QUITO | SÁBADO 02/04/2011
La casa de tres pisos sin pintar era la residencia de 32 personas que llegaron al país con la esperanza de conseguir trabajo y educación. Anteanoche, los haitianos fueron rescatados por la Policía, tras un allanamiento a esa vivienda, en el sector Jaime Roldós, en el norte de Quito.
Un agente dijo a este Diario que el martes recibieron una llamada telefónica, en la cual un morador expresaba su preocupación porque había visto que extranjeros estaban como presos en la casa.
Tras una inspección, 30 agentes de la Unidad Antitrata de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) y 8 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) efectuaron un operativo entre las 20:00 del jueves y las 24:00. Hallaron pasaportes, documentos migratorios, papeletas de transacciones bancarias y un cuaderno en el que se registran pagos hechos por los afectados: entre USD 300 y USD 1 500. “Los haitianos pagaban por una beca de estudios, trabajo y un curso de español”, dijo el fiscal que lleva el caso.
Ayer, pasadas las 14:00, se efectuó la audiencia de formulación de cargos contra cuatro sospechosos, de origen caribeño. Tras la diligencia, el juez ordenó la prisión preventiva de tres de ellos: una mujer de 53 años y sus dos hijos de 25 y 20 años, quienes llegaron al país a inicios del 2010.
Ellos argumentaron, en la audiencia, que estaban creando una fundación, que tenía como objeto social recibir a haitianos en el país para darles asistencia, debido a la crisis económica y de salubridad que atraviesa ese país tras el terremoto de enero del año pasado.
Según el fiscal, la legalización de dicha fundación no se había iniciado. Él acusó a los sospechosos por presunta trata de personas: la pena podría ser de 12 años, por hallarse entre los afectados un menor de edad. La Fiscalía tiene 30 días para indagar.
Los 32 haitianos (14 mujeres y 18 hombres) reciben protección, informó el Ministerio del Interior (este habla de 31 extranjeros). “Su calidad de vida era denigrante, les daban de comer una vez al día”, señaló el fiscal. “Ahora reciben el cuidado de un organismo designado por la ONU”.
FUENTE: EL COMERCIO ECUADOR
3.4.2011