Investigan a presuntos falsos proveedores. Citan a 16 funcionarios. Fiscal que incluyó en denuncia a alcalde Enrique Ocrospoma fue cambiado

Jueves 15 de septiembre de 2011 – 07:22 am

ELIZABETH SALAZAR VEGA
El Comercio

El 18 de enero, a las 5 p.m., la Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos de la Municipalidad de Jesús María se convirtió en la escena del delito: los billetes que asomaban por el bolsillo de la camisa de Roberto Llaja Tafur, hasta entonces subgerente, era lo que la policía esperaba para apresarlo por pedir una coima de S/.2.500 a un ingeniero constructor.

El caso se volvió mediático no solo por ser el primer juicio de corrupción con el nuevo y veloz Código Procesal Penal, sino porque el funcionario asegura que fueron miles de soles más los que cobró ilegalmente y por orden del alcalde Enrique Ocrospoma.

HABLA EL ACUSADO
Llaja fue sentenciado a cuatro de los seis años que le correspondía porque se acogió a la colaboración eficaz. Pasó seis meses en el otrora penal San Jorge y hoy, libre, dice estar arrepentido pero asegura que lo hizo porque Ocrospoma les pedía a él y a otros gerentes que reunieran y le entregaran S/.30 mil. “Desde que Llaja ingresó al municipio, el 2008, ha ocurrido esto”, agrega su abogado Héctor Carreño.

La modalidad descrita en la Resolución 05-2011 del Juzgado de Investigación Preparatoria y en la 01-2011 de la Tercera Fiscalía Especializada en Corrupción es que en el concejo “se habría diseñado una estrategia para la apropiación de los recursos públicos mediante la modalidad de contratación de bienes y servicios ficticios, cuyos montos no superarían las 3 UIT (S/.10.800) para evitar las formalidades y controles de los procesos de selección”.

Llaja narró a la policía 9 sucesos, pero solo dos fueron comprobados, a decir del fiscal José Pérez Gómez. La primera es la orden de servicio 741 por S/.10.000 que el concejo emitió para reparar la vereda del Jr. Coronel Zegarra cuadra 11 en la misma fecha que Telefónica ejecutaba la instalación de cableado y posterior pavimentación de dicha vereda.

La segunda es la orden de servicio para rehabilitar el parque Barrenechea. Aquí se cuestiona que la obra no fue hecha por el proveedor Copei EIRL, a quien se pagó S/.10.000 por ello, sino por obreros del mismo concejo y con materiales donados por Carlos Sánchez, gerente de Mr. Taco.

Los permisos, documentos de ingeniería civil y fotos en poder de Telefónica confirman que esta sí hizo la reparación. Las pruebas del concejo solo fueron 3 fotos en blanco y negro de la vereda, “que no permiten esclarecer con exactitud si se realizaron los trabajos”, señala el expediente fiscal.

Los que avalaron estos y otros contratos son la gerenta de Desarrollo Urbano, María Sipión Zapata; el gerente de Administración, José Velásquez; y la subgerenta de Logística, Verónika Luna-Victoria. Ellos son investigados, junto a Ocrospoma, por peculado y siguen en sus puestos.

PRUEBAS EN PAPEL
Ocrospoma niega toda irregularidad. Si bien admite que Telefónica reparó la vereda de la cuadra 11, “el concejo lo hizo en la acera de enfrente”, dice. En cuanto al parque, sostiene que por cuestión de imagen los obreros deben lucir ropas con el logo del concejo, “así esta sea hecha por terceros”.

Los documentos entregados por el municipio no permiten corroborar en qué lado de la vía se hizo la obra y el cemento seco de abril del 2010 guarda el mismo silencio que los vecinos de esa calle.

Lo cierto es que la fiscalía determinó que las pruebas presentadas por el procurador del concejo, Carlos Cañari, fueron “exprofesamente modificadas” para ocultar que las facturas se emitieron antes de dar conformidad de obra.

De las 2.187 órdenes de servicio que la municipalidad aprobó el 2010, al menos el 20% es por montos que bordean los S/.10.000 pero no llegan a superar las 3 UIT. “La ley permite contratos directos cuando el monto es menor a 3 UIT para evitar trabas burocráticas. No hay ilegalidad”, dice Ocrospoma, y con razón.

Pero quienes se adjudican tales trabajos son, en su mayoría, proveedores ‘caseritos’ o que solo han tenido contratos con la Municipalidad de Jesús María. Otro hecho extraño es, por ejemplo, que haya hasta tres órdenes de servicio por el mismo trabajo, emitido en la misma fecha, al mismo proveedor y cada una con el mismo monto: S/.10.600, en vez de emitir un solo pedido por S/.31.800, lo que hubiera obligado a pasar por un concurso público. Esto se evidencia en las obras de pintado y señalización de vías.

¿PROVEEDORES FANTASMA?
Piero Pretto Castillo, a quien se le pagó por la vereda del Jr. Coronel Zegarra, obtuvo el contrato a nombre de Dopre Contratistas Generales, que no existe en Sunat ni en Registros Públicos. Las facturas que presentó para demostrar que compró materiales de construcción para la obra son burdas falsificaciones, y las empresas Dometalic y Impresionarte que él gerencia –y que también han obtenido contratos con el municipio– son simples viviendas.

Pretto, militante del PPC, partido al que pertenece el alcalde, es uno de los ‘caseritos’ del Concejo de Jesús María, pues obtuvo 46 contratos en los que demostró ser multifacético: desde planchado de motos y confección de bancas hasta alumbrado público, compra de chompas, impresión de volantes y obras de construcción.

La fiscalía ya investiga a Pretto, cuyo caso no sería aislado. La indagación fiscal resulta decisiva, sobre todo para determinar si Ocrospoma estuvo directamente involucrado en estos hechos.

El alcalde presentó una queja ante el Ministerio Público contra el fiscal Pérez por considerar que no era imparcial. Ocrospoma dice que sigue en trámite, pero el viernes 2 se publicó la resolución que saca a Pérez del caso.

Al grano
“FUE UN HECHO AISLADO. NO HAY MALOS ELEMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD”
Más allá de la denuncia fiscal, ¿no considera que lo ocurrido con Llaja amerita una reorganización del personal?
El fiscal ha hecho la denuncia contra mí y mis funcionarios sin la corroboración debida y con una ley no vigente (Ley 26198 de peculado). Creo que los denunciados son personas correctas y el fiscal ha sido muy ligero. Lo de Llaja son inventos.

¿No duda de la legalidad de las órdenes de servicio? ¿Sobre todo las de Piero Pretto cuya razón social es una vivienda?
El que no tenga un gran local comercial no lo inhibe de ganar un contrato, eso se llama apoyar a la microempresa. Y si fuera así, ¿cuál es el artículo de la ley de contrataciones que se ha violado? Si no, todo es subjetivo.

¿Descarta que Llaja haya tenido apoyo interno?
A ver, ¿por qué podemos creer de una persona con antecedentes y que declara para obtener un beneficio? ¿Por qué la palabra de Llaja debe pesar más que la de un funcionario sin mayor imputación? Este fue un hecho aislado, no hay malos elementos aquí, lo que hay es un aprovechamiento político del tema.

¿Y la comisión interna que anunció en el concejo?
Se está revisando el tema contable y haciendo auditorías y si hay algo irregular se demostrará, pero lo que acusa el fiscal es falso. Dice que soy culpable solo por ser el alcalde. Lo primero que haré será pedir que se anule la colaboración eficaz a Llaja porque su acusación no ha podido ser corroborada.
ENRIQUE OCROSPOMA. ALCALDE

UNA GESTIÓN TEÑIDA DE ACUSACIONES
Enrique Ocrospoma fue reelecto en octubre pasado con el 48% de los votos, aunque eso no ha evitado que las acusaciones de corrupción o mala gestión salgan a flote.

Acusaciones mutuas de extorsión con una empresa que se presentó a una licitación, obras que no contaban con consulta previa y el juicio que le entabló a vecinos que se opusieron a sus modificaciones urbanas han hecho que los comentarios en su contra se multipliquen. Incluso durante la campaña electoral, los regidores de oposición revivieron un caso del 2007. Se trata de la entrega de seis cheques a un cajero de la municipalidad para el pago de servicios. El dinero fue usados para fines distintos.

A ello se sumaron proyectos polémicos como su propuesta de tumbar el monumento El Ojo que Llora y el supermercado que intentó construir en el Campo de Marte.

A la fecha son casi 50 las denuncias penales hechas contra Ocrospoma, la mayoría ya archivadas y otras aún en manos del Ministerio Público y hasta del Tribunal Constitucional. Las dudas no han sido absueltas, lo que es aprovechado también por sus detractores.

EN PUNTOS
La investigación recae en el fiscal
Roberto Llaja, sentenciado por cohecho impropio tras el cobro de la coima, también está incluido en la investigación por peculado doloso.

El nuevo Código Procesal Penal difiere del anterior porque la investigación y obtención de pruebas para el juicio recaen en el fiscal y ya no tanto en la policía.

El fiscal Pérez pidió la detención de Ocrospoma pero esta fue desestimada por el juez.

LA CIFRA
33 personas han sido citadas en este proceso, 16 de las cuales son funcionarios y trabajadores de la municipalidad

FUENTE: EL COMERCIO PERU