Mes: agosto 2017
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Guerra híbrida contra Venezuela (II): Trump, la CIA y los publicistas
Las acciones de guerra convencional siempre vienen precedidas por declaraciones y acciones político diplomáticas. En el caso de las potencias con escala imperial también son habituales las sanciones o los boicots económicos, dentro y fuera del país.
Todas ellas, a su vez, son anticipadas por operaciones de prensa que invariablemente se mantienen hasta el final y a cada momento realizan balances y proyecciones de cara a la opinión pública.
Por debajo de la trama más visible se encuentra una tarea decisiva, que tiene que ver con el conocimiento y la operación sobre el terreno y los diversos actores. En este plano actúan principalmente las oficinas de relaciones exteriores, las agencias de inteligencia y las fuerzas especiales de los diferentes componentes militares. Si hablamos de EEUU, las más conocidas son el Departamento de Estado, la CIA, aunque hay varias otras estructuras y unidades involucradas, como los SEALs y Fuerza Delta.
La guerra híbrida implica, básicamente, la combinación de todos los elementos mencionados hasta aquí, pero además le otorga un creciente peso relativo a las operaciones encubiertas. Es decir, a las que nadie reconoce como propias, porque la publicidad de estas acciones -tipificadas en el código penal de cualquier país como actos criminales- restaría legitimidad a los argumentos oficiales, que se refieren a nobles objetivos como promover la libertad y la democracia o atender crisis humanitarias.
En el libro Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars (2007), el teniente de marina retirado Frank Hoffman, con larga experiencia en academias de Defensa norteamericanas, es uno de los primeros en conceptualizar la nueva doctrina. “Las amenazas híbridas incorporan una gama completa de modos diferentes de guerra que incluye capacidades convencionales, tácticas y formaciones irregulares, actos terroristas con violencia e intimidación indiscriminada, y desorden criminal. (…) Estas actividades multimodales pueden ser realizadas por unidades separadas o por la misma unidad, pero generalmente son dirigidas y coordinadas (…) para lograr efectos sinérgicos en las dimensiones física y sicológica del conflicto”, sostiene allí.
La descripción cuadra exactamente con la situación que se desarrolla en Venezuela desde hace muchos años, y que tiene como momentos de máximo tensión al primer semestre de 2014 y a la actualidad.
Guerra económica, desconocimiento de las instituciones y llamados a la insurrección, sicariatos y acciones paramilitares, atentados con explosivos, destrucción del transporte público, entre otros, son ejemplos de acciones políticas encaminadas al mismo objetivo, que se realizan con el ocultamiento -o la justificación- de los medios más poderosos del mundo.
Esa es la base sobre la que se montan las declaraciones político-diplomáticas y en un extremo, cuando ya sea evidente o no quede ninguna otra opción, la declaración de guerra, convencional o como “fuerza de paz y estabilización”, que es lo mismo que la declaración de guerra pero con mejor cobertura, sobre todo si es asumida entre varias naciones y amparada por algún organismo multilateral.
¿Hasta dónde llegará Trump?
A la par de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y el debilitamiento en número (y crecimiento en violencia) de las protestas opositoras, en los últimos días se registró una intensificación de las amenazas de carácter militar por parte de EE.UU.
El 20 de julio, en el Aspen Security Forum 2017 realizado en esta ciudad estadounidense de Colorado, el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, aseguró que tenía que ser cuidadoso en sus palabras: “Estamos muy esperanzados de que pueda haber una transición en Venezuela”.
“Desde la CIA estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender la dinámica allí, para comunicársela a nuestro Departamento de Estado y a otros, como los colombianos. Acabo de estar en Ciudad de México y en Bogotá la semana pasada, hablando sobre este tema, tratando de ayudarlos a entender las cosas que ellos podrían hacer para tener un mejor resultado en su porción del mundo y en nuestra porción del mundo”, dijo.
Pompeo no hizo más que blanquear algo que era bastante obvio, y que se puede observar a partir de la ofensiva que estos países, acompañados por Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Honduras, entre otros, desarrollan en la OEA, en el Mercosur y en todos los foros posibles.
En este contexto es significativo analizar una entrevista a Eric Vergara, presentado como ex agente de inteligencia norteamericana y “experto en seguridad nacional”, realizada el 27 de julio por el canal El Venezolano TV, que tiene sede en Miami y filiales en Madrid y en Panamá.
Vergara aseguró que tiene fluida comunicación con varias fuentes de la “comunidad de inteligencia” y que EE.UU. se apresta a realizar una intervención militar junto a “unidades de asunto civil” del Departamento de Estado.
“En 72 horas tenemos a Venezuela controlada, tácticamente y estratégicamente con control de su gobierno, junto al Departamento de Estado, el de Justicia de EE.UU. y asuntos civiles comenzamos a implementar control de los gobierno locales y a meter lideres”, alentó Vergara, quien considera que esa es la única solución para impedir que Venezuela se transforme en una nueva Cuba.
“(Después del ataque militar) lo primero que se hizo en Irak fue mandar unidades de asuntos civiles”, relató. “Luego se establece un gobierno intermediario y allí el Departamento de Estado empieza a trabajar no solamente con líderes de la oposición en Venezuela, sino también con los que están en el exilio, para implementar un gobierno temporario y (después de todo eso) tener elecciones libres”, dijo. Nadie mencionó que en los últimos 18 años en Venezuela se hicieron 21 elecciones y que el período presidencial en curso, según mandato constitucional, recién finaliza en abril de 2019.
Pero si faltaba algún elemento para preocuparse, lo ofreció el New York Times el 1 de agosto. En un artículo firmado por Nicholas Casey, el influyente periódico analizó que las elecciones de la Asamblea Constituyente representaron “un golpe dramático a la oposición venezolana”, que “no había estado en un punto tan bajo” desde el fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002.
El análisis, que no considera como posibilidad el establecimiento de un diálogo sobre la base del reconocimiento del chavismo y el respeto a la votación popular, plantea que las alternativas de la oposición son “limitadas”, pero sólo desarrolla explícitamente una: intensificar las protestas en las calles.
“Aunque dado que el gobierno comenzó a prohibir las manifestaciones callejeras el fin de semana de la votación constituyente -afirma falsamente-, no queda claro si esa opción siquiera será viable”. Así finaliza el artículo, dejando abierta la pregunta de cuál será entonces la opción que “le queda” a EE.UU. para derrocar el gobierno de Venezuela, como en las últimas semanas han exigido Pompeo, el secretario de Estado, Rex Tillerson y el propio presidente Donald Trump.
En: telesurtv
Guerra híbrida contra Venezuela: ¿Hasta dónde llegará Trump?
Tras la masiva votación del 30 de julio y la creciente ilegitimidad interna de las violentas protestas opositoras, Estados Unidos incrementa la intervención en Venezuela. ¿Sanciones económicas y tambores de guerra en el horizonte?
Las amenazas venían sucediéndose desde hacía semanas y apenas habían pasado algunas horas de la elección para conformar la Asamblea Nacional Constituyente cuando la Casa Blanca anunció nuevas sanciones. En este caso, las represalias apuntan directamente al presidente Nicolás Maduro e implican más una medida de propaganda política que una penalidad económica real, puesto que se dispone el congelamiento de sus bienes personales (que se encuentren en territorio de EE.UU.) y la prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras.
Al anunciar la medida el lunes 31 de julio, Herbert McMaster, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, señaló que Maduro “se une a un club muy exclusivo”. Sólo cuatro presidentes en ejercicio fueron sancionados de esta manera. Los otros tres son Bashar Al Assad, presidente de Siria; Kim Jong Un, de Corea del Norte y Robert Mugabe, de Zimbabue.
Se trata de la primera sanción de estas características a un presidente de América Latina y el Caribe, lo cual da una idea del estado en que se encuentran las relaciones. Ni siquiera contra Fidel Castro fue emitida una orden similar. Además, otros dos ex presidentes fueron objeto de represalias similares, previo a la invasión de fuerzas militares de EE.UU. y Europa: Saddam Hussein (Irak) y Muamar El Gadafi (Libia). Hoy estos dos países se encuentran destruidos y con una guerra que parece lejos de resolver la “pacificación” de la OTAN, la alianza militar liderada por EEUU.
Junto a McMaster se encontraba el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien calificó las elecciones del 30 de julio como “ilegítimas” y a Maduro como “un dictador que ignora la voluntad del pueblo venezolano”. Hasta donde se sabe, ningún periodista le preguntó su opinión sobre la monarquía que gobierna en Arabia Saudita, uno de los mayores aliados de Washington en Medio Oriente, donde no hay elecciones de ningún tipo y hasta las tímidas protestas son reprimidas con crueldad. Tampoco sobre la situación en Brasil, donde Michel Temer no fue electo por voto alguno.
“Un vocero del emperador Donald Trump dijo que no reconocen la Asamblea Constituyente. ¿Qué carajo nos importa lo que diga Trump?”, había anticipado Maduro el domingo, luego de la elección. “Nos importa lo que dice el pueblo de Venezuela”.
¿Sanciones económicas?
Durante los días previos, todas las especulaciones anticipaban que Trump tomaría una decisión de mucha trascendencia: en un extremo, bloquear las importaciones de petróleo desde Venezuela; en una medida intermedia, “sanciones económicas” que no se precisaron pero que también estarían referidas a la industria petrolera. En concreto, los trascendidos difundidos el mismo domingo por The Wall Street Journal apuntaban a la prohibición de las exportaciones de productos refinados estadounidenses hacia Venezuela y a restricciones en el uso del sistema bancario y el tipo de cambio estadounidenses para PDVSA.
El propio vicepresidente Mike Pence había anunciado el 28 de julio que las represalias serían aleccionadoras, tras informar de una conversación telefónica con Leopoldo López, ahora nuevamente en la cárcel tras incumplir las condiciones de prisión domiciliaria.
Sin embargo, hasta el cierre de este artículo las medidas económicas no se efectivizaron. Sucede que una medida que afectará la industria petrolera podría convertirse en un búmeran, erosionando intereses del propio poder norteamericano. Expresión de estas contradicciones internas es el pedido explícito de la American Fuel and Petrochemical Manufacturers (AFPM), uno de los gremios empresarios más poderosos del país, para que las sanciones no incluyan las importaciones de crudo venezolano.
“Esto perjudicaría a muchas refinerías estadounidenses, en particular a las de las regiones de la Costa del Golfo y la Costa Este, que se han optimizado para utilizar los crudos ácidos producidos en Venezuela”, explicó Chet Thompson, presidente de la AFPM, en una carta enviada al presidente Donald Trump el jueves 27 de julio, en plena ola de rumores, amenazas y -seguramente- un intenso “tira y afloje” entre diferentes lobbys.
De todas maneras, todas las señales indican que la presión se agudizará. Y aunque es difícil prever la política exterior de Trump en detalle, el papel cada vez más influyente de figuras como el senador Marco Rubio no augura un clima de distensión, sino todo lo contrario.
¿Tambores de guerra?
El republicano Marco Rubio es uno de los nuevos halcones que tiene influencia directa sobre la política de Trump. Esta situación genera incluso críticas de publicistas del Departamento de Estado, como es el caso del operador de origen argentino Andrés Oppenheimer, quien en su última columna semanal -que replican los principales periódicos conservadores del continente- le pidió explícitamente a Trump que no “subcontrate” a Rubio para atender la política hacia el continente.
Rubio, junto a figuras como el demócrata Bob Menéndez y la republicana Ileana Ross Lehtinen, desde enero presiona en forma pública y privada para endurecer la política hacia el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Se trata de un sector de ultraderecha con sólidos vínculos con la CIA y la comunidad contrarrevolucionaria cubana que vive en el Estado de Florida.
En los últimos días, el senador Rubio actuó como un virtual vocero de Trump al señalar que el presidente está dispuesto a tomar las medidas “necesarias” si Venezuela avanzaba con la Constituyente. Por si quedaba alguna duda sobre el carácter de la amenaza, aseguró que “todas las opciones están delante del presidente y él está dispuesto a hacer lo necesario, sea lo que sea”.
Considerando la historia de EE.UU. en el mundo entero, y en nuestro continente en particular, difícilmente esas palabras no tengan un sustento concreto en cuanto a acciones de fuerza en el terreno. La guerra híbrida se caracteriza por la articulación de dispositivos de diferentes características: ideológicos, político diplomáticos, económicos, militares. En los próximos días veremos cuál es el camino que preanuncian estas amenazas.
En: telesur
Nissan Workers in Mississippi Reject Union Bid by U.A.W.
In a test of labor’s ability to expand its reach in the South, workers at a Nissan plant in Mississippi have overwhelmingly rejected a bid to unionize.
Out of roughly 3,500 employees at the Canton-based plant who voted Thursday and Friday, more than 60 percent opposed the union. It was an emphatic coda to a yearslong organizing effort underwritten by the United Automobile Workers, which has been repeatedly frustrated in its efforts to organize major auto plants in the region.
The election campaign at the plant, where a large majority of workers are African-American, frequently took on racial overtones. Some employees alleged that white supervisors dispensed special treatment to white subordinates, a charge the company emphatically denied.
For their part, anti-union workers highlighted the U.A.W.’s contributions to local civil rights and religious groups, accusing the union of seeking to buy support in the African-American community.
In the end, though, basic economics combined with a fear of change may have carried the day. Veteran workers at the plant make about $26 per hour, typically only a few dollars less than veteran workers represented by the union at the major American automakers, and well above the median wage in Mississippi.
Nissan also pays a roughly similar percentage of employees’ incomes into their retirement accounts as do the Michigan automakers.
Before coming to Nissan more than 14 years ago, “I didn’t have a 401(k), I had one week of vacation,” said Marvin Cooke, a Nissan paint technician who was previously an assistant manager at a Shoney’s restaurant. “Now, I have four weeks’ vacation. I’m off on every holiday. Nissan has provided a great living for me.”
Mr. Cooke voted against the union.
While a significant number of workers at the plant, which has a total work force of nearly 6,500, are contract workers who earn lower wages than employees, they were not eligible to vote in the union election.
Publicly, Nissan emphasized how the plant was an economic lifeline for workers in the area, including one commercial in which a Mississippi pastor described how people were “fluctuating back and forth looking for jobs” before the plant arrived, but could now “come through the door knowing the lights are on, the water is running.”
The message resonated with many workers, although some found it condescending. “They were telling African-Americans look what they provided for us, but I had a job before I came to Nissan,” said David Brown, who was undecided the week before the vote but ended up supporting the union. “I had a house already, had cars already. Nissan didn’t provide me with it.”
In meetings between management and workers, and in a video featuring the plant’s top official, Nissan was more menacing, suggesting that a union would put workers’ jobs at risk.
“They’ve come out with some of the nastiest, most unprecedented attacks I’ve seen in the 20 years I’ve been doing this,” said Gary Casteel, the second-ranking official at the U.A.W. “This issue of threatening to close a facility is the worst threat you can put toward an employee.”
At one point leading up to the vote, managers delivered a slide presentation warning that in the event of a strike, most employees who walked out would not be guaranteed jobs afterward. Many workers appeared to find the presentation alarming, even though strikes are rare in the industry and replacing production workers could be difficult.
Another manager emphasized in a meeting that Nissan could decide not to automatically deduct workers’ union dues, in which case the union would end up sending workers a regular “bill.”
“It was just to deter people from joining, was what I’m getting out of it,” said Earnestine Mayes, a union supporter. “No one wants to sit there and pay that bill every week.”
The company said its communications with workers were an attempt to provide information and clear up misimpressions, and that dues were not a focal point.
A regional director of the National Labor Relations Board, prompted by a series of charges filed by the U.A.W., issued a complaint last week accusing Nissan of illegally threatening to close the plant if workers chose to unionize, and threatening to fire workers involved in the organizing effort.
But over all, the union was hobbled in its ability to push back against the company’s message to workers. Beyond the question of its contributions to local groups, which the union said were similar to contributions it has made to civil rights and religious groups for decades, anti-union workers dwelled on the indictment last week of a former Fiat Chrysler labor relations official accused of skimming millions of dollars from a training facility to benefit himself and a former U.A.W. counterpart.
“Before all this came out, I felt like the U.A.W. might come in, like it had momentum,” Mr. Cooke said.
The defeat raises further questions about organized labor’s potential for inroads in the sparsely unionized South, which many union leaders see as the key to improving wages and labor standards across the country.
This year, workers rejected a union by a nearly 3-to-1 margin at a Boeing plant in South Carolina after a long organizing effort by the International Association of Machinists and Aerospace Workers.
In 2014, the U.A.W. narrowly lost a hotly contested organizing campaign at a Volkswagen facility in Tennessee, although a small group of the plant’s skilled-trades workers later voted to unionize, and the union has notched some victories at Southern auto parts-suppliers in recent years.
“If you’re in an area where there are unions, people have friends, neighbors and relatives that might be in a union, and it’s very clear that people in unions like them,” said Hoyt N. Wheeler, a retired business professor who taught labor relations at the University of South Carolina.
But in a region like the South, few workers can speak from personal experience on the union’s behalf when the company or local politicians attack. “It makes it tough; you don’t have contrary voices,” Mr. Wheeler said.
Whatever its advantages, Nissan took no chances, pressing its case through the final days. This week, it set up a huge tent outside the facility and invited every worker on each shift, even those ineligible to vote, for meetings in which senior plant officials made their closing pitch.
For Mr. Brown, the previously undecided worker, the meeting proved to be the final shove in the direction of the union.
“Management comes down talking about how good we’ve got it,” Mr. Brown said. “But we’re not going to answer any questions, any concerns you have.”
A Nissan spokeswoman, Parul Bajaj, said that “employees were reminded of the significance of the election and encouraged to exercise their right to vote,” and that human resources officials were available in the back of the room to take questions.
By contrast, Kinoy Brown, a 14-year veteran who works on engines, saw the meeting as an earnest attempt to unify the plant after a bruising campaign.
“This U.A.W. mess has divided the plant,” said Mr. Brown, who voted against the union. “A lot of speeches there were about unity, about remembering the goal.”
He added: “They were telling us: ‘Hey, let’s get this behind us. Let’s go build some cars and trucks. Let’s build people’s dreams.’”
In: nytimes
La nueva Asamblea Constituyente chavista destituye a la fiscal general de Venezuela
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo por decisión de la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente. Ortega, que será sometida a juicio, será sustituida temporalmente por el defensor del pueblo, Tarek William Saab.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, fue destituida de su cargo por decisión de latodopoderosa Asamblea Nacional Constituyente, constituida el viernes.
Ortega, que también será sometida a juicio por orden del Tribunal Supremo, fue sustituida temporalmente por el defensor del pueblo, Tarek William Saab, un aliado del chavismo acusado por la oposición de hacer la vista gorda a los abusos del estado durante las protestas contra el gobierno por la crisis que vive el país.
William Saab fue juramentado este sábado por la Asamblea Constituyente tras las destitución de Ortega.
La destitución de la fiscal es una de las primeras decisiones de la recién instaurada Constituyente, que permitirá a Nicolás Maduro gobernar sin límites.
Este sábado Ortega ya denunció en un mensaje en Twitter que la Fiscalía había amanecido rodeada de agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, solo unas horas antes de del inicio de la primera sesión de este nuevo órgano, que ha sido elegido en un proceso con múltiples acusaciones de fraude y que tiene poderes especiales sobre otras instituciones elegidas democráticamente.
La fiscal no pudo acceder al edificio y desde su entrada declaró: “Quieren con esto esconder las pruebas de (el caso de la empresa brasileña) Odebrecht, esconder las pruebas de la violación de derechos humanos que se ha dado en este país, los seguiré denunciando”.
Ortega se ha convertido en una de las voces más críticas con Maduro, aunque defiende la herencia de Hugo Chávez. Su enfrentamiento con el gobierno le ha valido el calificativo de “traidora” y Maduro la ha acusado de apoyar la “insurgencia armada”, que es como el presidente ha calificado la ola de protestas en oposición a su gobierno que comenzaron el pasado mes de abril.
La Fiscalía venezolana solicitó anular por completo la existencia de la Constituyente, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional. Además, anunció que investigaría el fraude electoral en la elección de este cuerpo. Tras su destitución, ahora esa investigación por “presunta comisión de delitos durante el proceso electoral” podría quedarse en papel mojado.
Tanto la Asamblea como la destitución de Ortega tienen un amplio rechazo de gobiernos y organismos internacionales.
También de la oposición venezolana se manifestó este sábado denunciando la ruptura de la democracia. “Lo que está sucediendo en Venezuela es el secuestro total de todas las instituciones por una sola mano, por un solo partido político”, dijo Julio Borges presidente de la Asamblea Nacional en manos de la oposición que sería el único organismo capacitado para nombrar y destituir al fiscal general.
Constituyente para rato
Además, la Constituyente aprobó en su primera sesión de este sábado extender su duración a los dos años. La propuesta de Diosdado Cabello fue votada por los 545 miembros y ampliará las funciones del cuerpo hasta agosto del 2019.
La presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez, anunció además que este domingo comenzará a operar la denominada Comisión de la Verdad que será presididia por ella misma, con el objetivo de hacer “justicia” y buscar “responsabilidades” por la violencia que el país vive desde hace más de cuatro meses y que ya ha dejado dejado al menos 121 muertos en protestas callejeras, y miles de detenciones.
La decisión sobre la destitución de Ortega se tomó casi al mismo tiempo que el Mercosur anunciaba que suspendía a Venezuela de manera indefinida por la “ruptura del orden democrático”. La medida, que aisla aún más al régimen de Maduro, se tomó de manera unánime en una reunión celebrada en Sao Paulo, Brasil
El bloque también aseguró que el país caribeño no volverá al Mercosur hasta que se restaure el orden democrático en el país y se hayan liberado todos los presos políticos. Además, invitó a Caracas a iniciar un proceso de transición política “de manera inmediata”.
En: elnuevoherald
Mercosur suspende membresía de Venezuela
Los cancilleres de los países fundadores del Mercosur aplicaron la cláusula democrática de la organización y suspendieron la membresía de Venezuela alegando que el Gobierno de ese país rompió el hilo constitucional.
Este sábado (5.8.2017), el canciller brasileño, Aloysio Nunes, informó desde Sao Paulo, que los Estados fundadores del Mercado Común del Sur (Mercsour) –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– habían optado por cancelar indefinidamente la membresía de Venezuela, que se había unido a ese bloque en 2012. Nunes habló de una “suspensión de naturaleza política, por consenso; una sanción grave de naturaleza política contra Venezuela”. Los ministros de Exteriores del Mercosur aplicaron la cláusula democrática del organismo –el Protocolo de Ushuaia– alegando que el “hombre fuerte” de Caracas, Nicolás Maduro, ha roto el hilo constitucional de Venezuela.
Aunque la cláusula en cuestión permite la aplicación de sanciones económicas a los países en los que se arremeta contra el Estado de derecho, Nunes subrayó que “no está prevista una sanción comercial”, sino una medida de “aislamiento político”. Analistas de la crisis venezolana dudan que esta medida u otras de carácter comercial ejerzan presión efectiva sobre Maduro para obligarlo a retornar a la vereda democrática. La razón: el comercio entre Mercosur y Venezuela ya ha caído un 66,7 por ciento desde su ingreso en 2012, al pasar de un volumen total de 9.742 millones de dólares a 3.240 millones a cierre de 2016, según un informe de la consultora privada Abeceb publicado este mismo 5 de agosto.
De acuerdo a los datos del reporte de Abeceb, en el último lustro las exportaciones del Mercosur hacia Venezuela descendieron un 63,8 por ciento, de 7.761 millones de dólares a 2.807 millones; mientras que las importaciones desde el país caribeño sufrieron un desplome aún mayor, del 78,14 %, de 1.981 a 433. Las cifras ofrecidas por Abeceb muestran que el retroceso de la actividad comercial se produjo principalmente en los últimos dos años, debido a la crisis económica vivida en el país, que según las previsiones de la consultora provocará este año una caída del PIB de más del 10 por ciento.
Dentro de Mercosur, los principales exportadores hacia Venezuela en 2016 fueron Argentina y Brasil, con el 52 por ciento y el 45 por ciento de las ventas totales, respectivamente, mientras que las de Paraguay y Uruguay apenas representaron el 2 por ciento y el 1 por ciento, respectivamente. En cuanto a las importaciones, Brasil fue con diferencia el mayor comprador de bienes venezolanos, con el 96 por ciento del total; en tanto que Argentina supuso el 3 por ciento; Paraguay, el 1 por ciento y Uruguay, un porcentaje cercano al 0 por ciento. Los alimentos totalizaron más de la mitad de las exportaciones de Mercosur hacia Venezuela, y de 2012 a 2016 descendieron un 53,7 por ciento.
Por otro lado, los productos más demandados a Venezuela por los socios del bloque comercial, con casi dos terceras partes, fueron los relacionados con los combustibles y lubricantes –especialmente el petróleo–, que en los últimos cinco años experimentaron un retroceso del 83,7 por ciento.
En: DW