Miércoles 20 de abril de 2011
Vladimir Hernández
BBC Mundo

En Argentina hay más de 200 personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad (como secuestros, violaciones, torturas o asesinatos) durante el último gobierno militar entre 1976 y 1983.

Aún hay cientos de personas que están siendo procesadas por este tipo de causas, pero también hay un número de prófugos de la justicia a quienes se les dictó orden de arresto por haber sido partícipes en alguno de estos actos.

BBC Mundo investigó cuáles son algunos de los prófugos más emblemáticos para la justicia argentina en cuanto a personas presuntamente involucradas en la represión contra activistas políticos o civiles en dicho período de tiempo, según una la información que maneja el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una referencia en la investigación de estos casos.
De los casi 40 casos de fuga registrados, estos son algunos de los que fueron resaltados.

Aldo Mario Álvarez. Es un ex coronel del ejército que está solicitado por la justicia desde 2007. Fue el jefe de inteligencia de este cuerpo castrense en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, durante el gobierno militar.

“El caso de Álvarez tiene que ver con el puesto jerárquico de importancia que ocupaba en la represión. De los que quedaron vivos en Bahía Blanca todos lo señalan como el responsable de mayor cargo”, dijo a BBC Mundo Lorena Balardini, investigadora del CELS.

El ex coronel -quien hasta principios del 2000 tuvo una empresa de seguridad privada- está imputado múltiples veces en una megacausa (un juicio que por la cantidad de querellantes se agrupa en un sólo proceso) de toda la provincia.

Álvarez, de más de 80 años, fue indultado en los años ochenta durante el gobierno de Raúl Alfonsín, pero tras la derogación de las leyes del perdón, cuando llegó Nestor Kirchner al poder, fue nuevamente requerido por la justicia.

“Hay dos tipos de tendencias que marcan a los prófugos. Están los que se fugan cuando se les imputa, como Aldo Mario Álvarez, y los que sólo se sabe que están fugados cuando se les busca”, explicó la investigadora.

El Ministerio de Justicia ofrece US$25.000 dólares por información que conduzca a su captura. Hay nueve efectivos del ejército que están solicitados sin que se conozca su paradero.

Jorge Raúl Vildoza y Ana María Grimaldos. Jorge Raúl Vildoza es un capitán de la Armada y Ana María Grimaldos, su esposa. Ambos, probablemente con más de 70 años de edad, son los que más tiempo tienen huyendo de la justicia desde que en 1986 se dictó su orden de captura por la apropiación de un menor.

En Argentina hay 34 casos en los tribunales por la entrega ilegal de bebés de mujeres que dieron a luz en centros de detención clandestinos. En algunos casos los niños eran entregados a los torturadores de sus padres. Además, la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, formada principalmente por madres de detenidos “desaparecidos” ha identificado a 104 bebés que fueron dados por militares o civiles.

Uno de estos casos involucra a esta pareja y está relacionado con Cecilia María Viñas, quien dio a luz en cautiverio. Su hijo, Javier Gonzalo Penino Viñas, fue entregado a Vildoza y su esposa, pero al final de la década de los noventa fue él mismo quien descubrió la verdad mientras la familia vivía en Suiza.

Penino Viñas regresó a Argentina y recobró su verdadera identidad en 1999.

Vildoza es requerido en otra causa, también emblemática: lo sucedido en la tristemente célebre Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los centros de detención más conocido por sus horrores.

Este militar era jefe de un grupo de tareas cuya función era recoger información sobre personas consideradas “subversivas”, detenerlos, interrogarlos con métodos que normalmente incluían torturas y, en un número de casos, terminaba con su “desaparición” u homicidio.

“Él era jefe de toda esta estructura en la ESMA y es una de las caras emblemáticas de esta causa”, aseveró Balardini.

“Nuestra labor es reconstruir todo el rompecabezas de estos casos, no con una sino con varias fuentes que después cotejamos con la unidad fiscal. Y si hubo orden de detención por parte de las autoridades, es que hay pruebas de un delito lo suficientemente grave”, agregó.

La recompensa por la captura de Vildoza o Grimaldos, según el despacho de Justicia, es de US$25.000 por cada uno. También están solicitados por la Interpol.

Luis Enrique Baraldini. Este ex coronel del Ejército argentino fue jefe de la policía de la provincia de La Pampa y se encuentra prófugo desde 2003.

“Es requerido por toda la represión ocurrida en La Pampa, que ocurrió con él como jefe de policía en cargo de interventor”, señaló la investigadora del CELS.

Baraldini está solicitado en una causa que lo acusa de responsabilidad en la detención ilegal, tortura y homicidio de detenidos. Una vez que se le imputó, se le perdió el rastro en Argentina.
Sin embargo, pocos años después se supo que este militar se encontraba en Santa Cruz, Bolivia, con un nombre diferente.

Incluso fue condecorado por el ejército boliviano por su labor de comisario de pruebas ecuestres.

En 2009 Baraldini fue acusado por las autoridades del gobierno de Evo Morales de conspiración en un caso en que se acusó a varios ciudadanos extranjeros de un complot para asesinar al mandatario boliviano.

Desde entonces el paradero de este ex oficial es desconocido y pesa sobre él una orden de captura internacional y se ofrece una recompensa de US$25.000 por información que conduzca a su captura.
“La policía aeroportuaria ha sido muy efectiva a la hora de detener a algunos de los fugados si intentan salir del país”, explicó la investigadora.

Eduardo Salvador Ullua. No sólo militares argentinos están prófugos por crímenes de lesa humanidad.
Eduardo Salvador Ullua es un abogado y forma parte de un grupo de más de 10 civiles requeridos por la justicia.

Por ningún otro prófugo hay una oferta de recompensa tan alta que los US$50.000 que ofrece por Ullua el Ministerio de Justicia argentino.

Este abogado es acusado, como miembro de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), en Mar del Plata, de haberse infiltrado en las universidades a recopilar información de presuntos “subversivos” para entregarla a los grupos de tarea que luego los llevarían a los centros de detención.
“Hubo un hecho llamado ‘la noche de las corbatas’ donde ocurrió un secuestro de varios abogados (se habla de unos siete) y se responsabiliza a la CNU de ello”, señaló Balardini.

Ullua, quien es acusado por el homicidio de una estudiante durante el gobierno militar, pasó 17 años en prisión por narcotráfico al ser capturado en la llamada Operación Langostino, en 1988.
Una vez en libertad se reemprendieron los esfuerzos para capturarlo por su participación en violaciones a los derechos humanos, pero fue declarado prófugo en 2008