El Tribunal Constitucional del Perú (TC) mediante Resolución del 12.6.2005 -lo cual fue desarrollado luego por la Resolución del 24.10.2006 y precisada por la Resolución del 13.10.2006- abrió la posibilidad que los Tribunales Administrativos puedan realizar el Control Difuso.

Si bien en un inicio el TC señaló que era facultativo la aplicación de dicho control normativo, luego lo señaló como deber: “el derecho y el deber de los tribunales administrativos y órganos colegiados de preferir la Constitución a la ley, es decir de realizar el control difuso –dimensión objetiva–, forma parte del contenido constitucional protegido del derecho fundamental del administrado al debido proceso y a la tutela procesal ante los tribunales administrativos –dimensión subjetiva–” lo cual es relevante toda vez que su inobservancia estaría violando el derecho al debido proceso (procedimiento)”.

Dicho esto, el Tribunal extendió lo señalado por el artículo 138° de la Constitución peruana (lo cual es de por sí cuestionable), el cual sólo facultaba a los jueces. Esto tiene como consecuencia natural el redimensionamiento del principio de legalidad a partir del tipo de estado que hemos adoptado: “En ese sentido, el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales” y asimismo señala “De lo contrario, la aplicación de una ley inconstitucional por parte de la administración pública implica vaciar de contenido el principio de supremacía de la Constitución, así como el de su fuerza normativa, pues se estaría otorgando primacía al principio de legalidad en detrimento de la supremacía jurídica de la Constitución, establecido en los artículos 38º, 51º y 201º de la Constitución; lo cual subvierte los fundamentos mismos del Estado constitucional y democrático”.
A partir de dichas Resoluciones se han generado diversas críticas en el ambiente jurídico peruano las cuales señalan, entre otras cosas, que el ejercicio del control difuso por parte de la administración pública podría afectar la seguridad jurídica, afectar el principio de legalidad administrativa, generar caos y afectar al Estado de Derecho.

El presente texto describe el estado de cuestión de estas resoluciones y su implicancia en el ámbito registral.