23/Mar/10: ¿Quién pone la plata?

Publicado en DOMINGO (La República), 21 de marzo de 2010.

¿Qué ocurre cuando nuestras agrupaciones políticas omiten o manipulan información sobre sus fuentes de financiamiento en tiempos electorales? Nada. Nuestra Ley de Partidos es tan débil en materia de sanciones y los organismos electorales en el país hacen tan poco por promover reformas jurídicas que los próximos comicios corren el riesgo de ser un festín de maletas ocultas llenas de billetes y declaraciones financieras adulteradas.

Es como si nuestra democracia sufriera el indeseable mal de amores. Cada vez que pretende asentarse sobre la estabilidad política –o emocional– de un sistema de partidos sólido, los dirigentes de las agrupaciones hacen lo posible por sacarle la vuelta.
Una de las formas más claras de este comportamiento infiel es el ocultamiento y la manipulación de información sobre los ingresos y egresos partidarios, sobre todo en contextos electorales. Ahora que se avecinan cinco comicios –municipales, regionales de primera vuelta, regionales de segunda vuelta, generales de primera vuelta y generales de segunda vuelta–, podemos caer en la misma espiral de oscurantismo financiero que exhibieron las Nuevas Elecciones Municipales del 2009, cuando incluso organizaciones políticas paradigmáticas como el Apra y el Partido Popular Cristiano mostraron una grave falta de transparencia económica.

Candidatos y partidos, cada uno por su lado

“Recibimos cero soles y gastamos cero soles”. Ese fue el mensaje que, con inauditos cuadros estadísticos, le dieron a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el Partido Aprista Peruano, Acción Popular y Unión por el Perú en alusión a los gastos de campaña de las Elecciones Municipales de noviembre pasado, en las que se reemplazó a cerca de 90 alcaldes y regidores revocados. En cuanto a las alcaldías distritales, el primero postuló a 54 candidatos, 20 de los cuales resultaron electos; el segundo, propuso a 20, y obtuvo 8 triunfos; y el tercero, lanzó al ruedo político a 21, y ganó en 2 casos. Así, se trata de agrupaciones exitosas que, como es previsible, exhibieron un gran despliegue publicitario al interior del país. Otros 10 partidos, entre ellos Alianza para el Progreso, el Partido Nacionalista Peruano, el PPC y Perú Posible, ni siquiera se tomaron la molestia de responder la solicitud de información del ente electoral. Las dos únicas organizaciones que declararon gastos fueron Cambio 90 y Fonavistas del Perú.

Como no es lógico pensar que los partidos ganadores hayan difundido sus propuestas y discursos sin desembolsar un quinto, la ONPE pidió información directamente a los candidatos. De este modo, supo, por ejemplo, que la actual alcaldesa aprista del distrito de Veintisiete de Noviembre, en Huaral (Lima), Lilian Pascual Mattos, sacó de su bolsillo 30 mil soles que invirtió en su campaña; Walter Chávez Altamirano,

burgomaestre electo por Alianza para el Progreso en Bellavista, Jaén (Cajamarca), gastó 18 mil soles en la misma circunstancia; y el alcalde acciopopulista del distrito de Paracas, en Pisco (Ica), Pascual Yauricasa Tornero, invirtió 8,800 soles para llegar al poder. Es legítimo que los candidatos financien sus propias campañas, pero únicamente a través de la tesorería del partido. Solo así se someterían al control estatal. Demostrada la omisión inicial de información, ¿no es justo aplicar sanciones que inhiban a las agrupaciones políticas de declarar datos falsos? Aquí surge un doble problema inicial: la débil capacidad sancionadora y fiscalizadora que le concede la Ley de Partidos Políticos (2003) a la ONPE y la complacencia con la que esta entidad parece observar sus propias limitaciones.

¿No corresponde una multa en este caso?, le preguntamos a Alfonso Chan, encargado de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. “De repente no al partido, sino al candidato. Pero esto último no está contemplado en la ley”, responde. Así, los partidos que manejan su economía electoral de forma enmarañada gozan de cierto ambiente de impunidad. En el caso citado, la ONPE solo les llamó la atención y les recomendó que subsanen la omisión en su próxima entrega de informes. Esta excesiva tolerancia, por otro lado, contrasta con la precariedad organizativa de los propios partidos. Por ejemplo, Franklin Chávez Montenegro, tesorero nacional titular del Apra, consultado por esta revista, se muestra desinformado sobre las omisiones económicas de su partido. “La ONPE canaliza toda nuestra información financiera. Si ellos le han dicho eso (lo de los ingresos y gastos no declarados el 2009), me imagino que debe ser así”, dice inseguro.

El abogado Máximo Gallo, ex gerente de Fondos Partidarios de la ONPE, precisa que esta institución podría hacer más en materia de sanciones. “Cuando los partidos entregan información dan una declaración jurada (de veracidad de los datos). O sea, si ellos proveen una cifra que se comprueba que es falsa, se está ante un delito. Así, la entidad electoral, si bien no puede sancionarlos, debe denunciarlos penalmente. Si se trató de un error de digitación o de una omisión intencionada, eso lo tendría que determinar un juez”, explica.

Ley permisiva y tramposa

Los cuestionamientos centrales a la mentada Ley de Partidos Políticos en cuanto a las finanzas partidarias son tres. Primero, las causas de sanción previstas en el artículo 36 se limitan a tres (no presentar contabilidad detallada anual o semestral en los plazos establecidos; recibir ingresos de fuente prohibida u omitir –o adulterar– declaraciones económicas; y acreditar la existencia de aportaciones individuales mayores a 216 mil soles al año). Así se deja afuera la posibilidad de sancionar, por ejemplo, a los candidatos que contratan publicidad electoral directamente con los medios de comunicación –los tesoreros son los únicos facultados para hacerlo–, y a aquellos partidos cuya propaganda aparece más de 5 minutos diarios en cada televisora o radioemisora durante las elecciones generales, algo prohibido expresamente por la norma.

Segundo, el artículo 31 reduce la tarea controladora de la ONPE a verificar que la información financiera presentada por las organizaciones políticas no incluya alguna de las tres fuentes prohibidas de financiamiento. De este modo, se deja desarmada a esta institución frente a la maña de algunos partidos que “licúan” donaciones que reciben de partidos políticos del exterior. Un ejemplo de esto, recuerda Gallo, ocurrió cuando el Partido Aprista el 2005 consignó una donación de cerca de 3 millones de soles de la Internacional Socialista como cientos de miles de pequeñas “aportaciones” de uno, dos y tres soles de sus militantes.

Tercero, la sanción contemplada en el numeral 1 del artículo 36 contra las agrupaciones que no presentan su contabilidad detallada es la pérdida del derecho al financiamiento público directo (dinero que debe entregar el Gobierno a los partidos que tienen representantes en el Congreso), una medida que debió empezar a ejecutarse el 2007 y que hasta la fecha no se cumple.

Un signo vívido de nuestra pobre institucionalidad: la peor sanción prevista por la ley para las agrupaciones políticas poco transparentes es retirarles un beneficio que nadie tiene.

[NOTA DEL ADMINISTRADOR: en nuestro post “Hacia la reforma de la Ley de Partidos Políticos: el financiamiento y supervisión de fondos” (12/mar/2009), presentamos los lineamientos que, a nuestro juicio, se deberían seguir para una reforma de las normas sobre el financiamiento y la supervisión de fondos partidarios, contenidas en la Ley de Partidos Políticos].

¿Y el gobierno? Bien, gracias

“El gobierno peruano fue el primero en incumplir la Ley de Partidos por una decisión política”, rememora Máximo Gallo. Y es que el sistema de financiamiento público directo de los partidos dispuesto por el artículo 29 está totalmente abandonado hoy. La ONPE ha incluido como parte de su propuesta de presupuesto anual un monto destinado a este fin desde el 2007, pero este ha venido siendo rechazado sostenidamente por los legisladores de la Comisión de Presupuesto del Congreso. “El propio Parlamento que primero decidió que debía haber financiamiento público luego dijo no, porque era impopular”, recuerda Gallo.

[NOTA DEL ADMINISTRADOR: sobre la resistencia del gobierno a entregar el financiamiento público directo previsto por el art. 29 de la Ley de Partidos Políticos, en el citado post señalamos que “la propia ley, a través de su Tercera Disposición Transitoria, establece que la transferencia de fondos depende de las posibilidades de la economía nacional, por lo que si el Ministerio de Economía y Finanzas informa que no existen recursos para este fondo, no existirá transferencia alguna. Al amparo de dicha disposición, uno de los primeros anuncios del actual gobierno fue que no otorgaría el financiamiento público directo ordenado por ley a favor de los partidos políticos. Ciertamente, en tanto no exista voluntad política de hacer efectivo dicho financiamiento, cualquier gobierno podrá ampararse en esta disposición transitoria para no otorgar dichos fondos, haciendo que el artículo 29 de la ley sea inaplicable. Por ello, la citada disposición transitoria debe ser derogada.”].

“En el fondo –explica el abogado Carlo Magno Salcedo– las dirigencias partidarias no están interesadas en el financiamiento público, ya que esto vendría acompañado de mayores niveles de fiscalización de las finanzas partidarias por parte del Estado”. Lo peor de todo esto es que si se compara el dinero que el gobierno debería dar a los partidos con presencia congresal –un total de 9.9 millones de soles anuales para capacitación, investigación y gastos regulares (por ejemplo, UPP y el Apra deberían recibir 2 millones de soles al año)– con los montos que invirtió en la publicidad o franja electoral en la primera y segunda vuelta el 2006 –23 millones de soles–, se advierte un desfase que refleja que el gobierno actual está más interesado en las campañas electorales que en fortalecer el sistema de partidos.

Los comicios regionales y locales están a la vuelta de la esquina. Esta es una nueva oportunidad para reformar la ley y arrancar de cero. Si la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones mantienen una actitud acrítica frente a la informalidad financiera de los agrupaciones, la prensa y la ciudadanía deberíamos poner en evidencia la precariedad de nuestra democracia. Nuestra sanción moral podría ser tal vez más efectiva que la Ley de Partidos.

UN FUNCIONARIO ELECTORAL PERMISIVO
Alfonso Chan León
Gerente de Supervisión de Fondos Partidarios de la Onpe

–¿Cuántas sanciones ha aplicado su oficina a los partidos políticos por falta de transparencia financiera hasta la fecha?
–Ninguna. No ha habido ninguna causal de sanción desde la creación de la gerencia.
–¿El hecho de que el Apra, Acción Popular y Unión por el Perú hayan declarado que no recibieron ni gastaron ni un sol en la campaña de las Nuevas Elecciones Municipales no merece una multa?
–No, un punto que debemos enfatizar es que existe una costumbre a nivel de candidatos desde el 2006, sobre todo fuera de la capital, de recaudar y gastar fondos sin informar a sus partidos. Se trata de una falta de coordinación.
–¿No está siendo complaciente frente a la informalidad partidaria?
–No lo creo.
–¿Usted ha hecho esfuerzos por impulsar una reforma de la Ley de Partidos en el Congreso?
–La Onpe, a través de sus coordinadores parlamentarios, está haciendo las gestiones necesarias para incorporar lo que sea necesario con el fin de perfeccionar la legislación.
–¿En qué estado están esas gestiones?
–Francamente, no lo sé.

EL DINERO FUJIMORISTA

Fuerza 2011, el bastión electoral de Keiko Fujimori, acaba de lograr su inscripción como partido político en el JNE. Ojalá que esta agrupación rompa la tradición fujimorista de no presentar información financiera en la ONPE (Sí Cumple no ha ofrecido datos económicos desde el 2006 y Nueva Mayoría tiene faltas financieras desde el 2008). Una fuente del partido naranja nos confirma que el empresario Germán Kruger Espantoso, dueño de una cadena de grifos y directivo del Icpna, además de financista de Alberto Fujimori en Chile, sigue pagando el alquiler del local de campaña de Paseo Colón y algunos gastos de “merchandising”.

Ahora que las pintas y afiches del fujimorismo se multiplican en los barrios, se espera que actúen con un mínimo de transparencia al declarar sus aportaciones privadas.