Todo el país tiene que hacer causa común para que el Congreso de la República apruebe la nueva ley general de personas con discapacidad, norma orientada a proteger a un sector de peruanos históricamente abandonados en los programas sociales del Estado. El primer paso es reunir las firmas que esta iniciativa requiere en una campaña no solo altruista, sino inclusiva desde todo punto de vista, organizada por la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú y la Organización Mundial de Personas con discapacidad, a la que El Comercio se ha unido.
Todos podemos colaborar en este esfuerzo que, en principio, podría garantizar que las diferentes instancias de gobierno —nacional, regional y local— establezcan un presupuesto para realizar obras públicas que coadyuven a facilitar algo tan elemental con el libre tránsito y la accesibilidad de los discapacitados.
La mayor parte de la infraestructura pública no se ha levantado tomando en consideración las dificultades motoras de estas personas que además de las limitaciones propias de la discapacidad que afrontan tienen que soportar injustamente obstáculos materiales en calles, plazas, avenidas, establecimientos públicos y privados.
Qué decir de la falta de incentivos en el rubro de la investigación científica sobre los discapacitados para elevar su calidad de vida. Lo cierto es que hemos sido insensibles frente al dolor y la postración de estos peruanos, muchos profesionales que podrían contribuir vivamente al desarrollo en diversos ámbitos, desde la política y la economía, hasta la cultura y el deporte.
Es una vergüenza que no exista un censo cabal sobre la población real de personas con capacidad. Una ley podría resolver esta carencia, y también establecer mecanismos de protección laboral que necesitan la mayoría.
Aunque no hay cifras reales por falta de censos focalizados, se estima que casi tres millones de peruanos tienen algún tipo de discapacidad, la mitad está en edad de trabajar, pero el 70% no consigue un empleo remunerado y tiene que sobrevivir del autoempleo que, en muchos casos, representa dedicarse al comercio informal. Ocho de cada diez personas con alguna discapacidad son pobres y no tienen acceso a servicios fundamentales.
Otro vacío radica en su limitado acceso a la educación: el 40% de discapacitados es analfabeto y apenas el 12% de los más de 325.000 niños en edad escolar asiste al colegio, según las estadísticas del Ministerio de Educación.
Estas cifras no solo ratifican la magnitud de la exclusión social que sufren, sino también la irresponsabilidad del Estado en su protección, pese a que nuestro país ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este acuerdo revaloriza sus derechos, prohíbe toda forma de discriminación en su contra y obliga a los estados a protegerlos frente a las barreras que los separan del resto de la sociedad, algo que el Perú no está cumpliendo.
Fuente: elcomercio.pe
