Fariseos, mercaderes y payasos
Lun, 13/09/2010 – 05:00
Por Javier Diez Canseco
La noche del 14/6/95, mientras el país dormía, el “Congreso Constituyente Democrático” aprobó la Ley 26479 a iniciativa del fujimonteCinismo con el voto de su perro faldero, Rafael Rey. Era una amnistía a todos los miembros de las FFAA, PNP y civiles denunciados o condenados por violaciones de DDHH cometidas en acciones contrasubversivas entre mayo de 1980 y el 15 de junio de 1995, cerrándoles todo proceso. Fue una respuesta a la investigación sobre la matanza en Barrios Altos de 15 hombres, mujeres y niños –noviembre del 91– a manos del Grupo Colina del SIN, liderado por Montesinos, Rivero Lazo y Santiago Martin Rivas. La investigación judicial civil había avanzado mucho. En mayo del 93 y enero del 95, oficiales EP –entre ellos el Gral. Rodolfo Robles– denunciaron que el Grupo Colina, destacamento que operaba con conocimiento de Fujimori y el Comandante General del EP, era responsable de la matanza. Ante ello, en abril del 95, el fuero militar pidió a la Corte Suprema tener jurisdicción sobre el caso, pero antes que ésta votara, la ley de amnistía lo archivó.
El 15/6/95, la valiente jueza del caso Barrios Altos, Antonia Saquicuray, declaró inaplicable la ley de amnistía. Pero, 13 días después, el fujimonteCinismo y Rey dieron una nueva ley, la 26492, que prohibía a los jueces pronunciarse sobre la legalidad o aplicabilidad de la primera amnistía, anulando la resolución de la Dra. Saquicuray. Para colmo, amplió la amnistía a todos los militares, policías y civiles que aún no hubieran sido denunciados por violación de DDHH. Este tinglado se cayó con Fujimori, en medio de gran presión internacional pues la Corte Interamericana declaró inaplicable la amnistía para el caso Barrios Altos. Luego, la CVR aclara muchos crímenes, concitando el odio fujimontesinista de Giampietri, Cipriani, Rey, los Aldo M. y Cía.
Este es el pasado del fariseo Rafael Rey, predilecto del fariseo mayor, el obispo que se refería a los DDHH como “esa cojudez” y no recibía en Ayacucho a las madres de los desaparecidos. Hoy lo revive como Ministro de Defensa, asesorado por los abogados del fujimorismo y de criminales atroces –Nakazaki, Sergio Tapia (abogado de Giampietri y los procesados por la matanza de El Frontón)– con intervención del presidente de la Comisión de Justicia y DDHH del Congreso, abogado de Fujimori, Rolando Sousa, en abierta colusión con los familiares del criminal Grupo Colina. Hasta lista de beneficiarios hicieron. Gracias a la denuncia de IDL-Reporteros, el engendro y parto bajo la mesa del DL 1097 (y los 1094, 1095 y 1096) es conocido hoy.
Mantilla ya logró que un juez archive los casos del Comando Rodrigo Franco. Piden lo mismo Rivero Lazo y el cobarde Santiago Martin Rivas (que fugó de los familiares por una ventana del Congreso). El país descubre –asombrado– la verdad. El fariseo y sus mercaderes del derecho (Nakazaki, Tapia y Sousa) han quedado desnudos. Su bíblico desalojo del templo, a latigazos, debería ser cuestión de horas. Los DL son un acto delictivo de colusión de Rey con los abogados de los violadores. El repudio compromete a la opinión pública, la prensa independiente, los Colegios de Abogados, la Conferencia Episcopal, los organismos de DDHH y, ciertamente, al Relator de la ONU sobre DDHH y la Comisión Interamericana de DDHH. La impunidad a los crímenes de lesa humanidad desde el Estado, mientras se exige severidad para los crímenes atroces de SL y el terrorismo, es incongruente éticamente y políticamente peligroso: garantiza el abuso de poder impune y facilita a un gobierno de Keiko y el APRA el indulto y libertad de Fujimori y su siamés Montesinos.
Los DL deben derogarse. Rey y Sousa deben ser acusados y destituidos por colusión. Nakazaki, Tapia y Cía. procesados y expulsados del CAL que requiere limpiarse de tan nauseabundos tipejos. Y los payasos en la PCM (“no sabía nada”) y en el Ministerio de Justicia (“no lloraré ni guardaré luto si se derogan”) deben mostrar convicciones e irse, mostrando vergüenza propia.