Según informaron muchos medios de comunicación, la detención del abogado Carlos Rivera, del IDL (Instituto de Defensa Legal), ocurrió por una orden judicial emitida en un proceso judicial que se habría originado por una denuncia presentada por la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) contra Rivera, por presunta falsificación de documentos (delito de contra la fe pública).
En ese sentido, según lo informado por RPP Noticias el día de hoy, el propio Carlos Rivera indicó que hubo “una absoluta ‘ligereza’ de la ONPE en formular la denuncia penal que se basa en la acusación de una sola persona y sin pruebas.”
Sin embargo, deslindando su responsabilidad, la ONPE ha emitido una nota de prensa, explicando que durante el procedimiento de verificación de firmas de adherentes para la inscripción del “Partido por la Democracia Social – Compromiso Perú”, realizado el año 2004, se determinó que “parte de las firmas contenidas en la Lista de Adherentes de la citada agrupación política, revelaba características gráficas similares, compatibles de provenir de un mismo puño gráfico.”
En tal sentido, el 6 de octubre de 2004, la ONPE ―en cumplimiento del artículo 407 del Código Penal y del numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señalan que un funcionario público, ante el indicio de la presunta comisión de un delito, está en la obligación de poner en conocimiento de estos hechos al Ministerio Público―, procedió a enviar un documento a la Fiscalía de la Nación comunicando los hechos, tal como lo hace con todas las organizaciones políticas en proceso de inscripción que presentan esta situación.
Asimismo, la ONPE precisa que en el referido documento “no se señalan nombres, no se acusa a persona alguna, ni se tipifica ningún delito”, y que únicamente se pone en conocimiento del Ministerio Público que “parte de las firmas contenidas en la Lista de Adherentes de la referida Agrupación Política revela características gráficas similares, compatibles de provenir de un mismo puño gráfico.”
Queda claro, pues, que si en este caso existe alguna responsabilidad, la misma tiene que buscarse en el ámbito del Ministerio Público y del Poder Judicial, ya que, como señala la ONPE en su nota de prensa, los hechos y las decisiones posteriores a la comunicación realizada al Ministerio Público, no son competencia ni responsabilidad de la ONPE.
el dr. Rivera es victima de una persecucion politica obviamente digitada por la alianza aprofujimontesinista, que lo odia por que es un valeroso abogado que ha denunciado la matanza del fronton y ha defendido a la victimas de la cantuta y barrios altos y eso no se puede van a perdonar, mi solidaridad con el dr. Rivera