos (las razones por las que se lee), los estímulos (familia, escuela, amigos, etc que inducen a leer), el nivel (el porcentaje de gente que lee), el contenido (los temas leídos), el soporte ( libro, revista, internet, periódico, etc. en que se lee), la densidad (número de libros, periódicos, temas leídos en diversos soportes), la intensidad (días a la semana y horas al día o a la semana dedicadas a la lectura), el lugar en donde se lee (casa, biblioteca, etc.), la forma como se lee (en silencio, en alta voz), el contexto socio-histórico (sociedad ágrafa, caligráfica, etc.) y la comprensión lectora (aplicación de técnicas y nivel de comprensión). Los datos que sirven para presentar esta fenomenología de la lectura se basan en una encuesta representativa en el nivel nacional y departamental hecha a 20 mil personas por la Biblioteca Nacional del Perú y por la Universidad Nacional de Ingeniería a fines del 2004.

¿Qué sentido tiene leer?. Descartes sostenía que leer es dialogar con los hombres más eminentes de la inteligencia. Proust subrayaba, en cambio, la asimilación de ideas y el acto de reflexión individual. Descartes enfatizaba el sentido crítico de la lectura y Proust, el desarrollo personal. La gente de a pie identifica, en cambio, el sentido con el motivo de la lectura. En el Perú, el 28% lee por entretenimiento o gusto; el 21.2%, por estudio; el 19.5%, por desarrollo personal y el 1l 16.0%, por cultura general. ¿En dónde encontró la gente los estímulos para leer?. El 44% lee por iniciativa propia; el 27.9%, por consejo de sus profesores y el 20.1% fue inducido por la familia. ¿Cuántos peruanos leen?. Casi 19 millones de peruanos pueden leer y escribir, pero sólo leen 15 millones (79%) y 4 millones (21%) no leen, pese a que pueden hacerlo. Estos últimos son analfabetos funcionales. El 7.3% de los peruanos debiera leer, pero no puede hacerlo porque es analfabeto, según la Encuesta Nacional de Hogares. Sin embargo, el dato peruano del siglo XX es el repliegue del analfabetismo (57.6% en 1940, 38.9% en 1961, 18.1% en 1981, 12.8% en 1993, 7.3% en 2004). ¿ Cuántas personas leen en cada hogar?. De 3 a 4 personas (50.9%), de 1 a 2 personas (25.7%) y de 5 a más personas (23.4%) ¿Qué leen los peruanos o en que soporte leen?. La respuesta es múltiple. El 71.6% leen periódicos; el 55.0%, libros; el 36.1%, revistas; el 24.2%, internet (en Lima, el 34.6% en 2004 y casi el 50%, en 2007, según la ultima encuesta de la PUCP, leen en internet), el 20.1%, la Biblia. ¿Qué temas leen los peruanos?. La respuesta es también múltiple: Arte y cultura, el 32.2%; lengua y literatura, el 27.8%; deporte, el 23.8%; política, el 21.7%; historia y geografía, el 13.3%; economía, el 7.3%; religión, el 7.3%.

¿Cuánto tiempo le dedican los peruanos a la lectura?. El 29% lee todos los días; el 31.6%, interdiario y el 30.4%, los fines de semana. En términos de horas, el 49.2% lee de 1 a 3 horas; el 31.5%, de 4 a 7 horas y el 18.4%, más de 8 horas. ¿Cuántos libros han leído los peruanos en los últimos tres meses?. El 18.9% ha leído un libro; el 10.9%, 2 libros; el 5.2%, 3 libros; el 2.5%, 4 libros y el 4% más de 5 libros. Vista la lectura en una perspectiva comparada, el promedio de libros leídos por los peruanos llega a 3.6 al año en el 2004, mientras en Colombia se leía 2.4 libros promedio en el 2000 (DANE, Encuesta Nacional de Hogares). Esta cifra debe haber cambiado significativamente en el caso colombiano después de 7 años. ¿En dónde leen los peruanos?. En su casa (79.3%), en cualquier lugar (10.8%), en su centro de estudios (3.1%) y en las bibliotecas en donde no encuentra generalmente los libros que buscan (1.4%). Y ¿de donde provienen los libros qué leen?. El 33.6% son libros propios, el 5% son libros prestados por particulares y 2.8% son prestados por las bibliotecas (lo que constituye una vergüenza porque las bibliotecas son renuentes prestar libros a domicilio y no cuentan con lo fondos necesarios para adquirir libros). Si se consideran los libros propios leídos como 100%, el 66.6% son libros originales; el 17.4% son fotocopiados y el 15% provienen de ediciones piratas: Un poco más de un millón de libros leídos provienen de la piratería. Y ¿cómo leen los peruanos? La mayoría (79.3%) prefiere leer en silencio, el 10.9%, en voz alta y el 8.2%, está abierto a las dos formas de lectura, dependiendo de los temas que lea. ¿Cómo debe ser el ambiente en el que se desarrolla la lectura? . La mayoría (71.8%) prefiere un silencio monacal, el 12.8% lee gusta escuchar música (espero que no sea rock duro) mientras lee y al 11.1% le es indiferente el ambiente.

El tema más difícil de todo este complejo lector es el que se refiere a la comprensión lectora: ¿Entienden los peruanos lo que leen?. Es difícil saberlo por medio de una encuesta como ésta, pero sí sabemos los métodos utilizados por los lectores peruanos para comprender mejor lo que leen. El 34.7% aplican diversas técnicas para comprender lo que leen: (el 19.4% subraya los textos, el 8.1% hace resúmenes y el 0.8% recurre a esquemas sinópticos). Y cuando encuentran en la lectura una palabra que no entienden, el 19% pregunta por su significado, el 54% acude a un diccionario, el 8.1% lo deduce del contexto, el 14.7% continúa leyendo y el 1.9% se rinde y abandona la lectura.
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