En el Perú (y probablemente en América Latina) un partido, cuando triunfa en las elecciones, cree firmemente que ha ganado, no el gobierno, sino el Estado y se prepara para coparlo de inmediato. Por desgracia, ésta no es sólo una firme creencia de los partidos sino también de la gente común y corriente que tolera el copamiento con un permisivo “ya le tocó”. Esa creencia forma parte de la cultura política patrimonialista que nos envuelve, en mayor o menor medida, a todos y que nos predispone a manejar los asuntos públicos como si fueran privados, apelando a algún derecho. Eso, por un lado. Por otro, muchas veces se confunde el gobierno con el Estado, dejando de lado la clara diferencia que existe entre ellos. El gobierno está constituido sólo por los puestos de mando que ponen en marcha al Estado y, por extensión, comprende también al elenco de personas que ocupan esos puestos de mando. El estado, en cambio, es un complejo político e institucional que abarca el sistema institucionalizado de dominación social, el estado-para-la nación, la administración pública, los aparatos coercitivos y el sistema legal.
Este rasgo patrimonialista de la cultura política peruana puede ir retrocediendo lentamente, gracias a la marcación estricta que han establecido los medios sobre el partido de gobierno desde el 2001 en adelante, justamente cuando Perú Posible no tenía capacidad alguna para copar el Estado. Esos mismos medios, sin embargo, no dijeron esta boca es mía precisamente cuando se produjo el máximo copamiento del Estado que se conoce en la historia durante el primer gobierno de García (1985-1990). Pero la capacidad de copamiento del Estado no depende sólo de la cultura patrimonialista y del nivel de vigilancia de los medios sino, sobre todo, del nivel de institucionalización y de organización de los partidos, como lo ha demostrado Piero Corvetto en una excelente tesis para obtener el grado de magíster en Ciencia Política en la PUCP. En realidad, lo que Corvetto demostró, estudiando los gobiernos peruanos de 1980 hasta la primera mitad del gobierno de Toledo, es que existen tres tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno: el partido de gobierno que influye en el gobierno, el gobierno que se impone sobre el partido de gobierno y un cierto equilibrio entre ambos.
¿De qué dependen estos diversos tipos de relación entre el gobierno y el partido de gobierno? La tesis de Corvetto demuestra que esos tipos de relación dependen del nivel de institucionalización y de organización de los partidos y despliega su demostración en tres campos: en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en la aplicación de políticas públicas y en la política de clientela para acceder a la administración pública. Esto significa que los partidos de gobierno con mayor nivel de institucionalización influyen más en el gobierno que los poco institucionalizados en los tres aspectos señalados, que los partidos de gobierno menos institucionalizados le abren un espacio al dominio del gobierno en esos mismos campos y los partidos de gobierno medianamente institucionalizados establecen un cierto equilibrio con el gobierno. En el segundo gobierno de Belaúnde (1980-1985), los partidos de gobierno (AP y PPC) influyeron un poco más del 50% (cito de memoria) en la designación de ministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En el primer gobierno de García, en cambio, la influencia del APRA fue decisiva, especialmente en el copamiento de la administración pública por la militancia aprista. Pese al nefasto caudillismo avasallador de García, el APRA pudo ponerle límites como en el caso de la estatización de la banca y logró influir en más del 90% de la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, en el manejo de las políticas públicas y en la política de clientela. En este caso, el copamiento del estado es un efecto perverso (que es necesario controlar) generado, en gran medida, por un fenómeno político positivo como es la institucionalización de los partidos.
La situación se invirtió con Fujimori, quien no tenía un partido sino etiquetas cambiantes de partido, y con Toledo, cuyo partido era un pequeño y frágil agrupamiento político. Perú Posible, en efecto, pudo apenas influir en menos del 30% de la designación de las altas autoridades del estado, de la aplicación de políticas públicas y de la política de clientela. El peso de Fujimori y Toledo fue indiscutible en la designación de ministros, viceministros y altos funcionarios, importante en el manejo de las políticas sociales y limitado en el diseño e implementación de políticas económicas, en las que sólo eran un socio más de los organismos económicos internacionales, de los grupos empresariales y de los operadores tecnocráticos del capitalismo globalizado, dejando a sus modestos movimientos partidarios un cierto margen de maniobra en el manejo de las políticas de clientela.
En los seis primeros meses de su gobierno, García ha seguido la misma ruta de Fujimori y Toledo con la notable diferencia de la capacidad indudable del APRA para copar los aparatos del Estado. Esa capacidad se incrementará y avanzará hasta influir también en la designación de las altas autoridades del gobierno a medida que el presidencialismo retórico de García se agote y llegue a fatigar el imaginario y la paciencia de los ciudadanos. Y eso ya comenzó.