31/Jul/10: ¿Los ciudadanos privados de libertad pierden sus derechos políticos?

Las constituciones de los Estados democráticos del mundo incluyen a los derechos políticos como parte de los derechos fundamentales de la persona. Y, sin duda, de estos derechos, el sufragio constituye el más importante; siendo su ejercicio una de las más evidentes manifestaciones de la ciudadanía, es decir, de la condición de pertenencia a una comunidad política. De ahí que los ciudadanos de una república son tales en tanto pueden ejercer sus derechos políticos, especialmente el sufragio.
El derecho político fundamental del sufragio tiene, a su vez, dos manifestaciones o dimensiones: el derecho a elegir (doctrinariamente denominado “sufragio activo”) y el derecho a ser elegido (el denominado “sufragio pasivo”). La Constitución peruana consagra estos derechos en su artículo 31, al señalar que: “Los ciudadanos tienen (…) el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica.”

Al ser el ejercicio de los derechos políticos, en especial del sufragio, manifestaciones de la condición de ser ciudadano, la suspensión de la ciudadanía implica también la suspensión del ejercicio de estos derechos. Ahora bien, de conformidad con el inciso 2 del artículo 33 de la propia Constitución, el ejercicio de la ciudadanía se suspende, entre otras razones, “por sentencia con pena privativa de la libertad”.

Entonces, ¿puede una persona privada de su libertad, por haber sido recluida en un centro penitenciario, ejercer sus derechos políticos?, ¿mantiene esta persona el derecho de sufragio en sus dos dimensiones?, es decir, ¿puede elegir y ser elegida? Me planteo estas preguntas a propósito de una noticia aparecida hace unos días en el diario Perú.21, que da cuenta que un Jurado Electoral Especial (JEE) habría admitido la candidatura de una persona privada de su libertad, por estar siendo procesada por la presunta comisión de diversos delitos.

Sobre este particular, el mismo diario señala que, según la opinión del abogado experto en temas municipales Julio César Castiglioni, el JEE debió rechazar la postulación del procesado en cuestión, ya que este “está impedido de ejercer sus derechos civiles porque un interno no puede sufragar. Si no puede votar, no puede ser candidato”. En tal sentido, según el mismo Castiglioni, el JEE habría desconocido el artículo 5 de la Resolución 247-JNE [se refiere al “Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales del Año 2010” aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante la Resolución N.º 247-210-JNE] que señala que no pueden postular las personas que están suspendidas en el ejercicio de su ciudadanía.

A nuestro juicio, la opinión del abogado Castiglioni, a pesar de ser políticamente correcta –considerando que el procesado en cuestión es nada menos que el ex alcalde de Coronel Portillo (Pucallpa) Luis Valdez Villacorta, acusado de lavado de activos, narcotráfico y homicidio, no es fácil sostener que tiene expeditos sus derechos políticos– es jurídicamente equivocada.

Tiene razón el experto en temas municipales respecto a que, de conformidad con el artículo 5 del referido reglamento, uno de los requisitos para poder ser candidato a cargos regionales y municipales es no estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía. No obstante, se equivoca al considerar que la ciudadanía de una persona se suspende por el solo hecho de haber sido recluida en un centro penitenciario.

Todos los “internos” en los centros penitenciarios se encuentran en una de estas dos situaciones: o están en condición de procesados o lo están en condición de sentenciados o condenados. Los procesados son aquellos que aún no tienen dictada en su contra una sentencia firme (consentida o ejecutoriada), que tenga la calidad de “cosa juzgada”, que les imponga una pena privativa de la libertad, pero que se encuentran recluidos preventivamente como una medida precautoria para evitar una eventual evasión de la justicia. Los condenados son aquellos que, tras haber sido procesados y haber agotado todas las instancias a las que pudieran haber recurrido, han sido sentenciados en instancia final con una pena privativa de la libertad, esta vez en forma definitiva.

Teniendo en cuenta esas dos condiciones, la suspensión de la ciudadanía establecida por el citado inciso 2 del artículo 33 de la Constitución, únicamente alcanza a los condenados; de ningún modo a los procesados. Esto en virtud del principio jurídico penal de presunción de inocencia, por el cual alguien sólo puede ser condenado si se ha demostrado fehacientemente su culpabilidad, dentro de un proceso penal que siga todas las garantías del debido proceso.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en su condición de supremo intérprete de la Constitución, ha sido categórico en advertir que, “cuando el artículo 33º de la Constitución dispone que ante el dictado de una pena privativa de libertad, puede quedar suspendido el ejercicio de la ciudadanía, en primer lugar, alude a sentencias firmes…” (Fundamento 74 de la sentencia del 21 de julio de 2006, expedida en el Exp. N.° 2730-2006-PA/TC).

Lo manifestado no sólo lo establece el Tribunal Constitucional, sino le queda meridianamente claro al Jurado Nacional de Elecciones. En efecto, en el mismo artículo 5 del “Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para las Elecciones Regionales y Municipales del Año 2010” (en base al cual el abogado Castiglioni expresa la opinión que le es requerida por Perú.21), el organismo electoral precisa lo siguiente:

“Tienen suspendido el ejercicio de la ciudadanía quienes resulten afectados por las resoluciones judiciales señaladas en el artículo 33 de la Constitución Política del Perú y los incisos a), b) y c) del artículo 10 de la LOE, las que deben estar consentidas y/o ejecutoriadas.”[literal d) del numeral 5.1]

Por si no quedase claro, y específicamente respecto a los requisitos para ser candidato a un cargo municipal, el ente electoral señala como uno de esos requisitos:

“Ser ciudadano en ejercicio y tener DNI. No estar suspendido en el ejercicio de la ciudadanía por resolución judicial señalada en el artículo 33 de la Constitución Política del Perú y los incisos a), b) y c) del artículo 10 de la LOE, consentida o ejecutoriada.” [literal a) del numeral 5.2]

Antes de concluir, debemos precisar que si bien en nuestro país los procesados privados de su libertad, en los hechos, no ejercen el sufragio activo o derecho a elegir; tal situación ocurre no porque se les haya suspendido su ciudadanía, sino porque el Estado peruano aún no implementa el voto en centros penitenciarios; como si lo han hecho países como Costa Rica, España, Panamá, Bolivia, Ecuador, Argentina o Colombia, por sólo señalar algunos casos.

Tan cierto es lo manifestado respecto a que los procesados privados de libertad no tienen suspendido su derecho al sufragio activo o derecho a elegir, que el propio Jurado Nacional de Elecciones, a través del artículo 9 del “Reglamento de Dispensas por Omisión al Ejercicio del Sufragio e Inasistencia a la Instalación de la Mesa de Sufragio” (aprobado por Resolución N.º 4296-2006-JNE), ha establecido un procedimiento para que: “Los ciudadanos internados en los centros penitenciarios que hasta el día de la elección no hayan sido condenados por sentencia con pena privativa de la libertad y/o con sentencia que lo inhabilite de sus derechos políticos, podrán solicitar dispensa por omisión al sufragio…”