Estimados amigos:

Entre los días del 20 al 24 de julio de 2009 se celebrará XXII ENCUENTRO DEL COMITÉ LATINOAMERICANO DE CONSULTA REGISTRAL en la ciudad de San José, Costa Rica.

El Registro Nacional, el Tribunal Registral Administrativo y la Unidad Ejecutora del Programa de Regularización de Catastro y Registro, organizadores del evento, se complacen en invitarlos a participar activamente en este Encuentro.

Por tercera ocasión, Costa Rica tendrá el placer de contar con la presencia de directores, registradores y especialistas de los registros latinoamericanos, así como de amigos invitados y expertos de otros países; lo cual nos permite asegurar el éxito de nuestro Encuentro.

Durante el año 2009, los notarios de Lima atenderán alrededor de seis mil divorcios de acuerdo a nuestras proyecciones, lo cual significa que la sociedad confía en nosotros y, por otro lado, plasma la importancia del notariado en la resolución de asuntos no contenciosos aliviando así la carga procesal del Poder Judicial, informó el Decano del Colegio de Notarios de Lima, Dr. César Bazán Naveda, durante la presentación del libro El Divorcio en el Derecho Iberoamericano.

La Ley Nro. 29227 Ley que regula el proceso no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, entró en vigencia en julio del año 2008 y a diciembre del mismo año, ya ocupaba el tercer lugar con un 5% de los asuntos no contenciosos atendidos por los notarios.

Todos tenemos derecho a vivir en paz y en sociedad, con nuestros problemas particulares resueltos y, en el Perú, se está demostrando que el notario ayuda a resolver problemas. Desde el año 1996, los asuntos no contenciosos de competencia notarial han venido teniendo una gran efectividad para resolver problemas de la sociedad, señaló el Dr. Bazán Naveda.

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) empadronará más de 14 mil lotes de los departamentos de Junín, Huánuco y Pasco, como parte de una campaña dirigida a los pobladores que no pudieron presentar, en anteriores visitas, los documentos que sustentan su propiedad.

La campaña se realizará hasta el 28 de abril, de acuerdo con el siguiente detalle: en la provincia de Junín (distritos de Carhuamayo y Junín), provincia de Satipo (distritos de San Martín de Pangoa, Mazamari, Coviriali, Río Negro y Satipo), provincia de Tarma (distritos de San Pedro de Cajas, Palcamayo, Acobamba, Huasahuasi, Palca y La Unión) con un total de 5 mil 508 lotes.

En la provincia de Concepción – Junín (distritos de Acos, Comas, Orcotuna, San José de Quero, Manzanares, Cochas, Matahuasi, Santa Rosa de Ocopa y Concepción), provincia de Jauja (distritos de Sincos, Apata, San Lorenzo, Huamalí, Muqui, Muquiyauyo, Huaripampa, Sausa, Yauyos, Leonor Ordóñez, Marco, Tunan Marca, Acolla y Jauja) con 7 mil 045 lotes.

En el siglo XX, en nuestro país fuimos testigos de un fenómeno social que constituyó el elemento primordial para la evolución de nuestra legislación sobre la formalización del derecho de propiedad, este fue el de las llamadas invasiones a terrenos; las mismas que, evidentemente, incumplían con los lineamientos legales existentes.

La aparición de estas invasiones se produjo debido a causas demográficas, políticas y legales; de las cuales una de las principales fue, la migración de los habitantes del campo a la ciudad en busca de mejores horizontes. Asimismo, se considera, como causa de dicha migración, el sistema agrario deficiente.

Así, el proceso migratorio se inició durante la década de 1940 y ha seguido desarrollándose hasta la actualidad. No obstante recién al comienzo de la década de 1980 se convirtió en un fenómeno social y económico. En este proceso la ciudad de Lima fue uno de los grandes centros abastecedores de esta nueva realidad – por no decir el principal -, y no estuvo preparada para dar acogida a nuevos habitantes que necesitaban un sistema de vivienda y servicios adecuados.

El crédito inmobiliario está regulado en nuestra Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. §§ 2001 et.seq.). Esta ley tiene su base en la Ley Hipotecaria para las Provincias de Ultramar de 14 de junio de 1893 del sistema español. La situación política de Puerto Rico, debido al cambio de soberanía en 1898 convirtió nuestro sistema jurídico en uno dual; basado en el derecho civil y operando dentro del marco jurídico federal de los Estados Unidos de América. La fe pública registral, característica heredada del sistema español pasó a la convivencia obligada con el seguro de título. De esta manera el capital norteamericano impuso otro método para garantizar el tráfico jurídico inmobiliario. RIVERA RIVERA, DERECHO REGISTRAL INMOBILIARIO PUERTORRIQUENO, pág. 32 (2da. ed. 2002).

El sistema registral puertorriqueño es uno declarativo con eficacia convalidante. Se sigue la teoría del título y el modo, en las adquisiciones de bienes por negocio jurídico por lo que para la transmisión de derechos reales que impliquen posesión se requiere la concurrencia del título y tradición. Es un registro de derecho rogado donde la inscripción no es constitutiva, de inoponibilidad respecto a tercero y solo es de inscripción constitutiva en cuanto a Hipotecas, Régimen de Propiedad Horizontal y Servidumbres en equidad. En lo referente al crédito hipotecario la inscripción es un requisito para su existencia. El carácter constitutivo surge claramente del art. 1774 del Código Civil de P.R., el cual dispone que para la hipoteca quedar válidamente constituida, tiene que ser inscrita en el Registro de la Propiedad. La ley Hipotecaria establece los requisitos para tal constitución: primero – que se constituya en escritura pública y segundo – que la escritura se haya inscrito en el Registro de la Propiedad (30 L.P.R.A. 2607). Al ser estos requisitos legales para su constitución legal, si no se cumple con los mismos, no nace como derecho real ni como derecho personal.