La congresista aprista señaló que nunca supo del aporte a su campaña presidencial y que este no era procesado por corrupción
Lunes 20 de junio de 2011 – 07:17 am
(Foto: El Comercio / Archivo / Video: Frecuencia Latina)

En un informe periodístico difundido por Frecuencia Latina, se reveló que la congresista aprista Mercedes Cabanillas se sometió a una cirugía estética en el año 1994 y que la operación fue pagada por el procesado en el Caso Petroaudios y ex diputado del partido de la estrella, Rómulo León Alegría.

Cabanillas fue candidata presidencial del Apra en la campaña de 1995 y, según señaló en el informe, el ‘peeling’ al que se sometió fue “parte del trabajo de imagen de todo candidato. Siempre he tenido el problema del acné, tengo marquitas, por eso no tengo que dar ningún tipo de manifestación catastrófica”.

Sin embargo, en un primer momento, cuando fue consultada acerca de quién había solventado la intervención, la legisladora (que tentó infructuosamente su reelección en los recientes comicios) indicó que había sido su familia. Tuvo que cambiar de parecer cuando se le mostró el comprobante de pago de la Clínica Morillas en que consta que León Alegría desembolsó US$4.500 por la operación. “¿Sí? Ah, bueno, pregúntale a él, pues”, dijo Cabanillas al ver el documento mostrado en el programa de TV “Punto final”.

Aunque la aprista indicó que no aceptaría regalos de personajes comprometidos con casos de corrupción “porque no me muevo en círculos” y que, en el año en que se operó, León Alegría no había sido acusado de tener nexos con importantes casos de irregularidades —en referencia al Caso Petroaudios— la verdad es otra, según el informe. La nota periodística señala que para el 15 abril de 1991 —tres años antes de la operación— el cuestionado ex ministro de Pesquería había sido acusado constitucionalmente por la irregular construcción del muelle pesquero de Chimbote, obra en la que no hubo licitación ni concurso público; y el 20 de octubre de 1994, a dos semanas de la operación, el ex ministro fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

La saliente congresista arguyó que “un candidato no se fija en minucias” para justificar que no tuvo conocimiento del aporte económico de León Alegría a su campaña. Añadió que detrás de cada postulación hay comandos de campaña que “se especializan en el tema financiero de la campaña” y que un candidato presidencial “no va haciendo asociaciones, juntas ni panderos; para eso hay grupos que recolectan fondos”.

Añadió la congresista que León ha sido diputado aprista y en ese entonces “estaba caminando en el partido, no estaba detenido, no es extraño que aportara al comité”. Asimismo, preguntó “¿qué quiere hacer Rómulo León desde la cárcel? ¿Confundir a la opinión pública en mi honestidad y mi moral? No me van a usar para encubrir a un delincuente”.

fuente: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

Su ex titular y ex ministro del Interior Fernando Barrios y el actual titular, Félix Ortega, entre otros funcionarios, se salvaron de que sus casos sean derivados al Ministerio Público

Miércoles 15 de junio de 2011 – 08:34 am

(Foto archivo El Comercio)
JORGE SALDAÑA

Ironía de nuestra política doméstica. Gracias a la oposición, se archivó el informe final que señalaba responsabilidades penales a altos funcionarios de Essalud por haberse beneficiado con indemnizaciones ilegales ascendentes a 368 mil soles, por concepto de despido arbitrario, que se dieron en octubre del año pasado y en desmedro de los asegurados.

Es decir, el ex presidente de Essalud y ex ministro del Interior Fernando Barrios, el actual titular de Essalud Félix Ortega y la ex jefa de la Oficina General de Administración de Essalud, Edelmira del Carmen Barrantes, entre otros, se salvaron de que sus casos sean derivados –en el acto– del Congreso al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y al procurador público encargado de la defensa legal de Essalud.

Esto fue posible porque los congresistas Rosa Florián (UN) y Pedro Santos (PNP) abandonaron la sala de sesiones de la Comisión de Fiscalización, dejándola sin quórum para aprobar ese y otros cinco informes de control político que estaban listos para verse en la agenda de la última jornada de trabajo.

Lo que colmó la paciencia de Santos y Florián es que, antes de ventilarse el caso de Essalud, el aprismo hizo sentir el peso de sus votos al rechazar el informe sobre presuntas irregularidades en la empresa Editora Perú durante la gestión de María del Pilar Tello.

“¡Nos vamos… Aquí no quieren aprobar nada!”, exclamó Santos al levantarse de su silla junto con Florián (UN). Vega dijo que el caso de Essalud podría verlo el próximo Congreso.

fuente: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

A. M. Palma de Mallorca 14 JUN 2011 – 15:34 CET2
Archivado en: Política España Baleares Corrupción Autoridades portuarias Palma de Mallorca Gerardo Díaz Ferrán Puertos

El funcionario director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y director del puerto de Palma, Ángel Matías, fue detenido por orden judicial este martes en Palma, en una segunda fase de la investigación del caso Mar Blau, que alude a supuestas actuaciones delictivas en las adjudicaciones de la explotaciones de amarres y marinas en los puertos de interés general de Palma, Mahón e Ibiza. Este caso estalló en diciembre pasado tras dos años de indagaciones previas. En la causa está imputado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

El grupo de delincuencia económica de la Policia Judicial actúa en este asunto bajo el impulso de la Fiscalía Anticorrupción y la tutela del juez de instrucción Antoni Rotger. Se indagan las posibles delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, alteración de precios en concursos y subasta pública y estafa. Están inculpados desde hace seis meses otros funcionarios y empresarios, entre ellos el expresidente de la Autoridad Portuaria, el expolítico y empresario Juan Verger, del PP, y el actual responsable de la Autoridad Portuaria, Francesc Triay, ingeniero y expolítico del PSOE.

En la causa está imputado el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán
La explotación de los amarres en Mahón fue objeto de negociaciones entre Juan Verger con el responsable del club marítimo de Mahón, Luis Barca, que perdió la adjudicación, grabó el diálogo con Verger y lo entregó al juez. Las oficinas de la empresa Trapsa, adjudicataria de los concursos en Menorca y Palma, y que fue propiedad de los empresarios turísticos Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, fueron registradas, así como las de la Autoridad Portuaria.

fuente: EL PAIS ESPAÑA Sigue leyendo →

El legislador fujimorista consideró “que sería lamentable que se derogue” la Ley N° 29703, que presuntamente beneficia a los funcionarios corruptos

Lunes 13 de junio de 2011 – 11:46 pm

El congresista fujimorista Rolando Sousa defendió las modificaciones que se realizaron al Código Penal, que, según especialistas, ponen trabas y obstáculos para la lucha contra los delitos de esta clase.

En diálogo con Canal N, indicó que antes de promulgación de la norma, la Corte Suprema interpretaba de dos formas el delito de colusión. “Algunos consideraban que no bastaba que haya el perjuicio sino el acuerdo entre las personas para defraudar y otros que si debía haber perjuicio (…) En el sentido de lo que hemos aclarado, es que debe existir para que haya colusión una defraudación real, un perjuicio para el Estado”.

No obstante, negó que esto beneficie a algún funcionario que haya cometido un acto de corrupción, porque hay otras figuras penales para estos actos como “el delito de negociación incompatible con el cargo, el delito de cohecho, que son las que tipifican ese acuerdo previo entre personas”.

“En el caso de la colusión tiene una pena altísima que nosotros la hemos incrementado, tiene hoy no menor de 6 años y mayor de 15. Ante tenía una pena no menor de 3 años, con lo cual no había pena efectiva”, agregó el también presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, quien consideró “que sería lamentable” que se derogue la Ley N° 29703.

FUENTE: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

Fuad Khoury argumentó que no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos de corrupción

Lunes 13 de junio de 2011 – 08:50 pm

(Foto: Archivo El Comercio)
El contralor general de la República, Fuad Khoury, expresó su preocupación por la Ley N° 29703 que modifica el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública y que, según especialistas, pone trabas y obstáculos para la lucha contra la corrupción.

Según el Contralor, dicha modificación “no recoge las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, así como de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA.

Citado por la agencia Andina, Khoury argumentó que en ambos instrumentos internacionales ratificados por el Estado Peruano, no es necesario acreditar el perjuicio económico al Estado para investigar, perseguir y sancionar los delitos de corrupción.

En ese sentido, agrega que al incluir que la defraudación debe tener efecto patrimonial, se crea una barrera para la Contraloría para la identificación de los presuntos responsables.

fuente: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

10 de junio de 2011 | 05:44 p.m.
Edvan Ríos – erios@epensa.com.pe
Media Gallery
Huancayo –

Unas 800 frazadas que podrían servir para abrigar a pobladores que padecen de frío en las alturas del distrito de Santa Ana de Castrovirreyna, en Huancavelica, se encuentran con orden de inamovilidad por orden judicial desde el 2008.

Se conoció que el Juzgado Mixto de Castrovirreyna ordenó la inamovilidad de estas frazadas y de otros artículos para atender emergencias, en tanto concluya un proceso que se sigue al ex alcalde de este distrito, Félix Rojas Clemente, por cometer diversos delitos contra la administración pública.

Como se sabe, el distrito de Santa Ana se encuentra ubicado a más de 4 mil 500 metros de altitud. En las madrugadas, la temperatura desciende a más de 10º bajo cero.

(Con información de José Figueroa) Sigue leyendo →

El estado de Sinaloa prohibió la difusión de este subgénero musical que ensalza la figura de los capos del narcotráfico
Domingo 12 de junio de 2011 – 10:51 am
Narcocorridos

“En Guatemala señores / cobraron la recompensa / allá agarraron al Chapo / las leyes guatemaltecas / un traficante famoso / que todo el mundo comenta / de la noche a la mañana / el Chapo se hizo famoso / encabezaba una banda / de gatilleros mafiosos / con un apoyo muy grande / del Güero Palma su socio”. La tonada, titulada “El Chapo Guzmán”, acompañada por la recreación del sonido de ráfagas de Kalashnikov de fondo hecha con los propios instrumentos musicales, es interpretada por Los Tucanes de Tijuana, famosa banda del norte de México que le rinde pleitesía al narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cártel de Sinaloa y que en 1993 fue capturado en Guatemala.

Si el momento más fatídico en la vida del capo inspiró a la banda, su fuga en el 2001 del penal de Puente Grande, en México, fue celebrada en “El regreso del Chapo”: “La gente de Sinaloa / anota su primer gol / a la nueva presidencia / y al señor Vicente Fox / no se les hizo a los gringos / hacerle la extradición / la fuga estaba planeada / sin riesgo de fracasar / así trabajan los grandes / como el Chapito Guzmán”, dice la letra del narcocorrido, un subgénero de los tradicionales corridos que se interpretan en el norte de México y que convierten a los villanos en buenos.

El problema de los narcocorridos es que estos buenos son los criminales que están desangrando al país con una guerra entre cárteles de la droga que se disputan territorio y que a diario riegan las calles de estos lugares con cadáveres decapitados o desollados y con mensajes escritos contra sus rivales que muchas veces son replicados en las canciones.

Pero la polémica por la apología de la violencia y del delito volvió a instalarse el mes pasado en México, cuando el gobernador de Sinaloa, la cuna del cártel más fuerte del país, firmó un decreto que prohíbe que se interpreten narcocorridos en bares, discotecas, salones de fiesta y conciertos al aire libre.

“Si tú reglamentas, puedes evitar la pérdida de algunas vidas humanas”, argumentó el gobernador Mario López Valdez.

El hecho que convenció a la autoridad de que algo se debía hacer fue lo ocurrido en marzo pasado en una discoteca de Mazatlán, donde al final de la presentación del cantante de corridos Gerardo Ortiz se desató una balacera que dejó seis muertos.

Un mes después, el mismo Ortiz casi pierde la vida tras un concierto en el estado de Colima. En la madrugada, mientras el cantante se dirigía a su hotel, la camioneta que lo llevaba fue interceptada por varios vehículos de los que bajó un grupo de hombres que empezó a disparar sus fusiles AK-47. Murieron el chofer y el representante del artista. La carga violenta de las letras muchas veces juega en contra de los propios cantantes, que se pueden convertir en blanco de los narcos rivales de quien ensalzan en sus composiciones.

Tras la decisión del gobernador sina
loense, Los Tucanes de Tijuana, grupo fundado hace 24 años y que ha vendido 13 millones de discos, defendieron el derecho de los músicos de interpretar narcocorridos, pero admitieron también que se pueden regular sus letras.

“Nosotros no tenemos la culpa de que el país esté como esté, somos entretenimiento, a eso nos dedicamos”, dijo en conferencia de prensa el vocalista Mario Quintero.

EL ORIGEN DEL NARCOCORRIDO
Para el investigador Juan Carlos Ramírez-Pimienta, de la Universidad de San Diego, el primer corrido grabado que plasma entre sus letras el tema de la droga es “Por morfina y cocaína”, grabado en 1934 por Manuel Cuéllar Valdez y se basa en las penurias de los contrabandistas presos.

Ese mismo año también se grabó “El contrabandista”, tema de Juan Gaytán, catalogado como uno de los primeros narcocorridos en el libro “Un viaje al mundo de la música de las drogas, armas y guerrilleros”, del periodista estadounidense Elija Wald.

“Si ponemos como requisito que la primera muestra del género sea un corrido donde se hable del tráfico de drogas, entonces, efectivamente, el primero en cuanto a la fecha de grabación es –hasta ahora– ‘Por morfina y cocaína’… si definimos el narcocorrido como una canción que trata de algún narcotraficante, entonces tenemos que recorrer casi tres años la fecha de la primera grabación. Esta primera muestra del género sería ‘El Pablote’, corrido compuesto por José Rosales e interpretado por él mismo junto con Norverto González… La grabación fue hecha el 8 de setiembre de 1931 en El Paso, Texas”, asegura Ramírez-Pimienta en su ensayo “En torno al primer narcocorrido: arqueología del cancionero de las drogas”.

En su libro “Jefe de jefes: corridos y narcocultura en México”, José Manuel Valenzuela defiende este subgénero y afirma que “ofrecen una rica información sobre el narcomundo y las múltiples articulaciones que desde él se construyen con otros ámbitos de la sociedad. Los narcocorridos participan en la elaboración de crónicas sociales, ofreciendo diversas perspectivas, muchas veces críticas a las versiones oficiales”.

Valenzuela complementa su punto de vista argumentando que los narcocorridos también denuncian las complicidades de las instituciones del Estado que terminan protegiendo a los capos del narcotráfico.

En el 2008 el escritor español Arturo Pérez-Reverte también defendió los narcocorridos: “Un país como México se entiende mejor por Los Tigres del Norte que por los más sesudos intelectuales o los novelistas de más éxito. Este país tiene una realidad tierna y violenta, dura y familiar, trágica y feliz, y el corrido y el narcocorrido norteño es el que mejor la ha definido”, sostuvo.

Y SEGUIRÁN CANTANDO
Casi siete décadas después del primer narcocorrido, los grupos se multiplican. Entre los más conocidos están: Los Tucanes de Tijuana, Los Tigres del Norte, Los Amos de Nuevo león, Los Huracanes del Norte, Los Originales de San Juan, El Tigrillo Palma, K-Paz de la Sierra y decenas más que permanecen en el anonimato porque prefieren trabajar a exclusividad de los capos y, a la vez, no estar en la mira de los enemigos de estos.

VIVEN AL FILO DE LA NAVAJA
Le decían “El Shaka” y cantaba narcocorridos. En junio del año pasado, Sergio Vega fue acribillado con 30 balazos y un tiro de gracia cuando viajaba en su Cadillac rumbo a un concierto en Sinaloa.

Pero no es el único. En noviembre del 2006, el cantante Valentín Elizalde, “El Gallo de Oro”, fue asesinado tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas. La policía halló unos 70 casquillos de balas alrededor de su camioneta. Fue compositor del tema “El escape del Chapo”, sobre la fuga del líder del cártel de Sinaloa.

Un año después, en diciembre del 2007, el vocalista de K-Paz de la Sierra, Sergio Gómez, fue secuestrado y asesinado tras haber ofrecido un concierto en Morelia. Un día antes de su secuestro, lo llamaron para decirle que no se presentara en Michoacán.

Otros cantantes que han perdido la vida de manera violenta son: Carlos Ocaranza, conocido como “El Loco Elizalde”, José Luis Aquino, Javier Morales, cuatro miembros de La Banda Fugaz, tres miembros de Los Padrinos de la Sierra, entre otros.

FUENTE: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →

Lun, 13/06/2011 – 08:08

Matute: Ley favorece a corruptos procesados
Genaro Matute Mejía. Coordinador de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción. El “zar anticorrupción” nombrado por el presidente García afirma que nadie le consultó sobre norma que alienta la corrupción y blinda a los enjuiciados.

Marco Sánchez.

¿Cómo califica la Ley 29703 que sanciona a los corruptos sólo cuando hay perjuicio económico contra el Estado?

Es un retroceso tremendo en la lucha contra la corrupción. La evaluación del delito de colusión sin que haya perjuicio al Estado es un problema porque es difícil probar el perjuicio al Estado. Lo explico así: La corrupción paga comisiones por fuera y esto no aparece. Ha ocurrido toda la vida y siempre hemos tenido esta situación. La comprobación no necesariamente se ve en documentos ni procesos formales en el Estado. Se debe entender cómo se realiza una coima, esta situación es difícil de comprobar porque no es abierta.

¿Se da estatus legal a la coima y al tráfico de influencias cuando se pide que esta sea “real”?

Claro, y hay situaciones que de hecho se han dado y delitos que ya se han cometido y no podrán ser castigados con esta norma. Se están dando salidas y beneficios a los corruptos en vez de incrementar las penas o los costos.

¿La Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción que usted coordina fue consultada para esta ley?

En ningún momento, ignorábamos esta ley. Nadie nos consultó.

¿Por qué se da esta ley cuando finaliza este gobierno y el mandato del Congreso?

El origen de la norma no ha sido facilitar la corrupción. El proyecto sale del Poder Judicial, se modificó en la comisión del Congreso y no solo favorece a funcionarios de este gobierno, sino de anteriores gobiernos que están procesados. Del PJ no salió algo equivocado, las modificaciones permitieron que termine así.

¿En la Comisión de Justicia manejada por el fujimorismo?

Sí. Favorecerá a muchos procesados por esa razón. Es difícil entender a quién se quiere beneficiar porque desde todos los sectores hay críticas continuas contra la corrupción y es difícil pensar que la gente se comprometa tanto en su lucha y a la vez faciliten estas leyes.

¿Es grave la eliminación de la inhabilitación para acusados de enriquecimiento ilícito?

La inhabilitación es una necesidad para estas personas y su eliminación una de las formas en que se está debilitando la lucha contra este flagelo. Eso es.

Además se suprime la obligación del funcionario de demostrar patrimonio bien habido.

Creo que quienes han modificado la ley conocen muy bien las formas de manejarse en temas de corrupción y saben y están al tanto de las formas cómo se pueden castigar y las están evadiendo.

¿Culparía directamente al Parlamento?

Habría que ver cómo caminó la ley hasta su promulgación.

¿El camino correcto sería ahora la derogatoria?

De todas maneras, y lo antes posible para evitar mayor daño.

Hay 1300 funcionarios corruptos que siguen en el Estado. ¿La cifra podría aumentar?

El problema es que esta ley no impide que la gente que incurrió en corrupción siga laborando en el Estado. Muchas veces no se ha podido lograr penas más duras contra los corruptos e impedir que manejen recursos del Estado. Por otro lado, no se impide que gente que cometió corrupción siga laborando en diversas entidades públicas.

¿Por qué hasta ahora no se logran sancionar de modo eficaz estos delitos?

Se han sancionado en unos casos eficazmente, pero en otros la ley comienza a ser mucho más exigente con pruebas y evidencias para establecer una sanción, como ocurre en esta norma.

¿Es necesaria una modificación constitucional?

Creo que esa modificación se puede hacer por una ley. No se necesita cambiar la Constitución para establecer la imprescriptibilidad de estos delitos, solo modificando el Código Penal.

¿Esta norma beneficiaría a personajes como Rómulo León Alegría?

Les daría facilidades porque, cómo se le prueba que León Alegría hizo daño económico al Estado si se establece esta obligación en la nueva ley y eso no se puede probar. En cambio sí se ha probado que hubo actuación que favoreció a un tercero para que en el futuro se beneficie. No hemos visto que se quitó algo al Estado.

¿Su defensa podría utilizar ese argumento?

Sí, y ya lo ha utilizado.

¿El abogado Alberto Químper y otros también se acogerían?

Por supuesto, hay varios procesados que están en la misma situación.

“Habrá más gente dispuesta a actos de corrupción”

¿El Estado pierde 8 mil millones por corrupción al año?

Esas cifras tienen poca sustancia, se consideran estadísticas del Banco Mundial como incrementos de sobreprecios en compras del Estado, 5 o 10 por ciento. La cifra en realidad no se sabe con exactitud.

¿Pero se incrementa en cada gobierno?

Si existen normas que liberan de castigo al corrupto, habrá más gente dispuesta a cometer actos de corrupción. Si se facilita la corrupción y se retiran barreras legales para quienes entren al Estado la tendencia será a incrementarla.

¿No es contradictorio que el Ejecutivo haya facilitado facultades sancionadoras a la Contraloría?

Hace unas semanas el Contralor dijo que entra en vigencia desde el 2012 y para acciones cometidas desde ese año, es decir, mira solo hacia adelante.

¿Y qué pasará con todos los casos del gobierno aprista?

La Contraloría no los va a revisar, solo los que vienen hacia adelante.

¿No se está combatiendo con efectividad la corrupción?

Se puede llegar a esa conclusión.

¿Es necesario que los delitos de corrupción no prescriban?

Siempre lo hemos pedido desde la Contraloría, pero hay intereses creados y falta de voluntad política que favorece a los actores incursos en actos corruptos.

FUENTE: LA REPUBLICA PERU Sigue leyendo →

Lun, 13/06/2011 – 09:34

Administrador de la Corte Suprema investigado por pagos injustificados
Contraloría lo somete a pesquisas por abonos a altos funcionarios. Luis Vega Marroquín también enfrenta una indagación interna del propio Poder Judicial por sospechosos signos exteriores de riqueza.

María Elena Hidalgo.

La Contraloría General de la República busca establecer por qué el administrador de la Corte Suprema de Justicia Luis Vega Marroquín hizo sospechosos pagos a funcionarios de primera línea del Poder Judicial sin motivo aparente, de acuerdo con fuentes del organismo fiscalizador.

La investigación abierta contra Vega es parte de la auditoría general que la Contraloría practica a la anterior gestión del Poder Judicial, bajo la presidencia de Javier Villa Stein.

Durante el proceso indagatorio especializado, la Contraloría detectó en el área de administración de la Corte Suprema abonos de dinero dispuestos por Luis Vega.

“El señor Vega autorizó y firmó pagos a altos funcionarios sin un sustento aparente ni justificación. Ahora el caso se encuentra en el área de Comunicación de Hallazgos de la Contraloría. Estamos en la etapa de recabar los documentos de descargo presentados por Luis Vega para que los auditores verifiquen la información”, explicaron las fuentes de la Contraloría.

Bajo escrutinio

La indagación a Luis Vega Marroquín se suma a otra investigación interna del Poder Judicial que ha detectado que ingresó a laborar como chofer en el 2000 y al año siguiente, sin contar con la edad requerida, con solo secundaria completa y sin haber efectuado estudios técnicos, fue ascendido a asistente. No obstante, inexplicablemente, en el 2002 y el 2005 nuevamente ascendió y en el 2006 se le encarga la Administración de la Corte Suprema sin contar con título profesional. En el 2007, Vega otra vez fue promovido, esta vez como Analista III.

El jefe de prensa de la Corte Suprema, Guillermo Gonzales, ante la petición de La República para que Luis Vega accediera a una entrevista, respondió que este no hablaría con ningún medio de comunicación y que había formulado su respectivo descargo. En enero, el gerente general del Poder Judicial, Hugo Suero, con quien Vega trabajaba directamente, fue destituido por el nuevo presidente de la Corte Suprema, César San Martín.

Gasta 20 mil soles mensuales

La Oficina de Control Institucional del Poder Judicial acreditó que Luis Vega Marroquín realiza gastos personales de aproximadamente 20 mil soles mensuales, a pesar de que su sueldo, sumando bonificaciones extraordinarias, llega a los 10 mil soles mensuales.

En 2009, Vega adquirió un inmueble valorizado en 40 mil dólares, pagado al contado. Además cuenta con una camioneta rural comprada en enero último por la suma de 16 mil dólares. Estas adquisiciones, según la Oficina de Control Institucional del Poder Judicial, difieren con sus ingresos mensuales.

Otro signo notorio de presunta riqueza son sus viajes al exterior en compañía de su secretaria, Rita Pinto Malache. Vega tiene como destino preferido los Estados Unidos.

De acuerdo con la Oficina de Control Institucional, Luis Vega presentó una supuesta constancia de estudios universitarios de administración, pero dicho claustro ha sido clausurado, por lo que no es posible verificar la autenticidad de los documentos.

FUENTE: LA REPUBLICA PERU Sigue leyendo →

Ley que beneficia a corruptos pone en jaque a bancadas

(Cual es el mensaje que se da desde el poder político a la sociedad?)

Norma pone trabas para sancionar a funcionarios públicos que cometen delitos. Presidente del Congreso a favor de que se revise esta semana en el pleno
Lunes 13 de junio de 2011 – 07:46 am
Alan García, Daniel Abugattás, Congreso, Ley de blindaje

Cuando el congresista fujimorista Rolando Sousa sustentó el pasado 19 de mayo, en el pleno del Parlamento, el dictamen de la Comisión de Justicia que modificó el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública, solo dos colegas suyos pidieron la palabra para comentar la iniciativa: Aldo Estrada (UPP) y Carlos Torres Caro, pero ninguno de ellos la criticó. Solo hicieron algunas observaciones.

Inmediatamente después, el presidente del Parlamento, César Zumaeta, llamó a votación. El resultado final de esta fue: 69 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. O sea, se aprobó por unanimidad (al igual que en la anterior instancia, la Comisión de Justicia). Nadie se quejó. Rafael Yamashiro (Unidad Nacional), Aurelio Pastor (Partido Aprista), Carlos Bruce (Perú Posible) o Daniel Abugattás (Partido Nacionalista) estuvieron entre los legisladores que votaron a favor.

Según algunos expertos, la norma, que se publicó el pasado viernes en el diario oficial “El Peruano”, modifica varios artículos del Código Penal y promueve la impunidad de los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. La ley pone trabas y obstáculos para la lucha contra la corrupción.

Ahora, por ejemplo, es el Estado el que debe verificar si un funcionario tiene un desbalance financiero. Antes el funcionario justificaba el origen de su patrimonio.

Zumaeta informó que si se quiere derogar la norma, se debe presentar un proyecto de ley en el Congreso para solicitarlo. Precisó que ya hay prioridades en la agenda parlamentaria –solo quedan tres plenos, que se realizarán el martes, miércoles y jueves de esta semana–, está en manos de los grupos parlamentarios que se pueda ver la derogación en el pleno, debido a que se ha establecido que las bancadas propongan los proyectos que se discutirán en el hemiciclo.

Si bien se mostró a favor de que se discuta, el titular del Legislativo dijo que hasta ayer nadie se había comunicado con él para informarle sobre la presentación de un proyecto de derogación.

“Si se presenta, tendrá que exonerarse de la comisión y luego ponerse en agenda en reemplazo del proyecto de una bancada que ya estaba previsto que se vea en el pleno”. Agregó que, si no es una votación calificada, podría discutirse en una futura Comisión Permanente.

Zumaeta, además, recordó que cuando se aprobó la norma en el hemiciclo “nadie exigió nada”. “Como pasa en las votaciones, muchos creen en la palabra [del que sustenta el dictamen, en este caso Sousa]. También se supone que los congresistas de las bancadas ya habían revisado la norma en la Comisión de Justicia”.

¿Y EL MEA CULPA?
Así como Abugattas, el congresista peruposibilista Carlos Bruce sostuvo que “fue sorprendido” cuando votó a favor del dictamen porque “no lo analizó completamente”. Añadió que su bancada se reunirá de inmediato para tomar una posición. Su colega Juan Carlos Eguren (Unidad Nacional) también dijo que su grupo parlamentario revisará el caso.

Este Diario intentó comunicarse con voceros apristas, fujimoristas y nacionalistas para tener sus opiniones sobre la discutida norma, pero no logramos localizarlos.

NORMA ORIGINAL
Colusión
“El funcionario que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 15 años”.

Tráfico de influencias
“El que, invocando influencias, reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que esté conociendo o haya conocido, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

Enriquecimiento ilícito
“El funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”.

PROPUESTA DEL PJ
“El funcionario que interviniendo directa o indirectamente en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios se coludiera con los interesados, para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con una pena no menor de cuatro ni mayor de 15 años”.

Tráfico de influencias
“El que solicite, recibe, hace dar o prometer, para sí o para otro, cualquier ventaja o beneficio por el ofrecimiento, real o simulado, de interceder ante un funcionario o servidor público que haya conocido, esté conociendo o vaya a conocer, un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el agente es funcionario será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme los artículos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal”.

Enriquecimiento ilícito
“El funcionario que, abusando de su cargo incrementa ilícitamente su patrimonio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Si el agente es funcionario que haya ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organismos de la administración pública o empresas estatales, o esté sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena será no menor de 8 ni mayor de 18 años”.

LEY PROMULGADA
Colusión
“El funcionario que interviniendo por su cargo o comisión especial en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos mediante concertación ilegal con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado entidad u organismo según ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años”.

Tráfico de influencias
“El que solicita, recibe, hace dar o prometer para sí o para otro, donativo, promesa, cualquier ventaja o beneficio, por el ofrecimiento real de interceder ante un funcionario o servidor que haya conocido, esté conociendo o vaya a conocer un caso judicial o administrativo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el agente es funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36 del CP”.

Enriquecimiento ilícito
“El funcionario que en ejercicio de funciones, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Si el agente es funcionario que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades u organizaciones de la administración pública o empresas estatales, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y acusación constitucional, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 18 años”.

FUENTE: EL COMERCIO PERU Sigue leyendo →