Mientras que el PBI comenzó a reflejar, aunque con rezagos, el entorno de incertidumbre y cautela propios de la crisis internacional, el empleo mantenía crecimientos positivos -aunque cada vez menores- y estabilidad en términos desestacionalizados. No obstante, estadísticas recientes del MINTRA revelan que en agosto el empleo nacional urbano en empresas de 10 y más trabajadores registró su primera contracción desde junio de 2002 (-0,11% anual), lo que contrasta con la expansión del PIB en dicho mes (0,25%). Al igual que en meses anteriores, el sector con mayor caída fue el manufacturero (-7,0%), producto de la contracción de la demanda externa y su impacto sobre industrias como textiles y confecciones, agroindustria, entre otros. Asimismo, la ocupación en servicios tuvo su menor crecimiento en lo que va del año.

Sin embargo, la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) para Lima Metropolitana que realiza el INEI reporta distintos resultados: en el trimestre móvil julio-agosto-septiembre 2009 la ocupación creció 1,8% anual (la tasa más alta del año), y 2,0% en empresas de 10 y más trabajadores. Asimismo, el empleo adecuado se incrementó en 12%, el subempleo visible e invisible disminuyeron en 8,5% y 5,8% respectivamente, y los ingresos mensuales se expandieron en 11,5% en este periodo.

Al margen de estas diferencias, el crecimiento del PBI en agosto y la evolución positiva de los indicadores adelantados en septiembre sugieren que la economía habría tocado fondo en el segundo trimestre y que la recuperación está en marcha. No obstante, la consolidación del crecimiento dependerá de la mejora de la confianza de empresarios y consumidores, lo que, a su vez, estará estrechamente ligado al desempeño del mercado laboral en los próximos meses.

El Marco Macroeconómico Multianual de agosto de 2009 presentó una proyección del saldo de Balanza Comercial de US $ 1 577 millones. A menos de 3 meses de terminar el año dicho saldo alcanzó un monto de US $ 2 828 millones acumulado al mes de agosto. Este saldo se explica por los siguientes factores:

– Las exportaciones FOB registraron un monto de US$ 16 012 millones resultado que significó una caída de 28,2%, respecto al mismo periodo del 2008, explicada principalmente por la menor cotización de los principales commodities y por la contracción de la demanda por nuestros productos ante la severa caída de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales. Las exportaciones tradicionales experimentaron una disminución de 29,6%, respecto al mismo periodo de análisis, debido a la caída de 28,9% de las exportaciones mineras (principalmente, cobre, molibdeno y zinc); y a la contracción de las exportaciones petroleras y sus derivados en 51,9%. Por su parte, la caída de las exportaciones no tradicionales (23,1%) se explica principalmente por la disminución de las exportaciones de productos siderometalúrgicos y joyería (51,6%) y textiles (26,4%).

– Las importaciones FOB registraron la suma de US$ 13 184 millones acumulado al mes de agosto de 2009, menor en 30,8% respecto al mismo periodo del año previo. Este menor nivel se explica esencialmente por las menores importaciones de bienes intermedios y bienes de capital. Las importaciones de insumos decrecieron a un ritmo de 40,3%, explicado principalmente por los menores niveles del rubro combustibles, lubricantes y productos conexos (58,9%) y por la caída de las importaciones de materias primas destinadas a la industria (29,5%). Por otro lado, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 23,2% a consecuencia del menor dinamismo de pedidos destinados a la industria (17,8%).

Recientemente, el Foro Económico Mundial publicó el reporte de competitividad global 2009-2010 [1] en el cual busca medir a través del índice de competitividad global los progresos de los principales factores macroeconómicos y microeconómicos de la economía de un país [2]. Este índice constituye una referencia sobre los avances en competitividad que realizan los países a nivel mundial y por tanto una guía para la inversión extranjera.

De acuerdo al estudio, el Perú se ubicó en el puesto 78 de 134 países, mejorando su posición global respecto al año anterior donde se ubicó en el puesto 83. Sin embargo, dicho estudio permite identificar aquellos factores que mantienen todavía un gran potencial de mejora como la calidad del ambiente institucional [3] (90/134), infraestructura (97/134), educación primaria y salud (91/134) e innovación tecnológica (109/134). Respecto al pilar institucional, el indicador que resultó con más bajo resultado fue la confianza en el servicio policial (123/134); mientras que, respecto al pilar de infraestructura, el indicador de infraestructura portuaria resultó siendo el peor (126/134).

En el caso del pilar de educación primaria y salud el indicador de calidad primaria confirmó el grave estado de la educación (131/133); y, finalmente, el indicador de calidad de las instituciones de investigación científica (118/133) confirmó el lento avance en el pilar de innovación tecnológica en el país.

En suma, si bien este reporte confirma que las fortalezas del país siguen siendo las políticas macroeconómicas (63/134) y la fortaleza del sistema financiero (39/134), también confirma que los avances en las reformas institucionales, desarrollo de infraestructura, reforma educativa, e innovación tecnológica están lejos de despegar, lo que restaría competitividad y sostenibilidad al crecimiento económico que viene mostrando el país.

[1] Puede descargar y revisar el reporte completo aquí.
[2] El índice de competitividad considera 12 pilares con igual ponderación. Estos son: Instituciones, Infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación primaria y salud, educación superior y capacitación, eficiencia en los mercados de bienes y servicios, eficiencia en el mercado laboral, sofisticación del mercado laboral, preparación tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación de negocios e innovación.
[3] Este pilar esta medido por encuestas respecto a diversos temas como: derechos de propiedad, protección de la propiedad intelectual, desviación de los fondos públicos, confianzas en los partidos políticos, independencia en el poder judicial, etc.

1 020 millones de personas subnutridas hay en el mundo en 2009 según el último informe sobre la inseguridad alimentaria publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) [1]. La figura muestra la distribución de la subnutrición por regiones.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgar este año el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom y Oliver Williamson por sus trabajos relacionados a manejo de recursos compartidos y gobierno corporativo, así como sus aportes relacionados a la teoría de contratos. Con esto, la Academia destaca la importancia de la economía institucional para dar soluciones económicas a problemas actuales como lo son el manejo de recursos ambientales y manejo de mercados monopólicos por parte de las empresas transnacionales.

En el caso de Elinor Ostrom, de acuerdo a la academia, su análisis de la administración económica de los recursos compartidos o bienes comunes (p.e. bosques, recursos hidrobiológicos, etc) ha permitido cambiar la visión de que sólo la intervención estatal puede mantener y manejar estos recursos de manera óptima, mostrando que esta labor también puede ser realizada por una asociación de personas usuarias de estos recursos. En sus estudios muestra que, incluso, estas asociaciones (o instituciones locales) obtienen mejores resultados que los conseguidos mediante la centralización del manejo en una sola entidad, ya sea el Estado o una sola persona. Cabe destacar, además, que con este premio, Ostrom se convierte en la primera mujer en ganar este premio.

Por su parte, Oliver Williamson fue reconocido por su investigación acerca de los costos de transacción que no pueden ser previstos al momento de realizar los contratos. Williamsom señala que el mercado y las empresas pueden resolver estos conflictos generados por la aparición de estos costos de transacción, aunque posean enfoques distintos para ello. Señala que en un mercado competitivo los conflictos se resuelven porque existe la posibilidad de encontrar otro vendedor o comprador, pero si el mercado deja de ser competitivo, las empresas son las más adecuadas para resolver estos conflictos, poniendo en discusión la aplicabilidad de políticas antimonopólicas.

El 1ro de octubre el Congreso aprobó la exoneración de impuestos para la amazonía. Esto significa la derogación de los decretos legislativos que eliminaban las exoneraciones tributarias en la selva, con el fin de promover las inversiones en la región.

Este proyecto establece prorrogas hasta diciembre del 2015 para la exoneración del Impuesto General a las Ventas a la importación de bienes a ser consumidos en la Amazonía Peruana. También favorece el crédito tributario para los programas de inversión en infraestructura y/o adquisición de bienes de capital hasta diciembre del 2015.

Los beneficios tributarios se restituirán sólo para las regiones de Loreto, Amazonas, Madre de Dios y Ucayali. A diferencia de las anteriores, la región San Martín será participe de un programa de reducción gradual de exoneraciones. De esta manera, seguirán recibiendo las transferencias del Estado, las cuales serán dirigidas a obras de infraestructura de la región.

El objetivo de exonerar tributariamente a esta región se basa en la promoción de la inversión privada a través de la cual se derivaría como efecto mayor empleo y mejora de las condiciones de vida de los pobladores. Sin embargo en la práctica no siempre se llegan a generar este tipo de beneficios favoreciendo a un grupo pequeño y no a la población en general.

Por otro lado, este tipo de medidas podría ir en sentido contrario a los objetivos de descentralización y sobretodo descentralización fiscal del Estado. Para este objetivo, las regiones deben incrementar sus recursos propios a través de la asignación de tributos, con los cuales reducirían la dependencia de las transferencias y la pereza fiscal [1]. La importancia de llegar a una descentralización fiscal es que los propios gobiernos regionales puedan determinar y fijar sus propias tasas en base a las necesidades y capacidad de ingresos de cada región.

[1] Consideraciones para una Descentralización Fiscal: pautas para la experiencia peruana, desarrollado en el marco del Convenio BCR-CIES 2003-01. Podrá descargar la versión completa del documento desde
http://www.consorcio.org/DescentralizacionBCR.asp

En la segunda semana de octubre, el Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo para financiamiento de proyectos de inversión pública como continuación del plan de estimulo económico del año fiscal 2009 enfocándose en las áreas de salud (aseguramiento universal), vivienda y vías urbanas.

El monto total a transferir es de S/. 238,710,331 hacia el gobierno central y a instancias descentralizadas, financiados en su totalidad con recursos ordinarios.

En lo que respecta al Gobierno Central, la transferencia proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se destinará de la siguiente manera:

– al Seguro Integral de Salud (SIS) para la actividad de seguro integral de salud subsidiado,

– al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para la actividad de servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento,

– al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la actividad de gestión del bono familiar habitacional del programa Techo Propio y mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado del programa Agua para todos.

En cuanto a las instancias descentralizadas, las transferencias a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Provincial del Callao serán destinadas para el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de vías.

En el siguiente cuadro, se muestran los montos transferidos para cada pliego:

Según el estudio “Microscopio Económico 2009”, elaborado por el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, la Corporación Andina de Fomento, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la Economist Intelligence Unit, el Perú cuenta con el mejor clima de negocios para las microfinanzas a nivel mundial. [1]

Considerando que el desarrollo y regulación del sector microfinanciero tienen rasgos distintos en cada país, se elaboró un ranking en base a un índice compuesto por 13 indicadores agrupados en tres dimensiones: i) marco regulatorio e institucional [2], ii) clima general de inversión [3], y iii) nivel de desarrollo institucional [4].

El índice global, que permite efectuar comparaciones entre 55 países a nivel mundial [5], posiciona a 6 países de América Latina (Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia y El Salvador), 2 de Asia (Filipinas e India) y a 2 de África subsahariana (Ghana y Uganda) dentro de los 10 primeros lugares. En estos países, la competencia de mercado así como el rango de productos y servicios ofrecidos por las instituciones microfinancieras es robusta. Si bien en estos países que obtuvieron una destacada performance en todas las categorías, hecho que revela el compromiso de la región con las microfinanzas, sólo dos obtuvieron un score superior a 70 sobre una escala que fluctúa entre 0 y 100. Estos resultados suponen que existe un amplio margen para mejorar a través de diferentes vías, dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada país.

En contraste, un pais con menor ranking se caracteriza por tener limitaciones en temas de competencia (intervenciones del Estado) y desarrollo de productos (normas obstructoras) [6].

En el caso del Perú, destaca la importancia de tener una autoridad regulatoria autónoma e independiente, además del compromiso asumido por el Estado en lo que concierne a la promoción de las microfinanzas como una actividad comercial. Se debe recordar que esta industria constituye una herramienta de desarrollo en la medida que provee de créditos a las MYPE [7]. Éstas tienen una indiscutible importancia en la economía peruana (42% del PBI), en la PEA (79%) y en el crecimiento de la actividad exportadora del país (65% de las empresas exportadoras son MYPES) [8].

[1] Global Microscope on the Microfinance Business Environment (Economist Intelligence Unit). Tambipen ocupó el primer lugar a nivel de América Latina por segundo año consecutivo.
[2] Considera reconocimientos legales oficiales, restricciones de tasas de interés, distorsiones de mercado, requerimientos de capital y capacidad regulatoria.
[3] Toma en cuenta estándares contables y requerimientos de transparencia entre proveedores microfinancieros.
[4] Contempla el grado de concentración de mercado, el rango de servicios provistos y la calidad de información del prestatario.
[5] Inicialmente el índice fue construido para 20 países de América Latina y el Caribe. En 2009 considera además 12 países de África subsahariana, 7 de Europa Oriental y Asia Central, 7 de Asia Oriental, 5 del sur de Asia y 3 del Medio Oriente y África del Norte. Esta selección se dio sobre la base de la importancia o potencial de desarrollo de sus sectores microfinancieros.
[6] Tailandia y Vietnam, Trinidad y Tobago, Jamaica, Venezuela y Uruguay.
[7] Considérese los bajos niveles de bancarización (23.91%, según SBS).
[8] Boletín Electrónico del Proyecto USAID/Perú/MYPE Competitiva.

Moody’s anunció la revisión de la calificación “Ba1” de la deuda de Perú en moneda extranjera para una posible alza a grado de inversión, lo que permitiría al país endeudarse en mejores condiciones. El anuncio se produjo una semana después que Moody’s elevara la calificación de deuda de Brasil a grado de inversión. [1]

A partir de la curva de rendimientos de la deuda soberana en moneda extranjera, se observa que a octubre de 2008 (inicio de la crisis), los inversionistas exigían rendimientos más altos para comprar la deuda. Conforme la crisis financiera ha ido atenuándose durante 2009, la curva ha bajado lo que implicaría una mayor confianza de los agentes para la deuda peruana.
Actualmente, la deuda peruana tiene la calificación “Ba 1”, que representa una mejora en la percepción del riesgo con respecto al 19 de agosto del año pasado (Ba 2), sin embargo, aún se considera que la deuda peruana se encuentra expuesta a factores adversos que pueden llevarla a una inadecuada capacidad de pago [2].

Bajo una calificación de grado de inversión, el mercado financiero peruano enfrentará más competencia por obtener papeles con esta calificación. Si el Estado Peruano observa que existe una mayor demanda por sus papeles de deuda, se espera que cuente con mejores perspectivas para administrar su deuda o para obtener financiamiento en mejores condiciones.

En conclusión, este hecho podría seguir proporcionando grandes oportunidades de inversión para el país. Ante esto, el Estado debería buscar asegurar las condiciones regulatorias e institucionales que refuercen la confianza de nuevos inversionistas.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía (MEF) están buscando reducir las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) antes de culminar el presente año. Según manifiestan, lo que se busca es que estas comisiones tengan dos componentes: una parte fija (de hasta 1.06 %) que permita cubrir los costos de operación y una parte variable que este en función del rendimiento de las AFP (que podría llegar hasta 0.87 %). Esta propuesta es parte de la Reforma Integral del Sistema Privado de Pensiones que tanto la SBS como el MEF están buscando implementar y que abarcaría no solo aspectos relacionados de cobros de comisiones, sino también de regulación, reglamento de pensión mínima y jubilación anticipada.

Pero, ¿Qué tan importante puede ser el precio y la rentabilidad en esta industria en la elección de una determinada AFP? Berdejo, Galarza y Nagamine [1] estiman la elasticidad de la demanda, medida por la cantidad de traspasos, respecto del precio y la rentabilidad obtenida. Los resultados muestran una débil sensibilidad ante estas variables [2], mientras que otras tales como publicidad y gastos de las AFP en captar afiliados si son significativas.

Otras propuestas que buscan reducir los altos costos giran alrededor de promover una mayor competencia; por tanto, quizás se deba volver a discutir esta propuesta de modo que también beneficie a los afiliados no solo en precio, sino también en ofrecimiento de servicios [3].

[1] “Mecanismos para incentivar la competencia en los Sistemas de Pensiones basados en Capitalización Individual” (2006)
[2] La elasticidad de la demanda mide la sensibilidad o la reacción de las personas ante cambios en algunas variables como lo son precio, ingresos, etc.
[3] Diversas medidas relacionadas a esta promoción de la competencia fueron implementadas por la SBS, además de buscar que las variables relevantes en la elección de una AFP sean comisión, rentabilidad y calidad del servicio Ver Masías – Sánchez (2006) “Competencia y reducción de comisiones en el sistema privado de pensiones: el caso peruano”