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Conceptos y mas conceptos, sin ellos nada sería tan genial. Si esta idea llega a ser realidad algún día, las personas con discapacidad visual no tendrían excusas para salir a dar un paseo solos.

Touch & Go, es un concepto realizado por Natalia Ponomareva, con la finalidad de ayudar a ser autónomos en el mundo exterior a las persona ciegas. Todo a través de un sistema de navegación que funciona a través del audio y señales en relieve. Se trata de un combo de gadgets, un auricular y una pulsera touch con pantalla táctil, muy parecida a trackpad de las portátiles.

La pulsera cuenta con un sistema de navegación que muestra indicaciones de un mapa en relieve a una escala de 1:1000. Para dar ubicación a la persona, muestra una flecha, en relieve también, para indicarle hacia donde tiene que dirigirse. También entra en juego el audio, a través del auricular se le darán indicaciones al discapacitado.

Alternativa muy útil para que las personas no se repriman o dependan de otras, esperemos que no quede en concepto como la mayoría de las cosas.

Fuente: gizmologia.com

Cusqueño Edwin Béjar Rojas rendirá su examen entre el 18 y el 19 de mayo ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Por: Gabriela Machuca Castillo

Edwin Béjar Rojas perdió totalmente la visión a los 17 años. El año pasado, el Consejo Nacional de Magistratura (CNM ), órgano encargado de seleccionar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales, también la perdió y, como consecuencia de ello, pasó por encima de los derechos de este y de miles personas con discapacidades. Afortunadamente, la lucha que el joven abogado sostuvo durante meses ha logrado que la ceguera que padeció la entidad estatal solo haya sido temporal. Él ha ganado una gran batalla que ha sentado un importantísimo precedente para todos aquellos profesionales con discapacidades que quieren ejercer alguna función pública. Ha conseguido que le den la oportunidad de demostrar sus habilidades, chance que antes le había sido negada.

En el 2000 Edwin Béjar se graduó de abogado en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Lo hizo en el primer puesto. Luego de trabajar como comisionado de la Defensoría del Pueblo en el Cusco y como jefe de la oficina descentralizada de esta institución en Madre de Dios, Edwin labora desde el 2004 como auxiliar coactivo de la Municipalidad Provincial del Cusco. Tiene dos maestrías en derecho y también ha concluido un doctorado. Pero quiere más. Quiere ser fiscal adjunto provincial del Cusco.

Por eso, en julio del año pasado, se presentó al concurso convocado por el CNM para cubrir ese puesto. Se inscribió por Internet y envió un oficio escrito para solicitar que se le otorgasen las condiciones necesarias para que pudiera dar el examen. Que hubiese una persona que le leyese las preguntas, por ejemplo. Cuatro días antes de la fecha de la evaluación, el CNM le dijo por teléfono que había sido excluido del proceso, que su discapacidad le impedía ejercer el cargo, ello a pesar de que la Ley de la Carrera Judicial 29277 permite a las personas con discapacidad acceder a la magistratura.

DURA PELEA
Como un prolijo conocedor del derecho, Béjar sabía al dedillo cuáles eran sus derechos y estaba decidido a hacerlos cumplir. Por ello acudió a la Defensoría del Pueblo y luego llevó el caso a los tribunales.

En noviembre del 2009, el Tercer Juzgado Civil del Cusco declaró fundada la demanda y nulo el acuerdo del consejo que excluye a Béjar del concurso, y ordenó que se le tomara el examen. El CNM apeló.

DÍA Y HORA
Luego, en febrero del 2010, la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Cusco confirma el fallo de la primera instancia y pidió que se asigne día y hora para la evaluación. Pero recién la semana pasada la CNM acordó acatar lo dispuesto por el Poder Judicial. Béjar podrá rendir su examen entre el 18 y el 19 de mayo.

“Yo agradezco a muchos, pero especialmente a la defensoría por ayudarme en esta lucha constante. Es tan difícil erradicar los prejuicios. Esto no solo me servirá a mí, sino a toda una colectividad”, finaliza Béjar, satisfecho.

Todo el país tiene que hacer causa común para que el Congreso de la República apruebe la nueva ley general de personas con discapacidad, norma orientada a proteger a un sector de peruanos históricamente abandonados en los programas sociales del Estado. El primer paso es reunir las firmas que esta iniciativa requiere en una campaña no solo altruista, sino inclusiva desde todo punto de vista, organizada por la Confederación Nacional de Discapacitados del Perú y la Organización Mundial de Personas con discapacidad, a la que El Comercio se ha unido.

Todos podemos colaborar en este esfuerzo que, en principio, podría garantizar que las diferentes instancias de gobierno —nacional, regional y local— establezcan un presupuesto para realizar obras públicas que coadyuven a facilitar algo tan elemental con el libre tránsito y la accesibilidad de los discapacitados.

La mayor parte de la infraestructura pública no se ha levantado tomando en consideración las dificultades motoras de estas personas que además de las limitaciones propias de la discapacidad que afrontan tienen que soportar injustamente obstáculos materiales en calles, plazas, avenidas, establecimientos públicos y privados.

Qué decir de la falta de incentivos en el rubro de la investigación científica sobre los discapacitados para elevar su calidad de vida. Lo cierto es que hemos sido insensibles frente al dolor y la postración de estos peruanos, muchos profesionales que podrían contribuir vivamente al desarrollo en diversos ámbitos, desde la política y la economía, hasta la cultura y el deporte.

Es una vergüenza que no exista un censo cabal sobre la población real de personas con capacidad. Una ley podría resolver esta carencia, y también establecer mecanismos de protección laboral que necesitan la mayoría.

Aunque no hay cifras reales por falta de censos focalizados, se estima que casi tres millones de peruanos tienen algún tipo de discapacidad, la mitad está en edad de trabajar, pero el 70% no consigue un empleo remunerado y tiene que sobrevivir del autoempleo que, en muchos casos, representa dedicarse al comercio informal. Ocho de cada diez personas con alguna discapacidad son pobres y no tienen acceso a servicios fundamentales.

Otro vacío radica en su limitado acceso a la educación: el 40% de discapacitados es analfabeto y apenas el 12% de los más de 325.000 niños en edad escolar asiste al colegio, según las estadísticas del Ministerio de Educación.

Estas cifras no solo ratifican la magnitud de la exclusión social que sufren, sino también la irresponsabilidad del Estado en su protección, pese a que nuestro país ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este acuerdo revaloriza sus derechos, prohíbe toda forma de discriminación en su contra y obliga a los estados a protegerlos frente a las barreras que los separan del resto de la sociedad, algo que el Perú no está cumpliendo.

Fuente: elcomercio.pe

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