La ruptura de la resistencia de los 10 000 puntos, el viernes 01 de septiembre, en el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, resalta la importancia que tiene para los agentes el sentir sus inversiones “respaldadas” a nivel internacional. Este hecho se produjo luego de que el mercado bursátil recibiera la noticia de la mejor calificación que Fitch Rating hizo sobre el Perú, colocándolo a un paso de la categoría de grado de inversión.

Un emisor de deuda se encuentra dentro del grado de inversión cuando los títulos que coloca en el mercado no representan un riesgo de incumplimiento en sus obligaciones para con los compradores de los mismos. Para establecer este grado y estimar la capacidad de pago del país ante posibles shocks y escenarios internacionales negativos se miden los ingresos futuros, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y política. Conseguir esta calificación es importante y beneficiosa para un país. Primero, debido a que ayuda a generar un mejor ambiente de negocios, pues permite crear credibilidad en los inversionistas extranjeros sobre el futuro de sus inversiones dentro del país.

A su vez, permite que los mismos deseen establecer inversiones de más largo plazo, debido a que pueden formar sus expectativas de una manera más acertada. Por otro lado, permite que el país obtenga financiamiento en el extranjero en mejores condiciones, dada la reducción de la prima de riesgo que los países en desarrollo deben de pagar por su mayor probabilidad de impago y mal historial crediticio.

Podrán pasar unos años para que Perú logre subir un peldaño más y alcance el grado de inversión, asumiendo que el gobierno seguirá implementando las reformas necesarias: una política fiscal dura, reducción de la dolarización de sistema financiero, reducción del peso de la deuda total (sobre todo de la deuda denominada en dólares), fortalecimiento del sistema bancario y menor desigualdad entre la población que genere un mejor clima social.
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Para el año 2007, el gobierno ha incrementado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en un 21,6%[1] con respecto al año 2006, ascendiendo la cifra a S/. 61 627 millones. De acuerdo a este incremento, se ha destinado un 48% de dicho presupuesto a gastos corrientes, equivalente al 9,1% del PBI[2]; mientras que los gastos en capital representan un 18,2% del presupuesto, cuyo monto equivale al 3,4% del PBI.

Este presupuesto está acorde con la política de “shock de inversiones” que el gobierno pretende realizar, debido a la brecha en infraestructura existente de US$ 1 394 millones en educación y salud; US$ 4 200 millones en transporte; US$ 858 millones en electricidad; y, US$ 4 042 millones en saneamiento[3]. Además, se encuentra en línea con la política de apertura comercial, ya que el aumento de la competencia producirá la necesidad de aumento de la productividad, por lo que reducir la brecha en infraestructura es necesaria.

Sin lugar a dudas, el gobierno tiene como prioridad reducir las brechas en infraestructura existentes, para lo cual un mayor presupuesto en conjunto, con mecanismos de control para garantizar un gasto eficiente, son necesarios; además de no dejar de lado la política de reperfilamiento de la deuda y anuncios claros de inversiones productivas que articulen los segmentos excluidos al mercado.

[1] El Gobierno manifiesta que el incremento es de 14,3%, ya que están considerando los créditos suplementarios que ascienden a S/. 3 500 millones, incluido el último solicitado por S/. 1 936 millones.
[2] El 55% del monto de gastos corrientes están dirigidos a cubrir los gastos en personal y obligaciones sociales.
[3] Ley de Presupuesto 2007.
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El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo su tasa de referencia en 3%, y en el comunicado de prensa enfatizó una fuerte vigilancia a la inflación, lo cual dejó una sensación de una próxima subida de tasas en la siguiente reunión del 5 de octubre de 2006[1]. Asimismo, Jean-Claude Trichet, presidente del BCE, calificó de “acomodaticia” la política monetaria del BCE, es decir, que las condiciones para préstamos son aún baratas.

Por otro lado, enfatizó que la expansión monetaria y crediticia aún es un riesgo para la estabilidad de precios, pese a que éstos se moderaron en los últimos meses. De hecho, la entidad ha revisado al alza sus proyecciones de inflación para este año y el que viene, debido a la previsión de precios del petróleo más altos. Los indicadores económicos más recientes muestran que la actividad y crecimiento económico en la primera mitad del año estuvieron por encima de lo esperado[2]; y por ello, el BCE elevó sus previsiones de crecimiento para 2006, que calcula entre el 2,2% y el 2,8%.

El mensaje final de lo señalado por el BCE dejó abierta la posibilidad de una subida de tasas. El incremento de éstas afecta por un lado a los consumidores, porque incrementa lo que tienen que pagar en los créditos asumidos, y por tanto reduce su capacidad de gasto, y por otro, a las empresas debido a que incrementa los costos de producción.

[1] El uso de la palabra “vigilancia” (“strong vigilance”) fue usada también en los meses precedentes a las subidas de tasas de interés, por lo que conlleva mucha importancia en los mercados financieros.
[2] El crecimiento estuvo impulsado por una mejora en el consumo de los hogares, inversiones y exportaciones.
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Las tasas activas en nuevos soles vienen mostrando una tendencia a la baja en los últimos años, comportamiento contrario a las tasas en dólares. Por un lado, la Reserva Federal de EE.UU. decidió mantener su tasa de referencia en 5,25% mientras que el Banco Central de Reserva del Perú la mantuvo en 4,5%. Este comportamiento sumado a las bajas expectativas de depreciación del nuevo sol viene reflejando que el crédito en nuevos soles para las empresas grandes sea más barato que en dólares como lo reflejan las tasas de préstamos y descuentos comerciales a partir de octubre del 2005. Este abaratamiento de las tasas en soles permite que las empresas que cuentan con deudas en dólares, las puedan precancelar tomando créditos en nuevos soles o cambiándolas directamente a moneda nacional mediante un swap de monedas.

Por otro lado, los ingresos financieros en Moneda Nacional (MN) de la Banca Múltiple vienen mostrando una tendencia creciente en su participación en los ingresos financieros totales. Los ingresos financieros acumulados en MN al 31 de julio de 2006 representan el 47,4% de los ingresos financieros totales, la mayor participación alcanzada en el período de estudio que comienza en 1998, año en que tan sólo alcanzó 33,4%.

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El pasado 22 de agosto, los ministros de Relaciones Exteriores de Perú y Chile, suscribieron la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N.38, vigente desde 1998. Sin duda alguna, tal evento generó distintas posiciones y puntos de vista; en parte, explicados por la gran rapidez con la que se firmó la ampliación de este acuerdo.

La importancia de este acuerdo comercial radica en que consolidaría el crecimiento de los flujos comerciales entre ambos países, actualmente en el orden de los US$ 2 000 millones anuales. De igual forma, constituye una plataforma para trabajar estrategias de acceso conjunto al gran mercado asiático. Por otro lado, la importancia de este socio comercial para el Perú radica en el hecho de que nuestro vecino del sur compra aproximadamente US$ 1 122 millones de nuestras ventas al exterior[1], lo que representa el 6,6% de nuestras exportaciones totales; tal vez lo más resaltante es que durante el año 2005 nuestras exportaciones a dicho país experimentaron un crecimiento de 77,8%.

No obstante, existen también algunos temas relevantes que no deben dejarse de lado, tales como: el esclarecimiento de la disputa por los límites marítimos, los grandes temas pendientes en propiedad intelectual, el tema de inversiones en puertos, aeropuertos, hidrocarburos, y sectores estratégicos. Muy al margen del beneficio que dicho acuerdo representa en términos de comercio de bienes (el 85% del total de bienes transados ingresa libre de aranceles), estos temas pendientes deben de discutirse lo antes posible puesto que representan intereses nacionales prioritarios para ambos países.

[1] La mayor parte de estas ventas son de productos tradicionales, como el caso del molibdeno, que representa el 60% de las exportaciones a dicho país.
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En las últimas semanas, el gobierno de EE.UU. así como algunas instituciones privadas de dicho país han venido reportando indicadores que dan cuenta de un debilitamiento de su economía. El dato más reciente corresponde a las ventas de viviendas nuevas, que en julio cayeron 4,3% y confirmó así el menor dinamismo del mercado de viviendas. Otro indicador reportado correspondió al índice de los indicadores líderes elaborado por el Conference Board, el cual acumuló en los últimos seis meses un incremento anualizado de 1,4%, su peor desempeño desde febrero del año 2001. Estos indicadores se suman a la caída en el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan, de 84,7 en junio a 78,7 en julio de 2006.

En este contexto, las futuras decisiones de la Reserva Federal (FED) sobre su tasa referencial serán bastante complicadas, pues si bien la economía norteamericana ya ha venido mostrando signos de desaceleración y, consecuentemente, de menores presiones inflacionarias, los altos precios en que se mantiene el petróleo están afectando los márgenes de las empresas.

Por lo pronto, según la última encuesta de tasas de Reuters a un total de 62 empresas especializadas, el mercado ya asigna una mayor probabilidad a que la FED mantenga su tasa referencial en 5,25% en su próxima reunión mientras que para el 3T07 se espera una reducción de la misma a 5,0%. Esta expectativa en cierto modo es consistente con lo que sostiene David Rosenberg, economista jefe para Norteamérica de Merrill Lynch, según el cual el debilitamiento del mercado de viviendas, que ha explicado cerca del 60% del crecimiento económico de EE.UU. en los últimos tres años, ha incrementado la probabilidad de que dicho país entre en recesión el próximo año hasta cuando menos un 40%.
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La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), ha puesto en vigencia, a partir de agosto, un aumento de las tarifas de agua potable y alcantarillado de 15% en promedio para los próximos cinco años, el mismo que será destinado exclusivamente a inversión en el sector que revierta los actuales bajos índices de cobertura[1].

Este aumento ha despertado el debate sobre quién debe financiar el déficit de inversión en el servicio de agua y alcantarillado. Por un lado, el Estado podría privatizar SEDAPAL para que sea el sector privado quien invierta los fondos requeridos y amplíe la cobertura, aunque esto implique desligar al estado de la administración de un servicio de importancia primaria, como lo es el agua, además de un incremento en los costos de supervisión.

Por otro lado, los usuarios pueden financiar, a través de un incremento en sus tarifas, el acceso de aquellas personas que aún no cuentan con el servicio, así, se genera una especie de subsidio que logra incrementar cobertura futura a expensas de una mayor tarifa presente.

Lo óptimo es poder encontrar un punto medio en el cual el Estado
pueda invertir de manera continua; pero que a su vez los usuarios no dejen de financiar un servicio vital, sensible al nivel de ingresos y básico en el área de salubridad y nivel de vida.

Fuente: El Peruano, 22 de Julio. Resolución Nº 034- 2006-SUNASS-CD.
Elaboración: ophèlimos.

[1] Sólo en Lima 1 millón de personas no cuentan con este servicio.
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El viernes 18 de agosto el Ministro de Economía firmó en Ayacucho el primer convenio de gestión entre el SNIP[1] y un Gobierno Regional. El objetivo de este convenio es establecer equipos de funcionarios del MEF a nivel nacional que asesoren a las autoridades regionales y locales no sólo en la implementación (formulación y evaluación) de proyectos de inversión pública, sino también en la elaboración de sus presupuestos.

Los críticos del SNIP califican esta entidad como un sistema centralista que frena las inversiones en las zonas más necesitadas del país y obstruye el proceso de descentralización y desarrollo de estas regiones. Sin embargo, sus partidarios argumentan que sin su supervisión los recursos del Estado no serían asignados óptimamente, lo que disminuiría la calidad de las inversiones.

La reforma de este sistema es necesaria y busca agilizar las inversiones en las zonas más necesitadas del país, disminuyendo la formación de cuellos de botella en la formulación y aprobación de proyectos, sin dejar de lado la rigurosidad en la evaluación y calidad de los proyectos, evitando la ejecución de proyectos que no están orientados a mejorar el bienestar de la población[2]. Este proceso no será tarea fácil, como lo demuestra la discusión entre el ejecutivo y la oposición por la exoneración del SNIP de 10 proyectos de saneamiento declarados en emergencia.

[1] Sistema Nacional de Inversión Pública
(http://www.mef.gob.pe/DGPMSP/snipnet.php)
[2] Algunos ejemplos son: El Parque del Árbitro, El Paseo del Beso y El Boulevard de la Madre.

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Para el mes de julio, se registraron resultados negativos en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos (EE.UU.). La construcción de viviendas nuevas (privately-owned housing starts) alcanzó las 1 795 millones de unidades anualizadas, el nivel más bajo desde noviembre de 2004; y los permisos de construcción (privately-owned housing units authorized by building permits), indicador adelantado de la construcción residencial, fueron de 1 747 millones de unidades anualizadas, el nivel más bajo desde agosto de 2002, lo que representa el sexto mes de caída consecutiva. Con ello, se confirma la desaceleración de la oferta de vivienda en los EE.UU., lo cual perjudica a la inversión residencial del PBI de la primera economía del mundo.

Estos resultados se suman a la menor demanda y al alto nivel de inventarios viviendas nuevas como de ya existentes, lo cual viene ocasionando una caída paulatina en los precios del sector inmobiliario, considerado como el “deflate” de la burbuja inmobiliaria de los EE.UU. Esta burbuja, la primera a nivel nacional desde 1920, es atribuida a los siguientes factores: las bajas tasas de interés (que se mantuvieron en niveles mínimos históricos hasta octubre del 2004), la excesiva facilidad para el acceso al crédito y la búsqueda desesperada de sustitutos de las inversiones bursátiles después de la crisis 2000-2002.

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El Consejo de Ministros aprobó el texto del proyecto de ley de la libre desafiliación de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP’s), que será enviado al Congreso para su debate y su eventual aprobación. Este proyecto contempla una desafiliación controlada y evaluada por una comisión multisectorial[1], que a diferencia de las propuestas pasadas, considera emitir bonos complementarios que buscarán elevar las pensiones de los jubilados que perciben una pensión menor a la mínima vital.

De ser aprobada por el Congreso, se calcula que las solicitudes ascenderán a 200 000; sin embargo, se estima que sólo se trasladarían 12 800 afiliados[2]. Asimismo, el pensionista que desee trasladarse deberá considerar no sólo el cubrir el diferencial existente entre el aporte al Sistema Nacional de Pensiones (SNP: 13%) y al Sistema Privado de Pensiones (SPP: 10%), sino también el hecho que sus aportes irán a un fondo colectivo. Por otro lado, según el ministro de economía, el costo actuarial ascendería a $ 1 400 millones (menor a los $ 2 700 millones de la propuesta sin restricciones[3] que se suma al existente déficit provisional, que bordea los $ 40 mil millones (aproximadamente el 65% del PBI).[4]

No es correcto criticar esta propuesta sólo en base a los costos fiscales que generaría. Sin embargo, al observar estas estadísticas, surge la pregunta de cuál será la fuente de fondeo para estos nuevos gastos. Existen varias alternativas: i) Crear o elevar algún impuesto, ii) elevar el aporte de los afiliados al SNP, iii) endeudamiento o iv) realizando recortes en algunas partidas.

[1] Esta comisión estaría integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, de la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP’s, la Oficina de Normalización Previsional y afiliados.
[2] De los cuales el 71% son afiliados con problemas en sus bonos de reconocimiento, el 23% sin una pensión mínima y el 6% mineros que se jubilaron por realizar trabajos en riesgo. Este número podría aumentar en 2200 casos si se considerase a otros sectores con trabajos riesgosos. Datos obtenidos de diario El Comercio.
[3] Hasta la fecha han aparecido tres propuestas de libre desafiliación: la que defiende la CGTP (sin restricciones), la que promovió el anterior gobierno (al momento de la jubilación), y la que promovió el APRA y hoy retoma el nuevo gobierno (desafiliación previa evaluación de cada caso).
[4] El 17% del Presupuesto del 2006 se destina al grupo de gasto denominado: “Obligaciones Provisionales”, que representa alrededor del 36% del gasto asignado al gobierno central.
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