Estas últimas semanas han estado marcadas por una alta volatilidad en algunos indicadores económicos tales como: el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVLIMA), el riesgo país, y el tipo de cambio; estos cambios son producto de la incertidumbre electoral.

Las encuestas nacionales ubicaron al candidato presidencial Ollanta Humala en el segundo lugar de las preferencias electorales, resultado que originó una caída durante 6 jornadas consecutivas del IGBVLIMA; registrando inclusive su caída más drástica en casi 11 años, hasta alcanzar los 4442,61 puntos (lo que representó una disminución del 6.71% en su rendimiento, respecto al cierre anterior), mientras que el riesgo país, medido por el EMBI+ Perú, trepaba a los 204 puntos básicos como consecuencia de la falta de demanda de bonos globales peruanos en el mercado internacional. Por su parte, el tipo de cambio llegaba hasta los 3,44 soles por dólar, cotización máxima antes de empezar su descenso producto del vencimiento de operaciones de dólares a futuro (forwards) no renovadas, y de una nueva intervención del BCRP por un monto de US$ 63.5 millones.

No obstante, ¿esta coyuntura de incertidumbre electoral significa un riesgo para la estabilidad macroeconómica?. Diversos analistas coinciden en señalar que el ruido político no tiene por que desestabilizar la economía del país; así por ejemplo, el Banco de Inversión “Credit Suisse First Boston” (CSFB) señala que el crecimiento económico continúa sosteniéndose sobre la performance tanto de la demanda interna como del sector externo. Por su parte, los resultados del último reporte del “Índice de Confianza del Consumidor” elaborado por Apoyo Consultoría, concluyen que este indicador se encuentra en su nivel más alto desde que este índice es calculado. Mientras que la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings descartó modificar la calificación crediticia del Perú en función de las encuestas electorales que se están publicando, argumentando que la volatilidad mostrada en el tipo de cambio y la Bolsa de Valores de Lima (BVL) no responde a cambios fundamentales de la economía.
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Uno de los principales problemas de salud infantil en nuestro país, es la desnutrición crónica existente, originada por la ingesta de una dieta inadecuada (deficiente en yodo, hierro y micronutrientes) o por la existencia de una enfermedad recurrente, o la presencia de ambas.

De acuerdo con la ENDES, el promedio nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 años alcanzó el 25,4% en el año 2000. Los departamentos más afectados son: Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), Apurimac (43%) y Huánuco (42,8%). Los niños afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales de enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre su desarrollo físico y educativo. (Ver gráfico).

El grado de instrucción de las mujeres en edad fértil es uno de los factores que se encuentra asociado a problemas de salud y nutrición. En el Perú 51,6% de los niños con desnutrición crónica son hijos de mujeres sin instrucción. En el año 2000, el 13% de las mujeres de las áreas rurales no contaba con ningún grado de instrucción; mientras que en las áreas urbanas, esta cifra era de 1,7% [1].

El estado ha venido asignando importantes recursos destinados a programas de asistencia alimentaria. Sin embargo, estos programas tienen algunos problemas, entre ellos: mecanismos de monitoreo limitados, escasa articulación con otros sectores sociales, duplicidad de acciones, reducida efectividad en el logro de sus objetivos nutricionales, “filtraciones” y alto porcentaje de personas no pobres que recibe estos beneficios; esto sugiere que es necesario realizar ajustes a dichos programas, a efectos de lograr los objetivos deseados.

Es de resaltar que, según la ENAHO para octubre del 2005 [2], pese a que el Vaso de Leche continúa siendo el programa alimentario con mayor cobertura en todo el país (alcanzando al 73,2% de hogares beneficiados con algún programa alimentario), la proporción de hogares que tuvieron acceso a otros programas, como Comedores Populares, Clubes de Madres, Desayuno Escolar, Papilla o “Yapita“ se incrementó en 3,9% para el trimestre móvil agosto-setiembre-octubre 2005. Asimismo, la proporción de hogares que tuvieron acceso a otros programas alimentarios pasó de 54,9% en el trimestre agosto-setiembre-octubre del 2004 a 58,8% para el mismo trimestre del presente año.

[1] Véase Maria Inés Sánchez-Griñan (2003) “Hacia una política nutricional en el Perú” en Revista Economía y Sociedad 49, CIES, julio 2003, pp 41-46.
[2] Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida en el Perú, elaborada por el INEI
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Luego de la fallida reunión de la OMC en Cancún 2003, debido a la divergencia de opiniones por el comercio de productos agrícolas entre los países industrializados y aquellos en vías de desarrollo; la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong culminada el pasado 18 de diciembre ha conseguido que se mantenga como eje central de la negociación agrícola los tres pilares definidos en la ronda de Doha: disminución de la ayuda interna, una mayor competencia de las exportaciones y el acceso a los mercados.

El texto final gira en torno a la decidida reducción de la ayuda interna a los agricultores, una mayor disciplina para con las empresas estatales que puedan causar distorsión en el comercio, un aseguramiento de la continuidad de la ayuda alimentaria a los países miembros en vías de desarrollo y sobre todo la eliminación de subsidios a la exportación agrícola para el año 2013. [1]

Esto se logra dentro de un ambiente de apoyo por parte de los directivos del Fondo Monetario y el Banco Mundial, Rodrigo Rato y Paul Wolfowitz respectivamente, quienes en declaración conjunta señalaron que no se debe prestar atención a los grupos de interés proteccionistas que se beneficiarían del fracaso de la conferencia y que no permiten que se borren las altas barreras comerciales.

Sin embargo, organismos como OXFAM consideran estos avances insuficientes dados los US$ 250 000 millones que la Unión Europea, Japón y Estados Unidos gastan en conjunto en subsidios agrícolas cada año, agravándose lo anterior por lo concentrado y segregado de su ayuda, pues en el caso de USA el 78% de sus subsidios se dirigen al 8% de los agricultores más grandes de dicho país.

Por otro lado, el Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson, afirmó que no se puede negociar en un contexto en el que al menos el 60% de los US$ 2 600 millones que Estados Unidos donó como asistencia alimentaria durante el año 2003, fueron en realidad, gastados dentro de su mismo país y no en los países más pobres.

Por lo pronto, no se ven buenas perspectivas para la consecución de los acuerdos de Hong Kong. En Estados Unidos, el Senado acaba de rechazar el pasado 21 de diciembre el pedido del Presidente para recortar los pagos directos por cosechas por un valor de US$ 5 700 millones en diez años y, en vez de ello, aprobó recortes en la ayuda agrícola por sólo US$ 2 710 millones en cinco años, medidas insuficientes para poder cumplir con las metas al 2013.

[1] Disponible en:
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/final_text_s.htm

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La semana pasada el Pleno del Congreso debatió sin lograr consenso alguno el dictamen que propone retirar a Petroperú del ámbito del Consejo Superior de Contrataciones del Estado y Adquisiciones (Consucode), del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Tanto el SNIP como el Consucode son Instituciones creadas para garantizar la transparencia en la gestión de las empresas públicas [1]. Mientras que la pertenencia al Fonafe obliga a las empresas públicas a transferir sus utilidades al Tesoro Público.

Los argumentos a favor del retiro de PetroPerú del ámbito de Consucode y del SNIP, responden a la necesidad de darle mayor autonomía y dinamismo a la empresa estatal en su toma de decisiones, ya que –según los críticos- estos dos mecanismos de control entorpecen y demoran las operaciones de la empresa [2], poniendo a PetroPerú en desventaja frente a su competidor privado REPSOL. Además, se sostiene que, la salida de PetroPerú del ámbito de estos mecanismos de control no implica que la empresa deje de ser fiscalizada por la Contraloría General de la República.

También se argumenta que, el retiro de PetroPerú del Fonafe, posibilitaría que la empresa estatal pueda reinvertir sus propias utilidades generadas durante el año, y cumplir con la necesidad de renovar principalmente su refinería de Talara, así como invertir en adaptación de tecnologías para mejorar la calidad de sus combustibles y reducir su impacto ambiental [3].

Sin embargo, los argumentos en contra del retiro, enfatizan que sería un gran riesgo darle autonomía a PetroPerú en el manejo de sus inversiones e utilidades, pues existen antecedentes de politización en su gestión, así como del mal manejo en sus gastos. Además se menciona, que los escasos resultados en términos de eficiencia de PetroPerú se deben a la mala gestión interna y no precisamente a la existencia de mecanismos de control.

También se señala como argumento en contra, que si fuera necesario agilizar cierto tipo de medidas de carácter estratégico para la empresa, el directorio de PetroPerú tiene la potestad de pedir alguna exoneración puntual a los Instituciones de control o puede pedir ser atendido directamente por el Ministerio de Economía, sin que esto implique un desligue del control estatal.

[1] El SNIP busca que las inversiones estatales sean realizadas bajo criterios técnicos; mientras que Consucode supervisa y da lineamientos para que las adquisiciones estatales sean transparentes.
[2] De acuerdo al Fonafe los Gastos de Capital de PetroPerú fueron S/. 21,8 MM monto inferior en 74% a su meta aprobada, explicado por la vigencia de largos procesos de concurso para la adjudicación de contratos, y la demora en la aprobación de los proyectos de inversión por el SNIP. Información disponible en
http://www.fonafe.gob.pe/downloads/petroperu.doc
[3] El Decreto Supremo. Nº 025-2005-EM obliga a las refinerías peruanas a adecuarse a los estándares internacionales para el año 2010, en lo referente al contenido de azufre en los combustibles (pasando del actual límite de 5 000 a 50 partículas por millón para el año 2010). Disponible en: http://www.conam.gob.pe/aire/legales/normas/025-2005.pdf
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La incertidumbre pre-electoral se hizo sentir esta semana en el mercado, tras los primeros resultados de las encuestas. Así, el Índice General de la Bolsa (IGBVL) retrocedió 4,58% mientras que el Índice Selectivo (ISBVL) bajó en 4,56%, siendo el sector minero el más afectado.

En la misma línea, de acuerdo al último Resumen Informativo del BCR [1], el riesgo país aumentó de 161 a 185 pbs. y el tipo de cambio mostró un comportamiento alcista llegando por encima de S/. 3.40; lo que obligó al BCR a salir a vender dólares por US$ 84 millones y colocar Certificados de Depósito Reajustables (CDRBCRP) por un equivalente de US$ 114 millones, para poder abastecer la mayor demanda y atenuar las presiones.

De este modo, el escenario político actual plantea un nuevo reto a la economía, pues tanto el gobierno saliente como el entrante deberán hacer esfuerzos para mantener la estabilidad con la finalidad de que lo que ya se ha avanzado en términos de: déficit fiscal bajo, crecimiento económico e inflación baja, no se vean opacados por la incertidumbre que la actual coyuntura electoral pueda causar.

[1] Disponible en http://www.bcrp.gob.pe/Espanol/WInformes/ResInf/2005/RI_502005.pdf

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El anuncio realizado por Argentina de utilizar más de la tercera parte de sus reservas internacionales [1] para pagar su deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), ascendente a US$ 9 810 millones, ha generado las diversas reacciones.

Una primera visión de este hecho ha favorecido un argumento más político que económico. Es decir, se menciona que Argentina vuelve a ser un país con autonomía en su política económica, y se recuerda que los recursos que se usaban para el pago de los intereses de la deuda con el FMI se usarán ahora para atender otras necesidades de la población. Sin embargo, otra visión considera que este pago de la deuda con el FMI puede generar una mayor vulnerabilidad externa del país por la disminución de las reservas, además de considerarse una operación financieramente ineficiente por tratarse de la cancelación de una deuda relativamente barata.

Lo cierto es que los mercados reaccionaron de manera negativa en los días posteriores al anuncio argentino: el spread sobre los bonos del Tesoro Norteamericano se incrementó en 19 puntos básicos, pasando 491 a 510 Pbs., los precios de los bonos con descuento y Par Cayeron ligeramente (entre 0,5 y 1%), mientras que en el frente cambiario el dólar se cotizó en 3,10 pesos (un incremento de más de 3%).

Lo que le espera al gobierno argentino, de cara a defender la apuesta realizada, es mantener una política fiscal ordenada que devuelva confianza en la capacidad de pago del gobierno frente a sus demás obligaciones financieras. Por el lado cambiario, el gobierno tendrá que comprometerse a mantener el tipo de cambio en un nivel estable que le ayude a evitar una escalada de la inflación. Esta estabilidad del tipo de cambio se conseguirá sólo si el superávit comercial se mantiene y permite al Banco Central tener un manejo cambiario activo que le ayude a restablecer el nivel de reservas internacionales en el mediano plazo. Sin embargo, lo que suceda con la inversión extranjera en el país seguirá como incógnita, dado que no se contará con la opinión vinculante del FMI, la cual se volvía en un importante punto de referencia para los inversionistas.

[1] Para disponer de las reservas internacionales, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central que incremente el nivel de reservas de libre disponibilidad.
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El Ministro de Trabajo, Carlos Almerí, ha señalado que se realizará un reajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV) luego de que reciba el próximo martes 13 de diciembre el informe técnico encargado a la Comisión Nacional del Trabajo.

Bajo condiciones de competencia, un incremento en el salario mínimo puede aumentar las remuneraciones de los trabajadores con menores ingresos, sólo si se cumplen ciertas condiciones. Una de ellas es que el salario actual esté fijado por debajo de la productividad de los trabajadores y otra es que el incremento de la RMV no aumente la tasa de incumplimiento de la norma.

A pesar del incremento en productividad[1] e inflación de los últimos años, sólo se ha producido un alza de la RMV de S/. 410 a S/. 460 en el año 2003; y, en promedio, las remuneraciones reales no han aumentado en los últimos años según el INEI. Esto podría reflejar el exceso de oferta de mano de obra existente y cierto poder monopsónico en el mercado de trabajo, lo que implica la necesidad de realizar ajustes graduales continuos bajo una regla que considere la productividad laboral y la inflación. Hasta ahora, los incrementos de la RMV han sido discrecionales y con poca evaluación técnica.

Según cifras del BID, mientras que el Perú está entre los cinco países con el salario mínimo más alto de la región (junto con Nicaragua, Costa Rica, Colombia y Venezuela), a su vez se encuentra como uno de los países con menor cumplimiento de las normas de salario mínimo. La tasa de no cumplimiento de salario mínimo en el Perú es de 23,5% mientras que en América Latina es de sólo 6,6%[2]. Sin embargo, aunque la RMV no lo resuelve todo, el comportamiento del mercado de trabajo peruano sugiere que la consecución de incrementos graduales y anticipados del salario mínimo puede generar mayor confianza en los agentes y una despolitización de su uso.

[1] Según estimaciones de APOYO Consultoría.
[2] BID (2003). Good Jobs Wanted: Labor Markets in Latin America.
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Desde hace dos semanas, la cotización del dólar viene mostrando sucesivas presiones al alza, llegando a romper fácilmente la resistencia psicológica de los S/ 3,396 por US$, y cotizando inclusive en torno a los S/. 3,415. Como era de esperarse, esta alta volatilidad en el cruce Nuevo Sol/Dólar originó la intervención de más de una vez del BCRP en el mercado cambiario, vendiendo un total de US$ 60,5 millones en 4 intervenciones, con la finalidad de evitar posibles impactos perjudiciales sobre las finanzas nacionales. Es más, la autoridad monetaria decidió, recientemente, elevar su tasa referencial a 3.25%, encareciendo de esta forma el costo de los movimientos especulativos.

Para el BCRP esta volatilidad cambiaria se debería, sobretodo, a la reciente compra de bonos estructurados por parte de las AFP´s por un monto superior a los US$ 130 millones; es más, los mayores movimientos registrados en el mercado habrían empezado desde mediados de agosto, justamente cuando se empezaron a emitir bonos estructurados por un monto que hasta hoy suman US$ 650 millones, parte del cual ha sido adquirido por las AFP´s. Sin embargo, estas últimas, aseguraron no ser las causantes de este incremento en el tipo de cambio, ya que la adquisición de estos bonos no necesariamente se tiene que realizar mediante el uso de dólares, sino que también puede realizarse a través de la transferencia de parte de sus activos denominados en dólares, las mismas que actualmente ascienden al 42% de su portafolio.

Sin embargo, a pesar de estos sucesivos incrementos en la cotización; el canal comercial, la mayor demanda estacional de soles (necesaria para atender los pagos de impuestos, gratificaciones, etc.), la fuerte entrada de remesas del exterior y las intervenciones de la autoridad monetaria parecen presionar al tipo de cambio en sentido contrario, por lo que podríamos esperar en los próximos días, una corrección en la tendencia del dólar hacia la baja.

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Durante los últimos años, los países centroamericanos han realizado algunas reformas para mejorar su recaudación, pero éstas no han sido suficientes, lo cual hace necesario proseguir con reformas de segunda generación para lograr aumentar los recursos y mejorar las condiciones sociales de estos países. El gran desafío es reducir el 40% de pobres que tienen en promedio los países de esta región. En los últimos años, han implementado medidas como el reemplazo de los gravámenes sobre las importaciones por el impuesto al valor agregado (IVA) y han reducido las tasas legales máximas del impuesto sobre la renta de personas y empresas desde niveles superiores a 40% hasta niveles inferiores a 30%.

Estos cambios, entre otros, han contribuido a mejorar su tasa de recaudación, pasando de menos del 10% del PBI en 1990 a 13.5% en promedio en el 2003. Sin embargo, la firma del TLC con EEUU ha significado en una reducción de sus ingresos arancelarios y la alta proporción de impuestos indirectos (75%) sobre los impuestos directos (25%) hacen evidente la necesidad de aumentar la tasa de recaudación que se encuentra entre el 10% y el 14% del PIB mientras que los gastos públicos están entre el 10% y el 18%. Aún persiste la necesidad de reducir la carga de la deuda pública y realizar una descentralización fiscal adecuada. [1]

[1] Véase: Agosin, Manuel R, Alberto Barreix, Juan Carlos Gómez S. Y Roberto Machado (2005) “Reforma tributaria para el desarrollo humano en Centroamerica”, en Revista de la Cepal 87, diciembre 2005, pp. 79-96. Leer más »

El Banco Central Europeo (BCE) realizó su primer incremento de tasas de interés en 5 años hasta situarlo en 2,25%. Desde mayo de 2001 hasta junio de 2003, el BCE redujo su tasa referencial de 4,75% a 2%, manteniéndolo en este nivel, el cual se mantuvo por casi 2 años y medio. Esta política monetaria buscaba reactivar la economía de los países de la Eurozona, estancada desde el año 2001.

Este incremento coincide con la mejora en la economía de las 12 naciones que conforman el área euro y con las mayores preocupaciones entre los principales bancos centrales sobre los riesgos inflacionarios causados por los altos precios del petróleo y los créditos muy baratos.

Se espera que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de la Eurozona para este año ascienda a 1,2%; lo que ha hecho que políticos, sindicatos, grupos empresariales y hasta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) teman que incluso este incremento menor de las tasas pueda perjudicar la frágil recuperación económica de las 12 naciones de la región, especialmente golpeando a la demanda del consumidor.

La noticia se recibió sin contratiempos en los mercados financieros, ya que semanas atrás Jean Paul Trichet, Presidente del Banco Central Europeo, señaló que el Banco Central estaba preparado para un aumento moderado de las tasas de interés.

La mayoría de analistas y autoridades calcula que la BCE se abstendrá de emprender una campaña prolongada de alzas como Reserva Federal estadounidense, sin embargo, no se descarta uno o dos pequeños incrementos adicionales el próximo año.

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