Según cifras presentadas por INDECOPI ante el Congreso la semana pasada, sólo la piratería de productos audiovisuales informáticos (CD y DVD) y libros han originado pérdidas para el gobierno de alrededor de US$ 98,6 millones por concepto de impuestos durante el año 2005. Este monto dejado de recaudar equivale a poco más de quince veces el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo para el año 2006[1] y es casi el doble del presupuesto asignado al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Por otro lado, con este monto no recaudado, el Estado pudo haber beneficiado a 265 mil familias con el programa Juntos durante todo un año.

A nivel mundial, la comercialización de discos musicales piratas alcanzó un valor de US$ 4 500 millones en 2005[2]. Según cifras de INDECOPI, en el Perú la industria musical es la más golpeada por la piratería, alcanzando pérdidas de US$ 66 millones en 2005. La siguiente industria más afectada fue la de software para equipos de cómputo perdiendo US$ 23 millones, mientras que el sector de libros y películas perdieron una cifra cercana a los US$ 9 millones cada uno. Así mismo, el presidente de dicho instituto informó que existe lavado de dinero por aproximadamente S/. 50 millones al año en la industria del libro pirata.

Algunas de las propuestas planteadas por dicho instituto, para solucionar el problema de la piratería son: la creación de juzgados especiales en propiedad intelectual y la ampliación de las facultades de las fiscalías especializadas en delitos aduaneros para los temas de propiedad intelectual.

[1] El presupuesto para la Defensoría del Pueblo para el año en curso es de S/.21 094 045.
http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/default.aspx
[2] Para más información visitar
http://www.ifpi.org/site-content/library/piracy-report2006.pdf

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El precio del petróleo cayó por debajo de US$ 60 el barril por primera vez en seis meses; lo que constituye una caída sostenida, desde su nivel máximo de US$ 78,40, alcanzado en julio del presente año. Los principales fundamentos que parecen explicar esta caída en la cotización, en más de 20%, durante los dos últimos meses son: los abundantes inventarios ante la llegada del invierno en EEUU[1]; la decisión de la OPEP de mantener su cuota de producción en 28 mbd[2], a pesar de la importante caída en la cotización registrada en lo que va de setiembre; la disminución en las tensiones sobre el programa nuclear de Irán, cuarto exportador mundial de crudo, que estaría dispuesto a negociar diplomáticamente con la Unión Europea sobre el tema.

Esta reducción significativa en el precio del petróleo impactaría positivamente en el desempeño de las economías más fuertes del mundo. En tal sentido, se espera que en el actual mercado Forward de petróleo el precio para el Brent del próximo año se reduzca en US$ 10 menos que lo proyectado por el BCE. Además, esta diferencia en los estimados le sustraería 2 decimales a las proyecciones de inflación para el 2007 (de 2,4% a 2,2%)[3]. De igual forma, el impacto de una reducción sostenida en el crudo de petróleo, podría significar una reducción de hasta 1,5% en la tasa de inflación de la economía estadounidense[4] para el segundo semestre de este año. Más aún, se espera que esta reducción en la cotización actúe como uno de los principales componentes dinamizadores de la demanda interna en los EEUU para lo que resta del año.

Por lo pronto, los países miembros de la OPEP favorecen un barril de entre US$ 50 y US$ 60; aunque se especula que Arabia Saudita comenzaría a reducir su producción si el precio WTI cayera por debajo de US$ 60 por barril.

[1] Los cuales se encuentran en su nivel más alto desde 1999 según el Gobierno.
[2] Millones de barriles diarios
[3] BBVA: “Inflation Observatory: Euro Zone”, 18 de setiembre 2006.
[4] Danske Bank: “Global Scenarios: trends and risks”, setiembre 2006.
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Luego de 15 años de estabilidad política, el pasado miércoles 20 de setiembre Tailandia fue centro de un nuevo golpe de estado[1], sin embargo, en Bangkok había un ambiente de relativa tranquilidad, no sólo social, sino también económica.

Tras derrocar al Primer Ministro Tailandés (Thaksin Shinawatra), el comandante de las fuerzas militares y líder del llamado “Consejo por la Reforma Política” (Sonthi Boonyaratglin), suspendió la Constitución de 1997, además de disolver el parlamento y el gabinete ministerial. Sonthi anunció que en dos semanas se nombraría a un nuevo Primer Ministro civil, y que en octubre de 2007 se celebraría nuevas elecciones, luego de que se redacte una nueva Constitución.

El golpe se produjo tras meses de una creciente tensión política, caracterizada por las protestas en contra del Primer Ministro, quien era acusado de corrupción, abuso de poder y nepotismo; y en respuesta a las elecciones generales de abril de 2006, las mismas que fueron boicoteadas por la oposición debido a preocupaciones por su legitimidad, y que fueron reconvocadas para octubre del presente.

Hasta el momento, el impacto económico y social ha sido limitado. El apoyo del rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, y de la población Tailandesa[2] al líder del golpe militar, reducen las posibilidades de levantamientos o conflictos sociales. El baht, moneda Tailandesa, se debilitó en sólo 1,2% el día del golpe[3], para luego reducirse (sin la intervención del Banco Central) y continuar con la tendencia decreciente presentada desde febrero de este año.

La reducción del precio del crudo no sólo ha incentivado un desempeño favorable del Índice de la bolsa de valores SET, sino también el ingreso de capitales a Tailandia: Desde el 17 de agosto, el SET se incrementó en 1,5%, y hubo un ingreso neto de compras extranjeras de acciones por US$ 21 millones. Sin embargo, es necesario considerar que este golpe de estado puede generar algunos riesgos de mediano plazo, como por ejemplo el efecto fiscal que tendría una posible postergación de megaproyectos asociados a Thaksin.

[1] Entre 1932 y 1991 hubo 23 golpes de estado y 16 Constituciones.
[2] Una encuesta nacional, realizada por una universidad local, reveló que el 84% apoyaba el golpe.
[3] JPMorgan
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El jueves 14 de septiembre de 2006, el congreso aprobó la ley que elimina la renta básica[1] en el servicio de telefonía fija cuyo principal argumento fue que dicho concepto no está incluido en el contrato de concesión firmado, siendo un cobro arbitrario e ilegal añadido por la empresa, y aceptado por el organismo regulador[2]. Desde el punto de vista económico valdría la pena preguntarse, ¿afecta a la institucionalidad creada en el sector regulatorio? ¿Quienes son los beneficiados con esta ley y cómo afectará a las familias?

Para 1994, la densidad en telefonía fija era 3,21[3] ubicándose en 8,27 el 2005. Sin embargo, en Huancavelica, uno de los departamentos más pobres del país, la situación actual de este indicador (0,77) no es muy lejana a la de 1998 (0,37). Recordemos que las firmas maximizan beneficios y no le interesa si el servicio llega al pobre o no; entonces se deben crear mecanismos que incentiven dicho propósito[4].

La decisión tomada por el congreso afecta la institucionalidad creada. Osiptel es el organismo supervisor encargado de estos temas, y no el parlamento. En ese sentido, se menoscaba la autonomía del regulador y la imagen que las empresas de telecomunicaciones puedan tener, afectando finalmente sus decisiones de inversión. En consecuencia, los temas de reducción de brechas en el sector telecomunicaciones se agravan [5]; siendo este el problema de mediano y largo plazo.

Siempre es rentable políticamente hablar de reducciones que “benefician” los bolsillos de la población; sin embargo, esta decisión puede ser perjudicial. Las consecuencias pueden ser: aumento de tarifas telefónicas reduciéndose aún más el excedente del consumidor, y mayor desincentivo a la inversión en telecomunicaciones. Finalmente, los afectados son los que tienen, y aún más los que no tienen acceso a telefonía fija u otro medio.

[1] En promedio, en Perú es de US$ 16,5 mientras que en Chile y Argentina, países donde también opera Telefónica, ésta asciende a US$ 8,25 y US$ 5,0 respectivamente.
[2] Argumentos usados en el Dictamen del Proyecto de Ley No 58/2006-CR aprobado que elimina la renta básica en telefonía fija local.
[3] Se refiere a líneas en servicio por cada 100 habitantes, Osiptel.
[4] El rentismo económico no intenta ser defendido
[5] Veáse “Telecommunications and Information Services for the Poor”, WB Discussion Paper No 432, 2002
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La reincorporación[1] de Chile a la Comunidad Andina (CAN)[2] como miembro asociado está programada para el 20 de septiembre de 2006 durante la reunión del Consejo de Cancilleres Andinos en Nueva York, EE.UU. Con esto se busca profundizar la integración en el ámbito de la subregión y alcanzar una objetiva convergencia con el MERCOSUR[3] en búsqueda de la consolidación de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

En el año 2005 el intercambio comercial entre la CAN y Chile fue de US$ 3 356 millones de los cuales el 52,5% correspondió a las exportaciones de la CAN hacia Chile. Así, este intercambio presentó un crecimiento de 29,6% con respecto al 2004. Cabe resaltar que el crecimiento anual promedio del mismo indicador por los últimos 9 años ha sido de 10,8 %.

La balanza comercial entre la CAN y Chile ha sido desfavorable para los primeros durante el período 1997 – 2004, sin embargo, en el 2005 se revirtió esta característica. En el 2005 las exportaciones de la CAN a Chile representaron el 3,5% del total de sus exportaciones al mundo. Por su parte, las importaciones desde Chile representaron el 3,4% del total de las importaciones de la CAN.

Perú es el principal socio comercial de la CAN con Chile debido a que es el mayor exportador andino al mercado chileno con el 71% de participación y, además, Perú es también el principal comprador andino de Chile con el 40% de participación.

[1] En 1969 se creó el Grupo Andino el cual Chile integraba, sin embargo, en 1976 este país decidió retirarse.
[2] Los actuales países Miembros de la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
[3] Con el cual Chile pactó un Acuerdo de Complementación Económica en 1996.
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Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el World Economic Outlook 2006: Financial Systems and Economics Cycles; y el Global Financial Stability Report: Market Developments and Issues, informes que presentan las perspectivas económicas mundiales de la institución. En general, se señala que una recesión a nivel global no seria inminente, y en cambio, revisa sus previsiones del crecimiento global al alza en 5,1 % en 2006 y un 4,9 % en 2007. Sin embargo, se espera una desaceleración en Estados Unidos de 3,4% en 2006 a 2,9% en 2007, en medio del enfriamiento del mercado de la vivienda; asimismo, un menor crecimiento en Japón y la continuidad de la recuperación de la Zona Euro. En los mercados emergentes y países en desarrollo el crecimiento seguiría siendo fuerte, con un 7,3% en 2006 y un 7,2% en 2007.

El informe señala que los factores que podrían acelerar el crecimiento mundial están concentrados en los mercados emergentes, en especial en el potencial de la inversión en China debido a la abundante liquidez del sistema bancario. El resurgimiento de las inversiones en los mercados emergentes podría permitir que los precios de los activos se incrementen y la demanda interna se reactive. En las economías desarrolladas, el principal factor, sería la inversión comercial, debido que la rentabilidad de las empresas se mantiene sólida

Por otro lado, los factores negativos se concentran en las presiones inflacionarias en las economías avanzadas que exijan una respuesta monetaria agresiva para frenar el crecimiento, repetidas perturbaciones en la oferta de petróleo, que exacerben las presiones inflacionarias al mismo tiempo que restringa la demanda de los hogares; y finalmente, por el lado de la demanda, se confirma el riesgo del debilitamiento de los balances de los hogares y de la demanda agregada producto del enfriamiento del mercado de la vivienda en las economías avanzadas

En suma, se espera un panorama moderadamente optimista a nivel global; sin embargo, se señala que los mercados emergentes siguen siendo susceptibles a la turbulencia de los mercados financieros mundiales. Los países que correrían mayor riesgo son los que aún tienen un sector público con un balance débil.
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En los últimos meses se ha venido discutiendo reformas para abordar la situación laboral del país. De acuerdo al INEI, aproximadamente sólo un tercio de la población económicamente activa en el Perú se encuentra adecuadamente empleada, mientras el 55% y 9% se encuentra en condición de subempleo y desempleo, respectivamente.[1]

En este contexto, han surgido iniciativas como la Ley General del Trabajo (Congreso), el Registro de Asistencia (MINTRA), las Planillas Electrónicas (SUNAT/MINTRA) y las Jornadas Atípicas Mineras (Tribunal Constitucional) que son materia de debate nacional, y se ubican dentro de una tendencia pro-trabajador y de aumento de la fiscalización.

Así, entre los temas que el nuevo gobierno se encuentra evaluando, destacan: [2] i) estabilidad laboral (reposición vs. mayor indemnización), ii) tipos de contratación (implementación de programas para el ingreso de jóvenes desempleados y posible reducción de modalidades de contratación laboral), iii) intermediación laboral (reducirlo a actividades de carácter complementario, mantener solidaridad en el pago de obligaciones y equiparar beneficios laborales), iv) tercearización de servicios (interés en equiparar beneficios de contratistas con los de empresas contratantes; p.e. utilidades), v) Jornada de trabajo (incremento de la fiscalización para verificar su cumplimiento y reconocimiento de horas extras), vi) Inspección (aumentar el número de inspectores e inspecciones a los centros laborales y multas a empleadores), vii) Sindicalización y Acción colectiva (fomentarla, cumplimiento de acuerdos de la OIT y negociación por rama) y viii) Sistema de Pensiones (libre desafiliación).

Dichas medidas, si bien son un paso para mejorar la calidad del empleo, deben ser evaluadas con sumo cuidado, pues, no obstante es claro que se requieren reformas, y el diseño de éstas debe evitar que se generen rigideces laborales e incentivos que propicien mayores niveles de informalidad laboral.

[1] INEI, Encuesta Permanente de Empleo (EPE), abr-jun 2006.
[2] SUNAT, MINTRA, Congreso, Tribual Constitucional y Poder Judicial
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El reciente acuerdo logrado entre el gobierno y las empresas mineras, sobre el aporte social voluntario que darán estas últimas, y que en principio asciende a S/. 2 500 millones durante el próximo quinquenio, responde a la necesidad de aumentar la disponibilidad de recursos del Estado para la generación de desarrollo en las regiones donde estas empresas operan. Este aporte voluntario, según el gobierno, surgiría como la alternativa más viable en el corto plazo para poder captar recursos producto de las sobreganancias que vienen percibiendo las empresas de este sector, dado el boom en el precio de los metales.

La aplicación de un impuesto a las sobreganancias presentaría dificultades de tiempo – costo, además de las ya conocidas dificultades jurídicas; mientras que por otro lado, la alternativa de aumentar el monto por regalías implicaría para las empresas (según el Ministro de Economía), la renuncia a sus contratos de estabilidad para hacer las modificaciones respectivas. No obstante, se debería especificar mejor la metodología a emplearse para este fondo aportado por las mineras. No se ha señalado si este estaría en función de las utilidades netas de las empresas o en base a un precio “piso” real, no se sabe cómo es que se proyectó esta cifra para los próximos cinco años y tampoco se ha especificado como es que se procedería a eliminarlo en caso ocurra una reducción drástica de los precios de los minerales.

Finalmente, el problema central pasa por el carácter temporal que podría tener este fondo debido a que el aporte es voluntario y dependiente del alto precio de los metales. Es importante avanzar en la propuesta de aplicación de un impuesto a las sobreganancias, pues reduciría el riesgo de que se deje de aportar; además del costo de negociación entre el gobierno y las empresas en futuros escenarios similares. Esto sin duda, calza dentro de un tema mucho más grande y prioritario, que es el avance hacia una reforma tributaria integral.
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Recientemente se ha publicado el Doing Business 2007: ¿Cómo Reformar? , publicación que investiga las regulaciones que aumentan la actividad comercial y aquellas que la restringen. De esta manera se puede calificar a 175 países respecto a su facilidad para hacer negocios. Así por ejemplo tenemos que Singapur, Nueva Zelanda y EEUU son los tres países donde hacer negocios es más fácil, mientras que Congo, Timor–Leste y Guinea-Bissau son los últimos países en facilidad para hacer negocios. Un dato resaltante es el hecho que África se ubicaba detrás de las demás regiones en los 2 años previos, actualmente se ubica tercera, detrás de Europa Oriental y los países de la OCDE, y por delante de América Latina y Medio Oriente.

Hay que tener en cuenta que este indicador es limitado ya que cubre solamente regulaciones empresariales, y no toma en cuenta por ejemplo la proximidad de un país a los grandes mercados, la transparencia de la contratación publica, las condiciones macro o la fuerza subyacente de las instituciones. En las economías más reformistas en los últimos 3 años, cerca del 85% de las reformas ocurrieron durante los primeros quince meses de un nuevo gobierno, este descubrimiento es importante en un contexto como el de latinoamérica, ya que entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006 tendrá 12 elecciones presidenciales[2].Finalmente, para que las reformas y el gobierno que las realiza no pierdan legitimidad, estas deben facilitar la actividad comercial de empresas tanto pequeñas como grandes, domésticas y extranjeras, rurales y urbanas.

Fuente: Doing Business 2007. Elaboración ophèlimos

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La ruptura de la resistencia de los 10 000 puntos, el viernes 01 de septiembre, en el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, resalta la importancia que tiene para los agentes el sentir sus inversiones “respaldadas” a nivel internacional. Este hecho se produjo luego de que el mercado bursátil recibiera la noticia de la mejor calificación que Fitch Rating hizo sobre el Perú, colocándolo a un paso de la categoría de grado de inversión.

Un emisor de deuda se encuentra dentro del grado de inversión cuando los títulos que coloca en el mercado no representan un riesgo de incumplimiento en sus obligaciones para con los compradores de los mismos. Para establecer este grado y estimar la capacidad de pago del país ante posibles shocks y escenarios internacionales negativos se miden los ingresos futuros, la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y política. Conseguir esta calificación es importante y beneficiosa para un país. Primero, debido a que ayuda a generar un mejor ambiente de negocios, pues permite crear credibilidad en los inversionistas extranjeros sobre el futuro de sus inversiones dentro del país.

A su vez, permite que los mismos deseen establecer inversiones de más largo plazo, debido a que pueden formar sus expectativas de una manera más acertada. Por otro lado, permite que el país obtenga financiamiento en el extranjero en mejores condiciones, dada la reducción de la prima de riesgo que los países en desarrollo deben de pagar por su mayor probabilidad de impago y mal historial crediticio.

Podrán pasar unos años para que Perú logre subir un peldaño más y alcance el grado de inversión, asumiendo que el gobierno seguirá implementando las reformas necesarias: una política fiscal dura, reducción de la dolarización de sistema financiero, reducción del peso de la deuda total (sobre todo de la deuda denominada en dólares), fortalecimiento del sistema bancario y menor desigualdad entre la población que genere un mejor clima social.
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