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Los costes de la Justicia en relación con el PIB son del 0,4% en España frente al 1,8% de Gran Bretaña y al 2,6% de Estados Unidos, países donde no existen notarios.
El sistema notarial garantiza la seguridad jurídica del negocio, mientras que el anglosajón lo que garantiza- mediante la contratación de un seguro- es que se compense económicamente al consumidor en caso de litigio.
En el sistema anglosajón las funciones del notario son sustituidas por diversos profesionales como asesores, tomadores de juramento, compañías de seguros y bancos, lo que incrementa los costes de cualquier operación para el consumidor.