El Congreso de la República culminó el periodo legislativo 2001-06 el pasado 21 de julio. Durante el último mes en funciones del Congreso, la producción legislativa superó la cifra de 100 proyectos de ley aprobados.

En términos generales, los principales proyectos de carácter económico aprobados durante las cuatro últimas semanas pueden clasificarse en dos grupos: 1) leyes orientadas a la promoción de la inversión privada, comercio exterior y competitividad y 2) leyes que incrementan las presiones de gasto público y las exoneraciones tributarias. Complementariamente, la producción legislativa reciente incluyó también la aprobación de créditos suplementarios en el presupuesto público y de leyes varias de menor impacto económico.

De esta forma, como reflejo del accionar congresal del último quinquenio, la producción legislativa reciente se caracterizó por la dación de leyes con un potencial impacto económico positivo en el mediano plazo combinada con la de leyes que revisten riesgos fiscales dado que no contemplan un análisis costo-beneficio del gasto público y/ o de los incentivos fiscales derivados de las mismas.

Cabe anotar que la principal deuda del Congreso saliente es la postergación de leyes de naturaleza estructural y carácter urgente (e.g. Ley General de Trabajo, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley del Empleo Público). Leyes postergadas que, como condiciones necesarias para la reforma del Estado y la promoción de la inversión, son tarea esencial del nuevo Congreso.

En el primer grupo, destaca la ratificación del acuerdo comercial Perú – E.E.U.U., complementada por siete leyes dirigidas a compensar y fomentar la competitividad y formalización de los sectores sensibles al acuerdo, y la ley de promoción de programas para la competitividad productiva que incluye siete programas de aplicación transversal orientados a simplificar trámites burocráticos para la inversión, promover cadenas productivas, fomentar la innovación, entre otros.

En el segundo grupo, sumada a la modificación de las reglas de cierre del régimen DL 20530 y el establecimiento del plazo de pago de los devengados del régimen DL 19990 que elevan el gasto público en el corto plazo, destaca la ley de fortalecimiento y modernización de Petroperú que incrementa la vulnerabilidad fiscal al otorgar a la empresa estatal un mayor grado de autonomía económica, financiera y administrativa.

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El 19 de abril se autorizó que el Banco de la Nación (BN) celebre convenios con entidades que otorgan créditos a las micro y pequeñas empresas (MYPES), para ofrecer financiamiento en zonas donde el banco estatal sea la única oferta bancaria[1] (actualmente existen 267 oficinas del BN en zonas donde no hay otra oferta bancaria y en donde se ubican cerca de 96 mil MYPES).

Con ello, las empresas financieras podrán otorgar préstamos a las MYPES a través de la infraestructura y recursos de fondeo del BN, lo cual les permitirá disminuir sus costos operativos, los mismos que representan cerca del 70% de sus costos totales[2]. La calificación y el riesgo de los créditos son asumidos por la entidad financiera, así como también la promoción del producto, la búsqueda de clientes, el ingreso al sistema y la gestión de recuperación de los créditos.

El 20 de abril el BN, en convenio con la Entidad de Desarrollo a la Pequeña y Microempresa (EDPYME) Edyficar, otorgó los primeros créditos en Huancabamba, Piura, a cuatro microempresarios por montos que fluctuaron entre S/.1 000 y S/.8 000. Hasta el momento, sólo está en funcionamiento el convenio con la EDPYME mencionada. Sin embargo, el proceso está bastante avanzado con la Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Luren (con sede en Ica), Caja Muncipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Paita, EDPYME Confianza (con sede en Huancayo) y la CMAC Maynas (con sede en Iquitos). También existen conversaciones con dos bancos (una de ellas es Mibanco) y otras tres empresas microfinancieras.

Estos convenios resultan favorables debido a que buscan incrementar la oferta crediticia de las empresas financieras privadas en diversas zonas del país y la bancarización de nuevas MYPES. Sin embargo, esta bancarización depende no sólo de las oficinas, servicios y fondeo brindados por el BN, sino también de la capacidad de las instituciones financieras para la búsqueda y recuperación de nuevos clientes en zonas de difícil acceso.

[1]DS. N° 047-2006-EF.
[2] La atención y el seguimiento de las colocaciones es personalizado, y el monto promedio del crédito es muy reducido (S/.2 000).
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La renuncia de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y los problemas entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa, hicieron temer una fractura en el proceso de integración de la región. Sin embargo, en la última reunión del MERCOSUR (realizada el pasado 20 de julio) se hace evidente que la visión integradora de la región continúa, ya que se incluye a Venezuela (renunciante de la CAN) como nuevo miembro permanente y a Cuba como firmante de la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE). [1]

¿Por qué es beneficioso este avance de la integración? Los beneficios de la integración económica y la consolidación de bloques económicos son no sólo un mayor flujo, variedad y calidad de bienes y servicios, sino también la mejora de las relaciones comerciales, políticas y científicas. De este modo, estos beneficios estimulan un mayor bienestar y el desarrollo económico de las naciones.

La inclusión de Venezuela como nuevo miembro del MERCOSUR, demuestra un avance en el proceso de consolidación del MERCOSUR como el principal bloque económico de América Latina, Ello hace que, para otros países no miembros de la región, cada vez sean más atractivas las posibilidades comerciales a las que podrían acceder si es que se hiciesen miembros del MERCOSUR (para Bolivia, por ejemplo). Si bien da la impresión de que los acercamientos a Cuba fortalecerían lo dicho, la ampliación del ACE tiene mayor relevancia política [2] que comercial, ya que el flujo del bloque con dicho país sólo alcanza el 0,17%.

Queda aún mucho por avanzar para lograr la integración económica latinoamericana. Entre los principales desafíos que enfrenta el MERCOSUR son: la liberación comercial y coordinación de políticas; las asimetrías entre países; la reconversión productiva; el arancel externo común; y la solución de problemas de “entendimiento”, los mismos que se ven muchas veces alimentados por hechos pasados.

[1] Se pasarían de unas 1300 posiciones arancelarias a 2700 posiciones, que tendrían arancel cero inmediatamente.
[2] Cuba se encuentra bajo un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos desde 1960
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La SBS, con la colaboración de la Asociación de AFPs y organismos gubernamentales vinculados al sistema previsional, se encuentra elaborando una propuesta de reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP), la misma que sería entregada en los primeros meses del próximo año al congreso. Esta iniciativa responde, por un lado, a la realidad de un sistema cuyo potencial de crecimiento y mejoras para los trabajadores, está limitado por las propias características del mercado laboral peruano; y por otro lado, responde a las proyecciones demográficas para los próximos 45 años[1]. La propuesta de reforma tendría tres grandes objetivos:

1) Ampliar la cobertura[2]. y el número de cotizantes a partir de medidas que obliguen a los trabajadores independientes a cotizar. La retención del aporte, para los independientes formales, estaría vinculada al pago del impuesto por cuarta categoría; mientras que para los informales estaría vinculada a nuevos productos o mecanismos que fomenten el aporte[3]. Cabe mencionar que se está considerando incentivos fiscales a través de deducciones tributarias por los aportes.

2) Alcanzar mayor eficiencia operativa y reducción de costos. Se evaluará el cambio de una comisión por flujo a una comisión por saldo, la tercerización de servicios, y la recaudación electrónica y centralizada.

3) Mejorar los beneficios del afiliado[4]. Se propone implementar un sistema único integrado. Ello podría implicar el cierre al ingreso de nuevos trabajadores al SNP, así como la
implementación de un sistema de pilares: el primero ofrecería la garantía de una pensión mínima contributiva, financiada a través de un fondo de capitalización colectiva (aporte de 0.5% de la remuneración); el segundo ofrecería una pensión basada en el ahorro individual (aporte de 10%).

Dado que la factibilidad e implementación de algunas de estas medidas todavía están siendo evaluadas, aún es prematuro adelantarse a anailizar los beneficios/costos de esta reforma. Sin embargo, consideramos que los esfuerzos de este proyecto de ley deben ser complementados por una mayor y mejor cultura previsional y financiera que permita a cada trabajador tener una participación más activa en el sistema y comprender cuáles son los beneficios y costos de permanecer en el mismo[5].

Notas:
1/ Según las proyecciones de INEI-CELADE, la población mayor de 65 años representará el 8,6% en el año 2025 mientras que actualmente es sólo el 5%.
2/ El nivel de cobertura peruano es uno de los más bajos en la región. En Perú sólo 30,8% de la PEA está afiliada al SPP y de esta sólo un tercio cotiza. La relación de cotizantes sobre PEA según AIOS es: Perú:11%; Chile: 59,6%; México: 30,2%; Uruguay: 25,2%; Argentina: 24,5%; Bolivia: 12,3%.
3/ Por ejemplo para los transportistas se plantea realizar retenciones por concepto de aporte al adquirir gasolina.
4/ Según la ONP y la SBS, la pensión promedio en el SNP es S/ 539 y en el SPP: S/. 968.
5/ En Chile, por ejemplo, a pesar de que el SPP funciona casi 25 años sólo el 23% conoce los requisitos para la pensión mínima, el 3% conoce cuánto le cobra su AFP y el 70% no sabe como se invierte su fondo (Encuesta de protección social realizada en Chile en 2002).
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El 14 de julio, el Banco Central de Japón (BCJ) incrementó su tasa de referencia – la tasa overnight interbancaria – a 0,25%, después de haberla mantenido en alrededor de 0% desde 2001, época en la que los temores de deflación eran considerables y reflejaban una economía débil. No obstante, hoy, la economía japonesa muestra una ligera recuperación y los precios han comenzado a incrementarse (ver gráfico).

El BCJ reconoce que la economía de su país continúa expandiéndose moderadamente y que es probable que continúe así por un período sostenido. Ello implica, luego de un prolongado periodo de bajos niveles de inflación, que los precios comenzarían ha registrar presiones al alza. En ese sentido, la subida de su tasa referencial era necesaria para evitar una excesiva volatilidad en la actividad económica y precios en el futuro. No obstante lo anterior, el BCJ también indicó que en los próximos meses su tasa referencial podría mantenerse en niveles bajos, toda vez que no se consolide la recuperación que empezado ha mostrar la economía de su país en estos últimos meses.

La reacción en el mercado de divisas de la postura del BCJ de mantener sus tasas en niveles aún bajos ha sido un debilitamiento del Yen frente a monedas como el Dólar y el Euro, en vista de que es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo continúen subiendo sus tasas de referencia1, situación que incrementaría el atractivo de activos denominados en dichas monedas, y por tanto su demanda, frente a aquellos
nominados en Yenes.

En el 2005 en Japón hubo una deflación de 0,3% y el PBI real aumentó 2,7%. Para el 2006 y el 2007, el FMI proyecta una inflación de 0,3% y 0,6% (luego de 7 años de deflación), y un aumento del PBI real de 2,8% y 2,1%, respectivamente.

Fuente: FMI
Elaboración: Ophelimos
1/ Los años 2006 y 2007 son proyectados.

Notas:
1/ Los mercados de futuros indican una probabilidad de 50% de que la Fed subirá su tasa de referencia de 5,25% a 5,5%. La tasa de referencia del Banco Central Europeo se encuentra en 2,75% y 23 de los 24 economistas encuestados por Bloomberg creen que la subirá a 3% en su próxima reunión de política monetaria del 3 de agosto.
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Este jueves, el directorio del Banco Central de Reserva decidió mantener su tasa referencial en 4,5%, tras considerar que entre diciembre de 2005 y mayo de 2006 ya realizó un retiro parcial del estímulo monetario (+150pbs) y que el dinamismo de la economía previsto para el período 2006-2007 (+5,5%) es consistente con su meta de inflación (1,5% a 3,5%).

El contexto en el que se dio esta decisión sustenta esta postura: El IPC, a junio de 2006, presentó un incremento (acumulado de doce meses) de 1,8%, mientras que el PBI, a mayo de 2006, habría registrado un crecimiento de 6%. Adicionalmente, existen otros factores como la caída del tipo de cambio en 4.7% en lo que va del año, así como la reducción de la tasa de interés interbancaria en soles en 2 puntos básicos (pbs) y la disminución del indicador de riesgo país en 9 pbs durante el mes de junio, lo que hace suponer que los inversionistas no han disminuido su interés en tomar posición en instrumentos de deuda del país, a pesar del incremento de las tasas de interés internacionales.

Lo anterior, unido a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (EE.UU.) de subir su tasa referencial a 5,25% el 29 de junio pasado, provocó que el spread de la tasa interbancaria en dólares con respecto a la de soles se incremente de 30 pbs a inicios de junio a 81 pbs al viernes último. De este modo, el costo de tomar financiamiento en soles ha comenzado a ser progresivamente más barato que en dólares, particularmente para las empresas privadas grandes
(9,46% vs. 9,65%, tasa activa comercial, al 7 de Julio de 20061). No obstante, es de esperar que en el mediano plazo esta diferencia se revierta, toda vez que el ciclo alcista de las tasas de interés en EE.UU. se detenga, y el dinamismo de la economía peruana (con un crecimiento bastante superior al de EE.UU.) aumente la necesidad de seguir recortando el estímulo monetario para controlar mayores presiones inflacionarias.

1/. Niveles que contrastan con tasas de 8,8% en soles y 8,19% en dólares, al 7Jul05.
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El domingo dos de junio se realizaron las elecciones presidenciales en México y, al igual que en nuestro país, los electores se polarizaron.

Por un lado estaba Felipe Calderón, candidato del oficialista PAN1, ex Ministro de Energía, y el preferido por los mercados financieros ya que aseguraba la continuidad de las políticas económicas del actual gobierno. En el otro lado estaba Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD2, ex alcalde de la capital mexicana, promotor de programas orientados a la población menos favorecida, y observado con recelo por los mercados debido al temor de que aplicara políticas populistas y por el anuncio de un cambio en el modelo económico. El jueves, las autoridades electorales mexicanas anunciaron como ganador al candidato oficialista por una diferencia de 0.55%.

Pero, ¿por qué tanto en Perú y en México el escenario electoral fue similar? Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, una posible respuesta a la polarización política de ambos países es el alto nivel de pobreza y desigualdad. La población menos favorecida por las políticas económicas aplicadas durante la última década, percibe con mucha desconfianza las promesas de los políticos tradicionales, produciéndose lo que se ha llamado un voto anti-sistema contra el status quo actual, liderado en Perú por Ollanta Humala y en México por López Obrador. Debido a la coyuntura social en ambos países, los próximos gobiernos deben tener como prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de la población menos favorecida.

1/. Partido Acción Nacional.
2/. Partido de la Revolución Democrática.
3/. En nuestro país la diferencia entre García y Humala fue de 5.35%.

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La semana pasada el pleno del Congreso aprobó, además del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) con Estados Unidos (EE.UU.), cuatro leyes que contemplan compensaciones directas a los agricultores y normativas para el aumento de competitividad en el sector de agro comercial. Estas leyes se sustentan en que los productores nacionales perderían mercado al competir de manera desigual con productos subsidiados y de bajos costos provenientes de EE.UU., por lo que se hace necesaria una compensación monetaria en proporción a la cantidad que dejarían de vender.

Como se observa en el gráfico, los agricultores que antes del TLC obtenían un precio interno de P1 por sus productos, ahora tienen que enfrentarse a un precio de productos norteamericanos de P2, lo cual merma su producción en una cantidad Q1 – Q2. La idea es que la compensación a los agricultores reduzca esta pérdida.

Sin embargo, como dicha compensación monetaria no es suficiente, de las cuatro normas aprobadas, 3 están referidas a reformas en el sector agrícola: 1) la creación de un programa de formalización para la competitividad de la cadena del maíz amarillo duro – avícola – porcícola, 2) la ampliación de beneficios de las actividades agroindustriales si es que se utilizan productos agropecuarios de origen nacional, y 3) la creación de un Fondo de Garantía para la pequeña agricultura (FOGATA) para garantizar los créditos otorgados por las instituciones financieras a los pequeños agricultores.

Asimismo, existen otros proyectos pendientes de aprobación que han sido presentados al Congreso.

De este modo, la aplicación de compensaciones no necesariamente es la solución absoluta al problema. En el caso de México, por ejemplo, la aplicación de esta misma fórmula antes de firmar un acuerdo comercial similar al TLC, trajo consigo una mala asignación de recursos en el sector agrícola, ya que se crearon incentivos para sembrar mayoritariamente productos subsidiados, y dejar de lado la siembra de otros productos alternos más productivos y rentables.
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Dada la creciente volatilidad en los mercados mundiales, los Credit Default Swaps (CDS) están adquiriendo cada vez mayor importancia. [1] El contexto internacional, sumado los factores internos de los países latinoamericanos, generan un temor en los inversionistas sobre el riesgo crediticio inherente en los bonos soberanos y en los instrumentos de deuda de las empresas de Latinoamérica, el mismo que, a su vez, impulsa el dinamismo de estos instrumentos derivados en la región.

El comprador de un CDS acuerda pagar cierta cantidad de efectivo (con cierta periodicidad) al vendedor a cambio de tener una protección contra el impago (default) de un bono o préstamo de una empresa o país. Si la empresa o país de referencia en el contrato entra en default (se produce un evento crediticio), el vendedor del CDS paga al comprador del mismo el monto total de la pérdida en el préstamo o bono. Esta liquidación puede ser en efectivo o en entrega física. Un evento crediticio o default, puede involucrar una bancarrota, insolvencia, reducción en la calificación de crédito, o incumplimiento de pagos en el activo de la referencia.

Comprar un CDS es similar a comprar un seguro que convierte el riesgo crediticio del activo subyacente al riesgo crediticio del vendedor del CDS. El comprador típico es el dueño de un bono o prestamista sobre la empresa o gobierno de la referencia en el contrato.

Los precios de los CDS se cotizan como puntos básicos (un p.b. es 0,01 puntos porcentuales). Los pagos periódicos (por ejemplo, semestrales) se calculan multiplicando los puntos básicos por el valor nocional del contrato.

El movimiento en los precios de los CDS es similar al del riesgo país (calculado como el diferencial de rendimientos de los bonos sobre los del Tesoro de EE.UU.). En el siguiente gráfico, se comparan los precios de los CDS con un plazo de cinco años con el riesgo país para cinco países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela. Se utilizan como ponderadores en los cálculos de los precios de CDS y riesgo país los PBI en dólares. La disminución de los riegos países entre enero de 2003 y junio de 2006 se refleja en la disminución de los precios de CDS de 980 a 139 p.b.. En el caso del Perú, la disminución del riesgo país se refleja en la caída de los precios de CDS de 725 a 170 p.b. para el mismo período.

Fuente: Morgan Stanley, J.P. Morgan y FMI
[1] En diciembre de 2005, estos derivados financieros alcanzaron un volumen de US$ 13,7 billones a nivel mundial (negociados extrabursátilmente), lo que representa un crecimiento de 115% con respecto a diciembre de 2004. Fuente: BIS.
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