La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil decidió revocar una sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda por daños y perjuicios que los actores presentaron contra el letrado a quien le habían encomendado la tramitación de un juicio de daños y perjuicios que finalizó de un modo anormal, tras haberse decretado en la causa la caducidad de instancia.

En su reclamo, los actores señalaron que la mentada caducidad impidió reiniciar otro proceso al haberse operado la prescripción de la acción, lo que vedó a los pretensores la posibilidad de obtener una sentencia favorable que los resarciera de los perjuicios sufridos.

Si bien el juez de grado estimó acreditada la mala praxis profesional al tener por configurada la existencia de una conducta antijurídica del accionado, rechazó la demanda de los daños reclamados, debido a que entendió que el actor carecía de chance de tener éxito en el juicio. El magistrado de grado, invocó la aplicabilidad del fallo plenario “Valdez c/ El Puente S.A.T.”, por lo que entendió que se encontraba a cargo de los pretensores la prueba de los eximentes que interrumpiera el nexo causal.

El magistrado de primera instancia consideró que tales eximentes no se encontraban acreditados, por lo que determinó que debía jugar en la especie la responsabilidad objetiva que recaía sobre los accionantes por imperio del artículo 1113 del Código Civil, lo que le vendría a eliminar toda posibilidad de chance de salir triunfantes en el pleito.

En los autos caratulados “H. J. A. c/ C. J. L. s/ daños y perjuicios”, ante la apelación de los demandantes, los jueces que integran la Sala B, manifestaron su disidencia con la sentencia de grado, en cuanto a lo resuelto por el magistrado de primera instancia en cuanto estimó que en la demanda que entablaron los actores en el juicio “H., Jorge Alberto y otro c/ Zubiría, Oscar Esteban” recaía sobre los accionantes una presunción de responsabilidad y que, por lo tanto, se encontraba a cargo de ellos la prueba de los eximentes liberatorios.

Los camaristas al sostener que fue errado el enfoque dado en ese planteo por el juez de grado explicaron que “tratándose en el caso de una colisión de automotores, no se neutralizan los riesgos que aquellos generan sino que se mantienen intactas las presunciones de responsabilidad que consagra el art. 1113 del Código Civil, por lo que incumbe a la parte que es sujeto pasivo de una acción de daños demostrar los eximentes de responsabilidad que invoque”.

En tal sentido, los magistrados explicaron que “no será ya la parte actora o reconviniente la que deba acreditar la culpabilidad del otro conductor”, sino que “será éste (o el demandado titular dominial del vehículo) quien tendrá que probar la culpabilidad total o parcial de la víctima, o la intervención de un tercero ajeno, si pretende interrumpir en todo o en parte el nexo causal que emana de la aplicación de los presupuestos jurídicos antes reseñados”.

En base a ello, los jueces entendieron que el juez de grado había realizado una inversión equivocada de la presunción de responsabilidad, debido a que “dicha presunción de responsabilidad recaía sobre los demandados, y no sobre los accionantes; y es a aquéllos, y no a éstos, a quienes correspondía probar los eventuales eximentes que les permitiera liberarse de su deber de responder que- en principio- la norma citada atribuye a quienes son sujetos pasivos de la acción de daños y perjuicios”.

“Partiendo de los referidos lineamientos es que se tienen que analizar los elementos probatorios colectados; y sólo cabrá entender que los actores no tenían ninguna chance de triunfar en el mentado pleito -al menos parcialmente- si consideramos que -con esas probanzas que tengamos en nuestras manos-debe tenerse por acreditada la ruptura total del nexo causal”, explicaron los camaristas.

Según sostuvieron los camaristas, las constancias obrantes en la causa llevan a dar una respuesta negativa al anterior planteo, debido a que entendieron que de ninguna forma puede considerarse que se lograría tener por probado el quiebre total del vínculo causal, de lo que se sigue la probabilidad de que el co – accionante podría haber logrado al menos la admisión parcial de su demanda de no haberse decretado la caducidad de la instancia.

En la sentencia del pasado 1 de julio, se determinó que “el co-actor H. -en el juicio “H., J. A. y otro c/ Zuviría, Oscar Esteban”-contaba con una probabilidad suficiente de tener como mínimo un éxito parcial en la demanda que había entablado”, por lo que consideraron los jueces que correspondía fijar la cuantía de la indemnización.

Con relación a las pretensiones indemnizatorias de los actores, los jueces determinaron que correspondía computar a los fines indemnizatorios “sólo las posibilidades que tenían los pretensores de percibir en los autos indicados las sumas reclamadas, que no pueden ir más allá que los rubros que los propios actores requirieron; a saber: daños a la salud, incapacidad sobreviniente, las dos ortesis del pie, gastos de medicamentos, gastos médicos, lucro cesante, daños al vehículo, gastos de movilidad, compra de nuevo vehículo, daño psicológico, daño moral, y daños reclamados por Industrias H. S.A.”.

Junto con la indemnización por daño material, los jueces también hicieron lugar a la indemnización por daño moral, debido a que consideraron que “en el caso concreto, no cabe ninguna duda que la conducta inadecuada del profesional demandado -vale decir, su mala praxis profesional que generó la caducidad de la instancia- generó en el Sr. H. angustias y padecimientos -que holgadamente superaron las meras molestias e incomodidades”, ya que “como cliente, es de suponer que había depositado en el letrado toda su confianza y expectativas que terminaron por ser injustamente defraudadas”.

Sin embargo, con relación a Industrias H. S.A., dado que se había reclamado por el supuesto perjuicio ocasionado a la empresa alegando que se perdieron negocios y operaciones debido a la imposibilidad de H. de seguir con su conducción, los camaristas sostuvieron que “no sólo hay una dificultad patente para justipreciar este rubro -aceptada por los propios pretensores- sino que, además, estimo que lejos están esos supuestos daños de la empresa de guardar una relación causal relevante -desde el punto de vista jurídico- con el siniestro bajo estudio”, sino que “tales hipotéticos perjuicios no constituyen consecuencias que puedan calificarse de directas e inmediatas del hecho que se juzga”.
FUENTE ABOGADOS.COM.AR
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En los autos caratulados “Sessa Sergio Alejandro s/ quiebra”, el fallido apeló la resolución que rechazo su pedido de que fuesen excluidos de la subasta decretada en el presente caso una serie de bienes ubicados en su hogar, entre los que se encontraban un equipo Home Theater, un equipo de música, una pantalla LCD de 32”, y dos aire acondicionado tipo Split.

En su apelación, el recurrente sostuvo que la privación de tales bienes significaba un exceso injustificado, debido a que afecta el bienestar mínimo al que tiene derecho.

Al analizar el presente caso, los jueces que integran la Sala A, tuvieron en cuenta que de acuerdo a las constancias obrantes en este proceso falencial, la sindicatura había incautado en el domicilio del quebrado una serie de bienes para su posterior venta en subasta pública. De tales bienes, el juez de grado había excluido del remate un televisor de 14”, un sofá color blanco de tres cuerpos, un calefón y un lavarropas.

Los camaristas explicaron que el artículo 108 de la Ley de Concursos y Quiebras dispone que quedan excluidos del desapoderamiento derivado del estado falencial “los bienes inembargables”, mientras que el artículo 177 de la Ley de Concursos y Quiebras, al regular las formas de incautación, establece que “los bienes imprescindibles para la subsistencia del fallido y su familia deben ser entregados al deudor bajo recibo, previo inventario de los mismos”.

Tras remarcar que “el ordenamiento procesal -aplicable al caso en virtud de la remisión efectuada por el art. 278 LCQ- menciona entre los bienes inembargables a los “muebles de indispensable uso”, los magistrados dejaron en claro que “fue intención del legislador dejar librado al prudente arbitrio judicial la apreciación de cuáles eran los bienes susceptibles de ser encuadrados dentro de sus previsiones, debiéndose destacar asimismo que dicha “necesidad” debe ser experimentada por la mayoría de las personas en determinado momento, ya que solo están exceptuados del embargo, los bienes corrientes en un hogar de nivel medio de vida”.

En base a ello, los camaristas concluyeron que “el juego de living, que los sillones de dos cuerpos razonablemente integran, forman partes -como regla- el ajuar mínimo de un hogar, considerándoselos indispensable para la vida hogareña”, por lo que “se justifica su exclusión de la subasta, no habiéndose demostrado que dichos bienes posean características especiales que autoricen a encuadrarlos como un bien que deba ser excluido del principio antes expuesto”.

En la sentencia del pasado 9 de septiembre, los jueces resolvieron que “igual solución cabrá adoptar respecto del televisor marca Sony de 30″, en tanto se estima que un bien de esas características resulta -hoy por hoy- propio de un hogar medio, mientras que el televisor de 14″ se halla próximo a la obsolencia por lo cual, también se acogerá el agravio en este punto”, debido a que “la televisión constituye en la actualidad un medio de información corriente puesto al servicio del hombre común, siendo a la par un recurso para lograr el esparcimiento ante la falta de acceso a otros entretenimientos más costosos”.

Sin embargo distinta solución aplicaron al resto de los muebles en cuestión, entre los que se encuentran el equipo de audio, el Home Theater, la pantalla LCD 32” y los dos equipos de aire acondicionado tipo Split, debido a que “por las características que estos bienes poseen, sumada a la duplicidad existente en el caso del televisor, bien permite encuadrarlos en el ámbito de los bienes suntuarios y por lo tanto ser considerados prescindibles, toda vez que no se advierte que la falta de ellos provoque una alteración en la vida normal de la persona”.

ABOGADOS.COM
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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada contra un letrado por parte de quien había sido su patrocinado en un juicio laboral. Los camaristas atribuyeron 100% de responsabilidad a la letrada patrocinante del trabajador despedido, quien vio frustrado sus derechos al haberse declarado la caducidad de instancia en la causa donde perseguía el cobro de créditos laborales.

En la causa “V. P. A. c/ P. A. B. s/ daños y perjuicios”, el actor inició la demanda contra quien fuera su letrada patrocinante en un juicio laboral que tramitó finalmente como incidente de verificación de créditos, el cual culminó por caducidad de instancia.

La sentencia de grado admitió parcialmente la demanda, debido a que imputó el 50% de responsabilidad a ambas partes en la producción de los hechos.

Dicha resolución fue apelada por ambas partes, quienes se quejaron por la responsabilidad atribuida. Por un lado, la demandada imputó la responsabilidad al actor por la conclusión anormal del juicio, debido a que según sus dichos, aquél no quiso presentar recurso extraordinario, a la vez que sostuvo que no había actuado con negligencia debido a que no se tuvo en cuenta en el juicio la doctrina mayoritaria del fuero comercial de no decretar la caducidad en procesos cuyo reclamo consiste en un crédito laboral.

Por su parte, el actor aludió que no existió tal negativa, y que para el caso de haberse negado ese hecho no tiene relación de causalidad con la caducidad ya dictada porque no modificaría el resultado.

En primer lugar, el voto mayoritario de la Sala L sostuvo que resulta “un hecho objetivo que el proceso comercial culminó por un modo anormal de terminación de procesos, siendo que estaba a cargo de la dirección letrada cumplir los actos procesales conducentes para obtener la finalización del juicio con el dictado de la sentencia, sea favorable o no”.

Los camaristas entendieron que el argumento de la demandada basado en que la postura del juez de la causa comercial fue contraria a la doctrina mayoritaria, no justifica su accionar negligente, debido a que “el abogado no debe desentenderse de la marcha del litigio, prescindiendo de tomar contacto directo con las actuaciones judiciales”.

En tal sentido, la mayoría de la mencionada Sala señaló que “el patrocinio implica asumir la plena dirección del proceso hasta su fin de la mejor manera posible”, por lo que “si se acreditó que el juicio perimió debió probar la emplazada una razón debidamente justificada que le hubiere impedido avanzar en el proceso antes del vencimiento del plazo de caducidad, circunstancia que no ocurrió”.

En base a ello, el voto mayoritario consideró que correspondía atribuir la totalidad de responsabilidad a la letrada demandada por el presente hecho.

Al analizar la indemnización por pérdida de chance, el voto mayoritario sostuvo que “si bien la pérdida de un juicio por omisiones o errores imputables al letrado, configuran generalmente un daño cierto, la indemnización no puede consistir en los importes que se hubieran reclamado en aquél proceso con más los intereses”, debido a que “el resarcimiento en tales casos consiste en la pérdida de la chance o posibilidad de éxito en las gestiones, la que debe ser apreciada judicialmente según el mayor o menor grado de probabilidad de convertirse en cierta y de acuerdo a las circunstancias del caso”.

Tras resaltar que “no se trata de un daño puramente hipotético, sino que se trata de un crédito laboral de carácter alimentario que ante el decreto de caducidad y posterior pérdida del privilegio, se frustró toda posibilidad de acogimiento de la demanda”, los jueces concluyeron que procede la indemnización por este rubro, fijando la suma en 55 mil pesos.

Con relación al daño moral, en la sentencia del pasado 2 de agosto, la mayoría del tribunal entendió que “los padecimientos a los que se vio sometido el actor al ver perdida la posibilidad de ganar el juicio que por despido indirecto tuvo que iniciar, permiten considerar que se han originado en él perturbaciones de índole emocional o espiritual que deben ser resarcidas”, fijando la suma por tal rubro en 20 mil pesos.

FUENTE: ABOGADOS.COM.AR
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