Cursa en Asamblea un proyecto de mandado por el cual los registradores serían funcionarios públicos, se transfería a los muncipios sus funciones y las mercantiles serían absorbidas por la Superintendencia de Compaías. El traspaso comprendería empleados, equipos e información. También se propone que los notarios sean funcionarios judiciales, seleccionados por el Consejo de la Judicatura, subordinados a éste y con categoría de jueces civiles. En ambos casos, percibirían un sueldo. Lo que se busca, según información publicada en Diario El Universo del viernes pasado, es evitar que dichos funcionarios “traspasen el cargo de padres a hijos” y que se maneje “a su libre albedrío el dinero que recaudan por el servicio que ofrecen”.