Entidades que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad iniciaron la recolección de firmas para elevar al Congreso de la República una propuesta para modificar la Ley General de las Personas con Discapacidad.
El propósito es que esta norma facilite la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que el Estado peruano suscribió y ratificó en 2008- y que obliga a todos los niveles de gobierno de las naciones firmantes a garantizar el ejercicio de los derechos de ese sector poblacional.
Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, explicó que se busca que cada país revise y modernice la legislación que atañe a ese sector, adecuándola a la mencionada convención y garantizando el derecho al acceso a la educación, la salud y el trabajo.
La funcionaria invocó a la ciudadanía a analizar esta propuesta legislativa y apoyarla con su firma hasta lograr las 57 mil – 0.3 por ciento del electorado – requerido para que sea entregada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y luego al Congreso de la República.
La iniciativa es impulsada por la Confederación de Personas con Discapacidad y la entidad Sociedad y Discapacidad, cuyos representantes recorrerán todo el país en busca del apoyo ciudadano.
Pineda abogó porque la situación de las personas con discapacidad sea vista con un enfoque “no meramente de salud o de asistencia médica, sino que se tenga una visión social del tema”.
“Lamentablemente, la sociedad se ha ido organizando como si solo existieran personas con el pleno uso de sus capacidades y por eso se sigue construyendo edificios sin acceso para discapacitados, entre otros aspectos”, afirmó en diálogo con la Agencia Andina.
En ese sentido, sostuvo que los funcionarios de entidades públicas como las municipalidades deben conocer la legislación y no seguir dando luz verde a proyectos que no contemplan las medidas de accesibilidad necesarias para la personas con discapacidad.
Remarcó que la modificación a la mencionada ley debe estar referida a la accesibilidad, salud, educación y a los llamados ajustes razonables, que se refieren a la adecuación de los ambientes en los centros de trabajo y de estudio para el desenvolvimiento óptimo de los trabajadores o estudiantes con discapacidad.
San Marcos
De otro lado, lamentó que la Universidad San Marcos, pese a las observaciones de la Defensoría del Pueblo, someta a sus postulantes a discapacitados a una reevaluación de sus condiciones físicas para decidir si lo aceptan o no en la cuota de vacantes disponibles para ellos.
Explicó que, pese a que la persona con discapacidad que pretende postular presenta su certificado emitido por una entidad autorizada como el Ministerio de Salud o EsSalud, San Marcos somete el caso a una comisión técnica formada para tal fin.
“Es un acto ilegal que vulnera los derechos de los estudiantes con discapacidad. Si la universidad desconfía de la validez del certificado debería cuestionar a la entidad que lo emitió y no vulnerar el derecho de una persona en esas condiciones a acceder a la educación”, anotó.
Fuente: ANDINA
