Publicado en EL COMERCIO, lunes 13 de mayo de 2013, pág. a4
PROPUESTA. Pasará a la historia el acopio manual de firmas de los ciudadanos que están a favor de la revocación de alguna autoridad.
El JNE, la ONPE y el Reniec proponen modificar el porcentaje de votación requerido para sacar de su puesto a una autoridad.
El Congreso evalúa cambiar el trámite para la revocación de autoridades edilicias y regionales. El sistema electoral en su conjunto y Gana Perú han elaborado propuestas para que esta consulta popular no sea una herramienta de venganza política.
Por: Jorge Saldaña Ramírez
¿Cuántas autoridades públicas han sido revocadas durante los últimos 15 años? Cerca de un millar de regidores y 277 alcaldes (la mayor parte distritales y pocos provinciales), según el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla en su blog Politika.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad [SIC. Lo correcto es “Identificación”] y Estado Civil (Reniec) han preparado un proyecto de ley para corregir el trámite y aprobación de un proceso de revocación.
¿En qué consiste? Según conoció ayer El Comercio, la iniciativa legislativa plantea eliminar las nuevas elecciones para sustituir a las autoridades revocadas. Las fuentes electorales consultadas refirieron que con esta medida se eliminaría una de las razones para revocar autoridades locales.
El otro alcance del proyecto apunta a modificar la votación que se requiere para defenestrar a alguna autoridad municipal o regional. La Ley de Participación Ciudadana dice que hay revocación si se registra una votación favorable equivalente a la mitad más uno de los votos válidamente emitidos. La propuesta en ciernes plantea que la revocación proceda cuando se pronuncie la mitad más uno del total de electores del padrón electoral. En otras palabras, si esto se hubiese aplicado en la consulta popular del 17 de marzo en Lima, ninguno de los regidores metropolitanos habría sido destituido.
El proyecto de los entes integrantes del sistema electoral sugiere eliminar el límite de las 400 mil firmas requeridas para tramitar la revocación. Lo que se propone es que el tope sea uniforme en el ámbito nacional y equivalente al 25% de firmas del padrón.
Otro detalle de la iniciativa es que incluye un novedoso sistema de recolección de firmas. Se pasaría del actual formato de llenado manual de planillón al mecanismo de adhesión biométrica. O sea, la verificación electrónica del ciudadano que está a favor de la revocación. Con ello se eliminaría, por ejemplo, la falsificación de adherentes a la consulta popular.
Gana Perú: cambios puntuales
El partido de gobierno Gana Perú también plantea cambios de fondo a la Ley de Participación Ciudadana. Además de los temas reseñados líneas arriba, añade elementos que serán discutidos en la Comisión de Constitución.
Por ejemplo, sugiere que los próximos procesos revocatorios respondan, de manera estricta, al mejoramiento de la gestión. Si esto se aprueba, se acabará el revocar por revocar, alerta el autor de la propuesta, el oficialista Rogelio Canches.
“Hoy el que pierde una elección es el primero en buscar la revocación. Se revoca por revocar y se pierde tiempo y dinero”, dijo.
Estas iniciativas legales serán estudiadas en la Comisión de Constitución. Según el cronograma de ese grupo de trabajo, estos y otros cambios electorales se aprobarán al 15 de junio.
PUNTO DE VISTA
La tecnología al servicio de un derecho
CARLO MAGNO SALCEDO (Catedrático de la UNMSM)
Entre todos los mecanismos de democracia directa (referéndum, iniciativas legislativas, revocación, remoción y rendición de cuentas), la revocación es la que más se ejerce, y se ha consolidado como el derecho de participación ciudadana por excelencia en nuestro sistema político.
Aunque la revocación debe servir como válvula de escape para canalizar institucional y democráticamente conflictos sociopolíticos que, de otro modo, podrían resolverse a través de la violencia, como ocurrió en el 2004 con el asesinato del alcalde de Ilave (Puno) por una turba; es verdad que ha tenido manifestaciones perversas que desvirtúan sus fines. Estas han sido impulsadas generalmente por los opositores políticos de la autoridad y muchas veces con fines subalternos y haciendo uso de prácticas vedadas.
Por lo dicho, hay un consenso casi unánime sobre la necesidad de hacer ajustes. De allí que uno de los temas de la agenda de la reforma política es perfeccionar el ejercicio de este derecho. En ese contexto, los tres organismos electorales (JNE, ONPE y Reniec), en un hecho sin precedentes e inaugurando una nueva forma de relacionarse, han consensuado una propuesta de una nueva Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
Uno de los aportes es incorporar la tecnología biométrica para que los ciudadanos manifiesten su adhesión a la solicitud de revocación, así como a los otros derechos de participación y control que permitiría verificar inmediata e indubitablemente, en el momento mismo de la adhesión, la verdadera identidad de los ciudadanos mediante sus huellas dactilares.
El Reniec abriría un registro de adherentes biométrico por cada solicitud, en que se registraría en línea a los adherentes hasta completar el número mínimo exigido en cada caso. Esto sustituiría prácticas vedadas como la presentación de firmas falsas o si firmaron por presión o por haber recibido dádivas en una especie de “mercado negro de firmas”.
