REQUISITOS:
1.- Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.
2.- Copia del documento de identidad del presentante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva.
3.- Resolución administrativa que apruebe el Plano de Trazado y Lotización, expedida por organismo competente.
4.- Plano de Trazado y Lotización georeferenciado a la Red Geodésica Nacional.
5.- Cuando la posesión informal se encuentre ubicada en terreno de propiedad privada, se acompañará la autorización del propietario en documento privado con firmas legalizadas o el acta de conciliación que contenga dicha autorización.
6.- Pago de los derechos Registrales.
7.- Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes.

La premisa histórica de la que partimos es que la institución nació como una forma de intervención del estado en los regímenes liberales. Así pues fue un factor correctivo en el régimen individualista del dominio, adelantando o constituyéndose en precedente del Estado interventor y del ejercicio social del derecho.

Los antecedentes de los Registros Públicos tal cual lo entendemos ahora, lo ubicamos en la ciudad alemana de Colonia (1135), Lübeck (año 1227), Hamburgo (año 1270), Munich (1484).

No obstante esto, debemos señalar que nuestra legislación registral históricamente es tributaria en mayor medida de la ley hipotecaria española, la cual producto de las necesidades de su tiempo, buscó otorgar –entre otros fines- dinamismo al crédito a fin de aumentar las inversiones, y poder salir de la crisis económica reinante por sistemas de propiedad desfasados propios del antiguo régimen.

Reunidos el 3 de julio del año en curso en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID) en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con motivo del IX Encuentro Registral sobre “El Registro como Institución jurídica al Servicio del Usuario” las once delegaciones correspondientes a los siguientes países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Perú, República Dominica y Venezuela, suscribimos la presente Carta de Derechos y Deberes del Usuario de los Registros la cual respeta en todo caso la legislación interna de cada Estado:

I) Todo ciudadano tiene Derecho a la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, mobiliario y societario a través de un registro de Derechos idóneo para el cumplimiento de tal servicio público delegado por el Estado.

ANTECEDENTES

El Consejo de la Judicatura fue creado en Bolivia bajo la Ley N° 1817, el 22 de diciembre de 1997. En su artículo primero se lo define como el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial. Según la misma ley, la Oficina de Registro de Derechos Reales queda bajo su ámbito de atribuciones.

El Componente Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Registro Público de Derechos Reales, forma parte del Proyecto Nacional de Administración de Tierras (PNAT), financiado por el Banco Mundial, mediante Convenio de Crédito 2742-BO. Mediante Convenio de Ejecución de 11 de diciembre de 1995, suscrito entre la Excma. Corte Suprema de Justicia de Bolivia y el Ministerio de Desarrollo Sostenible, se implementa el Proyecto de Fortalecimiento de Derechos Reales, y posteriormente el 9 de noviembre de 1998, se encomienda al Consejo de la Judicatura la ejecución del Componente.

REQUISITOS:
1.- Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.
2.- Copia del documento de identidad del presentante, con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva.
3.- Resolución de la Municipalidad Distrital, salvo que el proyecto hubiera sufrido modificaciones, en cuyo caso se presentará la resolución provincial que la ratifica.
4.- Documento privado con firmas legalizadas en la que se consigne el valor de la obra, salvo que la Resolución contenga dicha valorización.
5.- Pago de los derechos Registrales.
6.- Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes.

El Tribunal Constitucional con relación al debido proceso en sede administrativa ha señalado en reiterada jurisprudencia que “El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.).” (1) Entre esos principios invocables se encuentra el de la motivación escrita de las resoluciones judiciales (inciso 5).

El Estado Constitucional de Derecho exige que sus órganos justifiquen sus decisiones en forma adecuada. Así, el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General -N° 27444- incluye dentro del principio al debido procedimiento, el obtener una decisión fundada en derecho. Complementan dicho principio, los principios de razonabilidad y eficacia, contemplados en los numerales 1.4 y 1.10 del mencionado artículo IV (2). Ello por cuanto las decisiones de las autoridades administrativas que implican restricciones a los administrados (como la denegatoria de una solicitud de inscripción) se justifican en tanto la aplicación de una determinada norma sea necesaria y su incumplimiento afecte la validez del acto.