El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (PCD). Somos 650 millones en el mundo, la mayor parte en los países del sur. En el Perú, cerca de 3 millones, aunque las cifras son imprecisas y no hay un censo al respecto. En el último censo, el entonces ministro Kuczynski se opuso a incluir preguntas sobre discapacidad, ¡por costos! Para el 2010 se ha asignado 2 millones de soles adicionales al CONADIS (cuyo presupuesto apenas llegaba a cerca de 1 sol por PCD, unos 3 millones anuales) para desarrollar una “línea de base” (data) sobre discapacidad que comenzaría en Tumbes, en colaboración con Ecuador.
Pobreza y discapacidad van muy unidas. Las PCD son, muchas veces, desempleadas, marginales, excluidas de servicios y derechos fundamentales como educación, salud, seguridad social, empleo, comunicaciones, etc. De allí que la Asamblea de la ONU, por impulso de las organizaciones de PCD, aprobara y pusiera en efecto, el 2008, una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Perú ha ratificado.
La Convención reconoce a las PCD los mismos derechos humanos, sociales, económicos y políticos que tienen todas las demás personas (a la vida y la autonomía, la identidad, la educación, la salud, la vivienda, el transporte, las comunicaciones, el deporte, la cultura, la expansión, la accesibilidad, etc.). Prohíbe toda forma de discriminación y obliga a los Estados a garantizar y hacer efectivos estos derechos con políticas concretas –adecuando sus leyes, normas y programas– y a dar, progresivamente, los recursos necesarios para ello. Compromete a los Estados a desarrollar estudios y elaborar la data para identificar la incidencia de la discapacidad en cada país y a establecer mecanismos de consulta y participación de las PCD y sus organizaciones en las definiciones de normas y políticas que las afectan o incumben, lo que no se viene aplicando en el Perú, como ocurre con los pueblos indígenas.
En Ecuador y Bolivia, que se esfuerzan por construir sociedades con igualdad de oportunidades para todos, sus Constituciones han incluido el tema de las PCD como acápites y desarrollan políticas sistemáticas y presupuestadas para atender a este sector. No se trata de otorgar presupuestos míseros y desarrollar la famosa “Teletón”, que normalmente llama a la lástima y toma como símbolo a un niño o niña con discapacidad para invocar la solidaridad de la gente, mientras alguien aprovecha políticamente el “marketing” humanitario (aunque algunos recursos lleguen a espacios serios como el Hogar Clínica San Juan de Dios).
En el Perú, cerca de dos tercios de los niños con discapacidad no van a la escuela. La escuela inclusiva muchas veces fracasa porque no nombran profesores especializados que auxilien el proceso educativo, falta material pedagógico y tecnológico, no adecúan los locales escolares. Y en salud, solo una perla: hace siete años, sigue sin construirse el nuevo local del prometido Instituto Nacional de Rehabilitación (que cuenta con una donación extranjera congelada), hoy ubicado en el Callao, y no hay sedes regionales en un país tan grande. Ni hablemos del empleo, pensiones, transporte, comunicaciones…
Por eso, junto con a CONFENADIP y múltiples organismos de PCD hemos iniciado dos cruzadas. La elaboración de una Ley –como iniciativa ciudadana, es decir, presentada al Congreso con la firma de más de 50,000 ciudadanos– que adecúe la legislación peruana a la Convención. Y, con la Organización Mundial de Personas con Discapacidad que preside un peruano, el impulso a una Resolución de la Comisión de DDHH de la ONU para crear un Fondo (voluntario) por los Derechos de las PCD que financie la implementación de la Convención en los países con menos recursos para el efecto. Dos iniciativas propositivas por la dignidad y los derechos de las PCD.
Por Javier Diez Canseco
Fuente: larepublica.pe
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