Con la presencia de la gripe aviar en más de una veintena de países, su llegada a Latinoamérica no parece ya una pregunta de cómo o por qué vía sino de cuándo. Y con ella también su impacto sobre las economías de la región. Milán Brahmbhatt, economista senior para la región de Asia Oriental y Pacífico del Banco Mundial, ha estimado una pérdida global de US$ 800 mil millones al año como consecuencia de dicha enfermedad.

¿Tendrá un efecto tan perverso en la región?. Si bien no se pueden dar cifras con certeza por no haberse iniciado la pandemia, lo que sí se sabe es que los efectos más perversos se darán por el lado del deterioro de la infraestructura, pues, dada su escasez, su no utilización generará pérdidas cuantiosas.

Sumado a ello, el ausentismo laboral, la disminución en el comercio, el turismo y sobre todo la baja del consumo en los países industrializados afectarán la actividad interna.

Al respecto, sólo algunos países han tomado precauciones; Argentina a la cabeza, con más de 50 mil dosis de Seltamivir en 361 hospitales, es el país mejor preparado para prevenir cualquier brote de influenza. Uruguay, Brasil, Colombia y Perú han comprado entre 20 mil y 40 mil dosis de manera preventiva, y Chile sólo ha prohibido la importación de aves, específicamente pollos. El resto de países permanece en silencio.

A nivel gubernamental, a diferencia de la UE, cuyo Consejo de Agricultura se acaba de reunir para analizar el impacto de la gripe aviar en su economía, ningún gobierno latinoamericano ha motivado una agenda de trabajo conjunta contra los efectos de esta enfermedad.

De la misma manera, a nivel empresarial, a diferencia de las transnacionales norteamericanas como McDonald´s que ya han tomado precauciones en sus sucursales ubicadas en oriente y organizado una estrategia, nuestras empresas han destacado por su falta de planeamiento. Ninguna de las TOP 20 empresas latinas han publicado una postura institucional sobre el tema.

Si bien es cierto en la epidemia anterior de influenza, SARS, los efectos no fueron tan nocivos como se pensaron y sólo quedaron relegados a pocos países considerados focos de infección como Singapur, nada asegura que lo mismo pase con el virus de la gripe aviar, o H5N1. En todo caso, esperemos que la historia se repita.
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En la segunda semana del mes de marzo del 2006 el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$25 millones para Perú, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a establecer un moderno sistema de derechos de propiedad. Dicho préstamo debe reembolsarse en un plazo de 11 años, con un período de gracia de 10,5 años[1]. Se tiene como antecedente el préstamo por US$38 millones para el Proyecto de derechos de propiedad urbana que se inició en 1998 y culminó en junio de 2004.[2]

Según el Banco Mundial, el Proyecto de consolidación de los derechos de propiedad establecerá un sistema de derechos de propiedad donde la información física y jurídica sobre el dominio público y privado se reunirá y registrará de manera oportuna y eficiente y quedará a disposición del público. Este proyecto apoyará las siguientes actividades: (i) Fortalecimiento del proceso de formulación de políticas en materia de derechos de propiedad en Perú; (ii) entrega de servicios de formalización en zonas urbanas y peri-urbanas mediante una estrategia nacional y el fortalecimiento municipal (asistencia técnica a la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal); (iii) establecimiento de un moderno sistema de registro de bienes inmuebles sustentando en sistemas de información y demarcación confiables; (iv) respaldo a iniciativas de promoción de inversiones y créditos, a fin de habilitar a los pobres y facilitar el uso de sus derechos de propiedad en una economía formal.

La teoría del derecho de propiedad tiene como punto de partida el trabajo de Ronald H. Coase (1937), The nature of the firm[3], luego desarrollada por los economistas Armen Alchian[4] y Harold Demsetz[5] (1972) en su trabajo Production, Information Costs and Economic Organization. El concepto del derecho de propiedad alude a la libertad de elegir o capacidad de adoptar una decisión referente a un bien o servicio. Este concepto sienta las bases del Análisis Económico del Derecho y de la “Nueva Economía Institucional”[6].

[1] Banco Mundial, comunicado de prensa No.:2006/307/ALC.
[2] Entre los logros de este programa sobresalen: la inscripción de 1,135 millones títulos de propiedad y la movilización de créditos formales por aproximadamente US$400 millones.
[3] Disponible en:
http://people.bu.edu/vaguirre/courses/bu332/nature_firm.pdf
[4] Algunas de sus publicaciones: Some Economics of Property Rights (1965); Corporate Management and Property Rights (1969); Information Costs, Pricing and Resource Unemployment (1969).
[5] Algunas de sus publicaciones: The exchange and enforcement of property rights (1964); Toward a theory of property rights (1967); Industry Structure, Market Rivalry and Public Policy (1973).
[6] Agrupa una amplia variedad de enfoques y nuevas teorías económicas. Entre ellas, la Economía del Derecho, que analiza los costes de transacción y los derechos de propiedad (Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz, Richard Posner y Oliver Williamson); la Nueva Historia Económica, que contempla la historia como un proceso de evolución de instituciones (Robert Fogel y Douglass North). Mayor información en:
http://www.eumed.net/cursecon/1/inst.htm

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El jueves 16 el Banco Mundial presentó las conclusiones de dos estudios, uno a nivel regional y otro a nivel nacional, respectivamente titulados “Reducción de la Pobreza y Crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos” y “Oportunidades para Todos: Por un Perú menos pobre y más incluyente”.

El ambicioso trabajo regional intenta complementar el análisis tradicional del impacto del crecimiento en la pobreza con el análisis sobre el rol de la pobreza en este crecimiento, dando cuenta de aquellas dinámicas de retroalimentación en operación, llamadas por el trabajo círculos virtuosos y viciosos. En el caso del análisis para el Perú, el trabajo da cuenta de lo lento y costoso que ha resultado – en términos de la confianza para invertir, generar empleo y atacar la pobreza – crecer con volatilidad en las ultimas décadas.

Entre los aspectos más importantes de los trabajos, destacan: primero, el énfasis en una visión dinámica y de múltiples causas de la pobreza, en parte motivada por la disponibilidad de datos, lo cual permite comprender mejor que la naturaleza de las estrategias para la lucha contra la pobreza deben de tener características análogas, lo cual a su vez abre la posibilidad de hablar de plazos y duración de políticas; y segundo, la entrada técnica al tema de la influencia de la pobreza en el crecimiento, que complementa la visión ética del problema con una visión tecnocrática, y por ello mas factible de mostrarse con suficiente pragmatismo para incorporarse a los procesos de toma de decisiones de los hacedores de política.

La presentación, además de interesante por lo ya mencionado, es oportuna. La coyuntura nacional de evaluación de opciones electorales se puede dar por servida, pues este trabajo agrega una dimensión de análisis regional a las alternativas disponibles, facilitando una evaluación de consistencia con el escenario latinoamericano.

Aún más, el énfasis y la evidencia mostrada por el trabajo respecto del rol que juega la pobreza en si misma como un freno al desarrollo, permite dar un paso mas allá de la discusión sobre si se debe o no se debe hacer algo respecto a la desigualdad, para poner el énfasis adecuado en las ofertas y los mecanismos para la reducción de la misma.
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Nuestro país está considerado dentro de los 5 principales países del mundo en materia de biodiversidad y riqueza en conocimientos tradicionales. Según Antonio Brack-Egg[1] (consultor para la PNUD en temas de medio ambiente) el Perú es visto como uno de los mayores centros mundiales de recursos genéticos contando con 182 especies de plantas, mientras que nuestra riqueza genética total en cuanto a “plantas de usos conocidos”, suma unas 4.500 especies. Solo por citar algunas de nuestras principales ventajas respecto del mundo, señala el investigador que, por ejemplo: en cuanto a la flora, se calculan que existen unas 25 000 especies (10% del total mundial) de las cuales un 30% son endémicas.

Por el lado de nuestras riquezas energéticas, el Perú posee 66 millones de hectáreas de bosques, y es el segundo país en América Latina y el cuarto a nivel mundial en bosques tropicales; el mar peruano es una de las cuencas pesqueras más importantes del planeta; la puna o pastizales naturales andinos, con una superficie de 18 millones de hectáreas, es un ecosistema de enorme importancia a nivel global por su biodiversidad. De igual forma, estamos ubicados entre los 3 primeros países mega diversos por la superficie de bosques tropicales, y que mantienen cautivos unos 15 000 millones de toneladas de carbono atmosférico.

Tal como se puede apreciar, este sitial del país en biodiversidad le otorga una importancia estratégica a nivel global porque el siglo XXI sería considerado, tal vez, el siglo de la biotecnología y de la ingeniería genética. En este sentido, el Perú podría jugar un rol muy importante en las negociaciones internacionales sobre la biodiversidad y los recursos genéticos.

Entre otras, estas son algunas de las principales razones por las cuales la defensa de nuestra biodiversidad y conocimientos tradicionales se hizo un tema crítico durante todas las rondas de negociación del TLC con los EEUU.

Un análisis del texto final de dicho tratado comercial nos muestra el reconocimiento, por parte de los EEUU, de la biodiversidad y conocimientos tradicionales del Perú[2]. Sin embargo, en este acuerdo comercial también se especifica que las partes firmantes deberán adherirse al “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (Convención UPOV-1991), antes del 1ero de enero del 2008[3].

Lo preocupante en este caso, es que la adhesión al convenio significaría dejar abierta la posibilidad de patentar no sólo las innovaciones genéticas sobre los recursos vegetales, sino también patentar las mismas variedades de plantas que hayan permanecido como desconocidas hasta el momento, lo cual va en contra de la normatividad andina.

Este convenio, además, implica ir más allá de lo estipulado a nivel multilateral en cuanto a la protección de la propiedad intelectual (ADPIC-OMC), ya que en el caso de plantas, el ADPIC permite a los países escoger entre dar patentes, dar un tipo de propiedad intelectual especial o una combinación de ambos, sin especificar que la propiedad intelectual especial sea necesariamente por medio del “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones vegetales”.

La estrategia de los EEUU queda clara entonces, se estaría buscando patentar la mayor cantidad de recursos vegetales peruanos para posteriormente lograr la producción en masa de estos recursos con, por ejemplo, propiedades medicinales. El beneficio y la alta rentabilidad están garantizadas si tenemos en cuenta que “el mercado anual para productos derivados de recursos genéticos está entre los US$ 500 y los US$ 800 billones. Por otro lado, solo en la industria farmacéutica en este mercado mueve anualmente entre US$ 75 000 y US$ 100 000 millones según algunas estimaciones internacionales”[4].

En lo que nos toca, la solución que debemos buscar pasa necesariamente por adoptar políticas que incentiven la costumbre de proteger nuestras innovaciones, sobretodo en cuanto a descubrimientos de plantas con propiedades medicinales, o semillas de cultivo desarrolladas por nuestras comunidades rurales a lo largo de los años (conocimientos tradicionales).

[1] Brack Egg, Antonio: “Tratado de Libre Comercio y Biodiversidad en el Perú” (junio 2004).
[2] “Capítulo XVIII: Medio Ambiente”. Artículo 18.8.
[3] “Capítulo XVI: Derechos de Propiedad Intelectual”. Artículo 16.1: Disposiciones Generales.
[4] Silva, José Luis; Ruiz Muller, Manuel, y Venero Aguirre, Begoña : “Conocimientos Tradicionales y Acceso a los Recursos Genéticos” Lima, Perú.
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Esta semana salió publicado Observa, el boletín del observatorio de la vigilancia social, una iniciativa conjunta de la Asociación Civil Transparencia, Ciudadanos al Día, el Consorcio de Investigación Económica y Social, la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación y Lucha Contra la Pobreza, OXFAM, Propuesta Ciudadana y la Ventana Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Esta iniciativa busca difundir las experiencias en el área de la vigilancia social que realizan diversas organizaciones, desarrollar vínculos con organizaciones interesadas en el tema, servir como referente sobre la praxis de la vigilancia ciudadana y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado y de responsabilidad de quien ejerce la vigilancia. Tienen su foco de atención en la acción del Estado en sus diferentes niveles (central, regional y local) y funciones, pero no sólo en las acciones del estado, sino las que realizan las empresas que proveen servicios públicos o en cualquier espacio donde se ejerce el poder. El Observatorio de la Vigilancia prestará su atención inicialmente a los temas vinculados a descentralización, presupuesto público, transparencia y acceso a la información, algunos temas sectoriales como salud, minería, acceso a la justicia, y al manejo de los denominados programas de combate a la pobreza.

Esta buena iniciativa, al igual que otras similares, ayuda a que las instituciones se integren a la comunidad y los miembros de la comunidad sepan que pueden vigilar y especialmente exigir que los derechos ciudadanos, especialmente al momento de consumir servicios públicos, sean respetados.
Enlaces de vigilancia ciudadana:

En Perú:

• Observa: http://www.observa.org.pe
• ForoSalud: http://www.forosalud.org.pe
• Transparencia: http://www.transparencia.org.pe
• Ciudadanos la Día: http://www.ciudadanosaldia.org

En otros países:

• Observatorio Social, Argentina:
http://www.observatoriosocial.com.ar
• Instituto Observatorio Social, Brasil:
http://www.observatoriosocial.org.br
• Observatorio Social Internacional:
http://www.observatoire-social.com/spanish/
• Observatorio Social de América Latina:
http://osal.clacso.org/
• L’Observatoire social européen:
http://www.ose.be/
• Observatorio Venezolano de la Seguridad Social:
http://www.eumed.net/oe-vess/index.htm
• Observatorio Laboral, Chile:
http://www.observatoriolaboral.cl/
• Human Right Watch:
http://www.hrw.org/
• Social Watch:
http://www.socialwatch.org/en/portada.htm
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Según cifras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Perú es el segundo país con la tarifa de agua y alcantarillado más baja de la región, con 0,4 US$/m3 (sólo superado por Argentina con 0,19 US$/m3), lo cual es positivo al ser el agua un recurso vital y de primera necesidad para toda la población. Sin embargo, también somos uno de los países con peor cobertura y saneamiento de Sudamérica (77% y 60% respectivamente para el año 2006). Con estas condiciones se puede decir que en el Perú el agua es barata, pero para el que tiene la suerte de tenerla.

¿A qué se debe este pésimo servicio?. La razón aparente es un retraso en la inversión debido a lo bajo de las tarifas. Según el Viceministro de Saneamiento, Otto Elespuru, para lograr que la cobertura y saneamiento llegue al menos al 83% en el año 2015, se necesita una inversión de S/. 4,04 millones, de los cuales sólo existe financiamiento para el 29% (período 2006-2008), faltando financiar el saldo restante para el período restante: 2009 – 2015. Si hablamos sólo del 2006, SEDAPAL figura como una de las empresas públicas con mayor retraso en su gasto de capital.

Sin embargo, el motivo principal va por el lado de la tensión institucional entre el organismo regulador (SUNASS), y las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS). A diferencia de los otros organismos reguladores, SUNASS no tiene la autonomía suficiente para crear un desarrollo institucional que le permita manejar el sector, puesto que tiene al Estado dentro de su comité directivo y en las EPS por medio de sus empresas municipales, lo cual lo convierte en juez y parte.

Si de por sí, el agua es uno de los servicios más complicados de regular, el marco institucional en el Perú lo hace simplemente inviable. La única solución es darle a SUNASS la autonomía de la que gozan OSIPTEL, OSINERG u OSSITRAN para poder fijar las tarifas. Si bien esto no implique un cambio en el marco legal de los organismos reguladores, por lo menos sí una modificación de la normativa para disfrutar de un servicio de calidad a un precio justo para las empresas, estado y usuarios.
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El pasado lunes 27 de febrero, luego de casi dos años de negociación comercial, Colombia firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EEUU. Este tratado, al igual que en caso peruano, busca consolidar los beneficios alcanzados por el ATPDEA (acuerdo preferencial con el que las exportaciones colombianas crecieron a una tasa del 30%), además de lograr la entrada, libre de aranceles, para una mayor cantidad de productos colombianos. En tal sentido, el gobierno colombiano informó[1] que Estados Unidos garantizó acceso inmediato a más de 7.000 posiciones arancelarias de productos colombianos, lo que representa un 99.99% del comercio entre ambos países.

Entre algunos de los productos mas beneficiados con esta apertura de mercados se encuentran las flores, textiles y confecciones, derivados del azúcar, hierro y acero, caucho, jabones, plástico, editorial, productos cerámicos, cuero y metales preciosos, entre otros; productos en los que Colombia cuenta con ventajas comparativas en el comercio internacional. El restante 0.01% corresponde a 17 subpartidas de calzado de caucho y 3 de atún enlatado, que quedaron ubicados en la canasta de desgravación C, es decir, a un período de 10 años. Mientras que por otro lado, EEUU tendrá acceso libre de aranceles al 81,88% del comercio de bienes industriales que exporta a Colombia.

En cuanto al flujo de comercio bilateral entre Colombia y la potencia del norte, las exportaciones colombianas durante el 2005 registraron un monto de US$ 7600 millones aprox. Sin embargo, la firma de este tratado podría originar, en el corto plazo, un aumento del 14,4% en estas últimas, además del incremento en un punto porcentual del Producto Interno Bruto durante los tres primeros años.

Respecto a los productos agrícolas sensibles, tales como pollo, maíz y arroz, el jefe del equipo negociador colombiano, Hernando José Gómez señaló que se habrían logrado algunas consideraciones significativas como plazos de desgravación y cuotas a las importaciones; las cuales deberán ir acompañadas necesariamente de políticas internas de reconversión agrícola o de inclusión de nuevas tecnologías para el agro.

Por otro lado, para que se puedan aprovechar los potenciales beneficios de este acuerdo comercial, se debe llevar a cabo, paralelamente, una urgente estrategia de inversión pública ya que existe también un déficit en infraestructura portuaria y de carreteras que podría limitar el dinamismo de las exportaciones colombianas y el crecimiento de su industria interna. Esta modernización de la infraestructura pública necesitaría una inversión de US$ 91.730 millones durante los próximos 15 años.

[1] Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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El Banco Central Europeo (BCE) decidió el martes 2 de Marzo, subir los tipos de interés en la Eurozona en 25 pbs hasta 2,50%, decisión adoptada en parte por las nuevas cifras económicas en la región[1], que indican perspectivas de riesgos inflacionarios. El presidente del BCE, el francés Jean-Claude Trichet, enfatizó los riesgos de inflación en el mediano y largo plazo[2] y reviso al alza el PBI.

Por otro lado, el 31 de enero último, la FED decidió elevar su tipo de interés de referencia en 25 pbs hasta ubicarla en 4,50%. Asimismo, en su presentación ante el Congreso Estadounidense, Ben Bernanke, Presidente de la FED, presentó un mensaje para continuar con el programa de incrementos en la tasa de interés, con la finalidad de mantener un crecimiento económico sostenible bajo estabilidad de precios. Al respecto, el IPC estadounidense se incrementó en enero debido en gran parte a los mayores precios de los combustibles.

En consecuencia, algunos resultados macroeconómicos en Estados Unidos como la evolución de precios de energía, menor crecimiento de la productividad, y elevado uso de la capacidad instalada del mercado manufacturero; así como, niveles máximos alcanzados desde junio del 2001 de la confianza empresarial y del consumo en la Eurozona, según el reporte de febrero de la Comisión Europea, indican perspectivas de riesgos inflacionarios en el futuro, llevando a que el mercado descuente nuevas subidas de tasas de interés en las próximas reuniones de la FED y el BCE.

[1] Las proyecciones de inflación fueron revisadas al alza de 2,2% en promedio para el 2006 y 2007 respecto al 2,1% y 2% proyectado en diciembre del 2005.
[2] En conferencia de prensa, señalo que éstos, se refieren a incrementos futuros en los precios del petróleo, una mayor influencia del precio del petróleo en los precios del consumidor y al incremento de la tasa de crecimiento anual de crédito para el sector privado.
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