Por: Elizabeth Salazar

Desde la década del 70, los planificadores del desordenado crecimiento urbano de Lima han sido los invasores y los traficantes de tierras. Pero ellos no hubieran tenido éxito sin propuestas presidenciales, encubiertas o desnudas, que a la larga lograron formalizar tales ocupaciones.

Parece que el presidente Alan García no quiso ser la excepción y presentó al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado con la celeridad que ya quisieran otras propuestas: dos meses, incluidos los días de cese parlamentario por las fiestas de fin de año.

La norma en cuestión, que solo espera la rúbrica presidencial para entrar en vigencia, ordena expropiar todo terreno privado que haya sido invadido antes del 2004, a fin de que pase a ser propiedad de dichos ocupantes.Ante residentes de Huaycán, la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez, anunció ayer que el presidente García promulgará esta norma en los próximos días. Sin embargo, cabe recordar que la ley puede ser observada y pasar para su revisión en el Congreso, antes de que sea rubricada.

Mientras tanto, vecinos de Rinconada Alta (San Juan de Miraflores), Manchay (Pachacámac) y Lomo de Corvina (Villa El Salvador) están más que contentos, pues son parte de las 14.000 familias limeñas que instalaron sus casas sobre propiedad privada y que se vieron imposibilitadas de revertir para sí el predio mediante la prescripción adquisitiva o conciliación con el dueño.

Según el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), para ellos, al igual que para otros 486.000 peruanos de diferentes puntos del país, expropiar es la única solución.

TEMORES FUNDADOS
“En los últimos años las invasiones no se han restringido a la necesidad básica de vivienda, sino a planes orquestados por traficantes y estafadores que se van con los bolsillos llenos. Por ello proliferan los casos de duplicidad registral o juicios por posesión”, explica Gustavo Riofrío, investigador de Desco.

En estos casos la norma propuesta es tajante. “Si hay un proceso judicial para recuperar el bien, igual ocurrirá la expropiación. Si hay más de una persona queriendo que se le reconozca como poseedor, el Estado congelará el justiprecio en el Banco de la Nación hasta que el juez decida”, dice la especialista en derecho administrativo Úrsula Luna.

Aquí es donde se desata uno de los problemas: según la Corte Superior de Lima, al año se apelan unos 80 juicios para definir la posesión de un predio.

Solo en Lurín el 90% de casos son litigios por apropiación o registro irregular de terrenos. “Un lote puede tener hasta cuatro posesionarios y todos pagan servicios y arbitrios. ¿Cómo definirán a favor de quién debe ser la expropiación?”, se preguntó personal del Juzgado Mixto de Lurín.

Pero quizá lo más preocupante es que la norma no hace diferencia entre asentamientos humanos informales y predios invadidos, que es donde se esconden los usurpadores.

Según las leyes con que se rige Cofopri, los terrenos pasibles de expropiación son “toda forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos”. Según el especialista en propiedad inmobiliaria Ricardo Carrillo, “esto requiere ser revisado, pues los usurpadores nunca se quedan con el bien sino que los traspasan con fines habitacionales”.

A MODO DE EJEMPLO
Ángela Castillo, vecina de Pueblo Libre, está preocupada. Ella demandó a José Meza Esquivel por usurpar un enorme terreno que su padre le dejó de herencia en San Juan de Lurigancho. Este, con documentos falsos, ha vendido a terceros el bien e intenta demostrar que ocupa el predio desde 1999. Como el juicio sigue en curso, Castillo teme que él busque acogerse a la norma.

“El Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho ya lo sentenció por estafa, pero ha apelado. Encima, uno de sus cómplices ha planteado un proceso de prescripción adquisitiva sobre el mismo bien. Si le dan el título, lo revenderá legalmente”, cuenta. *
CAMBIO DE ZONIFICACIÓN*
De concretarse la expropiación, los concejos deberán reordenar esos barrios, pues crecieron sin considerar espacios para vías o mobiliario urbano.

Otro cambio será en la zonificación, ya que el área colindante se consolidará como urbana pese a encontrarse en zonas industriales o declaradas en riesgo por Defensa Civil.

Este último es el caso de Lomo de Corvina y Manchay, donde se ha advertido de la inestabilidad de los suelos.

El subgerente de Desarrollo Urbano de Villa El Salvador, Rafael Zamora, dijo que deberán emitir normas especiales para las edificaciones, “pues todos querrán construir más de tres pisos y en esa tierra (Lomo de Corvina) no se puede”.

La medida sería válida para casos excepcionales
En asociaciones de vivienda como Micaela Bastidas y Caliche, en Puente Piedra, la expropiación resulta justa. Como explica el gerente de Desarrollo Urbano, Edwin Vicente, sus habitantes tienen más de 40 años ocupando el área, pero no pueden formalizarse porque en Registros Públicos se mantiene vigente un título de la Compañía Agrícola Lima que data de inicios de la República.

“No hay dueños a la vista. Estos terrenos fueron traspasados y vendidos a los actuales ocupantes luego de la reforma agraria”, dice.

Igual pasa en San Juan de Miraflores y Ate-Vitarte, donde no hay dueños a la vista. Aquí las casas son de hasta tres pisos y tienen luz, agua y desagüe. Los vecinos esperan el título para sentirse seguros.

Otras excepciones a la norma se darían en los predios ilegales que están sobre tierras de comunidades campesinas, pues, según Cofopri, ya han perdido su condición de territorio comunal.

Fuente: El Comercio