YOLANDA MONGE | Washington 20/09/2011
Las cifras -son optimistas- dicen que las ejecuciones en Estados Unidos han decrecido un 12% comparado con el año 2009 y más del 50% desde 1999. La cantidad de nuevas sentencias es casi el mismo que en 2009, la más baja en 34 años (112), según informa el Centro de Información para la Pena de Muerte (DPIC, siglas en inglés, organización cuyo objetivo es aportar datos a la población sobre lo costosa que es la pena de muerte, sin entrar en valoraciones morales). Datos para pensar que quizá, a finales de este siglo, Estados Unidos rechace un castigo propio de dictaduras y países subdesarrollados.
Las cifras también dicen que Estados Unidos es junto a Arabia Saudí, China, Irán y Yemen uno de los países que más personas somete a la máxima pena cada año (en el mundo se ejecutaron legalmente el año pasado 527 personas, según Amnistía Internacional, aunque los datos sobre China son esquivos y podrían superar a los miles).
Cada cierto tiempo, un caso aviva el debate -más fuera de Estados Unidos que dentro, desgraciadamente- sobre un método cruel, inhumano y atávico que sigue vigente en 36 Estados de la Unión y ya ha sido abolido en 14. El último en sumarse a esta tendencia fue Illinois el pasado mes de marzo. En esta ocasión, se trata de Troy Davis, cuyos abogados consideran que su juicio estuvo plagado de defectos de forma e incluso siete testigos se han retractado de lo que declararon en su momento y ya no apuntan su dedo acusador hacia el condenado en 1991 por el asesinato de un policía.
Números hay muchos cuando se habla de pena de muerte en el país más poderoso de la Tierra. Números como que solo en el Estado de Texas se han matado legalmente a 474 personas desde que la pena capital fue reinstaurada por el Tribunal Supremo de EE UU en 1976 tras dos años de moratoria. A Texas le sigue Virginia con 109 y Oklahoma con 96.
Números como el que dice que un 42% de las personas que esperan su turno en el corredor de la muerte son negras (a pesar de que solo suponen un 12% del total de la población del país); un 44% son blancos; un 12% son hispanos y un 2% pertenecen a otras razas. El Estado que mayor número de presos tiene encerrados esperando la muerte es California (607).
Más del 75% de las víctimas de asesinato cuyo caso acaba en una sentencia a muerte eran blancas, a pesar de que solo el 50% de los asesinados son de esa raza.
Y de nuevo, los datos para la esperanza. Desde 2005 no se ejecuta a jóvenes por orden del Tribunal Supremo. Desde 2002 tampoco se acaba con la vida de aquellas personas con discapacidades o enfermedades mentales. Y en un capítulo aparte siempre se detalla la relación de las mujeres con la máxima pena. Desde el año 76 solo se ha acabado con la vida de 12 mujeres. Con fecha de abril de 2010 residían en los corredores de la muerte 62 mujeres -el 1,9% del total de la población que espera morir a manos del Estado-.
Hablando de frías cifras, además de salvaje, la pena de muerte es cara. Cada ejecución le cuesta al Estado de Carolina de Norte más de dos millones de dólares. En Texas, la cifra es muy similar y supone tres veces el coste de tener a alguien encerrado en una cárcel de máxima seguridad durante 40 años. En Florida, mantener en pie el mortal sistema asciende a 51 millones al año, lo que supone que cada una de las 44 ejecuciones que ha tenido ese Estado desde 1976 ha costado 24 millones cada una. El DPIC es responsable de un estudio que en principio podría sonar cínico. Su título: “Reconsiderando la pena de muerte en tiempos de crisis”.
Siguiendo con la cifras, muchos son los Estados que en estos momentos tienen la aplicación de sus ejecuciones parada debido a que tienen cero dosis de uno de los tres fármacos que se inyecta en las venas del condenado para acabar con su vida.
El Supremo de California tiene bloqueadas las ejecuciones debido a la escasez del anestésico que duerme al reo antes de que se le induzca un coma rápido y se le produzca una parada cardiorespiratoria que acabe con su vida. En Kentucky sucede lo mismo. En Arizona vivían la misma situación kafkiana hasta que, según han informado los medios de comunicación de ese Estado, la penitenciaría importase el pentotal sodio desde el Reino Unido.
Hospira, el único laboratorio que produce en EEUU el Pentotal -nombre comercial- asegura que no podrá proveer de nuevas dosis hasta principios de 2011 por problemas de producción que no especifica. Lo que se esconde detrás de la decisión de la compañía es el rechazo a que un sedante con fines médicos -se vende a las prisiones para operaciones quirúrgicas- sea usado para causar la muerte a alguien.
fuente: EL PAIS ESPAÑA