Fukuyama: “En América Latina hay un capitalismo ‘entre patas'”

El politólogo llamó a la acción ante la corrupción. “En una democracia la protesta define la posición del pueblo”, sentenció

(Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

(Foto: Consuelo Vargas / Archivo El Comercio)

Ya al terminar la entrevista, contagiado por su espíritu rebelde, le pregunto al famoso politólogo estadounidense Francis Fukuyama si me ayudaría a derribar el Cristo Redentor, la estatua donada por las empresas brasileñas al Perú el 2010 y que muchos llaman con sorna ‘El Cristo de lo Robado’. “Estaría muy feliz de hacerlo”, responde.

No fue cortesía. Durante la entrevista de casi media hora que nos concedió gracias a la gestión de ESAN, el autor de “El fin de la Historia” mostró permanentemente su compromiso con la defensa activa de la democracia y su rechazo a la corrupción como uno de los males que está dañando a los países latinoamericanos.

“La corrupción es algo pésimo, no solo para el campo económico donde afecta la capacidad de inversión, la toma de decisiones y la eficiencia del sector público; también para el aspecto social, pues los corruptos son los que más poder e influencia tienen en contra de quienes más necesitan dinero; y en lo político, porque hace que la población perciba que todos los políticos son corruptos, aunque no sea así”, explicó.

Fukuyama fue enfático en señalar que “la corrupción es algo que solo le interesa preservar a una minoría que se beneficia de ella; pero que el gran problema es que la mayoría que no quiere corrupción no está organizada, no tiene el liderazgo ni sabe cómo luchar contra ella”.

“Es un problema de política”, sostuvo. Pero no se refería a la política a la que nos tienen acostumbrados en el país de charlas en el congreso y de dimes y diretes, sino a la política activa. “Es un tema de voluntad política, hay que obligar al corrupto a que se someta a la ley, al estado de derecho y que obedezca las normas del Estado”, dijo. Así, sin concesiones.

Pero y qué pasa si el sistema entero está podrido. En los noventa, en el Perú, tuvimos el fin de la decencia y desde entonces todo ha ido para peor, le señalo (precisamente, una de las críticas que se le hace a los sistemas democráticos es que son factibles de ser capturados por cúpulas para su beneficio propio).

“Eso también sucede en Estados Unidos. El gobierno está capturado por una elite, pero hay que movilizar al pueblo para que se oponga a esto. El caso de Brasil es emblemático, hay un situación de gran corrupción y la gente está que se moviliza. Hay un movimiento que quiere castigo para los corruptos y quiere demostrar que hay nuevas reglas de juego”, sostiene.

¿Por dónde empezar? Francis Fukuyama dice que el Poder Judicial es el primero que debe independizarse de cualquier facción. “No se va a conseguir de un momento a otro, pero es una lucha que hay que llevar a cabo. Los políticos que tienen el poder no quieren la independencia del Poder Judicial, pero tienen que verse contrarrestados por un movimiento muy fuerte de parte del pueblo. Los buenos jueces tienen que verse apoyados, eso requiere manifestaciones públicas”, enfatiza.

El politólogo pone otro ejemplo. En Colombia, cuando el presidente Álvaro Uribe quiso cambiar la Constitución para reelegirse para un tercer periodo, el Tribunal Constitucional le dijo no y la gente salió a defender al Tribunal. “Eso es lo que se necesita. El Poder Judicial requiere el apoyo de la población para volver a ser independiente”.

“En una democracia la protesta define la posición del pueblo”, agrega. Pero no se trata de protestar por protestar. Fukuyama le reclama a movimientos como Indignados u Okupas de España el que no tengan claro que quieren enfrentar y como hacerlo, son gente joven molesta, pero sin liderazgo y sin sentido cabal de lo que quieren obtener, critica.

Fukuyama tampoco se muestra muy entusiasta cuando se refiere a la posición del sector empresarial de la región, que estando en boga la responsabilidad social, los gobiernos corporativos y la transparencia, deberían reclamar por reglas de juego limpias. “En un capitalismo bien centrado y entendido, la competitividad es la que hace que surjan los mejores. Los ganadores son seleccionados por el mercado no por las conexiones políticas”, reflexiona. “En una economía capitalista que respeta el estado de derecho hay igualdad de oportunidades para todos, pero lo que pasa en América Latina es que no hay un capitalismo sano sino un capitalismo ‘entre patas’ y no se da oportunidad a otros de entrar al mercado con las mismas reglas de juego”, lamenta.

Le gusta más la reacción de la gente en Brasil en torno al caso Petrobras y Lava Jato. “Espero que movimientos así se contagien en América Latina. No veo como tal nivel de corrupción se pueda remediar sino con una gran movilización de gente indignada, gente furiosa que salga a las calles a protestar”, anima.

Recuerda que algo similar pasó en Estados Unidos a fines del Siglo XIX, donde había un nivel de corrupción más grande aún que el que existe en algunos países en desarrollo actuales. “Hubo un movimiento de protesta que culminó en una serie de reformas, siendo la primera la de reclamar por un servicio civil eficiente”, dijo.

Desde su punto de vista, el crecimiento de la clase media debería ayudar a ese propósito, pues es gente que tiene más conocimiento, más educación y está menos dispuesta a sufrir las consecuencias de un estado corrupto.

Ahora que estamos en un momento de vacas flacas, Fukuyama cree que podría generarse el momento para una reacción. “Este momento de crisis puede convertirse en una oportunidad”, advierte. Son tiempos de acción.

En: elcomercio

18 entidades estatales se alistan para implementar esquema de servicio civil

Imagen: SERVIR

Imagen: SERVIR

Un total de 18 entidades del Estado, entre las que se encuentran cinco ministerios, están a punto de obtener la resolución de inicio para acogerse a la Ley del Servicio Civil, las cuales se emitirían en las próximas semanas, afirmó el presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos Cortés.

El titular de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) refirió que entre los portafolios que están a punto de iniciar este proceso se encuentran los de Economía y Finanzas, Energía y Minas, Defensa, Cultura y Justicia y Derechos Humanos.

“Tenemos en este momento 18 entidades que están a punto de tener la resolución de inicio y luego pasarán el cuadro de personal de la entidad. Cuando tengan definidos los perfiles de personas y valorización de cada uno de los puestos, tendremos las primeras connotaciones”, señaló.

Ciudadanos favorecidos

Tras participar en la presentación del informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Diagnóstico institucional del servicio civil en América Latina: Perú”, explicó que este tránsito hacia la aplicación de la norma, es más importante que el resultado final.

“Ello porque cada institución mejorará radicalmente en favor de los ciudadanos, estamos pensando que los primeros concursos comenzarían a realizarse antes que acabe el actual gobierno, vamos a ver, estamos apuntando todo para que se haga lo más pronto posible”, señaló.

CAS postularán

Cortés explicó que las personas que se encuentran sujetas a la Contratación Administrativa de Servicios, o CAS, deberán postular, mediante concursos, para pertenecer al nuevo esquema del servicio civil.

“En cada una de las instituciones existe personal bajo los decretos legislativos 276 y 278, quienes por su parte, decidirán si postulan o no a los nuevos puestos, la idea que tenemos es que exista una postulación de todos, a efectos de lograr una mejora sustancial en todos los aspectos”, afirmó.

Instituciones

Entre las instituciones que están inmersas se encuentran el Instituto Geofísico del Perú, Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, el Centro de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Provías Nacional, la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), entre otras.

(FIN) JCC/JJN

En: andina

La reforma desde dentro: mejoras en el sector público [INFORME]

La calidad del servicio civil en el Perú ha mejorado en los últimos años, pero aún quedan grandes retos

El funcionamiento del Estado es tan bueno como la calidad de sus servidores públicos. Esta es, de cierta forma, la lógica detrás de la tantas veces demandada reforma del servicio civil. Desde el empleado de menor rango de una municipalidad distrital hasta el ministro de Economía, todos los funcionarios públicos son piezas fundamentales de la relación –explícita e implícita– entre el Estado y los ciudadanos. Por ello la competencia de los servidores estatales, los procesos que determinan sus labores y los sistemas en que se desempeñan tienen un impacto directo en los niveles de corrupción, pobreza, confianza gubernamental y servicios básicos de los que dispone cualquier sociedad.

En el Perú, la reforma del servicio civil ha sido una demanda constante a lo largo de diversas administraciones, pero es recién en los últimos años en que se ha empezado a adoptar un enfoque sistemático y de mediano plazo al respecto. En la medida en que el 41% de los ingresos tributarios se destina al pago del más del millón de trabajadores públicos distribuidos a lo largo de todo el país, el impacto de un cambio estructural positivo en la profesionalización del servicio civil no puede ser sino formidable.

Click en la imagen para ver con mayor nitidez y detalle:

Infografía en: elcomercio.pe

Infografía en: elcomercio.pe

En primer lugar, es justo reconocer que la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el 2008 fue un paso en el camino correcto. Como menciona Mercedes Iacoviello, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en un país en el cual habían primado históricamente reformas institucionales que no prosperaron y apoyos inestables en los procesos de implementación, se vislumbraba en aquel momento una reforma coherente, sostenida y progresiva con importantes avances en un breve período”.

Esta investigadora publicó en agosto del presente año un informe en el cual detalla que el Índice de Desarrollo del Servicio Civil (IDSC) en el Perú –el cual mide la calidad de esta función en una escala del 0 al 100– subió de 29 a 41 puntos entre el 2011 y el 2015, ubicándose por primera vez por encima de la media regional de 38 puntos. La mayor parte del progreso se explica gracias a mejores puntajes en los índices de eficiencia y de consistencia estructural –entendida como el grado de solidez e integración del servicio civil para, por ejemplo, jerarquizar los puestos, administrar salarios de manera predecible, invertir en capital humano, etc.–. Ambos indicadores subieron 15 puntos debido a “la disciplina fiscal en un sólido contexto macroeconómico, y a la creciente orientación estratégica que imprime un área rectora con alto nivel de capacidad y legitimidad”.

Aparte de Servir, la Ley del Servicio Civil (Ley 30057) de julio del 2013 ha sido también clave para fortalecer el proceso de reforma de la administración pública. Esta norma establece un régimen único para las personas que trabajan para el Estado que debe ser aplicado de manera progresiva. Entre sus puntos más importantes destaca el máximo de 20% de puestos de confianza como directivos en cada entidad.

Por: Diego Macera-Economista

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

En: elcomercio

Mientras tanto por Chile: Negociación colectiva y derecho a huelga en el sector público

La propuesta de institucionalizar este mecanismo en la administración pública supone riesgos que podrían afectar la eficiencia de la gestión estatal.

Imagen en: http://radio.uchile.cl/2013/11/06

Imagen en: http://radio.uchile.cl/2013/11/06

La negociación colectiva atractiva para los trabajadores es la que reconoce su derecho a declararse en huelga. Lo que da legitimidad al derecho a huelga es el derecho paralelo del empleador a sustituir a sus trabajadores si considera que sus exigencias llevan a un diferencial de remuneraciones respecto de las que se observan en el mercado, que excede la mayor productividad de los trabajadores de la empresa respecto de la que tendrían nuevos contratados. La existencia de ambos derechos -a la huelga y al reemplazo- lleva a remuneraciones equitativas, en cuanto se paga según productividad; y eficientes, pues no se afecta arbitrariamente a las empresas, lo que preserva sus incentivos para invertir. El solo derecho a huelga, sin derecho a reemplazo, afecta la rentabilidad de las empresas y frena la inversión, pues mejora las remuneraciones aun si ello no tiene respaldo en productividad y esfuerzo.

La propuesta de supresión del reemplazo de trabajadores en huelga que impulsa el gobierno va a desequilibrar la negociación al interior de las empresas y afectará las posibilidades de empleo en el país. A su vez, la nueva propuesta del Ejecutivo, de “institucionalizar” la negociación colectiva en el sector público, más allá de su objetivo declarado de modernizar la gestión estatal, amenaza con facilitar el surgimiento de un nuevo derecho a extraer recursos sin referencia a productividad y esfuerzo, esta vez en favor de los trabajadores públicos y a costa de los recursos del Estado.

El anuncio de la ministra del Trabajo de que se enviará al Congreso -entre otras propuestas- una fórmula para “institucionalizar la negociación colectiva” en el sector público, responde a lo enunciado en el programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. Cabe suponer que cuando el programa indicaba que dicha institucionalización se definiría “estudiando mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades”, estaba evitando comprometer el otorgar derecho a huelga a los trabajadores estatales, algo expresamente prohibido por la Constitución. Consistente con esto, la ministra no anticipó esfuerzos específicos en ese sentido. La reacción de la dirigencia de la ANEF fue declarar que los anuncios son ambiguos y que esperan la derogación de la prohibición constitucional de huelga en el sector público.

Cuesta pensar que el gobierno vaya siquiera a insinuar que la contrapartida a mayores poderes negociadores en el sector público debe ser menor inamovilidad laboral y mayor exposición a competencia para los trabajadores involucrados. Así, en algún plazo, porque potencia su demanda por derecho a huelga, la propuesta de dar legitimidad a la negociación colectiva en el sector público puede conducir a reformas para que los empleados públicos, con respaldo legal, hagan uso de la fuerza para mejorar sus remuneraciones, más allá de cualquier consideración de eficiencia, a costa de la capacidad del Estado para hacer valer el interés general. En el corto plazo, como mínimo, la propuesta de institucionalizar la negociación colectiva en el Estado puede acentuar el problema de “paros ilegales”, en desmedro de la eficiencia estatal.

En: latercera.com

TC ordena retomar la negociación colectiva

Inconstitucional. Máximo tribunal judicial resolvió que el Estado no debe prohibir el incremento de sueldos. Exhortó al Congreso rectificar normas.

Demanda. Desde el 2013 varios gremios sindicales pedían la inconstitucionalidad de la norma que impedía negociación. La República.

Demanda. Desde el 2013 varios gremios sindicales pedían la inconstitucionalidad de la norma que impedía negociación. La República.

Escribe: Elmer Mamani

Las leyes de presupuesto público de los años 2012 y 2013, que prohíben los incrementos salariales mediante negociaciones colectivas entre trabajadores y entidades públicas, fueron anuladas por el Tribunal Constitucional (TC).

Los magistrados constitucionales, en su fallo emitido el último 3 de setiembre, le dan la razón a las demandas interpuestas el 2013 por los Colegios de Abogados de Arequipa y el Callao, además del recurso que presentaron 5 mil 120 ciudadanos en contra del Congreso, que aprobó las normas que prohibían los incrementos.

Fundamentos

Las demandas se centraban en pedir la nulidad del artículo 6 de la leyes de Presupuesto del Sector Público de los años 2012 y 2013. En estas normas se impide que todas las entidades públicas realicen reajustes o el incremento de remuneraciones, bonificaciones, retribuciones o estímulos de cualquier otra índole, mediante pactos colectivos, que son mediados por los sindicatos de trabajadores.

Los demandantes señalaban que esta prohibición, que se repitió en las leyes de presupuesto del 2014 y 2015, iban en contra de los derechos de los trabajadores.

Referían que la Constitución considera como un derecho de los trabajadores la negociación colectiva con las entidades del Estado.

Sobre esta postura el procurador del Congreso refirió que era necesaria esta limitación para mantener austeridad en el gasto público.

Sobre el tema, el TC refiere en su fallo que el Gobierno no puede exceder más de un año con esta limitación. Sostiene que para mantener la prohibición debe tenerse un fundamento, como la existencia de una amenaza al equilibrio presupuestal del Estado y que las peticiones de los trabajadores sean desproporcionadas.

Además advierte que el Estado debe promover las negociaciones como un derecho de diálogo para prevenir conflictos.

EXHORTA REGULACIÓN

En la resolución, el TC exhorta al Congreso elabore y apruebe una regulación para la negociación colectiva en la primera legislatura ordinaria del periodo 2016 – 2017, y con un plazo que no exceda un año. En ella se debe imponer las condiciones, sin que se niegue o limite este derecho.

Para el secretario regional del Sindicato Unido de Trabajadores en la Educación (Sute), Walter Andía, se hace justicia, a lo que calificó como un atentado a la Constitución que ampara la negociación.

En: larepublica.pe

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