El informe “Producción Nacional” presentado el lunes pasado por el INEI reveló que en junio la actividad productiva peruana cayó 2.08% en relación al mismo mes del año pasado, registrándose la mayor caída del año. Así, al primer semestre se observa un estancamiento de la economía, con un crecimiento acumulado de 0.34%.

Según el mencionado informe, la contracción de la actividad económica observada en junio se atribuye al comportamiento de nueve sectores económicos. La actividad más afectada fue la pesca, la misma que registró una tasa de crecimiento negativa de 18.1%. Por su parte, la manufactura presentó una caída de -12.24 % siendo el sector fabril no primario el que determinó en mayor medida este resultado. En el caso del sector agropecuario, éste también experimentó una contracción (-4.76%). No obstante, cinco sectores económicos – transporte y comunicaciones, finanzas y seguros, servicios gubernamentales, restaurantes y hoteles y otros servicios – registraron tasas de crecimiento positivas. Al respecto, es importante destacar que el sector de finanzas y seguros obtuvo en junio un significativo crecimiento (11.40%). Además, considerando la performance de la actividad productiva en el primer semestre, se observan nuevamente tasas negativas de crecimiento en sectores como pesca, manufactura y comercio (-9.48%, -8.32% y -0.96%, respectivamente).

Estas cifras han dado origen a especulaciones acerca del rumbo que tomará la economía peruana en el segundo semestre. Este ejercicio supone considerar la situación de la economía mundial, cuyos pronósticos aún no son concluyentes, así como los hechos relevantes observados en la economía nacional. En relación a esto último, cabría preguntarse si en el segundo semestre el escenario recesivo podrá ser revertido [1]. En efecto, según estadísticas del INEI, el PBI desestacionalizado cayó por dos trimestres consecutivos [2].

[1] De acuerdo al estándar internacional, una economía está en recesión cuando el PBI desestacionalizado (que mide la producción de un trimestre comparada con el trimestre inmediato anterior, pero aplicando un ajuste para eliminar los efectos de temporada) desciende por dos trimestres consecutivos.
[2] Según datos del INEI, en marzo se cumplieron dos trimestres de caída del índice del PBI desestacionalizado. Ello en virtud de que en el cuarto trimestre del 2008 el PBI desestacionalizado cayó en 0.3% y en el primer trimestre del 2009, se contrajo en 1.6%. Al respecto, véase en la página web del INEI la serie “PBI Global (mensual / índice desestacionalizado base 1994=100)” que permite obtener las variaciones trimestrales.

El 17 de agosto, el Poder Ejecutivo dispuso no aplicar salvaguardas a las importaciones de hilados provenientes de la India. La decisión se basó en el informe técnico presentado por el Indecopi a solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). La tasa de crecimiento acumulada de las importaciones de hilados entre los años 2006 y 2008 fue de hasta más del 400% [1].

Las salvaguardas son medidas de protección al comercio ante el aumento de las importaciones de un producto que afecte a la industria competidora nacional. Tienen la característica de ser temporales y con aplicación de emergencia. Países como Inglaterra y China también aplicaron medidas proteccionistas antes de abrir sus mercados e incluso una vez ya abiertos las mantuvieron para los productos que consideraban aún sensibles.

Para aplicar este tipo de medidas se debe sustentar técnicamente la causalidad entre el aumento de las importaciones y el daño o amenaza de daño a la industria nacional. En el caso de la industria hilandera peruana, Indecopi no llegó a demostrar el grado de competencia directa (sustitución) entre el hilado importado y el nacional.

En la actualidad las empresas de confecciones textiles recurren al hilado importado con el fin de poder reducir costos y ser más competitivos en el mercado externo. Este sector actualmente viene enfrentando la reducción del nivel de ventas debido a la crisis internacional, así como la aparición de nuevos competidores con costos más bajos como China entre otros países del Asia.

El poner salvaguardas a los hilados importados solo sería efectivo si se llegase a demostrar el grado de competencia directa entre ambos productos, así como mantener el carácter temporal de esta medida. Si bien favorece al sector productor de materia prima por el otro lado puede afectar al sector confecciones que se abastece de esta, restándole competitividad en el mercado externo.

[1] Indecopi: Informe N° 043-2009

Estados Unidos destina alrededor del 17% de su PBI a salud; sin embargo, sus índices de mortalidad infantil y esperanza de vida son peores que otros países ricos que destinan menor porcentaje de su PBI a salud. Más aún, cerca de 50 millones de sus habitantes no cuentan con cobertura médica alguna. En este contexto, se debate una reforma al actual sistema de salud [1].

El debate se ha centrado en si debe existir un sistema de salud dirigido enteramente por el Gobierno o mantener el sistema privado actual con subsidio del gobierno para aquellos que actualmente se encuentran fuera del sistema; lo que le costaría alrededor de USD 1.2-USD 1.6 trillones al fisco [2].

La falta de cobertura es sólo una arista del problema que afecta la sociedad norteamericana. El actual sistema de salud tiene también otros problemas, entre ellos: mayor peso al contribuyente y los presupuestos gubernamentales; los seguros privados significan un alto costo a las grandes y más aún a las pequeñas empresas; las altas primas de seguros reducen mensualmente los salarios y; la estructura de costos del sistema de salud.

Finalmente, es necesario notar que existen grupos de poder en Estados Unidos interesados en mantener el statu quo, donde los más perjudicados han sido las minorías raciales. Así, del total de personas sin seguro médico: el 35% son hispanos, 35% indígenas americanos, 18% afroamericanos y el 12% blancos. En un país que atraviesa una recesión, la brecha se incrementa junto con el desempleo y junto con la necesidad que todas las partes lleguen a un acuerdo donde la sociedad sea la que gane [3].

[1] OECD Health Data 2009. A manera de comparación, el 2007 Suecia destinó el 9% de su PBI a salud y logró una tasa de mortalidad infantil de 4.4 muertes por 1000 nacidos. Estados Unidos, tuvo una tasa de 6.6 muertes por 1000 nacidos.
[2] www.economist.com
[3] www.healthreform.gov/reports

Luego de que en 1949 el gobierno del Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) tuviera que huir a la isla de Taiwán, las relaciones con el Partido Comunista en China Continental han sido ásperas. En ese sentido, la República de China en Taiwán – más conocida simplemente como Taiwán – ha mantenido una independencia económica en relación con China Continental (China). No obstante, Yiin Chii-ming, ministro de economía de Taiwán, ha expresado públicamente que desea iniciar oficialmente en octubre de este año negociaciones comerciales con Beijing para la firma de un tratado de libre comercio.

¿Por qué está Taiwán interesado en firmar un acuerdo de libre comercio con China lo antes posible? China, al igual que la mayor parte de países en el mundo, ha buscado establecer tratados de libre comercio con sus más estratégicos socios comerciales. Esto ha originado que la mayoría de países no deseen reconocer a Taiwán como socio comercial para no comprometer sus relaciones con China. Como consecuencia, actualmente Taiwán sólo mantiene relaciones bilaterales con 23 países, lo cual a criterio de los líderes políticos de la isla puede dañar su economía, orientada a la exportación [1].

Adicionalmente, el próximo año entran en vigencia diversos tratados comerciales entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), lo cual puede desfavorecer a Taiwán porque sus exportaciones a China mantienen tarifas arancelarias que oscilan entre 5% y 15%.

Sin embargo, dicho acuerdo comercial contiene también connotaciones políticas. Huang Kun-huei, del Partido Unión Solidaria Pro-independentista de Taiwán, señala que la firma del tratado implica una alianza económica que tendrá también repercusiones políticas colaterales, como por ejemplo una menor soberanía. El Partido Demócrata Progresista incluso logró recolectar 120 000 firmas para lograr un referéndum. El actual gobierno, presidido por Ma Ying-jeou, ha sido uno de los más cercanos a China continental en las últimas décadas, por lo cual el ambiente político en Taiwán se encuentra polarizado.

Por ello, el referido acuerdo comercial es una prueba de fuego para ambos países, y sólo en el largo plazo se podrá saber si una mayor interdependencia económica motivará a Taiwán a acercarse políticamente a China.

[1] Costa Rica fue el último país latino en romper lazos comerciales con Taiwán, en el año 2007.

El 14 de agosto, la FAO [1] dio a conocer que la menor inflación registrada está relacionada con la disminución del 36% en junio del 2009 con respecto al mismo mes del 2008, en los precios internacionales de los principales alimentos, como los productos lácteos, aceites y grasas, cereales y carnes. Asimismo, la FAO prevé que debido a la crisis alimentaria y económica, la población que padece de hambre en América Latina y el Caribe alcance los 53 millones de personas, cifra similar a la registrada a principios de la década de 90.

Al respecto Jose Graziano Da Silva [2] comenta que “el deterioro de la situación de la seguridad alimentaria se vincula con la disminución del poder de compra de las familias, luego de los drásticos aumentos en los precios de los alimentos experimentados durante el año pasado”.

Si bien la reducción de la inflación podría resultar una ventaja para estimular el consumo de las familias, la crisis alimentaria de los últimos años sumada a la actual crisis financiero-económica afecta la vulnerabilidad alimentaria de las familias más pobres y el acceso de éstas a los alimentos. Es decir, no solo está en juego el nivel de precios de los alimentos, sino que actualmente, la crisis financiera está asociada a menores ingresos y a un aumento del desempleo los cuales -según la experiencia derivada de crisis financieras anteriores- tardan muchos años en recuperarse [3].

A pesar de este problema, la situación abre también oportunidades y expectativas favorables. Para las empresas agroexportadoras, tendrán la posibilidad de captar una parte importante del mayor precio que han alcanzado los alimentos a nivel internacional. Pero también las hay para los pequeños agricultores, si los países adoptan medidas de políticas específicas que incrementen la productividad y producción de estos agricultores que forman parte de la población en extrema pobreza.

[1] Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
[2] Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
[3] “Aumento en los precios de los alimentos en ALC”. FAO.

Como parte del paquete de medidas del Plan de Estímulo Económico del Gobierno se creó el Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) por S/.300MM, a fin de facilitar la viabilidad de créditos a las PYMES y medianas empresas que se han visto afectadas coyunturalmente por los efectos de la crisis.

Para la utilización del fondo, COFIDE asigna un porcentaje del FOGEM a cada banco, los cuales deben asignarlo a los clientes que cumplan con los requisitos: 1) que más del 30% de sus ventas estén destinadas a exportaciones y 2) que hasta setiembre 2008 hayan mantenido una clasificación Normal o CPP en el Sistema. Esta garantía respalda el 50% del saldo insoluto del préstamo garantizado el cual tiene límites por tamaño de empresa (Microempresas: US$30M; Pequeñas empresas: US$150M y Medianas empresas: US$2MM).

Sin embargo, la utilización del fondo podría generar incentivos perversos al momento de la selección crediticia por parte de las entidades financieras, para las cuales el FOGEM es un recurso limitado. Por cuanto manteniendo una actitud conservadora, preferirían primero coberturar sus posiciones más riesgosas y más grandes en las cuales no necesariamente se asegure un flujo continuo de crédito. Ello tendría como objetivo buscar una mejora en la posición coberturada y por tanto proteger los ahorros de sus clientes que sustentan las colocaciones; no obstante este no sería el objetivo de creación del fondo.

En particular, dos sectores que se han visto fuertemente afectados por la crisis han sido el textil y el maderero que tenían exportaciones significativas a los EEUU, los cuales requieren del flujo de crédito necesario, a fin regularizar posibles retrasos y reactivar los pagos en toda la cadena exportadora.

Finalmente, se hace necesario un monitoreo constante al fondo, para saber si su tamaño sería el adecuado, o si en el futuro se requiera un incremento a fin de que este fondo alcance a más empresas, en particular a las MYPES que son las que más trabajo generan.

El BCRP decidió recortar la tasa de referencia en 0,75% llevándola a 1,25%, cifra menor a la esperada por la mayoría de analistas económicos [1]. De acuerdo al comunicado del BCRP, esta medida se debió a la caída de la inflación y de las expectativas sobre la evolución futura de la misma.

En los meses de mayo y junio se presentó una deflación [2] y a julio la inflación registrada fue de 0,19% respecto del mes anterior, mientras que la acumulada en los últimos 12 meses fue de 2,68% lo cual la ubica dentro del rango que el BCRP se estableció como meta para esta variable (1% -3 %). Desde el enfoque del esquema de “meta de inflación” adoptado por el BCRP, en el cual la variable relevante para determinar las decisiones de política en el manejo de la tasa de referencia es la inflación, que a la vez sirve de “guía” para los diversos actores del sistema financiero peruano, este descenso le permite ser más agresivo de lo que se esperaba en una política expansiva como la actual.

Finalmente, es de destacar el punto de vista del BCRP acerca de la evolución futura de la inflación ya que no “prevé nuevos ajustes en la tasa de referencia” [3]. De acuerdo al propio comunicado emitido por el banco, dependerá de la evolución futura de la inflación, así como de las variables que la afectan, que se realicen nuevas modificaciones en esta tasa.

El alcohol y el cigarro son productos usualmente gravados con altos impuestos. Esto ocurre debido a que la teoría económica reconoce que el precio de dichos productos no refleja el verdadero costo social de su consumo. Así, un impuesto pigouviano es colocado para contrarrestar la externalidades causadas por estos tanto en los consumidores como en la sociedad.

En ese sentido, los países desarrollados han empezado a considerar la opción de elevar la carga tributaria de la comida baja en nutrientes y alta en grasas saturadas y carbohidratos, denominada también “comida chatarra”, como una forma de aliviar el déficit público y a su vez combatir la obesidad [1]. Si se aplica con éxito en el caso del tabaco o el alcohol, ¿por qué no gravar a la “comida chatarra” y mejorar la forma en que los consumidores toman decisiones sobre su alimentación?

Como respuesta, durante el primer semestre de este año se han publicado interesantes estudios que debaten al respecto. Así, Engelhard, Garson y Dorn (Julio de 2009) [2] colocan a la “comida chatarra” como una de las principales causas de la obesidad, con consecuencias directas en la economía a través de una baja en la productividad por trabajador y en un incremento de los costos por atención médica. Estiman que para Estados Unidos los costos médicos de un obeso son 700 dólares más altos que los costos de una persona delgada.

Sin embargo, Yaniv, Rosin y Tobol [3] argumentan que la implementación de impuestos a la “comida chatarra” posee falencias técnicas. Por ejemplo, existe demasiada discrecionalidad al decidir qué productos deben ser considerados dentro del referido impuesto. Una hamburguesa tiene elevados niveles de grasa, pero además proteínas y calorías necesarias para el organismo. Además, y a diferencia del caso del cigarro o el alcohol, el consumo de “comida chatarra” no produce una externalidad negativa directa sobre el bienestar de otra persona que no sea el propio individuo. Por ende, se deben ponderar los resultados de dichos estudios a mayor profundidad antes de iniciar la implementación medidas tributarias que afecten directamente la decisión de compra de los consumidores.

[1] Un individuo es clasificado como obeso sobre la base de su índice de masa corporal (IMC), el cual muestra la relación entre el peso y la altura como un indicador de la grasa corporal. Un adulto es clasificado como “en sobrepeso” si su IMC está entre 25 y 25.9. Si su IMC es mayor a 30 es clasificado como obeso.
[2] ENGELHARD, Carolin; GARSON Arthur; DORN Stan “Reducing obesity: Policy strategies from the tobacco wars”, Urban Institute. Julio de 2009.
[3] YANIV, Gideon; ROSIN Odelia; TOBOL Yossef. “Junk-food, home cooking, physical activity and obesity: The effect of the fat tax and the thin subsidy”. Journal of Public Economics. Junio de 2009.

En julio la inflación acumulada del año 2009 retornó a los niveles del rango objetivo [1] (entre 1% y 3%) al ubicarse en 2.68%.

Desde comienzos del 2009 ya se había venido marcando una tendencia decreciente en la inflación, lo que se debió principalmente a la corrección (a la baja) en el precio de los commodities de combustibles y alimentos, así como por el deterioro de la demanda mundial e interna.

En una visión retrospectiva, vemos que la inflación había llegado a niveles cercanos al 7% hacia finales del 2008. Este crecimiento se había originado desde mediados del 2007, motivado con la subida del precio de los combustibles y alimentos.

La proyección para el cierre del 2009 es que la inflación se sitúe en niveles cercanos al 1%, según el BCRP. Este hecho otorgaría cierta holgura en materia de una política monetaria reactivadora, como por ejemplo la reducción de tasa de referencia (del BCRP) como ya se viene dando; aunque tarde, dado que los efectos de esta herramienta de política tienen un rezago aproximado de 7 meses.

Por otra parte, también se debe indicar que el objetivo del BCRP no es el crecimiento económico sino la estabilidad monetaria; no obstante, para una economía mundial con proyecciones de un decrecimiento para el cierre del 2009, particularmente en las economías desarrolladas, no resulta adecuado haber mantenido una tasa de referencia alta para los primeros meses del 2009.

Si bien está latente el riesgo de una subida en el precio de los combustibles, lo que repercutiría directamente en nuestra inflación; también es lógico pensar que tras mayores restricciones crediticias en un escenario más conservador, se esperaría una reactivación lenta, lo que aminoraría los riesgos de inflación, otorgando mayor holgura a la política monetaria.

[1] La meta de inflación es del 2% con un margen de tolerancia de un punto porcentual hacia arriba (3%) o hacia abajo (2%).

El presidente Alan García en su reciente mensaje presidencial por fiestas patrias anunció la promoción de los núcleos ejecutores. El objetivo principal es agilizar el gasto público, dado que a la fecha no se observa el resultado esperado de la ejecución financiera [1]. Para este propósito se plantea invertir el 5% de los fondos disponibles del presupuesto de inversión del Estado en los proyectos menores [2]. Para el año 2010, se planea incrementar el porcentaje del gasto público a un 8% para ser ejecutado por las estas organizaciones sociales.

Los proyectos a ser desarrollados por los denominados núcleos ejecutores serán por un monto aproximado de 300 mil nuevos soles. Los mencionados núcleos estarían constituidos por un presidente, un tesorero, un vocal y un fiscal que son elegidos por la misma comunidad o caserío a ser beneficiado. Además, los proyectos de inversión pública tendrán que cumplir ciertos requerimientos como, por ejemplo, estar enmarcado en el Plan de Desarrollo Local Concertado de los gobiernos locales y de tipología correspondiente a infraestructura social y/o económica.

Los núcleos ejecutores contarán con el apoyo del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES). En cuanto a la fiscalización de los proyectos será la Contraloría General de la República, entidad encargada de ésta función.

La ejecución de proyectos a través del modelo de núcleos ejecutores ya se ha realizado en FONCODES, sin embargo ha sido aplicado en el ámbito de áreas rurales, con la medida planteada por el presidente Alan García será un proyecto piloto para las áreas urbanas.

Los núcleos ejecutores representan otra opción (entre otras como el presupuesto participativo) de gasto público que busca identificar y solucionar los problemas sociales de las comunidades con la participación directa de éstas.

[1] Detalles de la situación del gasto público en la nota “EJECUCIÓN DEL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA”. http://blog.pucp.edu.pe/index.php?blogid=19.
[2] El monto total de los fondos disponibles es 19.500 millones de nuevos soles.