La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final que da cuenta de las presuntas irregularidades en torno a la ilícita adjudicación de tierras a un militante aprista por parte de Cofopri, hecho que fue denunciado en abril último.

En el documento se responsabiliza al ex director ejecutivo de la referida entidad, Omar Quesada, así como a 25 ex funcionarios por delitos penales.

En el prolongado debate de este grupo de trabajo, que sesionó por última vez en la presente legislatura, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde señaló que el caso presenta nuevos aspectos que debían haber sido considerados en el informe final.

A juicio del aprista Mauricio Mulder, el Ministerio Público no tomará en cuenta lo consignado en este documento pues se trata de un caso que ya investigó.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, José Vega Antonio, refirió que las conclusiones a las que se ha llegado en este caso comprometen a unos 25 ex funcionarios, los cuales tienen orden de levantamiento de sus secretos bancarios. “Hemos recomendado al Ministerio Público investigar las irregularidades que hemos reconocido en este caso”, precisó el parlamentario.