P. GARCÍA-BAQUERO / CÓRDOBA
Día 01/05/2012 – 09.59h

Unas 600 familias cordobesas perdieron el pasado año sus viviendas, el doble que en 2008, coincidiendo con el comienzo de la crisis económica. La estadística supone un «tsunami para los juzgados, que además del expediente tienen que disponer de un secretario judicial y agentes cada vez que se produce un desahucio», según informaron a ABC fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La plataforma Stop Desahucios-15 M convocó ayer a los representantes de colectivos vecinales y centros cívicos de la ciudad como fedatarios para entregarles pliegos para la recogida de firmas que llevarán al Congreso para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, de modo que regule la dación en pago, el fomento el alquiler social y parar así los desahucios y sus efectos en las familias.

Uno de los miembros de esta plataforma Stop Desahucios, Rafael Vázquez, recordó que el crecimiento de los desahucios desde 2008 ha sido «exponencial», e instó a las familias a las que se les haya notificado los embargos que acuda «cuanto antes a Stop Desahucios, una plataforma que desde el pasado mes de otoño ha logrado paralizar una decena» en la capital cordobesa.

En estas circunstancias se vieron unas 600 familias cordobesas a lo largo de 2011, según datos del CGPJ, aunque la estadística no distingue si se trata de un desahucio por impago de hipoteca, renta de alquiler o negocio. Sólo registra el trámite judicial bajo el epígrafe de «levantamiento».

En cualquier caso, se trata, en palabras de Vázquez de una espiral creciente. En 2008 se ejecutaron 226 levantamientos, frente a los 263 de 2009, para pasar a los 433 de 2010 y los 599 del último año.

Estos desahucios, a juicio de la plataforma, exigen de inmediato la puesta en marcha de un Programa de Prevención de Desalojo y Mediación Inmobiliaria Social y ayuda a los residentes de ingresos bajos y moderados que están en riesgo de quedarse sin hogar debido a la imposibilidad de pagar el alquiler o la hipoteca, programas estos muy extendidos en los países anglosajones y en el resto de Europa. Hasta ahora Stop Desahucios «ha logrado parar una decena de subastas —antes de que se produjera el desahucio de todos los casos que se han puesto en contacto con nosotros— en los últimos diez meses», señaló Vázquez.

Stop Desahucios hizo ayer un llamamiento «a las familias trabajadoras que libremente se puedan acoger a la regulación de dación de pago de modo que capital, intereses, costas y comisiones quede saldada».
Medio millón de firmas

Vázquez dijo, además, que se «está pidiendo la dación en pago con carácter retroactivo, lo que significa que para los centenares de miles de personas que ya han sufrido el proceso y están en la calle con la deuda con el banco, esa deuda quedaría saldada». En esta misma demanda ciudadana la plataforma pretende además fomentar el alquiler social, por lo que la familia afectada entregaría su casa, pero si no tuviera donde ir a parar, seguiría viviendo allí y no pagaría más del 30 por ciento de los ingresos.

Desde la plataforma ciudadana surgida del movimiento 15-M se pretende recoger unas 500.000 firmas de toda España antes de octubre, cifra con la que la propuesta se tendría que tratar en el Congreso de los Diputados en menos de 6 meses.

Rafael Vázquez, sin embargo, aclaró que aunque se lleve al Congreso la dación en pago, esto no significa que finalmente sea aprobada, «pero ahí estará», sentenció. Desde que comenzó la crisis, según Vázquez, «centenares de miles de familias se han quedado sin casa, pero sí conservan la deuda. Queremos que se regule la dación en pago, entregando su vivienda y la deuda quede automáticamente cancelada».

Se trata de una campaña nacional que durará hasta el próximo mes de octubre. Cada uno de los que pretendan recoger firmas se hará fedatario , y en Córdoba la sede estará en la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara. En esta sede habrá pliegos para firmar y los interesados se podrán hacer fedatarios, con DNI, para poder recoger firmas.

Las familias que tienen este problema padecen, a juicio del portavoz de la plataforma, «una situación de depresión, abatimiento y vergüenza de la que ni siquiera se enteran los vecinos, solo lo saben cuando ven el precinto». No se trata, en palabras de este representante de la plataforma Stop Desahucios, «de una cuestión de izquierdas o de derechas, sino que la gente tiene que entender que tiene que unirse a esto sea o no más o menos simpatizante del movimiento 15-M».

Vázquez añadió que «hay que unirse si eres del 99 por ciento que no maneja los hilos de este país, de este sistema financiero global que hemos creado; si eres de ese 1 por ciento, hay que movilizarse y firmar esta iniciativa legislativa popular».

Asimismo, los representantes de Stop Desahucios recordaron que «cuanto antes se inicien los trámites antes se puede actuar, y es fundamental que se hagan en los diez primeros 10 días desde el punto de vista jurídico».

Por último desde esta plataforma, que surgió del movimiento 15-M, aseguraron que las medidas del Gobierno han sido «lamentables» porque lo que ha hecho es «elaborar un código de buenas prácticas al que libremente las entidades financieras se pueden agregar y que establece unos requisitos que el 99 por ciento de los ciudadanos no los cumple».

De hecho, aseguran que «ninguna de las familias que se pone en contacto con Stop Desahucios cumple con estos requisitos. Este decálogo no ha mejorado la situación, sino que la ha empeorado porque la entidad financiera se agarra a que la familia afectada no cumple con los requisitos propuestos por el Gobierno, con lo que la situación es más difícil».

FUENTE: ABC ESPAÑA