▪ La iniciativa, enmarcada en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, contribuirá a la solución de conflictos en el ámbito extrajudicial y reducirá la carga de trabajo de los tribunales al
permitir a los ciudadanos solucionar sus diferencias sin necesidad de acudir al juez 8 de abril de 2011. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el proyecto de ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.

La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012, representa un
importante impulso normativo para aliviar de carga de trabajo a juzgados y tribunales mediante la resolución de este tipo de conflictos en el ámbito extrajudicial. Por tanto, los ciudadanos podrán resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a un juicio.

Circunscrita al ámbito de competencias del Estado, la Ley de Mediación articulará un marco mínimo para el ejercicio de la mediación sin perjuicio de las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas.

Asimismo, el proyecto viene a incorporar al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación transfronteriza en asuntos civiles y mercantiles.

Principales características de la Ley de Mediación
■ Se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales
o transfronterizos. Se excluyen expresamente la mediación laboral, penal
y en materia de consumo.

■ Las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas
por las diversas administraciones podrán asumir las funciones de
mediación, dando continuidad a la tarea que ya vienen desempeñando.

■ Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de
reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá el
inicio de la mediación, al menos, mediante la asistencia a la sesión
informativa gratuita, como requisito previo para acudir a los tribunales.

■ Nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el
procedimiento de mediación.

■ La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o
caducidad de acciones judiciales.

■ El procedimiento garantiza la confidencialidad y la imparcialidad del
mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida
concreta alguna.

■ Se fija un plazo máximo para la mediación de dos meses, prorrogable
por otro más.

■ El proyecto establece la configuración del acuerdo de mediación como
un título ejecutivo equiparable a los laudos arbitrales y a tal fin introduce
en la Ley de Enjuiciamiento Civil las reformas precisas.
Estatuto del mediador

Para dar garantías de profesionalidad y calidad a la actividad, se regula
un estatuto mínimo del mediador, con las siguientes condiciones para
ejercer como tal:

■ Tener un seguro de responsabilidad civil.

■ Estar inscrito en un registro público y de información gratuita para los
ciudadanos.

Se regulan también los derechos y deberes de los mediadores y el de los
servicios e instituciones de mediación, que igualmente deberán inscribirse
en el registro.

La ley permitirá también el desarrollo de la mediación a través de medios
electrónicos, siempre que se garantice la identidad de los intervinientes y
el respecto a los principios de mediación.