Propuestas sobre notarios y registradores
Katia Murrieta

Cursa en Asamblea un proyecto de mandado por el cual los registradores serían funcionarios públicos, se transfería a los muncipios sus funciones y las mercantiles serían absorbidas por la Superintendencia de Compaías. El traspaso comprendería empleados, equipos e información. También se propone que los notarios sean funcionarios judiciales, seleccionados por el Consejo de la Judicatura, subordinados a éste y con categoría de jueces civiles. En ambos casos, percibirían un sueldo. Lo que se busca, según información publicada en Diario El Universo del viernes pasado, es evitar que dichos funcionarios “traspasen el cargo de padres a hijos” y que se maneje “a su libre albedrío el dinero que recaudan por el servicio que ofrecen”.

Circula también un texto, a ser introducido en la Constitución, relativo a los mismos funcionarios, para que sus “rentas” ingresen al patrimonio del estado, y se las destine a “otorgar protección a la cónyuge o conviviente e hijos de las víctimas de las delincuencia común”, y para que “la infraestructura, máquinas, equipos, mensajes de datos, sistemas informáticos, gestión de información y demás recursos” pasen a la Función Judicial.

Uno de los valores a precautelar en toda sociedad es la seguridad jurídica, cuyos principales colaboradores son justamente notarios y registradores. En ningún país del mundo son asalariados, desde la época de los escribas. Y no pueden serlo porque esa sería la primera semilla de la corrupción. Todos -o casi todos- incluidos los empleados, cobrarían la acostumbrada coima para despachar con prioridad. Esta corruptela está entronizada en nuestro país, a cualquier nivel. Y los pobres, que son la mayoría, quedarían relegados del servicio. Nadie atendería después de las horas fijadas y nadie podrá exigir trabajo extra porque sería inconstitucional. Desaparecerá la norma de la ley notarial que habilita para trabajar todos los días, así como la atención esmerada, sin distingos, con toda la responsabilidad que hemos reseñado en anteriores artículos, en lo civil, penal y diligencias. En vez de evolucionar estaríamos retrocediendo y nadie confiaría en el sistema ecuatoriano, que estaría sujeto, por lo demás, a los vaivenes políticos.

Es imposible concebir que estos cargos sean hereditarios. El Consejo de la Judicatura organiza los concursos de merecimientos y las designaciones la hacen las respectivas cortes. Además, existe una norma por la cual se prohíbe nombrar notarios suplentes al cónyuge o a los parientes hasta el cuarto de consaguinidad y segundo de afinidad. Respecto del destino de los “recursos” que ingresan a notarios y registradores, parecería que existe mucha fantasía. Los aranceles son dictados y regulados por el Consejo de la Judicatura, tanto que se cobra $ 1.00 por autenticación de documento, Luego, dependiendo del cantón, de la clientela y del trabajo del notario, hay muchos que, incluso, aspirarían a tener un sueldo, porque apenas completan para pagar a los empleados, con todas sus remjuneraciones extraordianrias. el caso del doctor Cabrera, que montó ilegalmente una financiera, no tiene nada que hacer con la actividad notarial. No es que la notaría le generó millones para emprender en tan legítimo negocio. Este malhadado problema es el que ha generado, quizás, la percepción equivocada de que los notarios son tan ricos como para mantener al planeta. Los honorarios que se reciben en contraprestación del servicio son pactados con el cliente, y manejados libremente como cualquier otro profesional, llámese médico, arquitecto, ingeniero u otro. Por último, quitarles “la infraestructura y los equipos”, sería un acto arbitrario y confiscatorio, con lo cual, a más de arrebatarles su modo de ganarse la vida lícitamente, se les estaría desposeyendo de las herramientas para hacerlo.