El artículo 5º de la Ley Nº 26366, Ley de Creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos y de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, establece que “(…) los Registros Públicos que integran el Sistema, a los que se hace referencia en el artículo anterior, mantendrán la primera y segunda instancia administrativa registral”.

De otro lado, el Reglamento del Tribunal Registral establece en su capítulo tercero, referido al Pleno Registral, que los Vocales del Tribunal Registral tienen, entre otras atribuciones, la de aprobar, modificar o dejar sin efecto los precedentes de observancia obligatoria.

Esto resulta de suma importancia en la actividad registral pues existiendo diferentes oficinas registrales a lo largo del país, los criterios que tienen los Registradores muchas veces no resultan uniformes creando desconcierto en los ciudadanos, circunstancia que se evita, justamente, con la formulación de los aludidos precedentes, de manera tal de uniformizar la calificación realizada por los operadores registrales.

En el derecho comparado se advirtió dicho problema, muestra de lo cual encontramos ya desde la exposición de motivos de la Ley Hipotecaria española, que data el año 1869, la importancia de un órgano de revisión de las decisiones administrativas de primera instancia: “Una de las cosas que más contribuye al desprestigio de las leyes y de los funcionarios encargados de su aplicación, es la falta de uniformidad en ésta, resultando que lo que en un punto se estima legal, en otro no lo es. Esto se evita cuando hay un Tribunal o Centro Superior cuyas resoluciones aclaran y fijan la verdadera interpretación de las leyes. Los asuntos contenciosos a que dé lugar la Ley Hipotecaria están sometidos, como todos los de su clase, a la jurisprudencia admitida por los Tribunales de Justicia; pero los que se resuelven gubernativamente necesitan también su jurisprudencia y cuanto mejor sea ésta, más se evitará el que lleguen a ser contenciosos”.

En nuestro país, a partir del año 2002, el Tribunal Registral en cuarentaiséis plenos registrales realizados en la ciudad de Lima, ha expedido más de 140 precedentes de observancia obligatoria relativos a los diversos registros (Predios, Personas Jurídicas, Personas Naturales, Bienes Muebles), coadyuvando con ello en la preservación de la seguridad jurídica, piedra angular de todo registro público.