El PP, que ha hecho la propuesta, ha pedido al Congreso que adapte la actual normativa española para proteger a los niños, especialmente en el período que transcurre entre la comisión del delito y el dictamen de la sentencia firme.  El diputado popular José Miguel Castillo Calvín ha destacado la situación que sufren y ha puesto como ejemplo el caso de Salud, una niña de Almería, cuya madre fue asesinada por su padre en 2011, después de que este recibiera una petición de divorcio. La niña, según ha explicado el diputado, “no ha recibido asistencia especial alguna, ni de carácter psicológico, ni económico” y cuenta únicamente con una pensión de 250 euros mensuales, que corresponden al menor ante la pérdida de un progenitor. Esto se debe a que la pensión de orfandad no se incrementa a pesar de que el agresor haya perdido la pensión de viudedad.

Hasta el momento, el hijo de la víctima de violencia de género puede cobrar una pensión de orfandad equivalente al 20% de lo que cotice la madre. Esto implica tener la misma pensión que si la madre falleciera por alguna enfermedad. Por ello, los populares apuntan a que la Ley de Seguridad Social incluye a los menores como víctimas de la violencia de género, pero no tiene prevista una pensión de orfandad especial para atender sus necesidades concretas.

Así, la situación del menor que pierde a su madre por la violencia de género será similar a la de una orfandad absoluta en la que mueren ambos padres, ya que psicológica y legalmente también pierde a su progenitor, en especial en aquellos casos en los que el padre debe ser ingresado en prisión preventiva como medida cautelar y es privado de la patria potestad.

fuente: EL PAIS ESPAÑA 

26.02.12