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La Municipalidad Metropolitana de Lima y las comunas de los distritos de Miraflores y Pueblo Libre ratificaron su compromiso de considerar en sus políticas sociales a las personas que padecen de autismo, así como a realizar actividades de reflexión y sensibilización sobre este tema.

En una reunión celebrada en la víspera con el presidente del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), Guillermo Vega Espejo; los alcaldes Manuel Masías Oyanguren y Rafael Santos Normand; y un representante del concejo de Lima coincidieron en la importancia de celebrar el 2 de abril de cada año como el Día de la Reflexión sobre el Espectro Autista.

Vega Espejo recordó que esta fecha especial corresponde a una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitida el 18 de diciembre de 2007 y con la cual se recuerda a la población autista en todo el mundo.

Luego de suscribir y ratificar el documento de la ONU, Perú se convierte en el primer país en Sudamérica en convocar a sus autoridades locales a fin de desarrollar un esfuerzo conjunto en favor de la población autista.

El titular del Conadis refirió que en la cita con los burgomaestres se abordó la problemática del desconocimiento de gran parte de la sociedad sobre el autismo, y por ello consideró importante que los municipios se sumen al esfuerzo por difundir en la población la naturaleza de este trastorno mental y cómo debe ser tratado para no marginar a las personas que lo padecen.

Asimismo, el Conadis comprometió a los municipios a brindar apoyo permanente a dichas personas, a través de sus oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad (Omaped), y evaluar los avances de sus actividades.

“Los alcaldes supervisarán y brindarán apoyo a las personas con autismo, porque son las que mejor conocen al ciudadano”, señaló Vega Espejo.

Faltan estadísticas
Vega Espejo señaló que en la actualidad no existen estadísticas sobre el número de personas con autismo en el país.

En ese sentido, adelantó que el Conadis prepara una encuesta, que contará con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), que permita tener una línea de base sobre la población que tiene este problema.

Fuente: ANDINA

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) empadronará a partir de julio a los ciudadanos con discapacidad para facilitarles el sufragio en los procesos electorales regional y edil del 3 de octubre próximo, fecha en que también se realizará un referéndum.
Según nota de prensa, este mecanismo permitirá que los electores con algún tipo de limitación física puedan ser debidamente atendidos al momento de concurrir a los locales de votación para sufragar.

El empadronamiento se realizará a través del registro de datos en el portal institucional (www.onpe.gob.pe), y de manera directa en las sedes de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales que se habiliten para el desarrollo de los mencionados procesos electorales.

En ambos casos, el registro se abrirá a partir de julio próximo.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la ONPE prevé otras medidas complementarias para garantizar el derecho de participación política de las personas con discapacidad.

Por ejemplo, facilidades de acceso a las mesas de sufragio, apoyo para el traslado dentro de los locales votación con ayuda de las instituciones de salud, así como el uso de cédulas de sufragio en lenguaje braille en todos los centros de votación.

La cantidad final de las cartillas braille será determinada cuando se tenga la cifra final de mesas de sufragio y locales de votación, las mismas que se podrán conocer luego de aprobarse el padrón electoral en julio próximo.

Fuente: larepublica.pe

Entidades que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad iniciaron la recolección de firmas para elevar al Congreso de la República una propuesta para modificar la Ley General de las Personas con Discapacidad.

El propósito es que esta norma facilite la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que el Estado peruano suscribió y ratificó en 2008- y que obliga a todos los niveles de gobierno de las naciones firmantes a garantizar el ejercicio de los derechos de ese sector poblacional.

Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que se busca que cada país revise y modernice la legislación que atañe a ese sector, adecuándola a la mencionada convención y garantizando el derecho al acceso a la educación, la salud y el trabajo.

La funcionaria invocó a la ciudadanía a analizar esta propuesta legislativa y apoyarla con su firma hasta lograr las 57 mil – 0.3 por ciento del electorado – requerido para que sea entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y luego al Congreso de la República.

La iniciativa es impulsada por la Confederación de Personas con Discapacidad y la entidad Sociedad y Discapacidad, cuyos representantes recorrerán todo el país en busca del apoyo ciudadano.

Pineda abogó porque la situación de las personas con discapacidad sea vista con un enfoque “no meramente de salud o de asistencia médica, sino que se tenga una visión social del tema”.

“Lamentablemente, la sociedad se ha ido organizando como si solo existieran personas con el pleno uso de sus capacidades y por eso se sigue construyendo edificios sin acceso para discapacitados, entre otros aspectos”, afirmó en diálogo con la Agencia Andina.

En ese sentido, sostuvo que los funcionarios de entidades públicas como las municipalidades deben conocer la legislación y no seguir dando luz verde a proyectos que no contemplan las medidas de accesibilidad necesarias para la personas con discapacidad.

Remarcó que la modificación a la mencionada ley debe estar referida a la accesibilidad, salud, educación y a los llamados ajustes razonables, que se refieren a la adecuación de los ambientes en los centros de trabajo y de estudio para el desenvolvimiento óptimo de los trabajadores o estudiantes con discapacidad.

San Marcos
De otro lado, lamentó que la Universidad San Marcos, pese a las observaciones de la Defensoría del Pueblo, someta a sus postulantes a discapacitados a una reevaluación de sus condiciones físicas para decidir si lo aceptan o no en la cuota de vacantes disponibles para ellos.

Explicó que, pese a que la persona con discapacidad que pretende postular presenta su certificado emitido por una entidad autorizada como el Ministerio de Salud o EsSalud, San Marcos somete el caso a una comisión técnica formada para tal fin.

“Es un acto ilegal que vulnera los derechos de los estudiantes con discapacidad. Si la universidad desconfía de la validez del certificado debería cuestionar a la entidad que lo emitió y no vulnerar el derecho de una persona en esas condiciones a acceder a la educación”, anotó.

Fuente: ANDINA