Hace unos días la SUNAT dio a conocer las cifras de la recaudación de octubre [1]. La tendencia, en general, continuó siendo decreciente de modo que la recaudación total en octubre presentó una caída de 13,6% y el acumulando entre enero y octubre tuvo una caída de 16,2% con respecto al mismo periodo del 2008.

Los principales impuestos son el Impuesto a Renta y el IGV (85% de la recaudación). En octubre, el impuesto a la renta presentó una caída real de 17,1% luego de haber caído a tasas mayores al 30% influenciado básicamente por los menores pagos de las rentas empresariales producto de la desaceleración económica.

En cuanto al IGV, el componente interno registró un crecimiento de 8,6% y el importado una caída de 35,1%. En términos acumulados (enero-octubre) el IGV interno presenta un crecimiento de 5,3% y el IGV importado una caída de 27,5%.

Contrariamente a lo esperado, en un contexto de desaceleración económica, el IGV interno, que grava las compras que se realizan dentro del país, ha presentado crecimientos durante casi todos los meses del año. El sustento de este comportamiento es que gran parte de la base imponible del IGV la conforman las ventas de los Principales Contribuyentes, cuyas compras para su producción disminuyeron en mayor medida que sus ventas, reduciendo su crédito fiscal y dejando, por lo tanto, un mayor monto a pagar de IGV.

Esto se debería a que las grandes empresas habrían pasado por un proceso de agotamiento de inventarios acumulados durante el año 2008, lo que las llevó a dejar de producir para vender su stock y por lo tanto a comprar menos insumos.

Por su parte la caída de IGV importado es producto de la importante reducción en los niveles de importaciones.

El 18 de octubre fue publicado el Anteproyecto del Código de Protección y Defensa del Consumidor (CDC) [1] y dispuso de 15 días para la recepción de sugerencias, tras lo cual fue presentado al Congreso [2]. Este cuerpo normativo regulará los mecanismos de protección al consumidor. De acuerdo a lo señalado por Walter Gutierrez, presidente de la comisión encargada de elaborar el mencionado documento, el CDC permitirá solucionar los conflictos de consumo en menor tiempo y generará una relación más equilibrada entre empresas y consumidores.

Se puede destacar lo siguiente del CDC:

- Están sujetas a este código “todas las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado que se dediquen en locales abiertos al público, o en forma habitual, a la producción o comercialización de bienes y prestación de servicios en el territorio nacional”.
- Derechos del consumidor: i) el principio de igualdad ante la ley, ii) derecho a recibir del proveedor la información necesaria para decidir si se efectúa o no determinada transacción, iii) derecho de protección contra los productos que representen riesgo o peligro para la salud o seguridad física del consumidor, iv) derecho de protección frente a la publicidad y v) derecho a la protección contra cláusulas abusivas.
- El proveedor tiene la obligación de proporcionar al consumidor el precio total de los productos o servicios (se debe incluir impuestos, cargos y no dejar margen al consumidor para que redondee precios a su juicio) [3]. En caso se trate de precios en moneda extranjera, éstos también deberán consignarse en moneda nacional.
- Creación del Sistema Nacional de Defensa y Protección del Consumidor que garantice el cumplimiento de las normas orientadas a ese fin y concrete el proceso de descentralización de la protección del consumidor.
- El artículo 53 señala que en caso exista monopolio privado en las actividades reguladas (telefonía, electricidad, agua y transporte), el regulador podrá fijar un “precio justo” del servicio. Este artículo ha generado bastante controversia porque podría relacionarse con la noción de “control de precios”.

Desde el punto de vista de los gremios empresariales (la Cámara de Comercio de Lima), este código limitará la competencia de las empresas y generará sobre costos injustificados. Esto último se desprende de las medidas que deberán tomar las empresas para cumplir con las exigencias de información. Asimismo, Macroconsult sostiene que el CDC atentaría contra la estabilidad jurídica al establecer que toda publicidad prevalezca sobre el contenido del contrato (para evitar publicidad engañosa).

Si bien el anteproyecto tiene por objeto desarrollar la otra cara de la economía social de mercado, es decir la protección al consumidor, cabría preguntarse si están siendo minimizados los costos de este tipo de intervención. Al parecer, el CDC con todas las exigencias de información que debe ser proporcionada al público, podría ocasionar que el proveedor traslade precios al usuario final, reduzca el excedente del consumidor y termine mermando su bienestar.

[1] Disponible en: http://www.aspec.org.pe/documentos/legal/anteproyecto2009.pdf
[2] Adicionalmente, el congresista Yonhy Lescano, miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, afirmó que el anteproyecto del CDC aún carece de normas concretas de regulación. Por ello ha presentado al Congreso un proyecto alternativo, denominado Código de Defensa del Consumidor y de Protección de la Economía Popular. 03580/2009-CR. Disponible aquí
[3] En efecto, se obligará a las entidades bancarias a publicitar en sus créditos sólo la tasa de costo efectiva anual (TCEA) pues incluye intereses, comisiones y demás cobros.

Con el fin de reducir la volatilidad del tipo de cambio, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, ha anunciado que dicho organismo propondrá un proyecto de ley que limite la posición de cambio por parte de los bancos [1]. Con esta medida se buscaría que los capitales de los bancos no estén tan expuestos a los riesgos provenientes de la fluctuación del tipo de cambio. Velarde también indicó que dicho límite no es para que los bancos compren o dejen de comprar dólares, sino para determinar cuánto de su capital puede estar expuesto a las fluctuaciones cambiarias.

Actualmente, en el Perú se permite que el 100 % de capital de los bancos este expuesto en la “posición larga”, mientras que en la “posición corta” solo se permite que hasta el 10 % del capital pueda estar expuesto [2]. Con esto, los bancos limitan su perdida ante un evento de descalce entre sus pasivos y activos, pero no ante una fluctuación brusca en el tipo de cambio que afecte sus niveles de capitalización, lo cual aumenta el riesgo de los bancos y del sistema financiero peruano en general. La propuesta hecha por el BCRP para este límite es de 50 %, es decir que la posición de cambio de los bancos sea equivalente al 50 % de su patrimonio efectivo.

A nivel internacional, no existe un claro consenso en la manera como deben ser determinados estos límites, ya que: i) pueden ser fijados de manera uniforme tanto para las posiciones largas y cortas por parte de las autoridades regulatorias, ii) pueden ser diferenciados de acuerdo a la posición, y iii) pueden ser fijados por los propios bancos quienes luego informan a las autoridades regulatorias. Sin embargo, lo que sí queda claro a nivel internacional es en la necesidad de reducir esta exposición a la que están afectas los bancos.

[1] La posición de cambio es la diferencia de los activos y pasivos en moneda extranjera de cada institución financiera.
[2] La posición larga se origina cuando los activos en moneda extranjera son mayores que los pasivos en moneda extranjera, mientras que posición corta se da cuando los pasivos en moneda extranjera son mayores que activos en moneda extranjera

Estudios recientes del Centro de Investigaciones Sociológicas, Económicas, Políticas y Antropológicas (Cisepa) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) señalan que entre 1998 y 2008 un 21,7% de empleos formales pasaron a la informalidad; y que ésta se redujo sólo en 3% entre 2003 y 2008 (De 75% a 72%) [1]

Así mismo, estos datos contrastan con los resultados oficiales que muestran mejoras en variables del mercado laboral peruano. Por ejemplo, la Población Económicamente Activa (PEA) con empleo adecuado se incrementó en 12% durante el trimestre móvil Julio-Agosto-Septiembre 2009 [2]. ¿Qué implicancia existe?

El crecimiento económico experimentado en Perú no ha tenido un mayor efecto sobre problemas estructurales del mercado laboral. La informalidad se ha mantenido en niveles mayores a 70% a pesar del boom en crecimiento económico de los últimos 8 años; es decir, el empleo generado es informal. Del mismo modo, las políticas públicas no han detenido la transición hacia la informalidad, lo que demuestra que para un sector de la población les resulta aún beneficioso trabajar bajo condiciones de informalidad.

Finalmente, un país que se autodenomina con mayor fortaleza macroeconómica y con mejores perspectivas de crecimiento económico, debe generar políticas eficaces a fin de atacar los problemas estructurales (informalidad, desigualdad de ingresos, exclusión social, pobreza por nombrar algunos) pendientes que garanticen el crecimiento sostenido.

[1] Tomado de aquí
[2] Tomado de Ophélimos 27/10/2009

El pasado 29 de octubre salió el dato adelantado [1] del PBI americano del 3T09, y resultó mejor (3.5% anualizado) al esperado por el mercado (3.2%) y además significó su primer resultado positivo en el año [2], y la tasa mas alta desde el 3T07. Este resultado estaría sustentado en el gasto en consumo y construcción de viviendas.

El gasto en consumo, que representa cerca de 2/3 de la actividad económica creció 3.4%, y con ello registró el mayor crecimiento desde el 1T07. Se afirma que este crecimiento habría sido impulsado por el programa estatal de descuento en compras de vehículos nuevos. Asimismo, la inversión residencial, creció un 23.4% y ello significó una contribución al PBI por primera vez desde el 2005. De igual manera el programa estatal de crédito tributario de US$ 8,000 para quienes compran su primera vivienda, habría permitido alcanzar la cifra actual respecto al trimestre anterior (-23.3%).

La preocupación general radica en las consecuencias en el PBI del fin de los programas estatales y en particular en la fortaleza del gasto en consumo en un contexto donde el desempleo se mantiene alto [3] (9.8%). Sin embargo este resultado es muy bueno considerando además que viene acompañado por un deflactor del PBI inferior a lo esperado (+0.8% vs +1.4%), lo que reduciría las presiones de la FED.

Mientras que el PBI comenzó a reflejar, aunque con rezagos, el entorno de incertidumbre y cautela propios de la crisis internacional, el empleo mantenía crecimientos positivos -aunque cada vez menores- y estabilidad en términos desestacionalizados. No obstante, estadísticas recientes del MINTRA revelan que en agosto el empleo nacional urbano en empresas de 10 y más trabajadores registró su primera contracción desde junio de 2002 (-0,11% anual), lo que contrasta con la expansión del PIB en dicho mes (0,25%). Al igual que en meses anteriores, el sector con mayor caída fue el manufacturero (-7,0%), producto de la contracción de la demanda externa y su impacto sobre industrias como textiles y confecciones, agroindustria, entre otros. Asimismo, la ocupación en servicios tuvo su menor crecimiento en lo que va del año.

Sin embargo, la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) para Lima Metropolitana que realiza el INEI reporta distintos resultados: en el trimestre móvil julio-agosto-septiembre 2009 la ocupación creció 1,8% anual (la tasa más alta del año), y 2,0% en empresas de 10 y más trabajadores. Asimismo, el empleo adecuado se incrementó en 12%, el subempleo visible e invisible disminuyeron en 8,5% y 5,8% respectivamente, y los ingresos mensuales se expandieron en 11,5% en este periodo.

Al margen de estas diferencias, el crecimiento del PBI en agosto y la evolución positiva de los indicadores adelantados en septiembre sugieren que la economía habría tocado fondo en el segundo trimestre y que la recuperación está en marcha. No obstante, la consolidación del crecimiento dependerá de la mejora de la confianza de empresarios y consumidores, lo que, a su vez, estará estrechamente ligado al desempeño del mercado laboral en los próximos meses.

El Marco Macroeconómico Multianual de agosto de 2009 presentó una proyección del saldo de Balanza Comercial de US $ 1 577 millones. A menos de 3 meses de terminar el año dicho saldo alcanzó un monto de US $ 2 828 millones acumulado al mes de agosto. Este saldo se explica por los siguientes factores:

- Las exportaciones FOB registraron un monto de US$ 16 012 millones resultado que significó una caída de 28,2%, respecto al mismo periodo del 2008, explicada principalmente por la menor cotización de los principales commodities y por la contracción de la demanda por nuestros productos ante la severa caída de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales. Las exportaciones tradicionales experimentaron una disminución de 29,6%, respecto al mismo periodo de análisis, debido a la caída de 28,9% de las exportaciones mineras (principalmente, cobre, molibdeno y zinc); y a la contracción de las exportaciones petroleras y sus derivados en 51,9%. Por su parte, la caída de las exportaciones no tradicionales (23,1%) se explica principalmente por la disminución de las exportaciones de productos siderometalúrgicos y joyería (51,6%) y textiles (26,4%).

- Las importaciones FOB registraron la suma de US$ 13 184 millones acumulado al mes de agosto de 2009, menor en 30,8% respecto al mismo periodo del año previo. Este menor nivel se explica esencialmente por las menores importaciones de bienes intermedios y bienes de capital. Las importaciones de insumos decrecieron a un ritmo de 40,3%, explicado principalmente por los menores niveles del rubro combustibles, lubricantes y productos conexos (58,9%) y por la caída de las importaciones de materias primas destinadas a la industria (29,5%). Por otro lado, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 23,2% a consecuencia del menor dinamismo de pedidos destinados a la industria (17,8%).

Recientemente, el Foro Económico Mundial publicó el reporte de competitividad global 2009-2010 [1] en el cual busca medir a través del índice de competitividad global los progresos de los principales factores macroeconómicos y microeconómicos de la economía de un país [2]. Este índice constituye una referencia sobre los avances en competitividad que realizan los países a nivel mundial y por tanto una guía para la inversión extranjera.

De acuerdo al estudio, el Perú se ubicó en el puesto 78 de 134 países, mejorando su posición global respecto al año anterior donde se ubicó en el puesto 83. Sin embargo, dicho estudio permite identificar aquellos factores que mantienen todavía un gran potencial de mejora como la calidad del ambiente institucional [3] (90/134), infraestructura (97/134), educación primaria y salud (91/134) e innovación tecnológica (109/134). Respecto al pilar institucional, el indicador que resultó con más bajo resultado fue la confianza en el servicio policial (123/134); mientras que, respecto al pilar de infraestructura, el indicador de infraestructura portuaria resultó siendo el peor (126/134).

En el caso del pilar de educación primaria y salud el indicador de calidad primaria confirmó el grave estado de la educación (131/133); y, finalmente, el indicador de calidad de las instituciones de investigación científica (118/133) confirmó el lento avance en el pilar de innovación tecnológica en el país.

En suma, si bien este reporte confirma que las fortalezas del país siguen siendo las políticas macroeconómicas (63/134) y la fortaleza del sistema financiero (39/134), también confirma que los avances en las reformas institucionales, desarrollo de infraestructura, reforma educativa, e innovación tecnológica están lejos de despegar, lo que restaría competitividad y sostenibilidad al crecimiento económico que viene mostrando el país.

[1] Puede descargar y revisar el reporte completo aquí.
[2] El índice de competitividad considera 12 pilares con igual ponderación. Estos son: Instituciones, Infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación primaria y salud, educación superior y capacitación, eficiencia en los mercados de bienes y servicios, eficiencia en el mercado laboral, sofisticación del mercado laboral, preparación tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación de negocios e innovación.
[3] Este pilar esta medido por encuestas respecto a diversos temas como: derechos de propiedad, protección de la propiedad intelectual, desviación de los fondos públicos, confianzas en los partidos políticos, independencia en el poder judicial, etc.

1 020 millones de personas subnutridas hay en el mundo en 2009 según el último informe sobre la inseguridad alimentaria publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) [1]. La figura muestra la distribución de la subnutrición por regiones.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia decidió otorgar este año el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom y Oliver Williamson por sus trabajos relacionados a manejo de recursos compartidos y gobierno corporativo, así como sus aportes relacionados a la teoría de contratos. Con esto, la Academia destaca la importancia de la economía institucional para dar soluciones económicas a problemas actuales como lo son el manejo de recursos ambientales y manejo de mercados monopólicos por parte de las empresas transnacionales.

En el caso de Elinor Ostrom, de acuerdo a la academia, su análisis de la administración económica de los recursos compartidos o bienes comunes (p.e. bosques, recursos hidrobiológicos, etc) ha permitido cambiar la visión de que sólo la intervención estatal puede mantener y manejar estos recursos de manera óptima, mostrando que esta labor también puede ser realizada por una asociación de personas usuarias de estos recursos. En sus estudios muestra que, incluso, estas asociaciones (o instituciones locales) obtienen mejores resultados que los conseguidos mediante la centralización del manejo en una sola entidad, ya sea el Estado o una sola persona. Cabe destacar, además, que con este premio, Ostrom se convierte en la primera mujer en ganar este premio.

Por su parte, Oliver Williamson fue reconocido por su investigación acerca de los costos de transacción que no pueden ser previstos al momento de realizar los contratos. Williamsom señala que el mercado y las empresas pueden resolver estos conflictos generados por la aparición de estos costos de transacción, aunque posean enfoques distintos para ello. Señala que en un mercado competitivo los conflictos se resuelven porque existe la posibilidad de encontrar otro vendedor o comprador, pero si el mercado deja de ser competitivo, las empresas son las más adecuadas para resolver estos conflictos, poniendo en discusión la aplicabilidad de políticas antimonopólicas.

El 1ro de octubre el Congreso aprobó la exoneración de impuestos para la amazonía. Esto significa la derogación de los decretos legislativos que eliminaban las exoneraciones tributarias en la selva, con el fin de promover las inversiones en la región.

Este proyecto establece prorrogas hasta diciembre del 2015 para la exoneración del Impuesto General a las Ventas a la importación de bienes a ser consumidos en la Amazonía Peruana. También favorece el crédito tributario para los programas de inversión en infraestructura y/o adquisición de bienes de capital hasta diciembre del 2015.

Los beneficios tributarios se restituirán sólo para las regiones de Loreto, Amazonas, Madre de Dios y Ucayali. A diferencia de las anteriores, la región San Martín será participe de un programa de reducción gradual de exoneraciones. De esta manera, seguirán recibiendo las transferencias del Estado, las cuales serán dirigidas a obras de infraestructura de la región.

El objetivo de exonerar tributariamente a esta región se basa en la promoción de la inversión privada a través de la cual se derivaría como efecto mayor empleo y mejora de las condiciones de vida de los pobladores. Sin embargo en la práctica no siempre se llegan a generar este tipo de beneficios favoreciendo a un grupo pequeño y no a la población en general.

Por otro lado, este tipo de medidas podría ir en sentido contrario a los objetivos de descentralización y sobretodo descentralización fiscal del Estado. Para este objetivo, las regiones deben incrementar sus recursos propios a través de la asignación de tributos, con los cuales reducirían la dependencia de las transferencias y la pereza fiscal [1]. La importancia de llegar a una descentralización fiscal es que los propios gobiernos regionales puedan determinar y fijar sus propias tasas en base a las necesidades y capacidad de ingresos de cada región.


[1] Consideraciones para una Descentralización Fiscal: pautas para la experiencia peruana, desarrollado en el marco del Convenio BCR-CIES 2003-01. Podrá descargar la versión completa del documento desde
http://www.consorcio.org/DescentralizacionBCR.asp

En la segunda semana de octubre, el Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo para financiamiento de proyectos de inversión pública como continuación del plan de estimulo económico del año fiscal 2009 enfocándose en las áreas de salud (aseguramiento universal), vivienda y vías urbanas.

El monto total a transferir es de S/. 238,710,331 hacia el gobierno central y a instancias descentralizadas, financiados en su totalidad con recursos ordinarios.

En lo que respecta al Gobierno Central, la transferencia proveniente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se destinará de la siguiente manera:

- al Seguro Integral de Salud (SIS) para la actividad de seguro integral de salud subsidiado,

- al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para la actividad de servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento,

- al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la actividad de gestión del bono familiar habitacional del programa Techo Propio y mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado del programa Agua para todos.

En cuanto a las instancias descentralizadas, las transferencias a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Municipalidad Provincial del Callao serán destinadas para el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de vías.

En el siguiente cuadro, se muestran los montos transferidos para cada pliego:

Según el estudio “Microscopio Económico 2009”, elaborado por el Fondo Multilateral de Inversiones del BID, la Corporación Andina de Fomento, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y la Economist Intelligence Unit, el Perú cuenta con el mejor clima de negocios para las microfinanzas a nivel mundial. [1]

Considerando que el desarrollo y regulación del sector microfinanciero tienen rasgos distintos en cada país, se elaboró un ranking en base a un índice compuesto por 13 indicadores agrupados en tres dimensiones: i) marco regulatorio e institucional [2], ii) clima general de inversión [3], y iii) nivel de desarrollo institucional [4].

El índice global, que permite efectuar comparaciones entre 55 países a nivel mundial [5], posiciona a 6 países de América Latina (Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Colombia y El Salvador), 2 de Asia (Filipinas e India) y a 2 de África subsahariana (Ghana y Uganda) dentro de los 10 primeros lugares. En estos países, la competencia de mercado así como el rango de productos y servicios ofrecidos por las instituciones microfinancieras es robusta. Si bien en estos países que obtuvieron una destacada performance en todas las categorías, hecho que revela el compromiso de la región con las microfinanzas, sólo dos obtuvieron un score superior a 70 sobre una escala que fluctúa entre 0 y 100. Estos resultados suponen que existe un amplio margen para mejorar a través de diferentes vías, dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada país.

En contraste, un pais con menor ranking se caracteriza por tener limitaciones en temas de competencia (intervenciones del Estado) y desarrollo de productos (normas obstructoras) [6].

En el caso del Perú, destaca la importancia de tener una autoridad regulatoria autónoma e independiente, además del compromiso asumido por el Estado en lo que concierne a la promoción de las microfinanzas como una actividad comercial. Se debe recordar que esta industria constituye una herramienta de desarrollo en la medida que provee de créditos a las MYPE [7]. Éstas tienen una indiscutible importancia en la economía peruana (42% del PBI), en la PEA (79%) y en el crecimiento de la actividad exportadora del país (65% de las empresas exportadoras son MYPES) [8].

[1] Global Microscope on the Microfinance Business Environment (Economist Intelligence Unit). Tambipen ocupó el primer lugar a nivel de América Latina por segundo año consecutivo.
[2] Considera reconocimientos legales oficiales, restricciones de tasas de interés, distorsiones de mercado, requerimientos de capital y capacidad regulatoria.
[3] Toma en cuenta estándares contables y requerimientos de transparencia entre proveedores microfinancieros.
[4] Contempla el grado de concentración de mercado, el rango de servicios provistos y la calidad de información del prestatario.
[5] Inicialmente el índice fue construido para 20 países de América Latina y el Caribe. En 2009 considera además 12 países de África subsahariana, 7 de Europa Oriental y Asia Central, 7 de Asia Oriental, 5 del sur de Asia y 3 del Medio Oriente y África del Norte. Esta selección se dio sobre la base de la importancia o potencial de desarrollo de sus sectores microfinancieros.
[6] Tailandia y Vietnam, Trinidad y Tobago, Jamaica, Venezuela y Uruguay.
[7] Considérese los bajos niveles de bancarización (23.91%, según SBS).
[8] Boletín Electrónico del Proyecto USAID/Perú/MYPE Competitiva.

Moody's anunció la revisión de la calificación "Ba1" de la deuda de Perú en moneda extranjera para una posible alza a grado de inversión, lo que permitiría al país endeudarse en mejores condiciones. El anuncio se produjo una semana después que Moody's elevara la calificación de deuda de Brasil a grado de inversión. [1]

A partir de la curva de rendimientos de la deuda soberana en moneda extranjera, se observa que a octubre de 2008 (inicio de la crisis), los inversionistas exigían rendimientos más altos para comprar la deuda. Conforme la crisis financiera ha ido atenuándose durante 2009, la curva ha bajado lo que implicaría una mayor confianza de los agentes para la deuda peruana.
Actualmente, la deuda peruana tiene la calificación “Ba 1”, que representa una mejora en la percepción del riesgo con respecto al 19 de agosto del año pasado (Ba 2), sin embargo, aún se considera que la deuda peruana se encuentra expuesta a factores adversos que pueden llevarla a una inadecuada capacidad de pago [2].

Bajo una calificación de grado de inversión, el mercado financiero peruano enfrentará más competencia por obtener papeles con esta calificación. Si el Estado Peruano observa que existe una mayor demanda por sus papeles de deuda, se espera que cuente con mejores perspectivas para administrar su deuda o para obtener financiamiento en mejores condiciones.

En conclusión, este hecho podría seguir proporcionando grandes oportunidades de inversión para el país. Ante esto, el Estado debería buscar asegurar las condiciones regulatorias e institucionales que refuercen la confianza de nuevos inversionistas.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Economía (MEF) están buscando reducir las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) antes de culminar el presente año. Según manifiestan, lo que se busca es que estas comisiones tengan dos componentes: una parte fija (de hasta 1.06 %) que permita cubrir los costos de operación y una parte variable que este en función del rendimiento de las AFP (que podría llegar hasta 0.87 %). Esta propuesta es parte de la Reforma Integral del Sistema Privado de Pensiones que tanto la SBS como el MEF están buscando implementar y que abarcaría no solo aspectos relacionados de cobros de comisiones, sino también de regulación, reglamento de pensión mínima y jubilación anticipada.

Pero, ¿Qué tan importante puede ser el precio y la rentabilidad en esta industria en la elección de una determinada AFP? Berdejo, Galarza y Nagamine [1] estiman la elasticidad de la demanda, medida por la cantidad de traspasos, respecto del precio y la rentabilidad obtenida. Los resultados muestran una débil sensibilidad ante estas variables [2], mientras que otras tales como publicidad y gastos de las AFP en captar afiliados si son significativas.

Otras propuestas que buscan reducir los altos costos giran alrededor de promover una mayor competencia; por tanto, quizás se deba volver a discutir esta propuesta de modo que también beneficie a los afiliados no solo en precio, sino también en ofrecimiento de servicios [3].

[1] “Mecanismos para incentivar la competencia en los Sistemas de Pensiones basados en Capitalización Individual” (2006)
[2] La elasticidad de la demanda mide la sensibilidad o la reacción de las personas ante cambios en algunas variables como lo son precio, ingresos, etc.
[3] Diversas medidas relacionadas a esta promoción de la competencia fueron implementadas por la SBS, además de buscar que las variables relevantes en la elección de una AFP sean comisión, rentabilidad y calidad del servicio Ver Masías - Sánchez (2006) “Competencia y reducción de comisiones en el sistema privado de pensiones: el caso peruano”