De acuerdo a las proyecciones hechas por el Fondo Monetario Internacional en su World Economic Outlook (Julio 2008), la actividad económica en todo el mundo se reducirá significativamente en la segunda mitad del año 2008, recuperándose recién a partir del próximo año, principalmente como consecuencia de los riesgos relacionados con el sector de la vivienda y la turbulencia del mercado financiero en Estados Unidos. Para el caso de América Latina, la desaceleración viene en un contexto externo menos favorable. Se estima que el crecimiento económico de la región, pasará de 5,6% en 2007 a 4,4% en 2008[1].

Sin embargo, a pesar de la desaceleración económica mundial, la inflación sigue en aumento principalmente en las economías de países emergentes y particularmente en el caso de América Latina. El aumento de la demanda interna[2], el incremento de los precios internacionales de los alimentos y de los combustibles, agudizado en algunos países por factores climáticos adversos, han contribuido al debilitamiento de la balanza comercial y al aumento de la inflación. Varios países en América Latina, que tienen un esquema de metas de inflación, ya han visto superado su rango en lo que va del año:

En respuesta a estas presiones inflacionarias, muchos bancos centrales han aplicado una política monetaria contractiva. Por ejemplo, los bancos centrales de Chile, Colombia, México y Perú han elevado las tasas de interés de referencia en los últimos meses, mientras que Brasil puso fin al ciclo de expansión monetaria que había iniciado en septiembre de 2005. Esta conducta de manejar una política monetaria contractiva busca frenar los incrementos de los precios.

Un punto a destacar, es que el aumento en el precio internacional de los alimentos ha afectado adversamente a los sectores más pobres en los países de la región. El sostenido aumento de los precios mundiales de alimentos ha promovido las exportaciones en algunos países de la región. Pero al mismo tiempo, los hogares de menores ingresos han sido afectados negativamente por el incremento de los precios de los alimentos, ya que típicamente dedican un mayor porcentaje de sus ingresos al consumo de alimentos. De acuerdo con un estudio del BID[3], más de 26 millones de personas en América Latina y el Caribe pueden caer en la extrema pobreza si se mantienen los precios altos de los alimentos.

Esta situación pone en riesgo lo avanzado, hasta ahora, en América Latina en materia de la lucha contra la pobreza. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas[4], la tasa media de la pobreza en América Latina cayó de 44% en 2002 a menos de 36% en 2006, y se prevé que haya disminuido aun más en 2007, hasta llegar al 35% de la población total.

[1] Para el caso peruano, el FMI estimó un crecimiento de 7,0%, muy por encima del promedio de AL.
[2] El auge de los precios mundiales de las materias primas en los últimos cuatro años ha sido un factor de gran importancia para explicar el incremento de la demanda interna en varios países de América Latina.
[3] Banco Interamericano de Desarrollo (Suzanne Duryea et. al. 2008).
[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007, Panorama Social de América Latina (Santiago, ECLAC).
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La semana pasada la comúnmente llamada ley de nativos o ley de la Selva, fue derogada por el pleno del congreso ante un clima de amenaza y presión popular. Lo que nuevamente caracterizó a estas protestas fueron los cierres de carreteras, toma de puentes, tomas de comisarías, etc; es decir, el uso del vandalismo y la fuerza como herramienta de “negociación”. ¿Cuál es la implicancia de esta medida? ¿Cómo afecta nuestra economía?

Bajo la Ley No. 29157, que aprobó el Congreso, delegó al Presidente de la República la potestad de legislar por un plazo de 180 días sobre materias relacionadas con la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Una de las leyes emitidas durante la vigencia de este plazo fue la 1015, precisándose posteriormente bajo la ley 1073, bajo las cuales se pretendía reducir a 50% más uno el quórum mínimo necesario para que las comunidades campesinas de la Sierra y la Selva tomen decisiones autónomas sobre el uso de sus tierras; lo que ya sucede con los campesinos de la costa. Con la derogatoria de estas leyes, el Congreso dispuso restituir los artículos 10 y 11 de la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las actividades económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, por la que se establece que para ejercer cualquier acto en tierras comunales de la Sierra y Selva era necesario el acuerdo de la asamblea general de la comunidad con el voto conforme de no menos de los dos tercios de sus miembros.

El objetivo de estas leyes finalmente era el elevar la productividad de las tierras comunales bajo el acceso a la inversión privada. Por un lado, la consigna del gobierno parece ser que si los comuneros no tienen acceso a los recursos para invertir en sus tierras, dejemos que otros lo hagan por ellos. Por otro lado, los comuneros no están de acuerdo con que sólo el 50% de ellos puedan tomar las decisiones de qué hacer con sus tierras. El debate de propiedad de tierras comunales e inversión privada parece haberse reducido a un tema de cuál es el mejor sistema de toma de decisiones, sintiéndose amenazados los comuneros porque un número menor de ellos podría tomar decisiones erradas. Lo cierto es que bajo las condiciones actuales, las tierras comunales no atraen inversión y el gobierno no encuentra la forma de hacer partícipes del crecimiento económico a sus pobladores. Poniéndolo en términos económicos, para el actual gobierno el costo de oportunidad de tener tierras comunales sin un mayor valor agregado es muy alto, en el actual contexto de crecimiento económico.

El debate toma quizás mayor relevancia si lo ponemos en un enfoque mayor, ¿cómo generamos que aquellos pobladores se inserten en la economía y puedan acceder a mayores bienes y servicios que les genere mayor bienestar? Es cierto que las leyes derogadas no eran la solución al problema y que debió ser consultada y elaborada en conjunto con sus afectados, error grave del actual gobierno; sin embargo, el oponerse con violencia afectando la democracia y el principio de autoridad que nos separa de un estado de anarquía tampoco lo es. Los eventos de violencia producen una mayor imagen de riesgo sobre las inversiones en el país, presión al alza de la inflación, mayor debilitamiento del sistema democrático, todos en contra de nuestro desarrollo.
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Durante la semana pasada, la pública confrontación entre la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y el Gobierno acerca de quien debería asumir los nuevos costos por energía puso en agenda lo que muchos no habían previsto: la incapacidad actual que tiene la oferta de abastecer la demanda por energía en sus diversas formas.

Entre las principales causas de esta incapacidad se encuentra la falta de lluvias en la sierra, que afecta a la producción hidroeléctrica, y los problemas que presenta el único ducto de transmisión del gas de Camisea, que alimenta, a su vez, a las centrales termoeléctricas. Según el Ministerio de Energía y Minas, en junio de este año, el uso de gas natural para la producción de energía eléctrica aumento en 37,6%, mientras que la hidroenergía disminuyó su uso en 6,6% comparado con similar mes del año anterior. Por tanto, junto al avence en el ansiado cambio energético, se debería asegurar el adecuado abastecimiento del gas natural.

Finalmente, si bien las restricciones en la oferta parecen ser temporales, estas han mostrado ser suficientes para generar lo que podría ser una crisis en un país donde la actual estructura energética depende en un 50% de la energía hidroeléctrica[1], 37% de gas natural y 13% en diesel. Esto, según la SNI, puede generar problemas en la producción de las empresas y, posiblemente, a las familias ante los posibles recortes de la energía.

[1] La participación de esta fue de 71% y 65% del total de energía producida en el país en los años 2006 y 2007, respectivamente. Fuente: MEM. Leer más »

El pasado viernes 15 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer las cifras oficiales de Producción Nacional a junio 2008, Índice de Precios al consumidor a Julio 2008 y la situación del mercado laboral durante el trimestre móvil mayo– junio-julio 2008[1]. Los resultados no hacen más que confirmar la continuidad de la fuerte tendencia alcista que viene registrando el crecimiento económico durante los últimos años; es más, según cifras oficiales, la producción agregada del país habría aumentado en 11,52% en el mes de junio; una de las tasas más altas en lo que va del año.

Los principales determinantes de esta expansión económica, que acumula un 10,35% entre enero y junio de este año, fueron los sectores económicos de Minería (12,53%), Construcción (16,43%), y Comercio (18,86%); en particular, este último componente de la estructura productiva se vio impulsado por las importaciones de bienes de consumo (automóviles y electrodomésticos), y de bienes de capital (insumos y maquinaria para la agricultura y la construcción).

Siguiendo la misma correlación, el empleo en Lima Metropolitana durante el trimestre móvil mayo-junio-julio mostró un incremento, aunque no en la misma magnitud que la producción. En este sentido, la PEA ocupada en la capital habría aumentado en 34 900 personas; lo que equivale una tasa de 0,9% respecto al año anterior.

En cuanto a los datos sobre el Índice de Precios al Consumidor a nivel nacional, el INEI informó que el indicador de precios de la economía habría crecido en 0,58%, tasa menor en 0,17% respecto a julio 2007. Estas cifras nos muestran que, de continuar esta tendencia, el PBI podría cerrar el año con un crecimiento muy superior al 7,9% y 8,0% estimado por el BCRP y MEF, respectivamente. Naturalmente, el principal riesgo viene por el lado de la inflación, pues estas cifras de crecimiento originan una fuerte expansión sobre la demanda interna, lo que a su vez presiona sobre los precios. Finalmente, a partir de las cifras de empleo, se puede inferir que el crecimiento de la producción estaría concentrado, principalmente, en los sectores intensivos en capital y no en mano de obra, lo que podría aumentar las brechas de desigualdad económica en el país.

[1] “Informe Técnico: Producción Nacional N.8 – Agosto 2008”, “Informe de Precios N.16 – Agosto 2008 – IPC Nacional”, “Informe de Empleo N.8 – Trimestre May – Jun – Jul 2008” Leer más »

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente la última actualización del World Economic Outlook, documento que presenta proyecciones globales de las principales variables macroeconómicas. En vista de que la desaceleración económica en el primer semestre de 2008 fue menor a la esperada, el FMI mejoró sus predicciones respecto a las anunciadas en abril pasado y ha pronosticado un crecimiento mundial de 4,1% en el 2008 y de 3,9% en el 2009.

Sin embargo, el FMI sostiene que la presencia de altos riesgos financieros, asociados a pérdidas de las instituciones financieras, y la existencia de presiones inflacionarias condicionarán la firmeza de políticas económicas contractivas que disminuirán el crecimiento en la segunda mitad de 2008.

Aunque se espera una recuperación económica durante el 2009, no dejan de preocupar los niveles de inflación, sustentados en el fuerte incremento de los alimentos, debido a problemas de oferta en un contexto de pocos excedentes y una demanda inelástica, y de los combustibles, a causa de malas condiciones climáticas y un fuerte crecimiento de la demanda. El FMI ha incrementado sustantivamente sus predicciones de inflación para las economías emergentes y en desarrollo, al pasar de una predicción de 1,7% para el 2008 y 1,8% para el 2009 hacia unas de 9,1% y de 7,4%, respectivamente.

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El pasado 7 de Agosto, el BCRP volvió a incrementar la tasa de interés de referencia de 6.00 a 6.25[1], llevando con ello a un incremento consecutivo de aproximadamente 175 puntos básicos desde enero 2008. Dicha medida tendría como objetivo que la inflación retorne gradualmente al rango objetivo (meta de 2% con rango de tolerancia de 1%), aunque de antemano la proyección del BCRP para el cierre del 2008, indica una inflación proyectada (la cual considera el mantenimiento de un esquema sostenible del Fondo de Estabilización en el Precio de los Combustibles[2]) por encima de dicho rango. La mayor inflación se explica por el incremento en el precio internacional de los alimentos y combustibles, así como por un mayor crecimiento de la demanda interna en relación al producto potencial.

Junto a dicha medida, se muestra el asentimiento del Gobierno por reducir paulatinamente el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (FEPC), lo que repercutiría en un incremento en la inflación y por tanto constituiría una dificultad para que ésta retorne a los niveles dentro del rango meta, no obstante si consideramos que el shock en el precio de los combustibles es permanente, entonces debiéramos pensar que lo más saludable es dejar que el mercado se ajuste de manera natural, lo que se daría paulatinamente mientras las empresas trasladan el incremento parcial en el precio de sus insumos y bienes intermedios, al precio del bien final. Por cuanto, la medida del Gobierno referente a eliminar gradualmente sería acertada incluso a pesar de los perjuicios que pueda generar a corto plazo[3]. Más aun cuando el estudio realizado de manera conjunta entre el Banco Mundial y el Ministerio de economía y Finanzas (MEF), revela que el FEPC constituye un subsidio que no necesariamente favorece a los más pobres, considerando que de cada 100 soles invertidos en el subsidio, solo 5 llegan a los consumidores de menores recursos, por lo que se vienen buscando nuevas maneras de focalizar los recursos del subsidio en los mas pobres.

En resumen, tenemos por un lado al BCRP que ha venido incrementando progresivamente la tasa de referencia, lo que apunta a reducir la inflación mediante la desaceleración de la economía. Por otro lado, se tiene al Gobierno que proyecta reducir progresivamente el FEPC, aunque ello tiene como contrapartida mayores variaciones en el precio de los combustibles, las que de ser positivas, tendrán una incidencia directa en la inflación, la cual constituye un mecanismo de redistribución de ingresos, el mismo que no necesariamente favorece a los más pobres.

[1] Nota Informativa 085-2008-BCRP.
[2] Reporte de Inflación Mayo 2008. BCRP.
[3] La Inconsistencia Energética. Ophelimos. Edición del 04 de agosto de 2008.
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De acuerdo al MEF, el costo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles equivale al gasto total en programas de lucha contra la pobreza extrema. Y, además, estima que por cada S/.100 que el Estado invierte en dicho fondo solo S/.5 beneficia a familias del 10% más pobre de la población.

Ello refleja que, si bien ha habido significativos avances en la reducción de la pobreza, todavía se requiere realizar grandes esfuerzos para mejorar la eficacia del gasto público. Más aún si se tienen en cuenta i) los altos niveles de filtraciones y subcobertura de los programas sociales (ver tabla) y ii) la existencia de zonas -en sierra y la selva- que registran niveles de pobreza por encima del 50%[1].

Ambos factores, los problemas en focalización y las diferencias a lo largo del país -especialmente identificados entre las áreas urbanas y rurales-, contribuyen a que la desigualdad persista. Y, con ello, que se continúe restringiendo el acceso a oportunidades económicas a ciertos estratos de la población. En ese sentido, para poder pasar del crecimiento económico al bienestar social es preciso que la política social asegure que i) se facilite la creación de empleos en el sector formal, ii) se obtengan mejoras educativos y se garanticen programas focalizados a atacar la pobreza extrema, iii) se reduzca la desnutrición infantil, y iv) se mejore el acceso a servicios e infraestructura básica.

[1] Huancavelica: 85.7%, Apurimac: 69.5%, Ayacucho: 68.3%, Puno: 67.2%, Huánuco: 64.9%, Cajamarca: 64.5%, Pasco: 63.4%, Cusco: 57.4%, Amazonas: 55.0%, Loreto: 54.6%. Leer más »

Como es conocido, el precio internacional del petróleo (West Texas Intermediate-WTI) viene presentando un crecimiento importante desde setiembre del año pasado, tales niveles de crecimiento se han acentuado en los últimos meses de manera tal que en mayo y junio del presente año los niveles de crecimiento anual estuvieron cercanos al 100%.

El factor más importante para explicar esta tendencia es el de los problemas de oferta y demanda, debido a que el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo produjo una mayor demanda por materias primas debido al crecimiento de la industrialización en estos países. Esta situación frente a una oferta que no tiene el mismo ritmo de crecimiento elevó los precios de algunas materias primas y en especial del petróleo.

Sin embargo, la tendencia del precio del petróleo pareciera estarse revirtiendo desde julio del presente año y en especial en los últimos días, habiendo cerrado el viernes 8 de agosto, según Bloomberg, con un precio de US$115.2 el barril. Los factores que explicarían esta tendencia serían la recuperación del dólar frente al euro, lo cual habría restado atractivo a los commodities como alternativa de inversión. Por otro lado la caída en la demanda de combustibles en Estados Unidos también estaría teniendo efectos en el precio internacional del petróleo.

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La OECD anunció la adhesión del Perú a la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales que promueve la misma organización, convirtiéndose en el onceavo miembro de los llamados países emergentes en suscribirse a esta, además de los 30 países miembros de la OECD.

Esta Declaración es un compromiso por parte de los países firmantes a i) promover un clima de inversión; ii) alentar las contribuciones positivas que las empresas multinacionales puedan tener sobre el progreso económico y social; y iii) minimizar y solucionar las dificultades que puedan surgir por las operaciones de estas empresas. Por otra parte, se brinda, a las empresas multinacionales que operan en, o hacia, los países firmantes una serie de recomendaciones propuestas por los propios estados, acerca de las responsabilidades de los negocios en temas como el empleo, derechos humanos, medio ambiente, derechos de los consumidores, impuestos, etc[1]. De esta manera, tanto los gobiernos como las empresas multinacionales expresan un compromiso: el primero respecto a las condiciones que las empresas encontraran en el país, y estas, a su vez, tienen en cuenta las recomendaciones en temas que suelen crear controversias sociales.

Otro aspecto a destacar es el impacto positivo sobre la inversión extranjera directa (FDI), ya que junto a los tratados comerciales aumentarían las inversiones a corto y mediano plazo[2].

[1] Para ver el texto de las recomendaciones a las empresas multinacionales puede ver http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/16975360.pdf
[2] Además, precios de commodities altos, como los actuales, también incentivan a las firmas a acelerar sus inversiones y reinversiones (World Investment Report 2007, pag 89).
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Según el BCRP, la inflación anual a Junio del 2008 fue de 5,71%, muy por encima de la meta de inflación fijada (1%-3%). Bajo el actual contexto nacional e internacional de inflación, vale la pena preguntarse si es consistente la actual política de mantener el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) y abogar al mismo tiempo por un cambio de matriz energética.

El FEPC fue creado el 2004 como un mecanismo de compensación con la finalidad de disminuir el impacto que los precios internacionales del petróleo provoquen sobre los precios internos de los combustibles y sobre la inflación. En el actual contexto internacional, en el que el precio del petróleo esta por encima de los USD 100 , los fondos del fisco destinados a esta función son elevados y con posibilidades de incrementarse. Sólo desde mayo del 2007, el FEPC tiene compromisos acumulados de pago de S/. 3 100 millones a las refinerías. A pesar que el objetivo de corto plazo es de aminorar las presiones inflacionarias sobre el consumidor final, vale la pena preguntarse si es acaso un mecanismo que favorece a toda la población por igual.

El fondo debió ser en todo momento una medida momentánea, ya que plantea una situación distorsionada de la realidad, con consecuencias mayores y presiones innecesarias no sostenibles para el fisco. Los precios de los combustibles en el Perú deben sincerarse con los niveles que se observan en los mercados internacionales.

Debe notarse que la inflación observada, mantiene dicho nivel sin realizarse todavía el ajuste por los precios de los combustibles, lo que nos lleva a pensar si el actual gobierno ha encontrado una fórmula sencilla, nada técnica y poco ortodoxa, de mantener la inflación “no tan elevada”, distorsionando el objetivo inicial del FEPC. La reducción gradual de la compensación (FEPC), aprovechando aún los niveles de crecimiento observados en el producto y en el empleo, generará que los agentes económicos deban adecuar su nivel de consumo y se acelere el proceso de cambio de matriz energética. El eliminar gradualmente el FEPC es una decisión con poco rédito político en el corto plazo, sin embargo, es seria y responsable con las finanzas públicas y el desarrollo equitativo de nuestra economía.
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