C on la promulgación del reglamento de la Ley de Servicios de Seguridad Privada, el Gobierno ha dado un paso importante en la ardua tarea de consolidar una eficaz política nacional de seguridad ciudadana, en la que deben intervenir, además del papel conductor y rector del Estado, todos los estamentos de la sociedad peruana, incluyendo, como en este caso, al sector privado.
El indicado instrumento legal dispone expresamente que las empresas de servicios de seguridad privada, en adelante, estarán obligadas a prestar colaboración, auxilio y apoyo obligatorio a la Policía Nacional cuando ésta lo requiera.
De este modo, se estima que alrededor de 120 mil agentes privados reforzarán las labores de seguridad ciudadana en el país, al incorporarse como fuerzas de apoyo a la Policía Nacional.
En este punto es necesario subrayar el carácter de “fuerzas de apoyo” que la norma otorga al contingente de agentes privados, toda vez que no están facultados para actuar como autoridad pública, pero su concurso en los esfuerzos que realiza el Estado para combatir al crimen organizado será, sin duda, muy valioso.
A la red constituida por los servicios de serenazgo que brindan las municipalidades se suma ahora el personal entrenado con sus respectivos equipos y sistemas de alerta y vigilancia que tienen que integrarse y acoplarse con los que utiliza la Policía Nacional.
De acuerdo con la División de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), alrededor de 85,000 agentes pertenecen a numerosas empresas dedicadas a brindar servicios de seguridad corporativa y 35,000 laboran en compañías e instituciones privadas, como centros comerciales, clubes y otros.
La misma fuente indica que las empresas de seguridad privada cuentan con 20,000 equipos de comunicación de última generación, 50,000 armas de fuego y 3,000 vehículos.
El mencionado reglamento dispone –es importante subrayarlo– que el personal que presta servicio de seguridad privada debe recibir formación, capacitación, actualización y seminarios de especialización en Centros Especializados de Formación y Capacitación en Seguridad Privada (Cefocsp), los que serán autorizados previamente por la Dirección General de Educación Superior y Técnico-Profesional y el Ministerio de Educación.
La Dicscamec, por su parte, supervisará y controlará a las empresas de seguridad privada por lo menos una vez al año y con visitas inopinadas, con la finalidad de garantizar la idoneidad de los servicios que prestan a la sociedad.
La seguridad ciudadana, es decir el derecho que tiene todo peruano a vivir seguro y protegido y a la intangibilidad de su patrimonio, es una de las tareas más urgentes que asume el Gobierno Nacional, así como las regiones y las municipalidades provinciales y distritales del país.
En momentos en que el país crece económicamente y mejora la calidad de vida de la población, establecer un sistema de seguridad eficaz y confiable es tarea en la que todos tenemos que aportar nuestros mejores esfuerzos.
FUENTE: EL PERUANO
Fecha:01/04/2011