Uno de sus principales aportes al derecho es su teoría del garantismo jurídico, ¿en qué consiste?

Es la otra cara del constitucionalismo. Todos los derechos fundamentales establecidos en las constituciones requieren de leyes de actuación; es decir, garantías. Por ejemplo, los derechos de libertad, de la prohibición de limitar las libertades; y los derechos sociales a la salud y educación, de la obligación legislativa de introducir el servicio sanitario y escuelas gratuitas para todos. Las garantías son técnicas, límites y vínculos que aseguran efectividad a los derechos fundamentales. En este período de liberalismo sin reglas, el mercado como el Estado es un lugar de poderes que también requieren ser sometidos a la ley y a los derechos fundamentales. No se justifica el secreto ni la opacidad de los poderes privados; las garantías son obligaciones y prohibiciones para tutelar los derechos contra los poderes públicos y  privados.

Principia Iuris está considerado como el trabajo más importante de su vida, ¿coincide con ello?

Así es, comprende una teoría del derecho y otra de la democracia que se plantea sobre las estructuras garantistas del derecho de la época actual. La democracia no consiste sólo en el poder de las mayorías, porque en ocasiones con este poder se ha destruido la democracia. Ante este peligro, se ha estipulado en las constituciones límites a este poder, lo que ha producido un cambio en la naturaleza del derecho caracterizado por la sumisión de la legislación misma a la Constitución, que establece, a través de derechos fundamentales, los principios de justicia como la igualdad. Así, el poder político tiene limitaciones y ahora, sobre todo, obligaciones. Contrariamente a la ideología liberal, los gastos sociales como en salud y en instrucción son también económicamente inversiones productivas. El desarrollo económico de un país depende de la satisfacción de estos derechos vitales y nuestros países son más ricos en tanto han invertido en estos derechos.

¿Cómo enfrentar la criminalidad desde el derecho penal?

–Planteo el derecho penal mínimo. El derecho penal, según su tradición liberal, debe ser una extrema acción, esto significa que la legislación penal debe ser más simple y limitarse a los hechos más graves. Existe la idea de que el derecho penal puede ser una política eficaz para prevenir los pequeños delitos que deben ser naturalmente punibles; sin embargo, es una ilusión populista pensar que puede sustituir políticas sociales. La verdadera prevención frente al crimen organizado y la delincuencia en la calle se efectúa mediante políticas sociales de pleno empleo e instrucción contra la pobreza. La impunidad de la corrupción es un factor criminógeno. Planteo la reserva de código, que no haya legislación penal dispersa ni caótica que pueda ser un factor de incertidumbre. También una reforma de las penas que sustituya la cárcel con carácter de pena primaria, por otras medidas como la detención domiciliaria.

¿También la despenalización de algunas conductas?

La despenalización de algunos delitos que no pueden ser prevenidos por el derecho penal como el aborto, que es un gran problema que debe quedar en la autodeterminación de la mujer. Por respeto a su dignidad, no puede ser obligada a devenir en madre, el derecho penal no puede obligarla a serlo. La experiencia italiana demuestra que, después de su despenalización, los abortos disminuyen. El derecho penal se justifica sólo por su capacidad de prevenir, no es instrumento para sancionar la inmoralidad, ni afirmar una determinada moral.

¿Cuál es el desafío del derecho contemporáneo?

Tiene doble desafío. La limitación de los poderes que sin reglas son salvajes, y no sólo los poderes políticos sino también los poderes económicos, financieros que en este momento son los verdaderos soberanos que están destruyendo la economía y la democracia. Solo el derecho puede someter estos poderes a la ley. El otro desafío es garantizar los derechos, lo que se produce a través de la limitación de los poderes.

El jurista y filósofo italiano Luigi Ferrajoli tuvo palabras de elogio para la Constitución Política del Perú, por ser una norma muy avanzada en defensa de los derechos fundamentales y sociales, entre ellos el derecho a la educación pública y a la atención sanitaria, los cuales se brindan en forma gratuita y obligatoria.

Fue al recibir la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de Caballero, y el respectivo diploma de honor, entregada por el segundo vicepresidente del Parlamento, José Carlos Eguren, en una ceremonia realizada en la Sala

de Embajadores del palacio legislativo.

El catedrático de la Universidad de Roma participó además en el seminario internacional “Constitución, jueces y Democracia: Los aportes del principia iuris, organizado por la Maestría en Derecho con mención en política jurisdiccional de la PUCP y

el Centro de Estudios de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional (CEFT).

El jurista italiano, nacido en Florencia en 1940, es uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, teoría que desarrolló inicialmente en el ámbito del Derecho penal, pero que considera, en general, un paradigma aplicable a la garantía de todos los derechos fundamentales.

Su obra más famosa es Derecho y razón, teoría del garantismo penal, editada en español en 1995. A finales de 2007 publicó lo que él mismo denomina la obra de una vida Principia iuris: teoría del diritto e Della democrazia.

En casi tres mil páginas el filósofo del derecho realiza una teoría axiomatizada –que no necesita ser demostrada– del derecho y la divide en tres ámbitos: la teoría del derecho, la teoría de la democracia y la sintáctica del derecho.